OPINIÓN
Cambios en la línea editorial: Proceso, ¿semanario a la deriva?
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Es incuestionable que una persona bien informada seguramente no aceptará imposiciones, abusos, ni embaucadores: El periodismo es el mejor instrumento para lograr ese objetivo. No en balde nuestro insigne Francisco Zarco afirmó: “La prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización”.
Ciertamente, los periodistas auténticos, al esgrimir su pluma cual filosa espada, hacen temblar a los políticos falsarios y a los partidarios de la corrupción, sean funcionarios públicos o miembros del sector privado.
Hace años, el célebre ghanés Kofi Annan, sostuvo con firmeza que “Ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre, independiente y plural”. Y vaya que este personaje tenía tan grandes conocimientos y virtudes, que se desempeñó como séptimo secretario general de las Naciones Unidas y en 2001 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
Quien ejerce la elevada tarea del periodismo, siempre debe sujetarse a la verdad, tener como meta servir a la comunidad y nunca doblegarse, ni ante presiones, adversidades y mucho menos seducciones, incluyendo las monetarias.
En nuestra República hemos tenido ejemplares periodistas y estupendos periódicos. Julio Scherer y el semanario “Proceso” pueden ser citados como muestras de uno y otro. El primero, tras valiente dirección del diario “Excelsior”, fue obligado por el poder público a salir de su cargo, siguiéndolo cientos de cooperatistas, con los cuales fundó en 1976 el semanario “Proceso”, al que dirigió alrededor de 20 años. Entre sus más cercanos colaboradores destaca el tapatío Vicente Leñero, cofundador y de prendas semejantes al antedicho.
Desde esa ya lejana fecha, tanto Scherer como su semanario, acrecentaron su presencia, uno dirigiendo y haciendo extraordinarias entrevistas, la revista haciéndose referente para tirios y troyanos, ya que en sus páginas abrevaban leyendo los análisis, críticas, noticias, opiniones y punzantes cartones. Sus portadas y cabeceos eran memorables.
Cuando falleció (2015) Don Julio el fundador, en CISA, la empresa que es la editora del semanario y que siempre presidió, le sucedió su hijo el abogado Julio Scherer Ibarra. El impreso prosiguió con su línea editorial crítica, la cual muchos la clasificaron como de izquierda; desde 1999, tenía un periodista destacado como Director General (Rafael Rodríguez Castañeda).
Cuando llegó a la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador, el segundo de los Scherer dimitió a su puesto en CISA y fue sustituido por su hermana María Scherer Ibarra, casada con el panista Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala de Calderón. La Sra. Scherer también se incorporó al portal digital “Latin Us”, que dirige Carlos Loret, y es una plataforma antiobradorista.
El director Rodríguez Castañeda salió a principios de 2020 y fue sustituido por Jorge Carrasco, quien en el directorio de 2016 aparece como reportero en compañía de Álvaro Delgado, Genaro Villamil, Jesusa Cervantes, Santiago Igartua Scherer, José Gil Olmos, Arturo Rodríguez, etc. De estos periodistas, Delgado, Villamil y Cervantes, ya salieron del semanario. El coordinador del área de internet (Proceso.com.mx) era Alejandro Caballero, de quien afirma Julio Astillero es en su actividad muy confiable, honrado, crítico y capaz. Además, Proceso integró un excelente cuerpo de caricaturistas (del que ya salieron Rocha, Hernández y murió Helguera), corresponsales, analistas sociopolíticos (de donde suprimieron a Ackermann, Fabricio Mejía, etc.), de deportes, cultura, etc., de considerable reconocimiento.
Por todo lo anterior es que resulta impactante una carta que se dio a conocer el 16 de septiembre reciente, suscrita por Alejandro Caballero, misiva en la cual dice adiós a Proceso luego de 21 años y 8 meses de trabajo, “alarmado por el rumbo que ha tomado la empresa que edita” la revista, o sea CISA, que preside la señora Scherer de Zavala.
El aludido, Caballero, asevera que Proceso entró en un acelerado desprestigio, motivado por cierta “derechización” de su línea editorial, a lo que se suma una crisis económica de la que no se informa a los trabajadores, que, desde luego, en estos tiempos de austeridad y pandemia, no es raro, aunque sí el ocultarlo.
Por si lo anterior fuese poco, se divulga en la citada comunicación, “una dramática caída en la venta de ejemplares, un derrumbe en las suscripciones y una caída preocupante en las visitas al espacio digital”, lo que de ser verídico reviste tintes muy preocupantes.
