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Carrera judicial, la base de la excelencia en impartición de justicia

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Por Luis Enrique Villanueva Gómez // 

Las autoridades encargadas de la administración de justicia, tienen la obligación de dar cumplimiento a los postulados constitucionales en cuanto a que debe ser pronta, completa, expedita y gratuita, sin embargo, más allá de las estadísticas, reportes, índices y análisis de cumplimiento de esa función, la sociedad tiene una percepción negativa sobre el sistema de justicia y sus juzgadores, al asumirla con desconfianza en sus instituciones y tardada en emitir sus resoluciones, aun cuando reconoce su importancia para la existencia del Estado de derecho como detonador del desarrollo del país.

La calidad de las sentencias y la agilidad en la atención y despacho de los juicios, pasa invariablemente por la preparación y compromiso de la burocracia judicial, componente trascendental del que se desprenden diversas consideraciones.

La carrera judicial, como mecanismo de formación y reconocimiento de funcionarios judiciales, constituye un componente medular y estratégico en todo sistema de justicia en el mundo, virtud a que adicionalmente a su perfil profesional, el conocimiento, el pulso y compromiso humano y el perfeccionamiento de la técnica que proporciona la permanencia del personal en el sistema, no es posible adquirirlo en universidades u otras instituciones académicas.

Debe entenderse como carrera judicial, a la figura que comprende un conjunto de procesos de formación, profesionalización, capacitación y especialización, cuyo propósito es garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso, promoción y permanencia en el desempeño de las diferentes actividades que integran la función jurisdiccional.

Busca además que los servidores públicos cuenten con perfiles profesionales permanentemente actualizados para desempeñarse con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, excelencia técnica, sentido del servicio público y respeto a los derechos humanos.

En ese sentido, el Poder Judicial del Estado de Jalisco debe promover el fortalecimiento normativo y asegurar el cumplimiento estricto de la carrera judicial, en la que cada nombramiento, adscripción y remoción de jueces y magistrados, este sustentado en reglas objetivas e imparciales que reconozcan su preparación y continuidad, que les dé seguridad en su empleo y su futuro, lo que traería como consecuencia que pondrían un esfuerzo mayor y más comprometido con la calidad y oportunidad de su desempeño.

Y es que la formación y capacitación de los funcionarios y empleados públicos se encuentra contenido en tres grupos de ordenamientos jurídicos: las normas constitucionales de la Federación y de las entidades; las leyes y decretos expedidos por el Congreso General o las Legislaturas de las entidades, y las normas expedidas por la autoridad administrativa.

En efecto, el fundamento primordial de este modelo, que es poco conocido, esta contenido en la fracción VII del Apartado B del Artículo 123 constitucional, cuyo texto prescribe:“…La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administración Pública…”.

Asimismo, incluye dos cuestiones fundamentales: la regulación y defensa de las garantías judiciales, las cuales son cinco: designación, autonomía, remuneración, responsabilidad, y publicidad, así como un régimen eficaz para el ejercicio de los derechos humanos, mismas que se encuentran contenidas, respectivamente, en los artículos 94 y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 57, 58, 59, 61 y 97 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Como corolario de lo anterior, es de desatacarse que efectivamente en el marco jurídico aplicable se encuentra prevista la necesidad de capacitar y actualizar a todo el personal del Estado de Jalisco, entre ellos, especialmente a los del Poder Judicial, pues de esta forma se desarrolla la capacidad de brindar un servicio de calidad a los gobernados y en beneficio del propio servidor público, pues se allega de herramientas y conocimientos que le permiten lograr un crecimiento laboral personal.

DUPLICIDAD DE INSTANCIAS

No obstante lo anterior, de un ejercicio básico de navegación por internet, es fácil percatarse que tanto los portales web del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia, así como la Ley Orgánica y diversos reglamentos, referentes al tema judicial, señalan diversas comisiones y direcciones, dedicadas a la escuela, capacitación y profesionalización judicial que resultan excesivas y dispendiosas.

