OPINIÓN
¿Cómo convertirse en empresas bioéticamente responsables? Aquí el camino a seguir
Bioética, por Omar Becerra Partida (*) //
Nos dimos a la tarea de buscar la certificación de empresas a través de la bioética y autoridades competentes en México.
Para la doctorante en bioética y derechos humanos Alejandra Vaca González del Colegio de Bioética y Terapia de Jalisco, una empresa bioéticamente responsable es una empresa legalmente constituida que busca actuar con excelencia humana y profesional que promueve la mejora continua de todo su personal y de sus familias, que vive esquemas que contribuyen al bien común y está sensibilizada con el recto actuar y los valores éticos.
Asimismo, cumple con la normatividad legal y sigue un Código Ético, promueve y protege la salud de sus empleados, respeta la vida y la dignidad de la persona humana y se abstiene de promover la destrucción, producción, experimentación de seres humanos y de hacer del cuerpo humano y de sus partes objetos de lucro. Es responsable con el medio ambiente e involucra y promueve entre su personal y sus socios programas de mejora continua, capacitación y concientización de la Ética y la Bioética en su diario actuar.
EN EUROPA EXISTE LA SGE 21
La SGE 21 es la primera norma europea que permite de manera voluntaria implantar, auditar y certificar un sistema de gestión ética y socialmente responsable.
La SGE está diseñada para amoldarse a todo tipo de organizaciones y empresas independientemente del tipo y del tamaño que tengan. Además, es totalmente compatible con modelos de gestión consolidados, tales como los de calidad ISO 9001, medio ambiente ISO 14001 y prevención de riesgos ISO 45001.
Esta norma está desarrollada por Forética, una organización referente de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. Su misión consiste en integrar los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia de empresas y organizaciones.
Fácil integración con otros sistemas de gestión.
Fomenta una cultura responsable en la empresa.
Permite una mejor administración de los riesgos.
Contribuye a demostrar su compromiso con la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial.
Genera confianza y credibilidad en las personas interesadas.
Encontramos varios puntos muy importantes para tener una empresa bióticamente responsable:
ALTA DIRECCIÓN
Es una pieza clave en la aplicación de la norma SGE 21, ya que se encargará del seguimiento y control de los cambios necesarios para una implementación real de una política de empresa ética y responsable socialmente. Esto incluirá la elaboración de un Comité de Ética que definirá las medidas a adoptar, velará por su cumplimiento, determinará las sanciones en caso de no hacerlo o determinará cuál es su política anticorrupción.
En este caso particular si fuera el Hospital “Sor Estela” debería contar con un comité de ética de médicos dentro del grupo así como asesoría de personal externo.
CLIENTES
El punto de partida es ofrecer productos y/o servicios que sean responsables y competitivos para cuya elaboración se hayan seguido criterios éticos desde el ámbito laboral, social y medioambiental. Fundamental ofrecer siempre una información honesta y clara de nuestra propuesta comercial.
Promover los procedimientos que ofrece el hospital sin caer en falsa publicidad y avalado por el comité de bioética.
PROVEEDORES
Los criterios éticos se deben extrapolar a nuestros proveedores para que la cadena sea completa. Lo recomendable es clasificarlos según su nivel de riesgo, para lo que se establecerá un sistema de evaluación en el que primarán las compras responsables.
Se solicitará a los proveedores el material necesario conforma a los consumos, capacidad y vencimiento de los mismos, así como su adecuada conservación de los mismos y área especial para cada uno de ellos.
PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN
Se garantizarán los derechos humanos de toda la plantilla, además de fomentar la igualdad de oportunidades, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la seguridad en el trabajo. Se implementarán programas de formación en base a las necesidades de la organización que vayan surgiendo.
ENTORNO SOCIAL
Análisis del impacto social (pueden ser positivos, pero también negativos) sobre la comunidad más próxima. Desde las empresas se pueden llevar a cabo acciones sociales y solidarias que redunden positivamente en su entorno social.
ENTORNO AMBIENTAL
El cuidado del medio ambiente y la reducción del impacto contaminante debe ser una máxima. La organización elaborará un plan de riesgos ambientales en el que se contemplen los efectos sobre el medio de su actividad, cómo actuar en caso de accidente, cómo reducir el impacto…
INVERSORES
Su relación con la organización se regirá por los principios de lealtad, transparencia y sostenibilidad que quedarán recogidos en un Código de Buen Gobierno. Además, las cuentas se publicarán anualmente y se podrá acceder a ellas.
Tendrá que existir transparencia entre los inversionistas y juntas mensuales para la evaluación del sistema constante.
COMPETENCIA
El objetivo de la norma SGE 21 es que la organización fomente la competencia leal respetando los derechos de propiedad de las otras empresas. Por eso, no difundirá información falsa sobre los competidores ni utilizará métodos inapropiados para obtener información sobre ellos.
La propaganda en medios como internet o folletos o carteles deberán adecuarse a la capacidad y lo que se puede ofrecer a los pacientes.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Además de cumplir con la legislación vigente, se fomentará el diálogo, la comunicación y la transparencia con la administración. ¿El fin último? Que la cultura de una gestión ética y responsable socialmente se extrapole a toda la comunidad donde se asienta la empresa.
SOLICITUD
Lo primero que debemos hacer es cumplimentar el formulario de solicitud de la certificación y entregarlo a Forética mediante un representante autorizado de la empresa.
Decidir la entidad certificadora
Una vez presentada la solicitud, la propia empresa decide cuál es la entidad certificadora de Forética con la que quiere realizar el proceso.
Planificación de la auditoría
Cuando la oferta se apruebe, se lleva a cabo la auditoría siguiendo el formato establecido por Forética. El plan de auditoría se entrega tanto al cliente como a Forética.
La realización de la auditoría
En dos fases diferenciadas: por un lado, la revisión documental y por otro, la auditoría in situ, a través de reuniones y entrevistas con los responsables, visita a las instalaciones… para verificar el cumplimiento de los requisitos de certificación.
Expediente de certificación
Cuando se realiza la auditoría, se elaboran los documentos del expediente de certificación, que incluye un informe de auditoría y las solicitudes de acciones correctivas.
Comité de certificación
Será el que decida si se emite o no el certificado correspondiente después de recibir el informe de auditoría y la resolución de las no conformidades. El proceso tiene una duración total de 10 días naturales.
Emisión y registro del certificado
En el caso de que se apruebe la certificación SGE 21, esta tendrá una validez de 3 años desde la fecha de emisión. Pasado este período, deberá renovarse mediante la verificación del cumplimiento de los requisitos de certificación.
En conclusión, implantando el sistema de RSE según la norma SGE 21 conseguimos mejorar el posicionamiento frente a la competencia, incrementamos el negocio colaborando con el logro de los objetivos de forma sostenible y controlamos los riesgos laborales en la empresa.
¿Qué pasaría si en nuestro estado empezaran a certificar empresas en este rubro?
Seríamos visionarios en Bioética Corporativa.
(*) Dr. Omar Fernando Becerra Partida
Es presidente del Colegio de Bioética y Terapia de Jalisco AC
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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