OPINIÓN
Alfaro vuelve a endurecer el discurso
Los Hombres del Poder, Por Gabriel Ibarra Bourjac //
Creíamos que después de las vacaciones decembrinas el gobernador Enrique Alfaro regresaría a la actividad relajado, con un mejor humor y un discurso más amigable, menos de confrontación, como se distinguió en su primer año de gobierno.
Sin embargo, a juzgar por el mensaje que envío desde las redes el pasado viernes, vuelve a ser el Alfaro de oposición, el que se sube al ring y que le resultó hasta antes de ser gobernador.
El problema de la violencia y la inseguridad que golpea a Jalisco lo saca de sus casillas como lo manifiesta al responder al informe anual de desaparecidos que dio a conocer el Subsecretario de Derechos Humanos de la SeGob, Alejandro Encinas, en la que aparece Jalisco como la entidad número uno en el país, el nada honroso primer lugar, lo cual Alfaro lo considera como un ataque que desde una oficina de la Ciudad de México alguien le ordenó hacerlo a este funcionario de la 4T y que en el pasado fue aliado del hoy gobernador del estado.
Tiene razón Alfaro en un punto: el informe está incompleto, pero lo que sí es una realidad o que demuestre lo contrario, es que Jalisco sí está en primer lugar en desaparecidos de México: son 2,100. Sin embargo a Alfaro le molesto que esta información fuera presentada con mala leche, pues el otro dato que considera significativo, es que en Jalisco es el Estado que encuentra también a más personas que desaparecen que fueron 2,318.
Al mismo tiempo salió a defender su política de seguridad al volver a presentar el ‘resultado positivo’ del trabajo de su gobierno por recuperar la tranquilidad en las calles y espacio público del Estado, culpando de nuevo a los medios de comunicación que no informan a los ciudadanos.
CULPA AL GOBIERNO FEDERAL
Lo nuevo en el discurso del gobernador Alfaro es que los homicidios y los desaparecidos es tarea del Gobierno Federal, ya que según él, hubo un acuerdo entre los dos gobiernos para enfrentar la problemática de seguridad: gobierno del Estado y municipios enfrentarían los delitos de alta incidencia y los de alto impacto (especialmente homicidios y desaparecidos) sería tarea del Gobierno de la República.
“No están desapareciendo personas para robarles dinero, ni para extorsionarlas, están desapareciendo personas para matarlas. Esa es la realidad y la pregunta es, y el gobierno de la república aparte de dedicarse a atacar políticamente a gobernadores, ¿cuándo le va a entrar en serio contra el crimen organizado?, ¿cuándo nos vamos a dejar de los mensajes que no llevan a ningún lado?, ¿cuándo vamos a lograr entender que este es un trabajo que nos necesita a todos?
DISMINUYEN LA INCIDENCIA 28%
En su mensaje el gobernador Alfaro dijo con plena convicción que su gobierno está siendo afectivo en enfrentar la delincuencia, ya que en este primer año, comparando las cifras con el 2018 la incidencia delictiva total disminuyó en 28%, más de una cuarta parte del total de los delitos.
“Particularmente, en los delitos que definimos como prioritarios en la acción local del gobierno del estado y de los gobiernos municipales, los delitos patrimoniales que afectan el patrimonio de las personas, porque fue una estrategia definida y valga el espacio para recordarlo, con el gobierno de la república, por eso hoy extraña la actitud que algunos toman”.
El temperamental gobernador aseguró que ese fue el acuerdo con el gobierno federal.
¿Y LOS HOMICIDIOS?
El tema de los homicidios también lo abordó Alfaro. “No podemos cantar victoria ni levantar los brazos en señal de triunfo, pero tenemos la obligación moral de informarle a los jaliscienses la realidad en la que estamos, y los medios de comunicación tendrían que tener también esa obligación moral. Creo que el reto es entender en dónde está la otra parte del problema, porque luego la respuesta a lo que decimos es, ¿Y los homicidios?, Nada más que pequeño problema, en este acuerdo que tuvimos con el gobierno de la república, la agenda del crimen organizado recae como una responsabilidad directa del gobierno federal”.
En esa óptica y tal vez esa sea la causa del enojo del gobernador de Jalisco, es que en tratándose de crimen organizado (homicidios violentos y desaparecidos) es tarea del Gobierno Federal, es al que se le debe exigir resultados, no a él.
Alfaro es calificado de acuerdos a estudios de opinión pública como el gobernador más ineficiente en materia de seguridad en el país y eso seguramente le provoca mucho más que un simple dolor de estómago, que los jaliscienses no le reconozcan su trabajo.
Habrá que recordar que cuando Alfaro no era gobernador y encabezaba la oposición criticaba a los que llamaba gobiernos ineptos y los responsabilizaba de la inseguridad, de que carecían de capacidad para brindar seguridad a los jaliscienses.
Hoy que es gobernador el problema de homicidios y desaparecidos le ha explotado en las manos y le echa la papa caliente al Gobierno Federal, pero olvida que los asesinatos son del fuero común y la Fiscalía del Estado tiene la obligación, de acuerdo a la ley, de hacer las investigaciones pertinentes y sancionar a los criminales.
En el caso de los desaparecidos el Gobierno del Estado tiene una Fiscalía Especial que ha sido eficiente en encontrar los 2,318, pero en contra partida hay 2,100 que no aparecieron y que seguramente ya no aparecerán con vida, tal vez los localicen, es triste decirlo, en una de esas decenas de tumbas clandestinas.
Mañana martes el gobernador de Jalisco se reunirá con el Presidente López Obrador, conforme el propio Alfaro lo anunció, encuentro en el que le pedirá al tabasqueño que se respete a Jalisco.
Por lo pronto, iniciamos el año con esta brasa que de nuevo se aviva el choque entre los gobiernos estatal y federal. Se desactivará el martes el pleito o este match será permanente, donde Jalisco tiene todas las de perder.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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