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OPINIÓN

432 periodistas asesinados en México: Los críticos del poder

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Columna invitada, por Remberto Hernández Padilla * //

El asunto de los periodistas asesinados en México es verdaderamente grave, y muy lamentable que las autoridades gubernamentales no le hayan dado la atención que requiere.

Bien sabemos que en la historia de México ha habido mucha agresión en contra de periodistas, desde golpes, desapariciones forzadas y muchos asesinatos de los comunicadores sociales que se manifestaron como críticos de la corrupción, la perversidad y la prepotencia.

Desde el año 2000 se incrementó en forma exponencial e imparable el asesinato de periodistas que ejercían su pluma o utilizaban su voz de manera crítica ante la descarada participación de sicarios integrantes del crimen organizado y sin que las autoridades manifestaran claro interés en que el asunto se investigara para castigar a los culpables.

Para México es vergonzoso que la violencia contra los comunicadores se haga presente en aumento y, no tiene nombre el hecho de que altos servidores públicos, así como miembros de cuerpos policíacos y aún del Ejército hayan sido señalados como los ejecutores.

La preocupación por lo que acontece en nuestro país ha quedado de manifiesto en varios medios de comunicación del mundo, entre ellos la televisora CNN en Español, la que ha venido difundiendo en torno al fenómeno; por ello entrevistó, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, a quien esto escribe, ahí dejé referido que: “Es indispensable que el gobierno mexicano actúe en favor de los auténticos representantes de la sociedad; que el presidente de la república manifieste en forma concreta su voluntad política para enfrentar el problema; que verdaderamente se dé el correcto seguimiento, y conocidos que sean los asesinos, éstos deban de ser castigados legalmente, porque se ha de saber que nuestro país continúa con el deshonroso listado de los primeros lugares de asesinatos en el mundo, así como de desapariciones forzadas y demás agresiones a comunicadores, ello comprueba que este gremio es el más violentado”.

En la obra “Los Críticos del Poder – Periodistas Asesinados – Ataques a los Medios de Comunicación” ratifico lo que difundí en tan importante medio de comunicación; y con indignación reconozco que el tema no solo pervive, sino que se ha acrecentado en los últimos tiempos.

Para el mes de marzo de 2022 ya se contabilizan históricamente 432 periodistas asesinados en México, y no ha existido, realmente, una institución que realice una estrategia para que se investigue y castigue a los asesinos y/o a quienes han violentado a los entes de la comunicación.

Estadísticas en torno de los voceros del pueblo que

fueron asesinados en cada período de gobierno

En el libro “Los Críticos del Poder” (en proceso de edición) se refiere que luego de una acuciosa investigación realizada durante varios años, se ha conocido de 432 periodistas que fueron asesinados y de los cuales se tiene referencia plena (31 fueron mujeres), desde el 25 de diciembre de 1860 hasta el viernes 4 de marzo de 2022, fecha del último referenciado. En la citada obra se da a conocer el nombre del comunicador asesinado, el medio de prensa en donde laboró, y la fecha en que fue asesinado.

LA “DANZA DE LAS CIFRAS”

Se debe de saber que en torno al tema existe una desconcertante “danza de cifras” tanto del gobierno federal como de la mayoría de los medios de comunicación; ahí tenemos, como ejemplo, la difusión de 6 asesinatos cometidos durante el 2022, cuando en la realidad fueron 8; veamos: José Luis Gamboa Arenas, el lunes 10 de enero; y, en ese mismo mes: Margarito Esquivel Martínez, el lunes 17; Lourdes Maldonado López, el domingo 23; Roberto Toledo Barrera, el lunes 31. En el mes de febrero: Marco Antonio Islas Parra, el domingo 6; Heber López Vázquez. el jueves 10 y Jorge Camero Zazueta, el jueves 24. Y, en el viernes 4 de marzo Juan Carlos Muñiz conocido como ‘Rigoberto’, o El TX’.

Si históricamente nos adentramos a la elocuencia de las cifras bien podemos valorar lo siguiente: en el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas hubo 2 periodistas asesinados; y en el actual gobierno de López Obrador, en solo tres años ha habido 52. ¡Ajúa!

LOS PERIODISTAS ASESINADOS EN JALISCO

Fueron 8 entes de la pluma los que murieron asesinados en el estado de Jalisco; de ellos 4 fueron eliminados por ejercer el periodismo: Anacleto González Flores, quien en el tiempo de la “Cristiada” escribía, para varios periódicos en contra del gobierno, y por ello fue fusilado. Alberto Calderón Silva, del periódico “El Chile”. Alberto Ruvalcaba Torres (modesto semanario de Zapopan) y el estadounidense John Clay Walker periodista al servicio de la DEA. Respecto a los periodistas Margarito Morales Ramírez, José Reyes Brambila y José Emilio Galindo Robles quedó plenamente establecido que fueron eliminados por asuntos ajenos a la labor periodística. Y en torno al director de la revista Avances Políticos de Saltillo, que se editaba en el estado Coahuila, Ezequiel Huerta Acosta, se sabe que fue asesinado en Magdalena, Jalisco, durante un pleito callejero.

Es de hacer notar que el destacado periodista tapatío Francisco Rangel, Director del periódico bisemanario Verbo Libre, fue asesinado a la altura de Pénjamo, Guanajuato, cuando desde la “perla Tapatía” era llevado a la zona militar de la ciudad de México, como represalia por una publicación en la que refería: “En Guadalajara no lo quieren, don Álvaro…Aquí estamos resentidos con su imprevisión y sus ímpetus de “soldadón rabioso”… Lo creemos intolerante y, además intransigente”. Por esa publicación el periodista selló su sentencia de muerte. (Desde luego que el periodista se refería al presidente de la República más asesino que hayamos tenido: general Álvaro Obregón Salido.

*El autor es “Premio Nacional de Periodismo”.

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Deportes

Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara

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JALISCO

Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac 

Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.

En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.

Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.

Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.

Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?

UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS

El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.

Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.

Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.

Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.

Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.

Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.

Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.

Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.

Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.

CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD

El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.

Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.

Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.

No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.

Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.

MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER

La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.

Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.

Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.

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JALISCO

El expediente que ocultan de Eli Castro

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– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.

En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.

Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.

¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.

Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.

La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.

Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.

Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.

La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.

¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?

Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.

La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.

En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?

La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.

Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.

¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?

Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.

En X @DEPACHECOS

 

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