OPINIÓN
Desconfianza institucional cobra facturas: La lógica de la sospecha ante el COVID-19
Educación, por Isabel Venegas //
Hay diferentes maneras de entender el mundo, para los sociólogos esas posturas han ido evolucionando desde los posicionamientos más positivistas como los de pensadores Comte o Durkheim, hasta pasar por las propuestas de Bourdieu, Weber, Giddens o Luhmann; las teorías más recientes tratan de verlo desde modos más comprensivos, indagan sobre las razones por las que las personas hacen las cosas y los mecanismos para promoverlas o limitarlas.
Hoy estamos ante uno de los fenómenos más avasalladores de la historia moderna. Ni una guerra mundial hubiese podido llegar a tan remotos rincones del planeta, y justo es en la “era del conocimiento” cuando la información ha jugado un papel determinante, muchas veces en contra de los mismos ciudadanos, planteando posibilidades conspiranóicas y abriendo espacios a rebeldías infundadas con lo cual solo ha habido más muerte y dolor.
¿Cuántos casos conocemos que se nieguen a usar el cubrebocas? ¿Cuáles son las principales razones que hemos escuchado? Que el presidente de la república no lo porta siendo él la máxima representación de los mexicanos; si es porque ven de nuevo los negocios abiertos y sienten que ya estamos fuera del peligro, o porque escucharon que con el uso de las mascarillas te puedes enfermar más al respirar tu “propio dióxido de carbono”; cantidades impresionantes de notas que confunden, que mienten y que van contribuyendo a una formación de ese imaginario colectivo.
La contradicción a las políticas de atención mediante procesos de desinfección, del uso de cubrebocas o de mantener la sana distancia, no solo se determina por la mala información o la carencia de esta, sino por mecanismos estructurales que tienen qué ver con el propio comportamiento de las instituciones y de cómo han ido ensanchando una distancia entre quienes dudan de las intenciones de los gobiernos y sus estrategias. En Argentina, la Doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires, María Epele, presentaba por el año 2007 un estudio en el que analizaba las razones de los consumidores de “paco” (residuo de la producción de cocaína) por las cuales decidían no acercarse a los sistemas de salud del estado. Para ello primero revisa la situación geopolítica de Argentina en esos años, y muestra el panorama que lo lleva a ser un estado con una economía deteriorada, que a la vez acerca el mercado de las drogas residuales, afectando estructural y profundamente a la sociedad.
María se pregunta por qué una joven en situación de embarazo que consume este tipo de drogas, a pesar de tener cobertura de servicios sanitarios prefiere no acercarse a la dependencia de salud porque seguramente la van a cuestionar sobre su adicción; ella prefiere mentirle a los médicos o confiar en que “todo va a estar bien” y que puede mantener todo el periodo de gestación sin la supervisión de un doctor. La criminalización del consumo es una de las razones más fuertes vinculada a una falta de acercamiento a las dependencias públicas, y ante la sospecha de esos peligros, de la poca conveniencia de asistir a un centro de salud, y de los engaños que las instancias de gobierno han evidenciado por mucho tiempo, se prefiere correr riesgos tanto para la víctima directa, como para las indirectas; en el caso del parto traerá a un bebé con un muy probable síndrome de abstinencia, realidades crueles que no necesariamente se ven solo en los sectores pobres de la Argentina.
La lógica de la sospecha tiene que ver con las construcciones mentales, con lo que se pondera como prioridad y con la percepción de quienes tienen pocos referentes para hacer un análisis más profundo y a largo plazo. Traigo a colación esta investigación porque Epele descubre ciertas lógicas que se parecen mucho a las que hoy en medio de una tragedia mundial llamada “coronavirus”, se siguen escuchando.
