OPINIÓN
Cambios en la línea editorial: Proceso, ¿semanario a la deriva?

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Es incuestionable que una persona bien informada seguramente no aceptará imposiciones, abusos, ni embaucadores: El periodismo es el mejor instrumento para lograr ese objetivo. No en balde nuestro insigne Francisco Zarco afirmó: “La prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización”.
Ciertamente, los periodistas auténticos, al esgrimir su pluma cual filosa espada, hacen temblar a los políticos falsarios y a los partidarios de la corrupción, sean funcionarios públicos o miembros del sector privado.
Hace años, el célebre ghanés Kofi Annan, sostuvo con firmeza que “Ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre, independiente y plural”. Y vaya que este personaje tenía tan grandes conocimientos y virtudes, que se desempeñó como séptimo secretario general de las Naciones Unidas y en 2001 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
Quien ejerce la elevada tarea del periodismo, siempre debe sujetarse a la verdad, tener como meta servir a la comunidad y nunca doblegarse, ni ante presiones, adversidades y mucho menos seducciones, incluyendo las monetarias.
En nuestra República hemos tenido ejemplares periodistas y estupendos periódicos. Julio Scherer y el semanario “Proceso” pueden ser citados como muestras de uno y otro. El primero, tras valiente dirección del diario “Excelsior”, fue obligado por el poder público a salir de su cargo, siguiéndolo cientos de cooperatistas, con los cuales fundó en 1976 el semanario “Proceso”, al que dirigió alrededor de 20 años. Entre sus más cercanos colaboradores destaca el tapatío Vicente Leñero, cofundador y de prendas semejantes al antedicho.
Desde esa ya lejana fecha, tanto Scherer como su semanario, acrecentaron su presencia, uno dirigiendo y haciendo extraordinarias entrevistas, la revista haciéndose referente para tirios y troyanos, ya que en sus páginas abrevaban leyendo los análisis, críticas, noticias, opiniones y punzantes cartones. Sus portadas y cabeceos eran memorables.
Cuando falleció (2015) Don Julio el fundador, en CISA, la empresa que es la editora del semanario y que siempre presidió, le sucedió su hijo el abogado Julio Scherer Ibarra. El impreso prosiguió con su línea editorial crítica, la cual muchos la clasificaron como de izquierda; desde 1999, tenía un periodista destacado como Director General (Rafael Rodríguez Castañeda).
Cuando llegó a la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador, el segundo de los Scherer dimitió a su puesto en CISA y fue sustituido por su hermana María Scherer Ibarra, casada con el panista Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala de Calderón. La Sra. Scherer también se incorporó al portal digital “Latin Us”, que dirige Carlos Loret, y es una plataforma antiobradorista.
El director Rodríguez Castañeda salió a principios de 2020 y fue sustituido por Jorge Carrasco, quien en el directorio de 2016 aparece como reportero en compañía de Álvaro Delgado, Genaro Villamil, Jesusa Cervantes, Santiago Igartua Scherer, José Gil Olmos, Arturo Rodríguez, etc. De estos periodistas, Delgado, Villamil y Cervantes, ya salieron del semanario. El coordinador del área de internet (Proceso.com.mx) era Alejandro Caballero, de quien afirma Julio Astillero es en su actividad muy confiable, honrado, crítico y capaz. Además, Proceso integró un excelente cuerpo de caricaturistas (del que ya salieron Rocha, Hernández y murió Helguera), corresponsales, analistas sociopolíticos (de donde suprimieron a Ackermann, Fabricio Mejía, etc.), de deportes, cultura, etc., de considerable reconocimiento.
Por todo lo anterior es que resulta impactante una carta que se dio a conocer el 16 de septiembre reciente, suscrita por Alejandro Caballero, misiva en la cual dice adiós a Proceso luego de 21 años y 8 meses de trabajo, “alarmado por el rumbo que ha tomado la empresa que edita” la revista, o sea CISA, que preside la señora Scherer de Zavala.
El aludido, Caballero, asevera que Proceso entró en un acelerado desprestigio, motivado por cierta “derechización” de su línea editorial, a lo que se suma una crisis económica de la que no se informa a los trabajadores, que, desde luego, en estos tiempos de austeridad y pandemia, no es raro, aunque sí el ocultarlo.
