Por Luis Enrique Villanueva Gómez // 

Las autoridades encargadas de la administración de justicia, tienen la obligación de dar cumplimiento a los postulados constitucionales en cuanto a que debe ser pronta, completa, expedita y gratuita, sin embargo, más allá de las estadísticas, reportes, índices y análisis de cumplimiento de esa función, la sociedad tiene una percepción negativa sobre el sistema de justicia y sus juzgadores, al asumirla con desconfianza en sus instituciones y tardada en emitir sus resoluciones, aun cuando reconoce su importancia para la existencia del Estado de derecho como detonador del desarrollo del país.

La calidad de las sentencias y la agilidad en la atención y despacho de los juicios, pasa invariablemente por la preparación y compromiso de la burocracia judicial, componente trascendental del que se desprenden diversas consideraciones.

La carrera judicial, como mecanismo de formación y reconocimiento de funcionarios judiciales, constituye un componente medular y estratégico en todo sistema de justicia en el mundo, virtud a que adicionalmente a su perfil profesional, el conocimiento, el pulso y compromiso humano y el perfeccionamiento de la técnica que proporciona la permanencia del personal en el sistema, no es posible adquirirlo en universidades u otras instituciones académicas.

Debe entenderse como carrera judicial, a la figura que comprende un conjunto de procesos de formación, profesionalización, capacitación y especialización, cuyo propósito es garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso, promoción y permanencia en el desempeño de las diferentes actividades que integran la función jurisdiccional.

Busca además que los servidores públicos cuenten con perfiles profesionales permanentemente actualizados para desempeñarse con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, excelencia técnica, sentido del servicio público y respeto a los derechos humanos.

En ese sentido, el Poder Judicial del Estado de Jalisco debe promover el fortalecimiento normativo y asegurar el cumplimiento estricto de la carrera judicial, en la que cada nombramiento, adscripción y remoción de jueces y magistrados, este sustentado en reglas objetivas e imparciales que reconozcan su preparación y continuidad, que les dé seguridad en su empleo y su futuro, lo que traería como consecuencia que pondrían un esfuerzo mayor y más comprometido con la calidad y oportunidad de su desempeño.

Y es que la formación y capacitación de los funcionarios y empleados públicos se encuentra contenido en tres grupos de ordenamientos jurídicos: las normas constitucionales de la Federación y de las entidades; las leyes y decretos expedidos por el Congreso General o las Legislaturas de las entidades, y las normas expedidas por la autoridad administrativa.

En efecto, el fundamento primordial de este modelo, que es poco conocido, esta contenido en la fracción VII del Apartado B del Artículo 123 constitucional, cuyo texto prescribe:“…La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administración Pública…”.

Asimismo, incluye dos cuestiones fundamentales: la regulación y defensa de las garantías judiciales, las cuales son cinco: designación, autonomía, remuneración, responsabilidad, y publicidad, así como un régimen eficaz para el ejercicio de los derechos humanos, mismas que se encuentran contenidas, respectivamente, en los artículos 94 y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 57, 58, 59, 61 y 97 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Como corolario de lo anterior, es de desatacarse que efectivamente en el marco jurídico aplicable se encuentra prevista la necesidad de capacitar y actualizar a todo el personal del Estado de Jalisco, entre ellos, especialmente a los del Poder Judicial, pues de esta forma se desarrolla la capacidad de brindar un servicio de calidad a los gobernados y en beneficio del propio servidor público, pues se allega de herramientas y conocimientos que le permiten lograr un crecimiento laboral personal.

DUPLICIDAD DE INSTANCIAS

No obstante lo anterior, de un ejercicio básico de navegación por internet, es fácil percatarse que tanto los portales web del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia, así como la Ley Orgánica y diversos reglamentos, referentes al tema judicial, señalan diversas comisiones y direcciones, dedicadas a la escuela, capacitación y profesionalización judicial que resultan excesivas y dispendiosas.