El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, cuenta con una Comisión de Carrera Judicial, cuyas atribuciones se relacionan con el ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional; también cuenta con una Dirección del Instituto Judicial y una Dirección de Formación y Actualización Judicial, mismas que pueden ser consultadas en su página web y que realizan ambas las funciones de capacitación del Poder Judicial.

Por su parte, dentro del organigrama del Supremo Tribunal de Justicia, figuran la Comisión Transitoria de Capacitación, Actualización y Profesionalización, siendo su finalidad, permitir la superación y mejora de la técnica jurídica; también cuenta con una Dirección de Estudio e Investigaciones Jurídicas y Legislativas, cuyas principales atribuciones son la capacitación, actualización y promoción del personal; y, por último, se encuentra la Dirección de Escuela Judicial, que es la encargada de preparar y mejorar la calidad de las funciones en el desempeño del trabajo de los servidores públicos que laboran en el Poder Judicial.

De lo anterior resulta evidentemente que hay una duplicidad de instancias y funciones en cada uno de los órganos reseñados, lo que redunda a su vez en el presupuesto que ejerce el Poder Judicial, destacando además la falta de comunicación y coordinación entre los dos entes, es decir, entre el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia suman cuatro direcciones para la misma función.

Además, la existencia de las diversas instancias que atienden la capacitación y profesionalización provoca que el trabajo de coordinación sea complicado para elaborar programas, proyectos y capacitaciones de calidad, que cumplan con la exigencia y parámetros establecidos en la Ley.

Ejemplo de ello es que la página oficial del Supremo Tribunal de Justicia cuenta con el apartado de Convocatorias, donde existe registro que se han ofertado las mismas maestrías desde el año 2017 en Derecho Judicial y en el Sistema Acusatorio Adversaria.

Mientras que su última actualización respecto a cursos o seminarios, data del 7 de abril de 2014, cuando se ofreció el curso taller para fortalecer las escuelas de Derecho en Jalisco.

De acuerdo con el último informe presentado por el actual presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se encuentran cuatro generaciones de maestría activas, sumando así 107 alumnos (55 mujeres y 52 hombres), 60 de Sistema Acusatorio Adversarial y 47 de Derecho Judicial, lo cual deja de manifiesto que es mínimo el porcentaje del personal que labora en todos los ámbitos del Poder Judicial del Estado de Jalisco que busca una capacitación continua al no ser ésta, una obligación para quienes laboran en dicho poder y su abanico de posibilidades es sumamente limitado.

LOS EGRESADOS

Hasta el día de hoy, han egresado 294 alumnos (173 mujeres y 121 hombres) de las maestrías que se imparten en esta Escuela Judicial, de los cuales 206 son de la maestría en Sistema Acusatorio Adversarial (Juicios Orales; y 82 en Derecho Judicial. Números que se consideran muy bajos tomando en cuenta que el personal que labora tanto en el Consejo de la Judicatura como en el Supremo Tribunal de Justicia supera los dos mil servidores públicos.

Así las cosas, es de advertirse que a pesar del número de departamentos, direcciones, comisiones, personal y gastos destinados fundamentalmente a la capacitación y profesionalización del personal que labora en el Poder Judicial, los cursos, talleres, diplomados y, en general, programas de formación continua, son insuficientes o casi nulos.

Por su parte, en la página oficial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en el apartado de Cursos y Seminarios, se puede apreciar que datan de 2014 y 2017, es decir, el área del Consejo de la Judicatura encargada de la capacitación y actualización del personal tiene un mínimo de 3 años que no actualiza la oferta de cursos o talleres, o en caso contrario, lo que podemos advertir es una constante falla en materia de transparencia, actualización de plataformas digitales y uso de las tecnologías.

Sin embargo, como se aprecia en el portal de Facebook y Twitter, de los más actualizados del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, señala que han existido conferencias y charlas magisteriales en conjunto con otras dependencias, barras y colegios de abogados, pero que se encuentran lejos de lo que el Modelo de Gobernanza Judicial propone, ya que dichas conferencias y pequeños seminarios no cuentan con indicadores de desempeño cualitativo, logros e impacto que en los últimos años han tenido los eventos formativos convocados e impartidos tanto por el Consejo como por el Supremo Tribunal de Justicia, ambos del Estado de Jalisco y sus múltiples dependencias encargadas de la capacitación y profesionalización.