Por si lo anterior fuese poco, se divulga en la citada comunicación, “una dramática caída en la venta de ejemplares, un derrumbe en las suscripciones y una caída preocupante en las visitas al espacio digital”, lo que de ser verídico reviste tintes muy preocupantes.
Paro Caballero el director Jorge Carrasco era “reportero gris”, de tendencia conservadora, “sin mayor experiencia en tareas de dirección, definición de portadas, cabeceo y línea editorial”, por lo que generó que en unos meses a “Proceso se le haya perdido el respeto”, y se le considere “una especie de encarte dominical del periódico Reforma”. Recordemos que este diario es uno de los más punzantes impugnadores de la izquierdista Cuatro T.
Abundando en el tema, menciona el renunciante Caballero, que el “actual es un Proceso opuesto al que nos legaron Don Julio y Rafael, pero a tono con el tamaño de sus nuevos mandos: hacia adentro maltrato laboral y hacia fuera alianza con medios que lo último que hacen es respetar a sus trabajadores”. Es decir, conforme a las clasificaciones vigentes, una empresa neoliberal explotadora de sus recursos humanos.
Otro desatino de la dirección, enfatiza Caballero, es alentar el “autonombramiento de Santiago Igartúa” (también de la dinastía Scherer) como jefe de la página digital, donde suplantó al dimitente. Ese nieto del fundador, ingresó a Proceso desplazando sin pudor alguno al corresponsal en Argentina, luego pasó a redacción donde se distinguió, “por cobrar sin trabajar”: enseguida “de manera cobarde, mientras me encontraba de vacaciones, sin aviso alguno… me desplazó de mis funciones”.
El resultado es que “tanto el portal como la revista han perdido credibilidad y en el caso del primero hasta seriedad y no se diga oportunidad noticiosa”, todo ello, responsabilidad única de este periodista, quien “confirma que la honestidad y el talento no se heredan”.
Los agravios que recibí -afirma el dimitente- desde la cúpula y que incluyeron marginarme de cualquier toma de decisiones y en el absurdo cambiar mi escritorio por uno más pequeño y borrarme del directorio por más de un año, lamentablemente no han sido los únicos. El Proceso que privilegiaba las relaciones humanas, factor que distinguía al semanario de cualquier otra empresa periodística, se esfumó con la llegada de Carrasco e Igartúa.
Y la epístola continúa enumerando yerros de la editora de Proceso: “por ejemplo, a como sin consideración alguna se despidió a corresponsales en el extranjero y a colaboradores de la sección de análisis. Imperdonable también fue el maltrato, incluso hasta horas antes de su muerte, que tuvieron para con Marco Antonio Cruz, en su calidad de coordinador de fotografía”.
Y menciona datos, para probar su dicho: “Tengo la certeza de que los nuevos mandos se enteraron de la estatura profesional del querido Marco cuando leyeron los entrañables textos póstumos que amigos y compañeros le dedicaron en Proceso. Desde los puestos de dirección, en vida se le ofendió, a su muerte se le elogió”.
El final señalamiento que con índice flamígero expresa el señor Caballero, se refiere a la designación José Gil Olmos como jefe de información, a quien tilda de inepto, pues a su juicio es “Incapaz de argumentar una orden de trabajo, negado para idear un reportaje, torpe para redactar un párrafo sin incurrir en problemas de sintaxis y faltas de ortografía”, con lo cual la empresa le dio una autoridad que, por obvias razones, no respetan ni sus subordinados.
Haciendo memoria, cuando excluyó el señor Carrasco a varios colaboradores de sello izquierdista, hace un año, le escribió a Carmen Aristegui: “Proceso mantiene abierta la pluralidad que puede constatarse en cada una de sus plataformas y el espíritu de libertad que nos legaron nuestros fundadores”. Pero fue irreductible con la guadaña y salieron valiosos colaboradores, haciendo caso omiso del principio que dice: “La libertad de expresión lleva consigo cierta libertad para escuchar”.
Igualmente, la dirección del semanario o de la empresa editora, olvidaron lo que pregonaba el Benemérito Benito Juárez: “La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre la facultad de pensar”. Y en su lugar pareciera que los periodistas a sus órdenes solo deben describir la verdad del patrono, lo que obviamente es indigno y aterrador.
Así pues, ceñidos a la idea que postula al periodismo como una deslumbrante escuela de vida, tras leer la carta llameante que hemos comentado, tan cáustica como una filípica, caemos en la cuenta de que el célebre hebdomadario “Proceso”, está a la deriva, porque encara un problemático presente y lo amaga un incierto porvenir.
