Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

La política jalisciense tiene una insana fascinación por la prestidigitación mediática. Ciertos actores, discípulos aplicados del arte de López Obrador —aplicador impecable de esta estrategia— manejan con maestría la conocida táctica de la caja china. Esta estrategia, tan vieja como efectiva, consiste en esconder un escándalo incómodo bajo otro de mayor ruido, para que la opinión pública cambie rápidamente de víctima y olvide el primer agravio.

Cuando las llamas políticas amenazaban al gobierno de Pablo Lemus Navarro, por la aparición del siniestro rancho Izaguirre, convertido por la barbarie en un campo de entrenamiento para desaparecer personas, era imperioso un escándalo distractor. Entonces, como invocado por arte de magia, apareció el sorpresivo ataque de Juan José Frangie Saade, alcalde reelecto de Zapopan, contra Mirza Flores Gómez, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC).

Resultó extraño que Frangie —quien ni siquiera figura oficialmente en el padrón del partido según el registro consultado— lanzara tan abierta y frontal crítica contra Flores Gómez. Él mismo ha reconocido, con cierta altanería, que su estructura nunca necesitó del partido para ganar elecciones desde 2015 hasta 2024. Entonces, ¿por qué semejante ataque frontal en estos tiempos?

Frangie acusó a Mirza de haber secuestrado al partido, bautizándolo de manera sarcástica como «Mirza Ciudadana», alegando que ella lo utilizaba para beneficio propio y de su círculo íntimo. También reclamó que la dirigencia estatal ignoraba sistemáticamente a Zapopan, municipio crucial que él gobierna y que más votos le ha aportado a MC. La acusación, más que un reclamo orgánico, pareció un acto planeado, casi quirúrgico, para descalificar anticipadamente una posible reelección de Mirza al frente del partido.

La primera lectura de este conflicto apuntó a una abierta declaración de guerra entre el grupo Coparmex-Lemus, representado por Frangie, contra el grupo Jalisco, es decir el alfarismo, del cual Mirza es destacada integrante. Con Alfaro en su exilio dorado en Madrid, muchos interpretaron esto como el preludio del fin de la era alfarista, anunciada y acelerada por el grupo zapopano.

Pero más allá de la primera lectura se dibuja otra interpretación más sutil y, quizá, más precisa: la intención real de Frangie pudo haber sido frenar un posible «albazo» por parte de Mirza Flores para asegurarse otros tres años en la dirigencia estatal, manteniendo así el control del partido en manos del grupo alfarista. La maniobra buscaba, pues, obligarla a negociar, abrir el juego político y detener cualquier tentación hegemónica.

Frangie, en sus declaraciones iniciales, no escatimó descalificaciones hacia Mirza. La tachó de protagónica e interesada en su bienestar personal, dejando una estela venenosa de desconfianza hacia su liderazgo. Sus palabras fueron armas calculadas para minar cualquier aspiración de Flores Gómez a permanecer al frente del partido.

Sin embargo, el «descontón» a Mirza, como fue calificado por algunos medios, venía del hombre más cercano al gobernador Lemus, levantando dudas legítimas sobre si el ataque fue iniciativa propia de Frangie o un encargo preciso desde el despacho principal del Palacio de Gobierno.

En medio de esta tensión, se produjo una reunión urgente convocada por el propio Lemus. El gobernador, rápidamente asumido como nuevo «líder moral» de MC tras el aparente fin político de Alfaro, convocó a los protagonistas del conflicto. En ese cónclave, se decidió cerrar filas y establecer una especie de tregua armada. La reconciliación aparente buscó evitar fracturas mayores, especialmente considerando que las elecciones al interior de MC Jalisco están ya a la vuelta de la esquina.

Con esta jugada, Lemus confirmó tácitamente su nueva posición como cabeza absoluta de Movimiento Ciudadano en Jalisco, aunque públicamente repite que no milita en el partido. Esta ambigüedad calculada, tan propia del estilo de los políticos contemporáneos, permite a Lemus moverse con comodidad entre su rol institucional y su nuevo liderazgo político.