Por los datos aquí señalados, es evidente el derroche de recursos en las diferentes áreas de capacitación, cuya actividad es casi nula; los planes y programas de corto y mediano plazo, contenida en fuentes impresas, electrónicas y redes sociales es insuficiente, ambigua y extemporánea; hay una inadecuada e insuficiente planeación y cobertura de programas y recursos para la capacitación y profesionalización de las distintas categorías y niveles inferiores del tabulador; y, existe una clara y evidente duplicidad de instancias competentes en el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia.

RETOS

En un primer momento lo más importante es contar con un diagnóstico actualizado con las necesidades de capacitación y profesionalización que los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Jalisco necesitan.

Además, el crear el Instituto de Capacitación y Profesionalización del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que englobe todas las direcciones, comisiones y escuela judicial, que en este diagnóstico se han abordado, con la finalidad de que el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia, trabajen en conjunto, para capacitar a todo el personal judicial, en actualizaciones constantes y formación permanente, para dar respuesta a los nuevos modelos judiciales en los cuales Jalisco muestra un gran rezago y del mismo modo que solo exista una dependencia por órgano.

Impartir cursos de capacitación de aplicación práctica para mejorar los conocimientos y habilidades relacionadas con la función jurisdiccional.

Contar con un sólido grupo de formadores altamente capacitados (entre otros ex jueces y ex magistrados) que repliquen su experiencia desde un enfoque teórico-práctico, centrado preferentemente en estudio de caso.

Generar y actualizar un programa de capacitación y profesionalización en los diversos ámbitos, instancias y modalidades, a partir de programas educativos virtuales, presenciales, semiescolarizados y mixtos, con un desarrollo exponencial de recursos informáticos y aplicativos en inteligencia artificial, este último basado en algoritmos para proyección y redacción de autos, acuerdos y sentencias en línea que aseguren el doble beneficio de garantizar al justiciable la continuidad expedita de la impartición y administración de justicia, aún en casos de grave contingencia, como la que actualmente enfrentamos, al mismo tiempo que se comparte la infraestructura necesaria para asegurar la calidad y la cobertura de los programas formativos dirigidos a los procesos de ingreso, promoción y permanencia para que se de seriedad y continuidad a la carrera judicial en Jalisco.

Por otra parte, urge reformar de la Ley Orgánica y demás ordenamiento judiciales que ordene las diferentes Direcciones, Comisiones y Escuelas Judiciales, para con ello combatir de fondo el uno de los problemas como lo es la duplicidad de instancias, lo cual no permite que se creen programas, cursos, talleres, conferencias, diplomados, que cumplan con la calidad requerida para tener funcionarios judiciales de excelencia que brinden servicio justo y expedito.

La capacitación y profesionalización debe ser integral, no sólo ofrecer cursos y conferencias, que si bien, son importantes, poco aportan a una verdadera capacitación y profesionalización judicial, más cuando no se cuenta con indicadores y métodos de evaluación idóneos.

Debe buscarse que la capacitación sea verdaderamente continua y obligatoria para todos los funcionarios judiciales, por lo menos para aquellos que aspiren a completar la carrera judicial, que por su parte es la base de la excelencia profesional que permitirá tener funcionarios judiciales verdaderamente de calidad que estén a la vanguardia con los nuevos retos tanto digitales, de criterios y aplicación de normas, leyes y reglamentos, porque el derecho es una ciencia cambiante, que se adapta a las nuevas necesidades de una sociedad.

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Consejos para la jubilación

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Opinión, por Arturo Pérez Díaz //

Cumplir 55 años no solo marca un nuevo capítulo en la vida, también enciende una alerta: es momento de pensar con seriedad en el retiro. Muchas personas posponen esta reflexión, confiadas en que aún hay tiempo.