JALISCO
El choque de Lemus y la UdeG, un juego de equilibrios y reflexiones

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
El reciente enfrentamiento entre el gobernador Pablo Lemus Navarro y la Universidad de Guadalajara (UdeG) por la propuesta de corresponsabilidad en materia de seguridad es un capítulo más en la larga saga de tensiones entre el poder político y la máxima casa de estudios de Jalisco.
La propuesta de Lemus, que sugería destinar 200 millones de pesos del presupuesto universitario para mejorar la infraestructura de seguridad en los entornos de los planteles de la UdeG, desató una reacción contundente: un desplegado del Consejo de Rectorías que, con firmeza, recordó que la seguridad pública es una obligación constitucional del Estado, no de la universidad. Sin embargo, el desenlace —una mesa de diálogo que parece haber superado las diferencias— deja un terreno fértil para reflexionar sobre los actores, sus estrategias y las lecciones que este episodio deja para Jalisco.
Un gobernador con prisa y una universidad vigilante
Pablo Lemus, emanado de Movimiento Ciudadano, ha mostrado desde su llegada al gobierno un estilo pragmático, pero también ambicioso, que busca diferenciarse de su antecesor, Enrique Alfaro, con quien la UdeG mantuvo una relación de enfrentamientos abiertos.
Lemus, consciente de la deuda histórica en materia de seguridad —con Jalisco liderando las cifras de desapariciones en el país (15,348 casos al 31 de octubre de 2024)— propuso una solución que, en teoría, buscaba sumar esfuerzos. Sin embargo, su planteamiento de involucrar el presupuesto universitario tocó una fibra sensible: la autonomía de la universidad pública, un bastión defendido con celo por sus liderazgos.
La respuesta de la UdeG, liderada por la rectora Karla Planter, no se hizo esperar. El desplegado no solo rechazó la propuesta como una injerencia indebida, sino que subrayó que la universidad ya invierte significativamente en seguridad interna (más de mil millones de pesos desde 2013 y 222 millones aprobados para 2025). Este intercambio evidenció una vez más la capacidad de los universitarios para movilizar su autoridad moral y política, recordándole al gobierno que la universidad no es un actor subordinado, sino un contrapeso con peso propio.
El diálogo: ¿Reconciliación o tregua estratégica?
La mesa de diálogo, que incluyó a la rectora Planter, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Zoé García, y el propio Lemus, logró apaciguar las aguas. Se acordó trabajar en conjunto para fortalecer los protocolos de seguridad, retomar el programa Senderos Seguros y diseñar campañas preventivas contra las desapariciones.
Este desenlace, aunque positivo, no debe leerse como una victoria absoluta de uno u otro bando, sino como un ejercicio de pragmatismo político. Lemus, que se ha presentado como un gobernante abierto al diálogo, evitó escalar un conflicto que pudo haberle costado caro en términos de capital político.
Los Leones Negros, por su parte, reafirmaron su autonomía, pero aceptaron sentarse a la mesa, conscientes de que la seguridad de sus estudiantes es un tema que no pueden ignorar.
Poder, autonomía y la sombra de Alfaro
Este episodio deja varias lecciones. Primero, la propuesta de Lemus, aunque bienintencionada en su objetivo de proteger a los estudiantes, fue políticamente desacertada. Pretender involucrar el presupuesto universitario sin una negociación previa, subestima la historia de la UdeG como un actor político que ha enfrentado y sobrevivido a múltiples gobernadores.
Desde los tiempos de Raúl Padilla, la universidad ha sabido posicionarse como un contrapeso que no se doblega fácilmente. Lemus, aun en los primeros meses de su gestión, debe aprender que en Jalisco no se puede gobernar sin considerar a la máxima casa de estudios de Jalisco como un interlocutor clave.
Segundo, el desplegado de la UdeG no solo defendió su autonomía, sino que expuso una verdad incómoda: el Estado ha fallado en garantizar la seguridad pública, un problema que no puede transferirse a otras instituciones. La universidad, al destacar sus propias inversiones en seguridad, puso en evidencia las carencias del gobierno estatal, obligando a Lemus a recalibrar su discurso y pasar de la confrontación al diálogo.