Hace unos días alguien publicaba en redes sociales una frase que decía: “Mientras los muertos no sean tus muertos, no entenderás la gravedad de los que estamos viviendo» sin embargo hemos visto que esto no necesariamente llega a ser verdad con todo y lo tremendamente cruel que es; hay personas que piensan que sus familiares fueron diagnosticados falsamente por solo cubrir las cuotas que el gobierno quiere reportar para seguir sacando dinero, hay quienes creen que en los hospitales los matan para extraerles los órganos y hasta el líquido de las rodillas.
La desconfianza institucional está cobrando cada vez facturas más caras. Continuando con la analogía al caso de las adicciones y las concepciones que descubre María, identifica también la idea de que son los cuerpos policiacos en las zonas pobres de Buenos Aires los que siembran la droga pretendiendo la manipulación, el control y el mercado negro a manos de las mismas autoridades: La mayoría de los usuarios, sostienen que el “paco”, o pasta base, es parte de un plan de aniquilación de los jóvenes pobres.
Se identifica una relación entre las drogas y las pandemias virales que afectan en su interpretación del mundo a poblaciones más vulnerables. La indagación en zonas de alta marginación, de grupos minoritarios, de etnias o clases oprimidas, sitúa la narrativa de experiencias de deterioro, destrucción y muerte que a su vez se relacionan con el propio proceso de fortaleza y resiliencia del ser humano. Señala que es el caso de las teorías que surgieron en Haití y África, que conciben que el VIH es un virus creado para destruir el Tercer Mundo (Farmer 1992); sin embargo, y como apunta Connors (1995), estas teorías no fueron producto de la epidemia.
Indagar sobre las concepciones y percepciones de la población ayuda a entender el mundo desde la óptica del que carece (no solo económicamente), del que está en una situación mucho más complicada o que por las mismas carencias de un sistema educativo obsoleto, no ha conseguido fortalecer un sistema de creencias mucho más consolidado en la crítica, en la oposición de posturas y en la lógica del largo plazo. Por el contrario, la inmediatez con la que tratan de resolver los problemas se va instaurando de modo que se convierte en una nueva estructura social, apuntalada en los esquemas mentales que en ella predominan. Casos como el del SIDA ya mostraban una gran fractura en los vínculos con las instituciones, procesos de discriminación, penalización e intervenciones denigrantes tienen una relación entre la negación a usar medios de protección; se observaba desde entonces cómo las políticas que criminalizaban a quienes a pesar de saber que eran portadores seguían manteniendo relaciones sexuales sin preservativos y sin informar a sus parejas, eran de muy bajo impacto.
La lógica de la sospecha no circunscribe a sectores vulnerables con exclusividad, su radio se extiende y ante el temor de no poder dar respuesta desde otras razones, busca salidas que responsabilizan a instituciones que ya desde antes tenían una credibilidad muy debilitada. A estas fechas México tiene zonas en donde la pandemia se está volviendo caótica, ya tiene estados como el de Tabasco, la tierra natal del presidente de la República, con una tasa de ocupación hospitalaria que ronda por el 90% de camas, sin el personal suficiente (médicos, enfermeras, camilleros, intendentes, etc.) y sin los tratamientos óptimos para salvar la vida.
Cuando María Epele regresó a las zonas de indagación en el 2010, ya había cambiado la forma de mercadeo de drogas, el consumo estaba evolucionando, pero los constructos no tanto. Para ella este tipo de investigaciones orientadas más a la comprensión, intentan reconocer: los niveles de daño que las experiencias reiteradas de malestar, enfermedad y muerte han tenido de generación en generación en conjuntos sociales oprimidos. Los paradigmas que se construyen a partir de la sospecha que subyace en una relación deteriorada entre las dependencias en general, particularmente en el sistema de salud, reflejan periódicamente ideas de complot para la aniquilación, genocidio y corrupción. Confiar en la eficacia de una vacuna no resuelve nuestros problemas de comunicación y organización, esos requieren de un compromiso como sociedad, para el cual cada vez nos queda menos tiempo.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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