Sin embargo, el marco legal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), establece requisitos que no se cumplen de la noche a la mañana y que, de no gestionarse oportunamente, pueden traducirse en la pérdida de derechos adquiridos durante toda una vida laboral.

Acorde al Consejo Nacional de Población (CONAPO), hasta el año 2024 el 12.3% de la población total del estado eran personas adultas mayores de 60 años o más, lo que equivale a 1 millón 085 mil 609 habitantes.

Así de grande es el problema de las jubilaciones en Jalisco, que en la mayoría de los casos se concibe como problema, dado que reciben pagos mensuales de miseria, en caso de que todo adulto de este grupo de edad haya logrado una jubilación.

Para entender el tema hay que revisar el artículo 138 de la Ley del Seguro Social, que indica requisitos para obtener una jubilación: para la pensión por vejez se necesitan 65 años de edad y al menos 500 semanas cotizadas (diez años de trabajo formal). Pero también existe la opción de cesantía en edad avanzada, disponible de 60 a 64 años de edad, si se cuenta con las mismas semanas cotizadas y ya no se tiene trabajo remunerado.

Aun así, ningún beneficio es automático: hay que solicitarlos y acreditar los requisitos ante el IMSS, lo cual puede ser confuso para muchos, además de que toma tiempo.

La decisión de pensionarse debe ser estratégica y no dejarla al tiempo porque equivale al olvido. Dejar pasar los años sin revisar cotizaciones, sin confirmar la situación laboral, sin conocer los montos aproximados de cesantía o jubilación por vejez, puede poner en riesgo no solo la pensión, sino también las asignaciones familiares, ayuda asistencial y servicios médicos a los que se tiene derecho (arts. 137 y 145).

Por ello, quienes cumplen 55 años deben comenzar ya el proceso de revisión de jubilación, analizando: semanas cotizadas, modalidades de retiro, documentación, trámites y requisitos ante el IMSS. Ser omiso y no hacerlo a tiempo puede llevar a perder beneficios irrecuperables. La vejez no llega de golpe, pero cuando lo hace, no perdona la omisión. Es mejor prevenir que lamentar.

Toda una vida de trabajo puede llevar el riesgo de jubilarse con montos injustos de 9 mil quinientos pesos mensuales. Sin embargo, la mayoría de la gente debería saber que hay opciones de incrementar las jubilaciones hasta montos mayores de 80 mil pesos, mediante una estrategia legal acorde a la propia ley del IMSS.

Una pensión justa es aquella que brinda los medios adecuados para pagar los servicios de salud, alimentación y cuidado del jubilado, pero muchas personas adultas no lograron una pensión, y los que sí tuvieron derecho recibieron pensiones de hambre.

Muestra de ello es que, a pesar de tener edad de retiro, la gente sigue trabajando. Así lo demuestra el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Según resultados del primer trimestre de 2024, el 19.5% de la población de 65 años y más en Jalisco era económicamente activa, es decir, 182 mil 375 personas; de las cuales 64.2% (117,108) eran hombres y 35.8% (65,267) mujeres. Destaca que, el cien por ciento de las personas adultas mayores económicamente activas se encontraba ocupado.

Una jubilación justa se debe empezar a trabajar a los 55 años de edad, en las próximas colaboraciones expondremos las estrategias para lograr pensiones mayores a lo que le tiene programado el IMSS a quienes caminan ya rumbo al sexto piso.

Lograr una vejez tranquila, sin tener necesidad de seguir trabajando hasta una edad muy avanzada, es posible, pero hay que informarse de los derechos laborales y de las prestaciones.

El mayor problema es el de personas que tienen más de 50 años de edad y hoy laboran sin seguridad social, sin los beneficios de una AFORE, INFONAVIT y sobre todo sin cotizar para una jubilación, que con una adecuada información, toda esta gente estaría a tiempo de rescatar una jubilación digna. La informalidad provoca daños en el futuro de los trabajadores, porque, llegado el tiempo, vivirán una vejez sin protección social, sin dinero.