Tercero, este choque refleja la sombra de Enrique Alfaro, cuyo enfrentamiento con la universidad por el recorte de 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales marcó un precedente de tensión. Lemus, aunque ha prometido una relación respetuosa con la universidad, parece haber tropezado con un eco de ese conflicto. La pregunta es si este episodio será un aprendizaje para construir una relación más sólida o si, como en el pasado, las tensiones resurgen ante nuevas pugnas presupuestales o políticas.
¿Y ahora qué?
El diálogo alcanzado es un paso adelante, pero no garantiza una relación sin fricciones. La Universidad de Guadalajara, con su capacidad de movilización y su influencia en la opinión pública, seguirá siendo un actor vigilante. Lemus, por su parte, deberá demostrar que su discurso de “puertas abiertas” no es solo retórica.
La seguridad en Jalisco, especialmente en el contexto de las desapariciones, requiere una coordinación efectiva entre el gobierno estatal, el federal y la sociedad civil, incluyendo a la universidad. Sin embargo, esta coordinación debe respetar los roles institucionales y evitar cualquier percepción de intromisión en la autonomía universitaria.
En el ajedrez político de Jalisco, este episodio es una jugada que no termina en jaque mate, sino en un movimiento que reconfigura el tablero. Lemus ha mostrado voluntad de rectificar, pero la UdeG ha dejado claro que no cederá en su defensa de la autonomía. Mientras tanto, los estudiantes, el verdadero centro de esta discusión, esperan resultados concretos: entornos más seguros y una universidad que siga siendo un faro de conocimiento y resistencia. Jalisco, como siempre, observa expectante.
Beisbol
Edwin Díaz se despide como un grande: Charros arrasa a los Dorados y enciende la pasión en el Panamericano

Deporte Rey, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Los Charros de Jalisco han encontrado su ritmo en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y lo demostraron con una contundente barrida ante los Dorados de Chihuahua en el Estadio Panamericano. Bajo la batuta de Benjamín Gil, “El Matador”, el equipo ha transformado su estilo de juego, convirtiéndose en una máquina de espectáculo que combina velocidad, estrategia y garra. Esta serie no solo marcó un punto de inflexión en la temporada, sino que también hizo vibrar a la afición jalisciense, que se rindió ante la entrega de sus caporales.
El fin de semana fue un despliegue de emociones. Charros, que venía de menos a más, consolidó su ascenso con una actuación histórica. Hace apenas unas semanas, el equipo rompió récords al robar 12 bases en un solo juego, superando la marca centenaria de 9 hurtos y demostrando que la velocidad es su nueva carta fuerte. Este ímpetu se trasladó al enfrentamiento contra Chihuahua, donde los albiazules no solo ganaron, sino que humillaron a sus rivales con un juego vibrante y una remontada épica que quedará grabada en la memoria de los aficionados.
El segundo juego de la serie, el sábado por la noche en Zapopan, fue el clímax de la hazaña. Con un marcador adverso de 0-6, los Charros se negaron a rendirse. La afición, al borde de sus asientos, fue testigo de una remontada electrizante que culminó en la novena entrada. Fue entonces cuando el puertorriqueño Edwin Díaz, en su despedida de la temporada con Jalisco tras ser convocado por los Astros de Houston, conectó un batazo decisivo para dejar en el terreno a los Dorados con un apretado 11-10. El hit no solo aseguró la serie, sino que selló una noche mágica para Díaz, quien se fue de 3-3, con dos remolcadas, dos anotadas y un par de bases por bolas, despidiéndose como héroe.
La barrida a Chihuahua no fue solo un triunfo deportivo, sino una declaración de intenciones. Bajo el liderazgo de Gil, los Charros están redefiniendo su identidad: un equipo que combina talento joven, como el de Díaz, con una estrategia agresiva que pone en jaque a cualquier rival. La afición, entregada, respondió con un rugido que retumbó en el Panamericano, recordándonos por qué el beisbol es el deporte rey en Jalisco. Este equipo, que apenas comienza a escribir su historia en la temporada, ya nos hace soñar con la gloria en la LMB.
Mientras Edwin Díaz se prepara para brillar en las Grandes Ligas, los Charros de Jalisco se consolidan como un contendiente serio. La barrida a Dorados es un aviso: este equipo no solo juega, sino que enamora, pelea y, sobre todo, gana. Que siga el espectáculo, porque en Zapopan la pelota está más viva que nunca.