Paro Caballero el director Jorge Carrasco era “reportero gris”, de tendencia conservadora, “sin mayor experiencia en tareas de dirección, definición de portadas, cabeceo y línea editorial”, por lo que generó que en unos meses a “Proceso se le haya perdido el respeto”, y se le considere “una especie de encarte dominical del periódico Reforma”. Recordemos que este diario es uno de los más punzantes impugnadores de la izquierdista Cuatro T.
Abundando en el tema, menciona el renunciante Caballero, que el “actual es un Proceso opuesto al que nos legaron Don Julio y Rafael, pero a tono con el tamaño de sus nuevos mandos: hacia adentro maltrato laboral y hacia fuera alianza con medios que lo último que hacen es respetar a sus trabajadores”. Es decir, conforme a las clasificaciones vigentes, una empresa neoliberal explotadora de sus recursos humanos.
Otro desatino de la dirección, enfatiza Caballero, es alentar el “autonombramiento de Santiago Igartúa” (también de la dinastía Scherer) como jefe de la página digital, donde suplantó al dimitente. Ese nieto del fundador, ingresó a Proceso desplazando sin pudor alguno al corresponsal en Argentina, luego pasó a redacción donde se distinguió, “por cobrar sin trabajar”: enseguida “de manera cobarde, mientras me encontraba de vacaciones, sin aviso alguno… me desplazó de mis funciones”.
El resultado es que “tanto el portal como la revista han perdido credibilidad y en el caso del primero hasta seriedad y no se diga oportunidad noticiosa”, todo ello, responsabilidad única de este periodista, quien “confirma que la honestidad y el talento no se heredan”.
Los agravios que recibí -afirma el dimitente- desde la cúpula y que incluyeron marginarme de cualquier toma de decisiones y en el absurdo cambiar mi escritorio por uno más pequeño y borrarme del directorio por más de un año, lamentablemente no han sido los únicos. El Proceso que privilegiaba las relaciones humanas, factor que distinguía al semanario de cualquier otra empresa periodística, se esfumó con la llegada de Carrasco e Igartúa.
Y la epístola continúa enumerando yerros de la editora de Proceso: “por ejemplo, a como sin consideración alguna se despidió a corresponsales en el extranjero y a colaboradores de la sección de análisis. Imperdonable también fue el maltrato, incluso hasta horas antes de su muerte, que tuvieron para con Marco Antonio Cruz, en su calidad de coordinador de fotografía”.
Y menciona datos, para probar su dicho: “Tengo la certeza de que los nuevos mandos se enteraron de la estatura profesional del querido Marco cuando leyeron los entrañables textos póstumos que amigos y compañeros le dedicaron en Proceso. Desde los puestos de dirección, en vida se le ofendió, a su muerte se le elogió”.
El final señalamiento que con índice flamígero expresa el señor Caballero, se refiere a la designación José Gil Olmos como jefe de información, a quien tilda de inepto, pues a su juicio es “Incapaz de argumentar una orden de trabajo, negado para idear un reportaje, torpe para redactar un párrafo sin incurrir en problemas de sintaxis y faltas de ortografía”, con lo cual la empresa le dio una autoridad que, por obvias razones, no respetan ni sus subordinados.
Haciendo memoria, cuando excluyó el señor Carrasco a varios colaboradores de sello izquierdista, hace un año, le escribió a Carmen Aristegui: “Proceso mantiene abierta la pluralidad que puede constatarse en cada una de sus plataformas y el espíritu de libertad que nos legaron nuestros fundadores”. Pero fue irreductible con la guadaña y salieron valiosos colaboradores, haciendo caso omiso del principio que dice: “La libertad de expresión lleva consigo cierta libertad para escuchar”.
Igualmente, la dirección del semanario o de la empresa editora, olvidaron lo que pregonaba el Benemérito Benito Juárez: “La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre la facultad de pensar”. Y en su lugar pareciera que los periodistas a sus órdenes solo deben describir la verdad del patrono, lo que obviamente es indigno y aterrador.
Así pues, ceñidos a la idea que postula al periodismo como una deslumbrante escuela de vida, tras leer la carta llameante que hemos comentado, tan cáustica como una filípica, caemos en la cuenta de que el célebre hebdomadario “Proceso”, está a la deriva, porque encara un problemático presente y lo amaga un incierto porvenir.
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
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