La gente debería saber que existen mecanismos legales para regularizar su situación en cualquier giro laboral, logrando la protección del IMSS con servicios médicos, cirugías y medicamentos en el presente y una pensión para el futuro.

Algunos ejemplos de incorporación al IMSS son los trabajos domésticos, en donde miles de mujeres trabajan para un patrón que no les brinda hasta hoy la afiliación al seguro social que puede realizarse de una forma sencilla. Otro caso son los trabajadores de aplicaciones móviles como Uber y Didi, que a partir de junio de este año ya se deben inscribir por ley al IMSS.

También existen trabajadores independientes de alto nivel, como los dentistas, que siempre por tradición han sido independientes y no tienen patrón que los incorpore al seguro social. Para ellos también existen modalidades de afiliación al IMSS, y aunque muchos creen que la población de escasa formación es la víctima de la injusticia de las jubilaciones, esto no es así, también profesionistas están descobijados en su futuro laboral.

Si toda persona inscrita en el IMSS, que tiene ahora más de 55 años de edad y que pertenece a la Ley 73, se preocupara hoy por informarse, estaría a tiempo de evitar una jubilación injusta con montos bajos que empobrecen a los jubilados.

A la población que pertenece a la ley 73 del IMSS, le asiste la ley con varios beneficios que, sin embargo, no son ejercidos por ignorancia. El mayor beneficio es poder continuar cotizando para una jubilación a pesar de que se hayan quedado sin empleo, y por su edad, ya nadie quiso brindarles empleo formal.

El beneficio se conoce como continuación voluntaria, con lo que, al contribuir directamente y pagar su afiliación, podrán asegurar su retiro aun cuando se hayan quedado sin patrón y un empleo formal. Pero, adicionalmente, tienen el derecho de enriquecer su cotización, elevando el salario base, lo cual repercute en una pensión que puede ser en 2025 superior a 80 mil pesos mensuales.

Es tiempo de prepararse para el futuro y no dejarlo al día a día, el tiempo y el futuro están más cerca de lo que parece, infórmese.

E-mail: amper61@hotmail.com

Arturo Pérez Díaz es periodista independiente, ha sido docente de política, opinión pública y mercadotecnia política, así como asesor profesional de comunicación pública.

 

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Día del Ingeniero: ¿Por qué se celebra hoy?

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Por Redacción Conciencia Pública //

Cada 1 de julio se celebra en México el Día del Ingeniero, una efeméride establecida en 1973 por Eugenio Méndez Docurro, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, con el respaldo del presidente Luis Echeverría Álvarez.

Se propuso que fuera el 1 de julio debido a que, en esta fecha, pero de 1776, se expidió la Real Cédula para la creación del Real Tribunal de Minería en México, que dio origen a la fundación del centro de docencia e investigación llamado Real Seminario de Minería, donde tuvieron lugar los primeros planes de estudio y textos para las primeras escuelas de ingeniería en América.

Este homenaje reconoce la labor de los profesionales que, mediante ciencia, tecnología y creatividad, diseñan soluciones que impulsan el desarrollo de infraestructuras, productos y servicios esenciales para nuestra sociedad.

En 2025 la ingeniería en México y América Latina vive un momento de transformación gracias a la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la automatización y la industria 4.0. Perfiles como ingenieros DevOps/SRE, especialistas en MLOps, arquitectos de datos en la nube e ingenieros en IA están en demanda creciente.

Según datos de AMITI, alrededor del 70 % de las empresas mexicanas están adoptando tecnologías avanzadas, pero un estudio de Manpower Group revela que 45 % de estas empresas enfrentan dificultad para cubrir vacantes especializadas.

Esta brecha muestra tanto la importancia de la formación continua como el enorme potencial de los ingenieros para forjar el futuro económico y tecnológico del país.

Hoy, la celebración no solo destaca el aporte tradicional de los ingenieros civiles, eléctricos o mecánicos, sino que también visibiliza la creciente participación de mujeres en la profesión, impulsada por fechas específicas como el Día de la Mujer Ingeniera (23 de junio) y políticas que buscan la equidad.

