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JALISCO

Carrera judicial, la base de la excelencia en impartición de justicia

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Por Luis Enrique Villanueva Gómez // 

Las autoridades encargadas de la administración de justicia, tienen la obligación de dar cumplimiento a los postulados constitucionales en cuanto a que debe ser pronta, completa, expedita y gratuita, sin embargo, más allá de las estadísticas, reportes, índices y análisis de cumplimiento de esa función, la sociedad tiene una percepción negativa sobre el sistema de justicia y sus juzgadores, al asumirla con desconfianza en sus instituciones y tardada en emitir sus resoluciones, aun cuando reconoce su importancia para la existencia del Estado de derecho como detonador del desarrollo del país.

La calidad de las sentencias y la agilidad en la atención y despacho de los juicios, pasa invariablemente por la preparación y compromiso de la burocracia judicial, componente trascendental del que se desprenden diversas consideraciones.

La carrera judicial, como mecanismo de formación y reconocimiento de funcionarios judiciales, constituye un componente medular y estratégico en todo sistema de justicia en el mundo, virtud a que adicionalmente a su perfil profesional, el conocimiento, el pulso y compromiso humano y el perfeccionamiento de la técnica que proporciona la permanencia del personal en el sistema, no es posible adquirirlo en universidades u otras instituciones académicas.

Debe entenderse como carrera judicial, a la figura que comprende un conjunto de procesos de formación, profesionalización, capacitación y especialización, cuyo propósito es garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso, promoción y permanencia en el desempeño de las diferentes actividades que integran la función jurisdiccional.

Busca además que los servidores públicos cuenten con perfiles profesionales permanentemente actualizados para desempeñarse con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, excelencia técnica, sentido del servicio público y respeto a los derechos humanos.

En ese sentido, el Poder Judicial del Estado de Jalisco debe promover el fortalecimiento normativo y asegurar el cumplimiento estricto de la carrera judicial, en la que cada nombramiento, adscripción y remoción de jueces y magistrados, este sustentado en reglas objetivas e imparciales que reconozcan su preparación y continuidad, que les dé seguridad en su empleo y su futuro, lo que traería como consecuencia que pondrían un esfuerzo mayor y más comprometido con la calidad y oportunidad de su desempeño.

Y es que la formación y capacitación de los funcionarios y empleados públicos se encuentra contenido en tres grupos de ordenamientos jurídicos: las normas constitucionales de la Federación y de las entidades; las leyes y decretos expedidos por el Congreso General o las Legislaturas de las entidades, y las normas expedidas por la autoridad administrativa.

En efecto, el fundamento primordial de este modelo, que es poco conocido, esta contenido en la fracción VII del Apartado B del Artículo 123 constitucional, cuyo texto prescribe:“…La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administración Pública…”.

Asimismo, incluye dos cuestiones fundamentales: la regulación y defensa de las garantías judiciales, las cuales son cinco: designación, autonomía, remuneración, responsabilidad, y publicidad, así como un régimen eficaz para el ejercicio de los derechos humanos, mismas que se encuentran contenidas, respectivamente, en los artículos 94 y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 57, 58, 59, 61 y 97 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Como corolario de lo anterior, es de desatacarse que efectivamente en el marco jurídico aplicable se encuentra prevista la necesidad de capacitar y actualizar a todo el personal del Estado de Jalisco, entre ellos, especialmente a los del Poder Judicial, pues de esta forma se desarrolla la capacidad de brindar un servicio de calidad a los gobernados y en beneficio del propio servidor público, pues se allega de herramientas y conocimientos que le permiten lograr un crecimiento laboral personal.

DUPLICIDAD DE INSTANCIAS

No obstante lo anterior, de un ejercicio básico de navegación por internet, es fácil percatarse que tanto los portales web del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia, así como la Ley Orgánica y diversos reglamentos, referentes al tema judicial, señalan diversas comisiones y direcciones, dedicadas a la escuela, capacitación y profesionalización judicial que resultan excesivas y dispendiosas.

El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, cuenta con una Comisión de Carrera Judicial, cuyas atribuciones se relacionan con el ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional; también cuenta con una Dirección del Instituto Judicial y una Dirección de Formación y Actualización Judicial, mismas que pueden ser consultadas en su página web y que realizan ambas las funciones de capacitación del Poder Judicial.

