OPINIÓN
Agonizan los acuerdos de Bretton Woods: La desdolarización global en marcha
Economía Global, por Alberto Gómez-R. //
Hace algunas semanas comenzó a circular nuevamente el rumor internacional del acercamiento de China con ciertos países productores/exportadores de petróleo de Oriente Medio -otrora incondicionales de Estados Unidos y sus petrodólares- para llegar al acuerdo que le permita pagar sus compras de petróleo en yuanes, lo que contravendría al actual sistema económico-financiero prevaleciente desde hace más de 70 años, en el que se impuso al dólar como principal moneda de reserva y de pago en el comercio internacional.
Como cualquier cosa en el Universo, Estados Unidos y el dólar estadounidense han cumplido su ciclo en todos aspectos: potencia hegemónica, imperialista e injerencista en todo el orbe. Su rápido y acelerado declive ponen de manifiesto el desgaste de un sistema económico-financiero en total decadencia, que será rápidamente sustituido por un nuevo modelo acorde a las necesidades de un mundo en constante cambio, que reclama mayor equidad en la distribución de la riqueza así como de justicia social, negada a quienes aún hoy sirven de fuente de suministro para las naciones más “desarrolladas”.
El poderío económico estadounidense tiene su origen en su intervención en la Primera y Segunda Guerras Mundiales, siendo al final de esta última –en la que Estados Unidos se erigió como el triunfador absoluto- cuando se diseñó el agonizante sistema financiero actual.
Desde un año antes del término de la Segunda Guerra Mundial –como si entonces ya se hubiera definido quién ganaría la confrontación bélica- se definieron las políticas económicas que serían la norma internacional durante más de setenta años.
Sin embargo, los resultados económicos de los lineamientos definidos en los acuerdos de Bretton Woods se han desgastado, perdieron vigencia, y se convirtieron en una pesada carga para los países del hemisferio occidental, con excepción de la dupla anglosajona -Estados Unidos y Reino Unido- que impuso dichas políticas prácticamente a todo el mundo, como una bota militar aplastando el cráneo de los países en donde la potencia hegemónica mundial tenía intereses para incrementar su fuerza de dominio y perpetuarse en el poder.
Los acuerdos de Bretton Woods hacen referencia a las decisiones tomadas en la convención que en julio de 1944 reunió a 44 países con el fin de establecer un nuevo modelo económico mundial de posguerra donde se fijarían las reglas de las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados.
La Conferencia Monetaria y Financiera se llevó a cabo en Bretton Woods, New Hampshire (EEUU). En dicha conferencia, los estadistas y representantes de los paÌses aliados, recordando los descalabros económicos del periodo de entreguerras (que, entre otras cosas, consolidaron el camino y ascenso al poder de los regímenes totalitarios fascistas) deseaban diseñar un sistema monetario internacional que tendiera, en el plano interno, al pleno empleo y la estabilidad de los precios, a la vez que facilitara a cada paÌs conseguir el equilibrio externo sin imponer restricciones al comercio internacional (Krugman y Obstfeld. Op. Cit. pp. 530).
Los principales objetivos que se plantearon en Bretton Woods fueron: 1) Promover la cooperación monetaria internacional; 2) Facilitar el crecimiento del comercio; 3) Promover la estabilidad de los tipos de cambio; 4) Establecer un sistema multilateral de pagos; y 5) Crear una base de reserva. En este punto, es necesario considerar además, que la necesidad de establecer un nuevo orden financiero mundial, abierto al comercio e inversiones (principalmente de Estados Unidos y Gran Bretaña) y respaldado por la estabilidad monetaria, surgía también como reacción a ciertos incipientes rasgos de independización que se habían manifestado desde el Tercer Mundo. En el periodo de entreguerras y aún durante la Segunda Guerra Mundial, los países pobres habían comenzado a desarrollar una industria interna para sustituir los artículos que anteriormente se importaban. Además, varios de esos países (incluyendo las colonias de Asia y África) habían establecido acuerdos bilaterales de comercio, mediante los cuales las importaciones se pagaban con las propias exportaciones. (Schatan, Jacobo. 1998)
Encima de la mesa había dos propuestas, la estadounidense de Harry Dexter White y la británica de John Maynard Keynes.
La propuesta del británico Keynes se fundamentaba en:
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Establecer un sistema monetario mundial basado en la unidad monetaria internacional mediante la creación del Bancor, moneda que estaría vinculada a las divisas fuertes y sería canjeable en moneda local a través de un cambio fijo.