CHARROS LLEGA A MEDIA TABLA
Los Charros están encendiendo la pasión en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), consolidándose como un equipo que, de menos a más, ha encontrado su ritmo bajo la dirección de Benjamín Gil, “El Matador”. Este lunes, los albiazules amanecen en el quinto lugar de la Zona Norte con un récord de 14 victorias y 13 derrotas, a solo 4.5 juegos del líder Sultanes de Monterrey (18-8). Con Acereros (15-11), Tecos (14-11) y Toros (15-12) por encima, los jaliscienses han superado a Algodoneros, posicionándose en la pelea por un codiciado boleto a los playoffs.
El ascenso de Charros no ha sido casual. Los ajustes estratégicos de Gil y la directiva, especialmente en el cuerpo de pitcheo, han dado frutos, transformando a un equipo que ahora combina garra ofensiva con una defensa más sólida. Sin embargo, el pitcheo sigue siendo el talón de Aquiles de los caporales. Tanto los lanzadores inicialistas como el relevo han mostrado altibajos, y la afición espera que las recientes modificaciones permitan al equipo mantener el impulso en esta etapa crucial de la temporada.
La próxima semana será una prueba de fuego en el Estadio Panamericano, cuando Charros reciba a los Sultanes de Monterrey, líderes indiscutibles de la Zona Norte. Este enfrentamiento pondrá a prueba la capacidad de los lanzadores jaliscienses para contener a una ofensiva poderosa que ha dominado la liga. La serie no solo es una oportunidad para medir el progreso de los Charros, sino también para enviar un mensaje claro: los albiazules están listos para competir con los gigantes de la LMB.
La afición, siempre fiel, espera que el Panamericano se convierta en un fortín donde los Charros demuestren que su ascenso no es pasajero. Con el liderazgo de Gil y el apoyo de Zapopan, el equipo tiene todo para dar la sorpresa y acercarse aún más a la postemporada. Que retumbe el estadio, porque los Charros están decididos a seguir escalando en el “deporte rey”.
JALISCO
Revictimización en tiempo real: El asesinato de Valeria Márquez y la simulación de la justicia digital

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
Un disparo, dos palabras y una pantalla en negro. “¿Tú eres Valeria?”, preguntó el asesino. “Sí”, respondió ella. Luego vino el silencio digital, pero también el estruendo mediático. Así murió Valeria Márquez, influencer de 23 años, frente a miles de espectadores en TikTok. No fue una muerte íntima, ni siquiera clandestina. Fue una ejecución pública, transmitida en tiempo real desde su salón de belleza, con la fría lógica de un espectáculo contemporáneo: la violencia como contenido, el crimen como clip, el morbo como algoritmo.
Lo que siguió fue el guion ya conocido de la tragedia mexicana: un fiscal que promete “indagar”, sospechosas públicas sin pruebas, “amigas” que se convierten en tendencia y un video que se replica sin cesar, sin ética, sin ley. Las redes sociales convirtieron el asesinato en un trending topic. Mientras la Fiscalía de Jalisco, en voz de Salvador González, declaraba que “se están haciendo entrevistas”, la opinión pública ya tenía culpables, móviles y teorías. La justicia, como siempre, llegó tarde. Y sin dientes.
Este no es un caso aislado. Es el reflejo de una constante nacional: la combinación letal entre violencia de género, impunidad institucional y exposición digital. Valeria no solo fue asesinada. Fue revictimizada. Su muerte fue reproducida, analizada, editada y compartida como si se tratara de un episodio más en la serie criminal que es la realidad cotidiana de este país.
UNA LEY DE NOMBRE BONITO Y APLICACIÓN NULA
¿Dónde está la Ley Ingrid? Esa que, tras el brutal feminicidio de Ingrid Escamilla, prometía castigar con cárcel a quien difundiera imágenes o videos violentos de mujeres asesinadas. Esa que fue aplaudida en tribuna y aplaudida por funcionarios que hoy guardan silencio. Esa que, en los hechos, no existe en la mayoría de los estados. Jalisco, por ejemplo, no la ha implementado en su Código Penal. ¿Qué clase de Estado crea leyes simbólicas que no puede o no quiere aplicar?
En teoría, la Ley Ingrid sanciona la difusión de imágenes o videos violentos. Pero hay dos condiciones que la vuelven inútil en casos como el de Valeria: uno, que el material provenga de servidores públicos, y dos, que el estado en cuestión haya armonizado su legislación local. Nada de eso ocurrió aquí. El video se generó desde su propia cuenta de TikTok. Y Jalisco, aunque presentó una iniciativa en 2021, no ha aprobado nada.