Por su parte, dentro del organigrama del Supremo Tribunal de Justicia, figuran la Comisión Transitoria de Capacitación, Actualización y Profesionalización, siendo su finalidad, permitir la superación y mejora de la técnica jurídica; también cuenta con una Dirección de Estudio e Investigaciones Jurídicas y Legislativas, cuyas principales atribuciones son la capacitación, actualización y promoción del personal; y, por último, se encuentra la Dirección de Escuela Judicial, que es la encargada de preparar y mejorar la calidad de las funciones en el desempeño del trabajo de los servidores públicos que laboran en el Poder Judicial.

De lo anterior resulta evidentemente que hay una duplicidad de instancias y funciones en cada uno de los órganos reseñados, lo que redunda a su vez en el presupuesto que ejerce el Poder Judicial, destacando además la falta de comunicación y coordinación entre los dos entes, es decir, entre el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia suman cuatro direcciones para la misma función.

Además, la existencia de las diversas instancias que atienden la capacitación y profesionalización provoca que el trabajo de coordinación sea complicado para elaborar programas, proyectos y capacitaciones de calidad, que cumplan con la exigencia y parámetros establecidos en la Ley.

Ejemplo de ello es que la página oficial del Supremo Tribunal de Justicia cuenta con el apartado de Convocatorias, donde existe registro que se han ofertado las mismas maestrías desde el año 2017 en Derecho Judicial y en el Sistema Acusatorio Adversaria.

Mientras que su última actualización respecto a cursos o seminarios, data del 7 de abril de 2014, cuando se ofreció el curso taller para fortalecer las escuelas de Derecho en Jalisco.

De acuerdo con el último informe presentado por el actual presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se encuentran cuatro generaciones de maestría activas, sumando así 107 alumnos (55 mujeres y 52 hombres), 60 de Sistema Acusatorio Adversarial y 47 de Derecho Judicial, lo cual deja de manifiesto que es mínimo el porcentaje del personal que labora en todos los ámbitos del Poder Judicial del Estado de Jalisco que busca una capacitación continua al no ser ésta, una obligación para quienes laboran en dicho poder y su abanico de posibilidades es sumamente limitado.

LOS EGRESADOS

Hasta el día de hoy, han egresado 294 alumnos (173 mujeres y 121 hombres) de las maestrías que se imparten en esta Escuela Judicial, de los cuales 206 son de la maestría en Sistema Acusatorio Adversarial (Juicios Orales; y 82 en Derecho Judicial. Números que se consideran muy bajos tomando en cuenta que el personal que labora tanto en el Consejo de la Judicatura como en el Supremo Tribunal de Justicia supera los dos mil servidores públicos.

Así las cosas, es de advertirse que a pesar del número de departamentos, direcciones, comisiones, personal y gastos destinados fundamentalmente a la capacitación y profesionalización del personal que labora en el Poder Judicial, los cursos, talleres, diplomados y, en general, programas de formación continua, son insuficientes o casi nulos.

Por su parte, en la página oficial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en el apartado de Cursos y Seminarios, se puede apreciar que datan de 2014 y 2017, es decir, el área del Consejo de la Judicatura encargada de la capacitación y actualización del personal tiene un mínimo de 3 años que no actualiza la oferta de cursos o talleres, o en caso contrario, lo que podemos advertir es una constante falla en materia de transparencia, actualización de plataformas digitales y uso de las tecnologías.

Sin embargo, como se aprecia en el portal de Facebook y Twitter, de los más actualizados del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, señala que han existido conferencias y charlas magisteriales en conjunto con otras dependencias, barras y colegios de abogados, pero que se encuentran lejos de lo que el Modelo de Gobernanza Judicial propone, ya que dichas conferencias y pequeños seminarios no cuentan con indicadores de desempeño cualitativo, logros e impacto que en los últimos años han tenido los eventos formativos convocados e impartidos tanto por el Consejo como por el Supremo Tribunal de Justicia, ambos del Estado de Jalisco y sus múltiples dependencias encargadas de la capacitación y profesionalización.