El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, cuenta con una Comisión de Carrera Judicial, cuyas atribuciones se relacionan con el ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional; también cuenta con una Dirección del Instituto Judicial y una Dirección de Formación y Actualización Judicial, mismas que pueden ser consultadas en su página web y que realizan ambas las funciones de capacitación del Poder Judicial.

Por su parte, dentro del organigrama del Supremo Tribunal de Justicia, figuran la Comisión Transitoria de Capacitación, Actualización y Profesionalización, siendo su finalidad, permitir la superación y mejora de la técnica jurídica; también cuenta con una Dirección de Estudio e Investigaciones Jurídicas y Legislativas, cuyas principales atribuciones son la capacitación, actualización y promoción del personal; y, por último, se encuentra la Dirección de Escuela Judicial, que es la encargada de preparar y mejorar la calidad de las funciones en el desempeño del trabajo de los servidores públicos que laboran en el Poder Judicial.

De lo anterior resulta evidentemente que hay una duplicidad de instancias y funciones en cada uno de los órganos reseñados, lo que redunda a su vez en el presupuesto que ejerce el Poder Judicial, destacando además la falta de comunicación y coordinación entre los dos entes, es decir, entre el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia suman cuatro direcciones para la misma función.

Además, la existencia de las diversas instancias que atienden la capacitación y profesionalización provoca que el trabajo de coordinación sea complicado para elaborar programas, proyectos y capacitaciones de calidad, que cumplan con la exigencia y parámetros establecidos en la Ley.

Ejemplo de ello es que la página oficial del Supremo Tribunal de Justicia cuenta con el apartado de Convocatorias, donde existe registro que se han ofertado las mismas maestrías desde el año 2017 en Derecho Judicial y en el Sistema Acusatorio Adversaria.

Mientras que su última actualización respecto a cursos o seminarios, data del 7 de abril de 2014, cuando se ofreció el curso taller para fortalecer las escuelas de Derecho en Jalisco.

De acuerdo con el último informe presentado por el actual presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se encuentran cuatro generaciones de maestría activas, sumando así 107 alumnos (55 mujeres y 52 hombres), 60 de Sistema Acusatorio Adversarial y 47 de Derecho Judicial, lo cual deja de manifiesto que es mínimo el porcentaje del personal que labora en todos los ámbitos del Poder Judicial del Estado de Jalisco que busca una capacitación continua al no ser ésta, una obligación para quienes laboran en dicho poder y su abanico de posibilidades es sumamente limitado.

LOS EGRESADOS

Hasta el día de hoy, han egresado 294 alumnos (173 mujeres y 121 hombres) de las maestrías que se imparten en esta Escuela Judicial, de los cuales 206 son de la maestría en Sistema Acusatorio Adversarial (Juicios Orales; y 82 en Derecho Judicial. Números que se consideran muy bajos tomando en cuenta que el personal que labora tanto en el Consejo de la Judicatura como en el Supremo Tribunal de Justicia supera los dos mil servidores públicos.

Así las cosas, es de advertirse que a pesar del número de departamentos, direcciones, comisiones, personal y gastos destinados fundamentalmente a la capacitación y profesionalización del personal que labora en el Poder Judicial, los cursos, talleres, diplomados y, en general, programas de formación continua, son insuficientes o casi nulos.

Por su parte, en la página oficial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en el apartado de Cursos y Seminarios, se puede apreciar que datan de 2014 y 2017, es decir, el área del Consejo de la Judicatura encargada de la capacitación y actualización del personal tiene un mínimo de 3 años que no actualiza la oferta de cursos o talleres, o en caso contrario, lo que podemos advertir es una constante falla en materia de transparencia, actualización de plataformas digitales y uso de las tecnologías.

