OPINIÓN
Al rescate de un «estado de derecho»
Opinión de Isabel Venegas Salazar //
Tratados sobre la socialización de la violencia en las escuelas como un proceso funcional determinante para la descomposición social, ponen de manifiesto un estado de derecho débil, es decir, si no están claras las reglas del juego o no hay quién las haga respetar, cada quien apela a sus propias fuerzas y trata de imponerse; es una forma equivocada de entender la resiliencia, porque en el deterioro de su propia autoestima, el niño se queda sin elementos para posteriormente enfrentar los retos de la vida con éxito.
Esta semana, un buen amigo me hizo la referencia al ensayo de Mario Vargas Llosa, “La civilización del espectáculo”, respecto de mi opinión ante el informe de la CNDH en el que hablaba sobre los linchamientos en nuestro país y su relación con la formación de ciudadanía en las escuelas.
Coincido en que el abaratamiento de la cultura ha tenido mucho que ver con el mercantilismo en casi todos los aspectos de la vida moderna; la mayoría de los cuerpos académicos en el área de investigación sienten un tipo de presión para producir como “a destajo”, provocando una falta de credibilidad a su labor, lo que se ha tratado de resolver empleando mecanismos burocráticos, que tal vez hayan empeorado la situación.
Mi postura no va tanto en el sentido de la producción cultural, ya sea vista como una elaboración social intencionada, o como un evento espontáneo relativo a cualquier interacción en la comunidad. En esta ocasión trato de abordar el tema desde la institucionalidad.
Quiero insistir en este tema porque la trascendencia va en dos sentidos: tanto hace la escuela un ejercicio de entrenamiento para la vida, con la idea de practicar el cumplimiento de normas sencillas para lograr una relación ordenada, como hace evidente en el niño-ciudadano el valor de una institución que representa protección y cobijo.
Si los niños aprenden que “no pasa nada” al violar una regla, por ejemplo, la de respetar a sus compañeros, no solo está haciendo el entrenamiento en el sentido más perjudicial por ser desde los primeros años de vida con conductas repetitivas, sino que además, tarde o temprano él mismo se verá violentado, sin encontrar el amparo que la Institución debería brindar.
En una escuela de la zona metropolitana, un estudiante de secundaria ingresó al plantel con armas blancas. Previamente había hecho amenazas contra su maestra de inglés a través de dibujos, reportes y expresiones verbales. En una ocasión, la profesora le pidió a su grupo de segundo grado que hicieran una actividad en equipo, pero él se negó a participar de ese modo, decidió más bien que lo haría solo. El ejercicio se trataba de llevar a una puesta en escena experiencias de su entorno, obviamente con diálogos en el idioma extranjero.
Pues bien, el chico llegó a exponer una obra con marionetas; en su historia los personajes atacaban a su maestra de inglés hasta matarla; graciosamente para sus compañeros, la muñeca que tenía el papel de la víctima, era una réplica exacta de su maestra, en la vida real.
Las quejas que se presentaron en contra del estudiante que violentaba no solo a su profesora, sino a la mayoría de los compañeros, hicieron que se llamara a los padres de familia, y que se tuviera una breve intervención del gabinete psico-pedagógico para llevar un registro de notas que dieran cuenta del “apoyo” que estaba recibiendo el chico, a fin de que no se diera de baja del plantel. Es decir, un protocolo más reactivo, que preventivo.
Quizá en otros tiempos, o en otras circunstancias político-educativas, la decisión habría sido la expulsión inmediata al ser considerado el hecho como una “falta grave”, pero al igual que el caso de estudiantes que agredieron física o sexualmente a sus compañeros, o que se tiene evidencia de que son responsables en la difusión de imágenes eróticas de sus compañeros, a través de redes sociales; fueron considerados más bien casos que ameritaron de un reporte o de algún citatorio a padres de familia.
Este es un claro dilema: Por un lado, aplicar un reglamento de manera tajante, pone de relieve el cumplimiento de la normatividad para la población estudiantil, pero implica que muchos de los jóvenes que actúan de manera incorrecta se queden sin ser arropados por una institución; contrario a eso, tenemos la oportunidad de albergarlos en las escuelas, restando el valor a la misma, puesto que pierde la valía de ser quien brinda un estímulo y ejemplo para el buen comportamiento social. Ya vemos ahora que en los reglamentos escolares (si es que se tiene la noción de su existencia), casi ha quedado prohibida la palabra “No”.
