OPINIÓN
¿A dónde va la 4T?
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Cumplido un año, el actual régimen, ha dejado claro que su intención es transformar al país y tiene los elementos para ello; un respaldo popular representado por los 30 millones de votos obtenidos, una Cámara de Diputados en la que, a través de alianzas ha construido una absoluta mayoría y una oposición disminuida, carente de propuestas y liderazgos. Tiene además prisa para, como lo ha manifestado el presidente López Obrador, hacer irreversible dicha transformación.
En ese afán, desde la integración de la legislatura, se emitieron 4 decretos que modifican desde la colocación de los colores de la banda presidencial, hasta los límites del salario de los servidores públicos. Ya en el ejercicio del poder, se han publicado 59 decretos más, mediante los cuales se han promulgado 11 leyes, y se han reformado, adicionado y derogado 15 artículos constitucionales. Esto equivale a la emisión de un decreto cada seis días, en una frenética carrera legislativa, que sin embargo no ha incidido en esa transformación profunda a la que se aspira. El motivo puede encontrarse en la materia de esa fiebre legisladora. Once nuevas leyes, que cubren un muy amplio espectro de cuestiones, desde la Ley federal de austeridad, a normar el uso de la fuerza pública, el registro de detenciones, crear la Guardia Nacional, darle estructura orgánica a la Fiscalía General de la República, y normar la educación naval, el Sistema para la carrera de las maestras y maestros, la mejora continua de la educación, y los pueblos indígenas.
Reformas constitucionales a los artículos 3, 31 y 73 en materia educativa, reformas al Artículo 19 en materia de prisión preventiva oficiosa, al Artículo 22 y la fracción XXX del Artículo 73 en materia de extinción de dominio y diversas disposiciones más de la Constitución en materia de Guardia Nacional.
En la euforia legislativa se han reformado, adicionado y/o derogado, no menos de 30 leyes y más de cuatro códigos que inciden en cultura física y deporte, Ingresos sobre hidrocarburos, el ISR, IVA e IEPS, responsabilidad administrativa de servidores públicos, el presupuesto y responsabilidad hacendaria, el Seguro Social en materia de trabajadoras del hogar, y sígale usted con más temas como el turismo, el BANSEFI, el matrimonio infantil, el ISSSTE, el desarrollo rural, las cámaras empresariales y hasta el mercado de valores. Como puede apreciarse, una verdadera miscelánea legislativa.
Cabría esperar que ante semejante actividad legislativa, algo hubiera cambiado ya, sin embargo a la fecha solo se puede entender como una respuesta al impulso personal del titular del ejecutivo, al que no parece responderle, en igual forma su gabinete, el que el propio presidente ha definido como un elefante al que cuesta trabajo mover.
No existe proporción entre esta producción legislativa y las acciones que debieran respaldar el proyecto transformador. Cierto es que se requiere tiempo y un año no es suficiente para aterrizar, no obstante sigue sin conocerse una hoja de ruta, o sistema de evaluación que permita determinar las metas que materialicen esos propósitos plasmados, hasta hoy, en leyes y discursos.
La innegable voluntad del presidente definitivamente requiere de un eje articulador más allá de su propia intención. El alud de reformas parece no tener un concierto u obedecer a un plan expresamente escrito, con metas, tiempos y estrategias. Es claro que él pone la intención, más no se ve quien pueda poner la acción en un gabinete que ni responde a las indicaciones presidenciales ni atina a estructurar programas verificables.
La información cuantitativa de la acción gubernamental fluye desordenadamente, se responde mal e ignora las solicitudes de información, por lo tanto no es posible validar si están cumpliendo las instrucciones o hacen como que cumplen.
Por eso la pregunta, ¿A dónde va la 4T?, ¿Cuál es el horizonte de la transformación y como se llega?, sin instrumentos confiables de medición y verificación de resultados lo único medible es la percepción ciudadana y esta se encuentra, a un año de distancia, dividida, desorientada pero aún esperanzada de que pueda haber un cambio en la realidad nacional.
Esto es fruto de la desordenada información que proporciona la conferencia mañanera, en la que el presidente explota ese voto de confianza que le otorgó la población y la realidad se estrella ante los otros datos, imprecisos, inverificables y hasta contradictorios, pero que generan la percepción de que se está cambiando, que la transformación va. En el fondo, queda la impresión de que éste, es un gobierno de un solo hombre, que mueve, instruye y ordena a la administración desde el atril de las conferencias mañaneras.
Cambian leyes, se crean nuevas, se modifica el entramado institucional pero este país se sigue moviendo en la dirección que marca un hombre que quiere transformar al país inspirado en retazos de la historia. Hay visión y diagnóstico, con los cuales se puede coincidir, falta orden y sensatez, sobra voluntarismo y autarquía.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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