Este Día del Ingeniero, más que festejo, es una invitación a reconocer y fortalecer el papel estratégico del gremio en la innovación, sostenibilidad y equidad nacional.

Celebramos a las y los ingenieros que día a día demuestran su compromiso, responsabilidad y servicio para el desarrollo del país.

¿Cuáles son las ingenierías mejor pagadas en México?

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló recientemente datos sobre los salarios promedio de diversas carreras en México. Dentro de esta lista, destacan las ingenierías, que se posicionan entre las carreras mejor pagadas en el país.

A continuación, te presentamos las ingenierías con los salarios más altos, según el IMCO:

1. Ingeniería en electrónica, automatización y aplicaciones de la mecánica-eléctrica

Salario promedio mensual: 22 mil 877 pesos

Esta ingeniería lidera el listado de las mejor pagadas en México. Los profesionales en esta área son altamente demandados debido a la creciente automatización en diversas industrias y la necesidad de integrar sistemas electrónicos y mecánicos para mejorar la eficiencia y productividad.

2. Ingeniería en electricidad y generación de energía

Salario promedio mensual: 22 mil 834 pesos

La generación y distribución de energía es un sector crítico para cualquier economía. Los ingenieros especializados en electricidad y energía juegan un papel vital en asegurar el suministro continuo y eficiente de electricidad, lo cual es esencial para el desarrollo industrial y económico.

3. Ingeniería mecánica y profesiones afines al trabajo metálico

Salario promedio mensual: 21 mil 869 pesos

Los ingenieros mecánicos y aquellos especializados en trabajos metálicos están en alta demanda debido a su habilidad para diseñar, analizar, fabricar y mantener sistemas mecánicos. Sus competencias son cruciales en sectores como la manufactura, la automotriz y la aeronáutica.

4. Ingeniería industrial

Salario promedio mensual: 21 mil 829 pesos

La ingeniería industrial se enfoca en optimizar procesos y sistemas, lo que es esencial para mejorar la eficiencia y reducir costos en cualquier empresa. Estos ingenieros son clave en la mejora continua y la gestión de la cadena de suministro, haciéndolos indispensables en múltiples industrias.

5. Ingeniería de procesos químicos

Salario promedio mensual: 19 mil 624 pesos

Estos ingenieros trabajan en el desarrollo y mejora de procesos químicos utilizados en la producción de bienes y materiales. Su labor es fundamental en industrias como la farmacéutica, la petroquímica y la de alimentos y bebidas, donde la precisión y la eficiencia son esenciales.

Las ingenierías siguen siendo una de las opciones académicas más prometedoras en México, no sólo por la estabilidad laboral que ofrecen, sino también por los atractivos salarios.

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Juan Huerta Péres: Cuidemos a nuestra planta laboral

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Por Francisco Junco //

Durante el Foro para la Implementación de la Semana Laboral de 40 Horas realizado en la Universidad Panamericana, el secretario general de la Federación de Trabajadores de Jalisco (FTJ), Juan Huerta, lanzó una advertencia contundente: una reforma laboral precipitada o mal gestionada podría incrementar significativamente la informalidad en el país.

Huerta subrayó que una transición apresurada a la jornada de 40 horas con pago equivalente a 56 horas debe realizarse de manera gradual, en un plazo de dos a cinco años si fuera necesario, priorizando la protección de la planta laboral mexicana. «No estamos para bollos», afirmó, destacando la fragilidad del mercado laboral actual.

El líder sindical señaló que México enfrenta un panorama económico y laboral preocupante. Con un 54.6% de trabajadores informales, según datos recientes, y una generación de empleo que ha caído un 14.4% entre 2020-2024 en comparación con 2020-2025, la situación exige cautela.

Huerta explicó que las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan el 68.4% de los empleos en el país, son el pilar del mercado laboral, mientras que las grandes empresas apenas contribuyen con un 21.5%. Esta dependencia, combinada con una deficiente creación de nuevos empleos, refleja la urgencia de una estrategia bien definida, afectada por la incertidumbre y la ausencia de políticas públicas de inversión de capital sostenible.