Quien primero le puso la corona a Lemus fue Gerardo Quirino Velázquez, alcalde de Tlajomulco, al afirmar que la era Alfaro había terminado. Frangie inmediatamente secundó esta posición, sumándose a la nueva narrativa que busca enterrar definitivamente la influencia alfarista y afirmar la hegemonía del lemusismo.

En el reajuste político, los premios no se hicieron esperar: MC Zapopan quedó en manos de Naraly González, leal a Frangie, y MC Guadalajara en las de Fabiola Cuan, cercana a Lemus. Ambas posiciones revelan cómo, tras el escándalo y el posterior cierre de filas, los puestos clave se distribuyeron estratégicamente entre los aliados del gobernador y del alcalde zapopano.

La táctica funcionó impecablemente en lo político-partidista. La caja china, que comenzó con el enfrentamiento entre Frangie y Mirza, intentó desplazar de los titulares al escabroso asunto del rancho Izaguirre. No se logró de forma total, a pesar de que los medios leales al gobernador lo intentaron, pero dejó buenos resultados políticamente al grupo de Pablo Lemus.

Con esto, Lemus consolida su liderazgo político, y Frangie fortalece su posición como interlocutor privilegiado, asegurando para los zapopanos cuotas importantes en el partido. La crisis fue, pues, tan real como estratégica. Una maniobra digna de los discípulos más avezados del arte de López Obrador, maestro indiscutible de las artes oscuras de la política mexicana.

Al final, en este teatro político, lo que quedó claro es que la corona naranja tiene nuevo dueño y que, en esta historia, como en tantas otras, el poder sigue moviéndose tras bambalinas. Mientras tanto, la democracia, o lo que queda de ella, sigue siendo “meneada estratégicamente” a conveniencia de los intereses particulares de quienes dirigen los destinos políticos de Jalisco.

En X @DEPACHECOS

De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

“Será Merilyn Gómez Pozos la candidata de Morena”.

“A Ricardo Villanueva lo perfilan como sucesor de Mario Delgado al frente de la Secretaría de Educación”, me asegura una fuente bien enterada al comentarme sobre la postulación guinda al gobierno municipal de Guadalajara.

De acuerdo a esta información, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados Federal, tiene el camino despejado para dirigirse con cierta tranquilidad hacia la candidatura de la alcaldía tapatía.

Así, de confirmarse lo anterior, entonces se explicaría por qué varios equipos que en principio se veían incompatibles iniciaron los trabajos relativos a darle forma a su proyecto.

De hecho, me enteran de que líderes sociales y empresariales comenzaron labores de vinculación con la precitada legisladora.

Dicho de otra forma, todo apunta a que en breve habrá señales más notorias de que la ex coordinadora de la campaña presidencial en Jalisco, encabezará las pretensiones morenistas de conquistar la capital política de nuestra entidad.

Pero mientras en el lado del Movimiento de Regeneración Nacional el panorama parece aclararse, en MC nubes oscuras se posan sobre la ciudad.

Personajes que conocen las entrañas naranjas me dicen que en Palacio de Gobierno dejaron de ver con buenos ojos la probable reelección de Verónica Delgadillo.

Al respecto, hay quien afirma que suenan dos nombres que tendrían la venia de la nueva nomenclatura partidista: Priscilla Franco y Salvador Zamora.

Y aunque todavía no se tiene plena certeza del motivo por el que la actual alcaldesa habría perdido la simpatía y el respaldo político del círculo más cercano a Pablo Lemus, me confían que existen dos razones principales: una, que aún sostiene una evidente lealtad a Enrique Alfaro; y dos, que ha dado muestras suficientes de que no desea alinearse a los criterios que mueven al hoy gobernador.