El INEGI en 2016, reportó a Jalisco como la segunda entidad a nivel nacional con mayor incidencia en violencia escolar, llegando a un índice de 32% de la población encuestada. Para el 2018, el entonces Secretario de Educación, Alfonso Gómez, reportaba una baja en las denuncias de los hechos, y hacía mención de programas que, de la mano con la comisión de Derechos Humanos en el estado, habrían de encaminarse a los temas de suma por la paz, convivencia social y sana relación, en toda la comunidad educativa.
Queda claro que, además de la complejidad por la cantidad de factores que intervienen, también está la complicación de atender a las concepciones y percepciones de la ciudadanía. En muchas comunidades educativas la violencia ha cobrado una figura de normalidad, al punto que las denuncias no se hacen, no solo por la falta de credibilidad en las instituciones de impartición de justicia o por el miedo a represalias, sino porque ni siquiera se consideran actitudes violentas y mucho menos graves. Los chicos tienen frases que aparentan inocencia como “manden -nudes-” o “compartan el pack”, en referencia a enviar imágenes íntimas de algún compañero, acciones que por cierto, ya están tipificadas en el Código Penal.
A fin de cuentas, dos posibilidades están probadas:
-
Expulsar al niño que viola las reglas, en cumplimiento de una norma restrictiva, obliga también a considerar que en muchos casos lo tomará como premio (ya no se tiene que levantar temprano, ni obedecer órdenes), además de que no enfrenta su carencia en la interacción con el prójimo
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Procurar su permanencia en el plantel, implica atender protocolos reactivos que en la mayoría de los casos solo sirven para documentar, generando una carga administrativa más para los docentes, y que van apuntando a la instalación de conductas anti-sociales, como “normales”
La sugerencia es que se integre a los niños a tareas de participación más activa, labores que le lleven a la reflexión de su importancia y trascendencia en el entorno social, así como las consecuencias de sus acciones, aunque también habría qué involucrar a los padres de familia con el mismo rigor de compromiso, instaurando simultáneamente en los colegios, mecanismos formales de detección temprana de situaciones de riesgo, para que sean atendidas con programas de diseño desde un pensamiento sistémico.
En su mayoría, los que estamos frente a grupo, docentes, directivos y prefectos, formamos parte de esa última generación de niños que fueron regañados por sus padres, y que ahora son regañados por sus hijos, pero tanto en la casa como en la escuela la situación parece ser la misma, a la hora de enfrentar situaciones de esta magnitud, los padres le reclaman a los maestros y los maestros a los padres, la falta de formación en valores.
¡No, es NO! Discute tu reglamento escolar, el del coto de tu fraccionamiento, el de vialidad; pero una vez instituido, aprobado por la mayoría (porque seguramente por unanimidad, nunca lo será), ¡A cumplirlo señores!, a asumir la legalidad cueste lo que cueste, sabiendo que en el orden y en el respeto a la norma se vive mucho mejor que en la “rebeldía sin causa”, para eso están las películas y son solo diversión de un rato, para la vida está la escuela.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa_venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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Profesor Anonimo
24 de junio de 2019 at 09:35
Lamentablemente así es ya en todas las escuelas. Pues cierto números de reportes leves hacen uno grave o tantos graves uno muy grave y tantos muy graves la expulsión. Y no vemos como instituciones educativas q si tenemos las evidencias en nuestras manos podemos darle fin a esta situación haciendo responsables a los padres. Pero que pasa? Q como institución tampoco conocemos nuestros reglamentos y es por esto que hacemos tanto «protocolo» q yo llamaría pancho. Es por eso q ahora nuestros alumnos toman sus propios medios para ponerse en paz simplemente porque…así, literal lo dicen no nos hacen caso.
Ahora que pasa cuando el maestro es acosado? En vez de también recibir apoyo de nuestras autoridades nos dan la espalda. Porque resulta que somos nosotros los que debemos cambiar nuestra conducta para que el alumno cambie.