Por los datos aquí señalados, es evidente el derroche de recursos en las diferentes áreas de capacitación, cuya actividad es casi nula; los planes y programas de corto y mediano plazo, contenida en fuentes impresas, electrónicas y redes sociales es insuficiente, ambigua y extemporánea; hay una inadecuada e insuficiente planeación y cobertura de programas y recursos para la capacitación y profesionalización de las distintas categorías y niveles inferiores del tabulador; y, existe una clara y evidente duplicidad de instancias competentes en el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia.

RETOS

En un primer momento lo más importante es contar con un diagnóstico actualizado con las necesidades de capacitación y profesionalización que los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Jalisco necesitan.

Además, el crear el Instituto de Capacitación y Profesionalización del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que englobe todas las direcciones, comisiones y escuela judicial, que en este diagnóstico se han abordado, con la finalidad de que el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia, trabajen en conjunto, para capacitar a todo el personal judicial, en actualizaciones constantes y formación permanente, para dar respuesta a los nuevos modelos judiciales en los cuales Jalisco muestra un gran rezago y del mismo modo que solo exista una dependencia por órgano.

Impartir cursos de capacitación de aplicación práctica para mejorar los conocimientos y habilidades relacionadas con la función jurisdiccional.

Contar con un sólido grupo de formadores altamente capacitados (entre otros ex jueces y ex magistrados) que repliquen su experiencia desde un enfoque teórico-práctico, centrado preferentemente en estudio de caso.

Generar y actualizar un programa de capacitación y profesionalización en los diversos ámbitos, instancias y modalidades, a partir de programas educativos virtuales, presenciales, semiescolarizados y mixtos, con un desarrollo exponencial de recursos informáticos y aplicativos en inteligencia artificial, este último basado en algoritmos para proyección y redacción de autos, acuerdos y sentencias en línea que aseguren el doble beneficio de garantizar al justiciable la continuidad expedita de la impartición y administración de justicia, aún en casos de grave contingencia, como la que actualmente enfrentamos, al mismo tiempo que se comparte la infraestructura necesaria para asegurar la calidad y la cobertura de los programas formativos dirigidos a los procesos de ingreso, promoción y permanencia para que se de seriedad y continuidad a la carrera judicial en Jalisco.

Por otra parte, urge reformar de la Ley Orgánica y demás ordenamiento judiciales que ordene las diferentes Direcciones, Comisiones y Escuelas Judiciales, para con ello combatir de fondo el uno de los problemas como lo es la duplicidad de instancias, lo cual no permite que se creen programas, cursos, talleres, conferencias, diplomados, que cumplan con la calidad requerida para tener funcionarios judiciales de excelencia que brinden servicio justo y expedito.

La capacitación y profesionalización debe ser integral, no sólo ofrecer cursos y conferencias, que si bien, son importantes, poco aportan a una verdadera capacitación y profesionalización judicial, más cuando no se cuenta con indicadores y métodos de evaluación idóneos.

Debe buscarse que la capacitación sea verdaderamente continua y obligatoria para todos los funcionarios judiciales, por lo menos para aquellos que aspiren a completar la carrera judicial, que por su parte es la base de la excelencia profesional que permitirá tener funcionarios judiciales verdaderamente de calidad que estén a la vanguardia con los nuevos retos tanto digitales, de criterios y aplicación de normas, leyes y reglamentos, porque el derecho es una ciencia cambiante, que se adapta a las nuevas necesidades de una sociedad.

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JALISCO

Encuentro en Casa Ciudadana con el Senador Clemente Castañeda

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-Por Francisco Junco

El senador Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, lideró un encuentro en Casa Ciudadana con militantes, regidores, diputados locales y alcaldes del partido en Jalisco.

El evento, organizado por Movimiento Ciudadano Jalisco tuvo como objetivo dialogar sobre los retos que enfrenta México ante el oficialismo y fortalecer al partido como una alternativa política desde lo local.

Durante la reunión, Castañeda destacó la importancia de las capacitaciones para consolidar los liderazgos del movimiento y construir un proyecto que responda a las necesidades de la ciudadanía.