Huerta también alertó sobre las proyecciones económicas sombrías para 2025, con el Producto Interno Bruto (PIB) estimado entre -0.2% y 1.4% según el Banco de México, lo que agrava la falta de dinamismo en el empleo. «Actuemos con responsabilidad», instó, proponiendo una implementación planeada, organizada y acordada entre el sector productivo y el gobierno.

De no ser así, advirtió, la informalidad podría aumentar hasta en un 20% del empleo formal, poniendo en riesgo a millones de trabajadores. «Cuidemos nuestra planta laboral», concluyó, enfatizando la necesidad de un enfoque equilibrado para evitar un colapso en el mercado laboral formal.

RESPALDO A REFORMA LABORAL

La CTM en Jalisco expresó su respaldo a una reforma que busca reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales. Para Juan Huerta Péres, esta transformación es no solo necesaria, sino inevitable. Pero debe realizarse de forma responsable, con una implementación gradual y bajo un enfoque de justicia laboral y sostenibilidad económica.

Durante su participación en el Foro para la Implementación de la Semana Laboral de 40 Horas, realizado en la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, Juan Huerta planteó que la CTM se decanta por una reforma constitucional, pero que su aplicación no sea abrupta, sino escalonada y ampliamente negociada.

LA ÚLTIMA REFORMA FUE HACE 100 AÑOS

México, recordó, fue vanguardia en 1917 al establecer constitucionalmente una jornada máxima de ocho horas diarias, cuando la mayoría del mundo aún permitía extensas jornadas de hasta 15 o 18 horas. Sin embargo, hoy ese liderazgo se ha erosionado, ya que mientras países como Francia, Alemania, incluso Colombia y Chile ya operan con jornadas de entre 35 y 40 horas, en México aún se discute la transición, por lo que reconoció que “ahora nos hemos quedado a la saga”.

“Han pasado más de 100 años de distancia de la entrada en vigor del artículo 123 constitucional, de la puesta en vigor de las 48 horas semanales, ahora nos vemos adentrados a una ruta irreversible para alcanzar la jornada de 40 horas semanales. Su promulgación responderá a los principios de justicia laboral, de la necesaria mejora de las condiciones de bienestar integral”, sentenció.

“Así, el mundo del trabajo, del siglo XXI, requiere de una nueva visión del bienestar laboral. Sin duda esto significa redefinir los espacios de la jornada laboral, ampliando el espacio vital del trabajador, el tiempo que requiere para su familia, sus aspiraciones y necesidades emocionales y espirituales, para el descanso y el mismo ocio”, señaló.

LA PROPUESTA

Al mismo tiempo, presentó una propuesta integral que incluye medidas fiscales, salariales y de bienestar, para garantizar que la reducción de horas no ponga en riesgo la viabilidad económica de las empresas ni la generación de empleos formales.

“La Federación de Trabajadores de Jalisco y la CTM Nacional plantean una reforma al artículo 123 constitucional para garantizar dos días de descanso por cinco laborados, como un derecho universal. De la misma manera, la creación de una prima sabatina para quienes laboren ese día, la reducción a 40 horas con un pago de 56 horas y la revisión del esquema fiscal del ISR en horas extras, además de una revisión a la limitación del reparto de utilidades”, subrayó.

“No estamos para bollos. Recordemos que traemos un 54.6% de trabajadores informales. Las micro, pequeñas y medianas empresas generan un 68.4% total de empleos en México y eso no hay forma de cambiarlo ni de ocultarlo. Las grandes empresas solo generan un 21.5% del total de los empleos del país”.

Refirió que, de acuerdo con datos de la OCDE, México es el país que más horas trabaja al año entre sus miembros, pero también uno de los que menos productividad genera. Esta paradoja, señaló, es un claro ejemplo de que la cultura del sobretrabajo no ha sido sinónimo de desarrollo.

Por ello, la CTM ha propuesto cuatro líneas estratégicas para la implementación responsable de la jornada de 40 horas, gradualidad, reconocimiento de la heterogeneidad de la planta productiva, mejora continua de la productividad y el mejoramiento de la calidad de vida del trabajador.

