OPINIÓN
Al rescate de un «estado de derecho»
Opinión de Isabel Venegas Salazar //
Tratados sobre la socialización de la violencia en las escuelas como un proceso funcional determinante para la descomposición social, ponen de manifiesto un estado de derecho débil, es decir, si no están claras las reglas del juego o no hay quién las haga respetar, cada quien apela a sus propias fuerzas y trata de imponerse; es una forma equivocada de entender la resiliencia, porque en el deterioro de su propia autoestima, el niño se queda sin elementos para posteriormente enfrentar los retos de la vida con éxito.
Esta semana, un buen amigo me hizo la referencia al ensayo de Mario Vargas Llosa, “La civilización del espectáculo”, respecto de mi opinión ante el informe de la CNDH en el que hablaba sobre los linchamientos en nuestro país y su relación con la formación de ciudadanía en las escuelas.
Coincido en que el abaratamiento de la cultura ha tenido mucho que ver con el mercantilismo en casi todos los aspectos de la vida moderna; la mayoría de los cuerpos académicos en el área de investigación sienten un tipo de presión para producir como “a destajo”, provocando una falta de credibilidad a su labor, lo que se ha tratado de resolver empleando mecanismos burocráticos, que tal vez hayan empeorado la situación.
Mi postura no va tanto en el sentido de la producción cultural, ya sea vista como una elaboración social intencionada, o como un evento espontáneo relativo a cualquier interacción en la comunidad. En esta ocasión trato de abordar el tema desde la institucionalidad.
Quiero insistir en este tema porque la trascendencia va en dos sentidos: tanto hace la escuela un ejercicio de entrenamiento para la vida, con la idea de practicar el cumplimiento de normas sencillas para lograr una relación ordenada, como hace evidente en el niño-ciudadano el valor de una institución que representa protección y cobijo.
Si los niños aprenden que “no pasa nada” al violar una regla, por ejemplo, la de respetar a sus compañeros, no solo está haciendo el entrenamiento en el sentido más perjudicial por ser desde los primeros años de vida con conductas repetitivas, sino que además, tarde o temprano él mismo se verá violentado, sin encontrar el amparo que la Institución debería brindar.
En una escuela de la zona metropolitana, un estudiante de secundaria ingresó al plantel con armas blancas. Previamente había hecho amenazas contra su maestra de inglés a través de dibujos, reportes y expresiones verbales. En una ocasión, la profesora le pidió a su grupo de segundo grado que hicieran una actividad en equipo, pero él se negó a participar de ese modo, decidió más bien que lo haría solo. El ejercicio se trataba de llevar a una puesta en escena experiencias de su entorno, obviamente con diálogos en el idioma extranjero.
Pues bien, el chico llegó a exponer una obra con marionetas; en su historia los personajes atacaban a su maestra de inglés hasta matarla; graciosamente para sus compañeros, la muñeca que tenía el papel de la víctima, era una réplica exacta de su maestra, en la vida real.
Las quejas que se presentaron en contra del estudiante que violentaba no solo a su profesora, sino a la mayoría de los compañeros, hicieron que se llamara a los padres de familia, y que se tuviera una breve intervención del gabinete psico-pedagógico para llevar un registro de notas que dieran cuenta del “apoyo” que estaba recibiendo el chico, a fin de que no se diera de baja del plantel. Es decir, un protocolo más reactivo, que preventivo.
Quizá en otros tiempos, o en otras circunstancias político-educativas, la decisión habría sido la expulsión inmediata al ser considerado el hecho como una “falta grave”, pero al igual que el caso de estudiantes que agredieron física o sexualmente a sus compañeros, o que se tiene evidencia de que son responsables en la difusión de imágenes eróticas de sus compañeros, a través de redes sociales; fueron considerados más bien casos que ameritaron de un reporte o de algún citatorio a padres de familia.
Este es un claro dilema: Por un lado, aplicar un reglamento de manera tajante, pone de relieve el cumplimiento de la normatividad para la población estudiantil, pero implica que muchos de los jóvenes que actúan de manera incorrecta se queden sin ser arropados por una institución; contrario a eso, tenemos la oportunidad de albergarlos en las escuelas, restando el valor a la misma, puesto que pierde la valía de ser quien brinda un estímulo y ejemplo para el buen comportamiento social. Ya vemos ahora que en los reglamentos escolares (si es que se tiene la noción de su existencia), casi ha quedado prohibida la palabra “No”.