Sin embargo, como se aprecia en el portal de Facebook y Twitter, de los más actualizados del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, señala que han existido conferencias y charlas magisteriales en conjunto con otras dependencias, barras y colegios de abogados, pero que se encuentran lejos de lo que el Modelo de Gobernanza Judicial propone, ya que dichas conferencias y pequeños seminarios no cuentan con indicadores de desempeño cualitativo, logros e impacto que en los últimos años han tenido los eventos formativos convocados e impartidos tanto por el Consejo como por el Supremo Tribunal de Justicia, ambos del Estado de Jalisco y sus múltiples dependencias encargadas de la capacitación y profesionalización.

Por los datos aquí señalados, es evidente el derroche de recursos en las diferentes áreas de capacitación, cuya actividad es casi nula; los planes y programas de corto y mediano plazo, contenida en fuentes impresas, electrónicas y redes sociales es insuficiente, ambigua y extemporánea; hay una inadecuada e insuficiente planeación y cobertura de programas y recursos para la capacitación y profesionalización de las distintas categorías y niveles inferiores del tabulador; y, existe una clara y evidente duplicidad de instancias competentes en el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia.

RETOS

En un primer momento lo más importante es contar con un diagnóstico actualizado con las necesidades de capacitación y profesionalización que los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Jalisco necesitan.

Además, el crear el Instituto de Capacitación y Profesionalización del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que englobe todas las direcciones, comisiones y escuela judicial, que en este diagnóstico se han abordado, con la finalidad de que el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia, trabajen en conjunto, para capacitar a todo el personal judicial, en actualizaciones constantes y formación permanente, para dar respuesta a los nuevos modelos judiciales en los cuales Jalisco muestra un gran rezago y del mismo modo que solo exista una dependencia por órgano.

Impartir cursos de capacitación de aplicación práctica para mejorar los conocimientos y habilidades relacionadas con la función jurisdiccional.

Contar con un sólido grupo de formadores altamente capacitados (entre otros ex jueces y ex magistrados) que repliquen su experiencia desde un enfoque teórico-práctico, centrado preferentemente en estudio de caso.

Generar y actualizar un programa de capacitación y profesionalización en los diversos ámbitos, instancias y modalidades, a partir de programas educativos virtuales, presenciales, semiescolarizados y mixtos, con un desarrollo exponencial de recursos informáticos y aplicativos en inteligencia artificial, este último basado en algoritmos para proyección y redacción de autos, acuerdos y sentencias en línea que aseguren el doble beneficio de garantizar al justiciable la continuidad expedita de la impartición y administración de justicia, aún en casos de grave contingencia, como la que actualmente enfrentamos, al mismo tiempo que se comparte la infraestructura necesaria para asegurar la calidad y la cobertura de los programas formativos dirigidos a los procesos de ingreso, promoción y permanencia para que se de seriedad y continuidad a la carrera judicial en Jalisco.

Por otra parte, urge reformar de la Ley Orgánica y demás ordenamiento judiciales que ordene las diferentes Direcciones, Comisiones y Escuelas Judiciales, para con ello combatir de fondo el uno de los problemas como lo es la duplicidad de instancias, lo cual no permite que se creen programas, cursos, talleres, conferencias, diplomados, que cumplan con la calidad requerida para tener funcionarios judiciales de excelencia que brinden servicio justo y expedito.

La capacitación y profesionalización debe ser integral, no sólo ofrecer cursos y conferencias, que si bien, son importantes, poco aportan a una verdadera capacitación y profesionalización judicial, más cuando no se cuenta con indicadores y métodos de evaluación idóneos.

Debe buscarse que la capacitación sea verdaderamente continua y obligatoria para todos los funcionarios judiciales, por lo menos para aquellos que aspiren a completar la carrera judicial, que por su parte es la base de la excelencia profesional que permitirá tener funcionarios judiciales verdaderamente de calidad que estén a la vanguardia con los nuevos retos tanto digitales, de criterios y aplicación de normas, leyes y reglamentos, porque el derecho es una ciencia cambiante, que se adapta a las nuevas necesidades de una sociedad.