“Las experiencias internacionales, pero fundamentalmente las realidades y exigencias propias, abren los puntos para trazar nuestra hoja de ruta. Insisto, bajo la premisa de ganar-ganar. Tenemos que actuar con responsabilidad e implementar la jornada laboral de forma gradual, planeada, organizada y, sobre todo, acordada entre los actores del sector productivo y el gobierno”, sostuvo.

EL ESCENARIO ECONÓMICO NO ES ALENTADOR

El líder sindical advirtió, sin embargo, que el escenario económico no es alentador y refirió que de acuerdo con datos del Banco de México, el PIB para 2025 podría situarse entre el -0.2% y el 1.4%. A esto se suma una caída del 14.4% en la generación de nuevos empleos comparado con 2024.

“Tenemos una muy deficiente generación de nuevos empleos, por varios factores fundamentales, pero principalmente por la incertidumbre y la falta de una aplicación de una estrategia en materia de una política pública de inversión de capital sustentable”, advirtió.

Para el dirigente de la CTM Jalisco, el debate sobre las 40 horas no debe ser visto como una confrontación entre patrones y trabajadores, sino como una oportunidad de construir un nuevo pacto social.

Precisó la posición de la CTM de apoyar la reforma laboral de las 40 horas con pago de 56 (los siete días de la semana) y de forma gradual, implementándola entre 2 y 5 años, de ser necesario. “Actuemos con responsabilidad e implementemos la jornada de 40 horas en forma gradual, planeada, organizada, y sobre todo, acordada con los actores del sector productivo y el gobierno, de lo contrario, terminaremos mandando a la informalidad otro 20% del empleo formal”.

CUATRO LÍNEAS DE ACCIÓN HACIA UNA HOJA DE RUTA ESTRATÉGICA PARA LA REFORMA LABORAL

Las experiencias internacionales, combinadas con las realidades y exigencias propias de México, sientan las bases para trazar una hoja de ruta fundamentada en el principio de ganar-ganar. La Confederación de Trabajadores de México (CTM) propone un plan estructurado en cuatro líneas estratégicas que buscan equilibrar los intereses de empleadores y trabajadores, adaptándose a las necesidades del país.

  1. Aplicación gradual del modelo: Se propone implementar la reducción de la jornada laboral en un plazo de dos a cuatro años, extensible a cinco si fuera necesario. El objetivo es generar condiciones consensuadas entre empleadores y sindicatos para ajustar la jornada sin comprometer la viabilidad económica ni la productividad de las empresas, asegurando una transición ordenada y sostenible.
  2. Reconocimiento de la heterogeneidad productiva: Dado que la planta productiva nacional varía en escala, retos y características según la industria y tipo de empresa, se requiere una aplicación flexible de la nueva legislación. Esta adaptabilidad reconoce las diferencias regionales y sectoriales, permitiendo soluciones personalizadas que respeten la diversidad económica del país.
  3. Mejora permanente de la productividad: Inspirándose en prácticas internacionales, se busca compatibilizar la reducción de horas con un incremento de la productividad. Esto incluye incentivos dentro de la nueva jornada que eleven el rendimiento laboral. Según datos de la OCDE, México lidera en horas trabajadas anualmente entre sus miembros, pero no en eficiencia. Trabajar más no equivale a ser más productivo, por lo que esta línea prioriza la calidad sobre la cantidad.
  4. Mejora de la calidad de vida del trabajador: Para alinear la reforma de 40 horas con beneficios concretos, la CTM propone modificar el Artículo 123 Constitucional, garantizando dos días de descanso por cinco laborados como derecho universal. Además, se sugiere una prima sabatina para quienes trabajen ese día, el pago equivalente a 56 horas por una jornada de 40, una revisión del esquema fiscal del ISR en horas extras y una amplia reevaluación de las limitaciones al reparto de utilidades, fortaleciendo así el bienestar de los trabajadores y sus familias.
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