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Crear un órgano internacional de compensación, la International Clearing Union (ICU) con capacidad de emitir la moneda internacional (Bancor) y cuyo objetivo sería mantener la balanza comercial equilibrada. Los países con superávit tendrían que transferir su excedente a los países con déficit, de esta manera se conseguiría aumentar la demanda mundial y evitar la deflación.
Estas ideas no saldrían adelante, teniendo en cuenta el peso de EE.UU en la economía mundial, el tamaño de sus reservas de oro y que era un país con un gran superávit comercial, no iba a apoyar estas propuestas.
En consecuencia, y al tener presentes las disposiciones que arrojarían las discusiones de Bretton Woods, se puede afirmar que en gran medida (sino totalmente) el sistema económico mundial que ha prevalecido desde la segunda mitad del siglo XX, fue establecido protegiendo intereses nacionales particulares de Estados Unidos, a pesar de ser resultado de una reunión con participación de casi medio centenar de países, los que finalmente actuaron como legitimadores del sistema que iría en defensa de estos intereses.
Como resultado de la Conferencia de Bretton Woods fueron creados el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los que quedaron, y no podía ser de otra manera, como custodios de este orden defensor de los intereses estadounidenses, y han permanecido en aquella línea desde entonces, ya que las políticas y orientaciones del Fondo y del Banco Mundial están determinadas, fundamentalmente, por los países que tienen mayor peso dentro de sus órganos directivos.
Hay que agregar, además, que de esta manera, el Fondo Monetario Internacional se convertía en “la primera Organización Internacional en adoptar el principio de la ponderación del voto entre sus Estados miembro, descartando así expresamente la máxima clásica “un Estado, un voto”, lo que hace que su estructura y funcionamiento nos recuerde al de una sociedad anónima (Fazio, Hugo. 2008). El sistema monetario creado definía un tipo de cambio fijo con el dólar y un precio invariable del oro en dólares, 35 dólares la onza. Los países mantenían sus reservas principalmente en forma de oro o dólares, y tenían el derecho a vender sus dólares a la Reserva Federal a cambio de oro al precio oficial. El sistema era, pues, un patrón de cambios oro, en el que se establecía el dólar como la principal moneda de reserva (Krugman y Obstfeld, Op. Cit. pp. 542).
La base del funcionamiento de este sistema descansó en lo que se denomina una “disciplina” de los tipos de cambios fijos. Así, las demás divisas debían mantener un tipo de cambio fijo respecto al dólar, y éste en relación al oro. En definitiva, el oro funcionaba como último freno de la expansión monetaria estadounidense, ya que la Reserva Federal tenía la obligación de respaldar en oro los dólares que emitía. De esta manera, se consolidaba al dólar como moneda de reservas, a la vez que se le otorgaba una función de estabilizadora de la economía. Como todos los bancos centrales fijaban el tipo de cambio de su moneda respecto al dólar, intercambiando su moneda nacional por activos en dólares, cuando era necesario intervenir para mantener el tipo de cambio, cada banco debía tener unas reservas de dólares suficientes para compensar cualquier exceso de oferta que se produjese de su moneda. (Ibidem. pp. 507)
A todo lo anterior, hay que agregar que el dólar estadounidense (junto al canadiense) se hizo convertible muy tempranamente, en 1945, el año inmediatamente posterior a la Conferencia de Bretton Woods, mientras que gran parte de los países europeos lo harían cerca de 13 años después. De esta manera, gran parte del comercio internacional se hacia con dólares y exportadores e importadores mantenían dólares en sus cuentas para transacciones. El dólar se consolidó así, como moneda internacional, y naturalmente, los Bancos Centrales intentaban mantener sus reservas internacionales en forma de activos de dólares remunerados con intereses (Ibidem. pp. 543).
Importante es tener presente también, el hecho que este “acuerdo” monetario y financiero mundial, estuvo respaldado por eficaces medios de presión para posicionar a Estados Unidos y su moneda como ejes de la actividad económica mundial. En la práctica, al término de la segunda guerra y luego de la Conferencia de Bretton Woods y la creación del FMI y el Banco Mundial, los países que desearan obtener alguna de las cantidades de dinero disponibles para la reconstrucción y el desarrollo, bajo este nuevo régimen económico, se vieron obligados a aceptar las exigencias norteamericanas, que iban desde asuntos monetarios y financieros, hasta elementos de política interna de cada país (Kennedy, Op. Cit. pp. 564).
El sistema impuesto por los acuerdos de Bretton Woods parecía ser infalible, sobre todo por el poderío económico y militar alcanzado por los Estados Unidos en los años de la posguerra; sin embargo fue en la segunda mitad de la década de los 60s que éste comenzó a tener fallos…
(…continuará…)
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
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