La abogada feminista Leslie Jiménez lo resume con claridad en una entrevista al portal lacaderadeeva.com: “No hay un delito que se tenga que investigar porque no está en el Código Penal de Jalisco”. Así de simple. La justicia depende del código postal.
DE LA INDIGNACIÓN AL ESPECTÁCULO
No deja de ser cínico que mientras el crimen organizado ejecuta a mujeres jóvenes con la misma facilidad con que comparte “narcocorridos” en plataformas digitales, la sociedad mexicana —esa masa morbosamente conectada— consuma los asesinatos como parte de su dieta diaria de entretenimiento. Lo vimos con Ingrid Escamilla. Lo vivimos hoy con Valeria Márquez.
En redes sociales, el dolor se convierte en carne de cañón para influencers, páginas de “noticias” y tuiteros de ocasión. El asesinato es apenas el pretexto para subir seguidores, comentarios, monetización. No se busca justicia, sino visibilidad. No se exige un Estado funcional, sino una teoría que entretenga.
Y mientras tanto, las autoridades fingen que trabajan. Se limitan a pedir “respeto”, a prometer “líneas de investigación abiertas” y a deslindarse de la viralización del contenido. Pero ¿dónde están las órdenes para eliminar esos videos? ¿Dónde están las sanciones a medios que revictimizaron a Valeria? ¿Dónde está la famosa Comisión Calificadora de Publicaciones de la Secretaría de Gobernación?
Según información oficial, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 no se ha iniciado ni una sola carpeta de investigación bajo la Ley Ingrid. Ni una. El mensaje es claro: el feminicidio sí se puede viralizar, no pasa nada. La ley existe solo en el boletín de prensa.
Por supuesto, las redes sociales tienen responsabilidad. TikTok, Facebook, X (antes Twitter), Instagram: todas han permitido la reproducción del video del asesinato de Valeria. Algoritmos que no detectan violencia explícita, sistemas de denuncia ineficaces y políticas ambiguas permiten que estos contenidos circulen impunemente.
Estas plataformas son empresas privadas con poder global, pero en México operan como si no tuvieran obligación alguna con los derechos humanos. No hay transparencia, no hay auditorías, no hay sanciones. Tampoco hay voluntad política para regularlas con eficacia. Ni el IFT ni la Segob ni el Congreso se atreven a tocarlas. La censura preocupa más que la impunidad.
El asesinato de Valeria Márquez nos recuerda que en México el cuerpo de las mujeres es territorio de conquista: física, simbólica, económica. Se les asesina y luego se les monetiza. La violencia no termina con el disparo: continúa en el clic, en la réplica, en el consumo.
Mientras los fiscales y legisladores siguen discutiendo competencias, las mujeres siguen cayendo. Y cuando una de ellas tiene cámara, seguidores y estética propia, el crimen adquiere rating. La línea entre la denuncia y el espectáculo se vuelve tan delgada como la ética de quienes lucran con el dolor ajeno.
En la historia de este país, pocas veces se ha hecho justicia a las víctimas de feminicidio. Y en el entorno digital, la impunidad se duplica. No basta con sancionar al asesino: hay que frenar el sistema que reproduce la violencia con cada reproducción, con cada compartido.
Lo que sigue, si todo permanece como hasta ahora, es la repetición. Otra mujer será asesinada. Otro video se hará viral. Otra ley será redactada, aprobada y engavetada. Y la opinión pública, adicta al horror, pedirá justicia con un tuit mientras comparte el video que alimenta al mismo monstruo que dice combatir.
Valeria Márquez no fue sólo víctima de un feminicidio. Fue víctima de una cultura que ha normalizado la muerte de mujeres como si fuera parte del espectáculo. Su caso es espejo y síntoma: de un Estado ineficaz, de una sociedad desensibilizada, de una justicia que no actúa y de una tecnología que reproduce violencia sin freno.
Y mientras no cambiemos ese ecosistema, no habrá ley —ni Ingrid ni ninguna— que nos salve. Porque las leyes sin voluntad, sin sistema judicial funcional y sin ética pública son sólo tinta muerta. Como tantas otras promesas rotas en este país donde morir mujer, y en vivo, sigue siendo una noticia que nadie quiere atender… salvo para verla repetida una y otra vez.
En X @DEPACHECOS
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