OPINIÓN
Atentó contra la dignidad de Jiménez Espriú: La gran mentira de AMLO hirió la dignidad portuaria
Comuna México, por Benjamín Mora //
La maduración psicológica y el desarrollo espiritual hacen que la persona tome consciencia de sus palabras y acciones, aceptando la realidad de uno mismo ante los demás, de manera que podemos descubrir y asumir el verdadero sentido de nuestra existencia.
Durante los días de campaña electoral por la Presidencia de la República, alguien cercano a Andrés Manuel López Obrador, lo video grabó aceptando al engaño que conmueve al pueblo como parte de su estrategia política para acceder al cargo que deseaba. Este video se subió a internet y ahí muchos lo conocimos. Hoy, la misma estrategia de mentira y engaño es la que López Obrador utiliza para ampliar las dádivas a las fuerzas castrenses y ganar sus lealtades.
La determinación del Presidente Andrés Manuel López Obrador de entregar la administración portuaria a la Secretaría de Marina la pudo hacer sin necesidad de mentir ni atentar en contra de la dignidad del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, del director general de Puertos y Marina Mercante, Héctor López Gutiérrez, y de los cientos de trabajadores portuarios de todo México, pero no, lo hizo con saña, desde la mentira y la difamación, con la voluntad consciente de engañar al pueblo, de desprestigiar a su propia gente y desde lo más profundo de su inclinación demagógica.
López Obrador sabe, pues fue ampliamente informado por el propio ingeniero Jiménez Espriú, que las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) no son responsables ni intervienen en la importación de absolutamente nada por los puertos que administran, y menos, son responsables del contrabando y la introducción ilegal droga al país, en especial desde China, y aun así lo señaló y usó de escudo a su falta de probidad y honor desde Manzanillo al anunciar que los puertos y las aduanas marítimas pasaban a la administración de la Secretaría de Marina. López Obrador engaña en ésta y en la mayoría de sus decisiones presidenciales de gran alcance como lo hizo en el caso del aeropuerto en Texcoco y la cervecera en Baja California. Es incapaz de asumir la responsabilidad total de sus actos; siempre encuentra a quién culpar y, entre ellos, su preferido es el pueblo bueno y sabio.
López Obrador vive en una realidad paralela; vive en su propia realidad: única e irrepetible, irracional e irreconocible, y siempre irreconciliable. Ordenó la liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán sabiendo que él es responsable de gran parte del trasiego de droga de México hacia Estados Unidos, en contra de quien hay una solicitud de extradición por el gobierno norteamericano, violentando los términos del tratado de la materia entre los dos gobiernos y ahora, con esta decisión anti portuaria, se da baños de pureza y dignidad, y se asume como paladín en el combate al contrabando de enervantes. No quiero pecar de indiscreto, pero a qué cartel de la droga le corresponde el contrabando desde Oriente y qué interés podrían tener los Guzmán. López Obrador lamentó la condena judicial de Joaquín “El Chapo” Guzmán para terminar su vida en un encierro total por sus crímenes demostrados y acreditados en contra del pueblo norteamericano. López Obrador, quien pide abrazos y no balazos en contra de los criminales, no tuvo misericordia hacia Javier Jiménez Espriú, Héctor López Gutiérrez y cientos de buenos trabajadores y trabajadoras que allanan caminos al buen comercio de México con el mundo; solo la tiene hacia los Guzmán.
No sé si López Obrador tenga una idea clara de los daños psicológicos que acarrean sus mentiras, pero es evidente que tampoco comprende la trascendencia de la verdad. Finge ser un hombre bueno, impoluto y probo cada mañana en medio de una gran hipocresía, separándose de quienes lo evidencian, llamándolos de mil maneras denigrantes, con la misma la irreflexión con que acusó de ser cómplice permisivo del narcotráfico a Jiménez Espriú y López Gutiérrez desde Manzanillo, Colima, ante los medios y excluyendo de su cónclave a los acusados.
Su ego es gigante. Primero está él y luego está él mismo, y nadie está a su lado en igualdad de dignidad. Teme al rechazo y por ello tardó en aceptar la renuncia de don Javier Jiménez Espriú. ¡Vaya calaña de señor! Este jueves pasado, al aceptar la renuncia de don Javier, López Obrador, se quiso justificar y grabó un video lastimoso. Pretendió racionalizar las causas de la renuncia digna y de gran hombría del ingeniero Javier Jiménez Espriú, a través de un mecanismo de defensa que claramente esconde los trastornos del pensamiento lópezobradorista como son la confabulación, la mitomanía y la pseudología fantástica, íntimamente relacionados con el funcionamiento de un deseo de construir la memoria colectica autobiográfica que le haga trascender en la historia, mintiendo para encubrir rasgos de sí mismo y de su vida que no quiere aceptar.
Insistió, en el video, que en los puertos hay corrupción y que a través de ellos entra contrabando y droga por lo que no basta con una buena administración de ellos, sino que se requiere de seguridad y protección, y por ello entra la Secretaría de Marina, es decir, volvió a echar la culpa a Jiménez Espriú de todo, castigando su buen nombre e imagen. Lo que faltó decir es que, la propia Marina Armada de México es quien ya vigila la seguridad de los puertos y que bastaba con fortalecer tal responsabilidad para lograr lo deseado sin violar el espíritu de la Carta Magna respecto de las fuerzas armadas.
Hoy, en el video, López Obrador demonizó una vez más a su secretario de Comunicaciones y Transportes desde la falsedad al declararlo permisivo en el contrabando y el trasiego de la droga por los puertos de México. López Obrador rompió así con los límites de lealtad hacia los suyos cuando los suyos han sido probos y honestos. López Obrador no fue así de grosero con Manuel Bartlett Díaz cuando se le acusó de falsear su declaración patrimonial.
Este es a quién Nathaniel Parish Flannery califica de demagogo incompetente en su artículo “President López Obrador is Failing México” y en el que lee “Constantly antagonizing and demonizing his political rivals and his critics in the media” (Constantemente antagonizando y demonizando a sus rivales políticos y sus críticos en los medios), publicado en Forbes el 1 de julio de 2020. Grave acusación: ¡DEMONIZANDO!
Nos enfrentamos ante un mentiroso consciente en una realidad que no puede ni quiere asumir y que busca anular la inteligencia social e inducir a la fantasía colectiva. Tenemos por delante, muchos días de engaños y desengaños. De peligros crecientes.
E-mail: benja_mora@yahoo.com
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
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