El INEGI en 2016, reportó a Jalisco como la segunda entidad a nivel nacional con mayor incidencia en violencia escolar, llegando a un índice de 32% de la población encuestada. Para el 2018, el entonces Secretario de Educación, Alfonso Gómez, reportaba una baja en las denuncias de los hechos, y hacía mención de programas que, de la mano con la comisión de Derechos Humanos en el estado, habrían de encaminarse a los temas de suma por la paz, convivencia social y sana relación, en toda la comunidad educativa.
Queda claro que, además de la complejidad por la cantidad de factores que intervienen, también está la complicación de atender a las concepciones y percepciones de la ciudadanía. En muchas comunidades educativas la violencia ha cobrado una figura de normalidad, al punto que las denuncias no se hacen, no solo por la falta de credibilidad en las instituciones de impartición de justicia o por el miedo a represalias, sino porque ni siquiera se consideran actitudes violentas y mucho menos graves. Los chicos tienen frases que aparentan inocencia como “manden -nudes-” o “compartan el pack”, en referencia a enviar imágenes íntimas de algún compañero, acciones que por cierto, ya están tipificadas en el Código Penal.
A fin de cuentas, dos posibilidades están probadas:
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Expulsar al niño que viola las reglas, en cumplimiento de una norma restrictiva, obliga también a considerar que en muchos casos lo tomará como premio (ya no se tiene que levantar temprano, ni obedecer órdenes), además de que no enfrenta su carencia en la interacción con el prójimo
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Procurar su permanencia en el plantel, implica atender protocolos reactivos que en la mayoría de los casos solo sirven para documentar, generando una carga administrativa más para los docentes, y que van apuntando a la instalación de conductas anti-sociales, como “normales”
La sugerencia es que se integre a los niños a tareas de participación más activa, labores que le lleven a la reflexión de su importancia y trascendencia en el entorno social, así como las consecuencias de sus acciones, aunque también habría qué involucrar a los padres de familia con el mismo rigor de compromiso, instaurando simultáneamente en los colegios, mecanismos formales de detección temprana de situaciones de riesgo, para que sean atendidas con programas de diseño desde un pensamiento sistémico.
En su mayoría, los que estamos frente a grupo, docentes, directivos y prefectos, formamos parte de esa última generación de niños que fueron regañados por sus padres, y que ahora son regañados por sus hijos, pero tanto en la casa como en la escuela la situación parece ser la misma, a la hora de enfrentar situaciones de esta magnitud, los padres le reclaman a los maestros y los maestros a los padres, la falta de formación en valores.
¡No, es NO! Discute tu reglamento escolar, el del coto de tu fraccionamiento, el de vialidad; pero una vez instituido, aprobado por la mayoría (porque seguramente por unanimidad, nunca lo será), ¡A cumplirlo señores!, a asumir la legalidad cueste lo que cueste, sabiendo que en el orden y en el respeto a la norma se vive mucho mejor que en la “rebeldía sin causa”, para eso están las películas y son solo diversión de un rato, para la vida está la escuela.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa_venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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Profesor Anonimo
24 de junio de 2019 at 09:35
Lamentablemente así es ya en todas las escuelas. Pues cierto números de reportes leves hacen uno grave o tantos graves uno muy grave y tantos muy graves la expulsión. Y no vemos como instituciones educativas q si tenemos las evidencias en nuestras manos podemos darle fin a esta situación haciendo responsables a los padres. Pero que pasa? Q como institución tampoco conocemos nuestros reglamentos y es por esto que hacemos tanto «protocolo» q yo llamaría pancho. Es por eso q ahora nuestros alumnos toman sus propios medios para ponerse en paz simplemente porque…así, literal lo dicen no nos hacen caso.
Ahora que pasa cuando el maestro es acosado? En vez de también recibir apoyo de nuestras autoridades nos dan la espalda. Porque resulta que somos nosotros los que debemos cambiar nuestra conducta para que el alumno cambie.