En sus palabras, expresó su convicción de que Movimiento Ciudadano puede ser una opción real para un país más próspero, diverso y humano.

Castañeda Hoeflich agradeció la confianza de sus compañeros y reafirmó su compromiso de defender la voz de Jalisco en el Senado de la República, impulsando agendas en beneficio de la población.

El encuentro también sirvió como un espacio de reflexión para analizar los desafíos políticos actuales y reforzar la unidad del partido rumbo a futuros retos electorales y legislativos.

Movimiento Ciudadano reiteró su compromiso de trabajar por un México en paz, verde, justo e igualitario, consolidándose como una oposición firme y responsable.

Trayectoria política de Clemente Castañeda:

2007-2009: Director del Órgano Técnico de Asuntos Metropolitanos del Estado de Jalisco.

2010-2012: Jefe de Coordinación Política del Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga.

2012: Coordinador general de la campaña a gobernador de Enrique Alfaro Ramírez.

En su carrera legislativa, ha sido diputado local en el Congreso de Jalisco (2013-2015), donde coordinó la bancada de Movimiento Ciudadano y promovió leyes en derechos humanos, transparencia y participación ciudadana.

Posteriormente, fue diputado federal (2015-2018) y coordinador de la bancada de MC en la LXIII Legislatura, participando en comisiones clave como Gobernación y Radio y Televisión. Desde 2018, es senador de la República por Jalisco y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado. Además, fue coordinador nacional de MC de 2018 a 2021.

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Deportes

Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto

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-Por Diego Morales Heredia

A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.

Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.

Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.

Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.

Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.

Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.

Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?

 

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JALISCO

Echan abajo el proyecto del nuevo acueducto Chapala-Guadalajara

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-Por Mario Ávila

La posibilidad de construir un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara fue rechazada oficialmente por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), al dar respuesta oficialmente a la solicitud presentada por activistas ambientales, en la que exigen frenar el proyecto del tercer acueducto para llevar agua a la ZMG.

Los ambientalistas representados por el abogado Julio Carmona entregaron el documento en Palacio Nacional el pasado 9 de junio de 2025, dirigido directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el que hicieron tres peticiones clave: 1.- Suspensión inmediata del tercer acueducto, por falta de consulta a comunidades ribereñas; 2.- Reconocimiento del Lago de Chapala como sujeto de derechos, con personalidad jurídica propia; 3.- Rehabilitación urgente de las plantas de tratamiento, antes de autorizar más extracciones.

La respuesta llegó el 15 de julio de 2025 firmada por el director técnico, Carlos Enrique Vite Cárdenas, en la que señala que actualmente no existe ningún permiso o autorización vigente para dicho proyecto hidráulico.

EL PROYECTO

El nuevo acueducto Chapala–Guadalajara es un proyecto impulsado por el Gobierno de Jalisco con el objetivo de modernizar y sustituir el sistema actual de conducción de agua, que presenta una eficiencia del 75% y pérdidas significativas por fugas y evaporación.

El acueducto actual, con más de 34 años de operación, está llegando al final de su vida útil. La nueva infraestructura buscaría garantizar un suministro más eficiente y seguro de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

El nuevo acueducto permitiría un mayor control sobre el volumen de agua extraído del Lago de Chapala, manteniendo el límite autorizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de 7.5 metros cúbicos por segundo, establecido en un decreto presidencial.

Se estima que la nueva infraestructura reduciría las pérdidas de agua por fugas y evaporación, lo que contribuirá a una gestión más responsable del recurso hídrico.

Contaría con un presupuesto estimado de 6,500 millones de pesos. La licitación pública nacional para desarrollar esta infraestructura fue anunciada recientemente, aunque aún no se ha definido claramente la fuente de financiamiento.

El alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, ha solicitado que la construcción del nuevo acueducto se realice con base en un plan integral que garantice el equilibrio ecológico y social de la región. También ha enfatizado la necesidad de incorporar tecnología moderna que permita medir con precisión el volumen de agua transferido.

Organizaciones civiles y ambientales han expresado preocupaciones sobre la falta de consulta pública y la posible omisión de problemas estructurales que afectan al Lago de Chapala, como la contaminación y la deforestación en las zonas de recarga.

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