De ser verdad, entonces estaríamos en condición de suponer que la disputa por Guadalajara viviría sus momentos más intensos en el epicentro de Movimiento Ciudadano.

En X: @DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, escritor y analista político.

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Ante la crisis que azota a nuestro país y a Jalisco, marcada por las transiciones gubernamentales, los cambios drásticos como la desaparición de los sistemas de transparencia y sus órganos garantes, la incertidumbre en las relaciones con nuestro vecino país del norte, la innegable crisis de desapariciones y el horror del crimen organizado, cuya presencia en regiones y comunidades es innegable, así como su infiltración en sectores sociales, los mexicanos estamos en vilo.

En medio de estas terribles circunstancias, se suma la extinción oficial de la transparencia en México y en los estados para tener una transición hacia un nuevo modelo, en un contexto donde cientos de acontecimientos exigirán la obligación de informar y el ejercicio del derecho a saber.

En este sentido, y ante la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y se reforma el artículo 37, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es el nacimiento del nuevo sistema de transparencia en el país.

Sumamente criticado, pues preocupa la eliminación de principios e interpretaciones, se asegura que las leyes aprobadas representan un retroceso significativo en la protección de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales.

Ante el desastroso panorama del desmantelamiento de más de veinte años de transparencia y rendición de cuentas, pilares del derecho de la ciudadanía a saber y ser informada, actualmente nos toca presenciar la transición hacia un nuevo modelo que, paradójicamente, llevará por nombre «Transparencia para el pueblo».

No obstante, sería más preciso si incluyera la palabra «a modo», pues resulta evidente que la nueva legislación busca suavizar y aligerar la carga de obligaciones y responsabilidades inherentes al derecho de acceso a la información pública, dejando lagunas y ambigüedades.

Además, elimina principios constitucionales e introduce figuras legales que permitirán restringir el acceso a la información pública, como la «paz social» y los «daños al interés del Estado», podrían ser utilizados como criterios para reservar información. Por si fuera poco, se menoscaba la autonomía, la imparcialidad y la profesionalización de las autoridades de transparencia.

En este sentido, se presenta una resistencia y dura crítica social al gobierno federal por la supresión de un modelo de transparencia construido a través de más de dos décadas, perfeccionado bajo procesos legislativos que reformaban para construir y no para destruir, no como el del pasado 20 de marzo, que dio luz a las nuevas legislaciones en la materia que son incompatibles e incomparables a lo que gozábamos en materia de transparencia, que sin duda garantizaba el derecho a saber y ser informado sin la interferencia de gobiernos.

Hoy que los asuntos de transparencia gubernamental pasan a ser parte del mismo gobierno, son ellos quienes, ante las preguntas del pueblo sobre su actuar y sus obligaciones, responderán si tenemos o no derecho a la información solicitada, lo cual profundiza la concentración del poder y restringe derechos sociales, afectando la democracia.

En Jalisco, nos queda esperar animosamente que este gobierno respete congruentemente la construcción, el papel y la participación histórica que tuvo nuestra entidad en estas dos décadas de transparencia y rendición de cuentas, honrando la historia y las luchas sociales ganadas desde las trincheras de los muchos jaliscienses que actualmente son expertos, especialistas o defensores férreos del derecho al acceso a la información.

Que Jalisco mantenga su posición de puntero en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas, va a depender de los actores políticos locales, del Congreso local en la armonización de la ley, de la escucha abierta de la sociedad especializada en el tema, pero sobre todo de dejar a un lado la tentación de ir a favor del gobierno federal y marcar un estilo que deje claro que en Jalisco sí se respetará y se transitará a un modelo de sistema de transparencia local que no destruye ni restringe el acceso, que no limita la protección.

Esperemos que, ante las crisis actuales y la desaparición de la transparencia en México, por lo menos Jalisco se resista, elija no ser parte del retroceso en la materia, privilegie el derecho al acceso a la información y se pronuncie transparente por elección.