OPINIÓN
Educación, pilar del desarrollo: Instituciones o personas ¿quién es el problema?
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Sin lugar a duda los modelos educativos forman parte fundamental del desarrollo económico, cultural y social de cualquier país del mundo, no por nada, los países con mayor índice de desarrollo pueden presumir que cuentan con los mejores sistemas o modelos de educación.
De hecho, estos modelos son tan importantes, que podemos encontrar casos de países como Alemania, Japón, Corea del Sur y Finlandia, en los que sus procesos de transformación social comenzaron con ambiciosos cambios en sus políticas educativas que al día de hoy, se constituyen como pilares fundamentales de sus proyectos de nación.
Los modelos educativos y la eficacia de las políticas públicas en este rubro siempre van a ser un parámetro para medir el nivel o fortaleza de una democracia, por eso, no debería sorprendernos que alrededor del mundo haya tantos gobiernos con el ánimo de innovar y mejorar en este aspecto.
Por ello, trabajar arduamente en este tema es un win-win ya que a través de la educación se puede aportar mucho a una sociedad. Por un lado, se brinda a los ciudadanos una serie de herramientas que a la larga les permitirá adentrarse en una economía de mercado, y por otro lado, también se pueden fortalecer temas más sensibles e igual de relevantes para la vida en sociedad como lo son la identidad nacional y los valores cívicos o bien, la consolidación de una sociedad más abierta y con mayor aceptación a la convergencia de ideas, estilos de vida y opiniones.
En el caso en concreto de nuestro país, aunque parezca increíble, nuestros últimos presidentes y representantes han estado más que conscientes de la importancia que juega la educación en el proyecto político de la nación.
Es así, que en los últimos 26 años, se han experimentado cuatro grandes reformas educativas (la reforma de Salinas y Zedillo, la de Vicente Fox, la de Enrique Peña Nieto y la de Andrés Manuel López Obrador), y aunque a primera instancia leer esto podría hacer a algunos pensar que esto es positivo, es importante señalar que si ponemos esto en números, en nuestro país el modelo educativo cambia cada 6 años y medio.
Ahora, para poder dimensionar un poco mejor lo que esta cifra implica, las autoridades especialistas en materia educativa señala que un modelo educativo tarda aproximadamente 20 años en materializar los resultados para los cuales fue diseñado, en virtud de esto, cuando hablamos del éxito de los modelos educativos de los países antes mencionados, es necesario ser puntuales al señalar que su éxito no se debe más que a la voluntad política de respetar acuerdos gubernamentales proyectados a largo plazo y que significan un impacto positivo en el desarrollo social.
Pero en el caso en particular de nuestro país, los debates sobre los cambios en materia educativa tienen un grado de complejidad mayor debido a que el debate acerca de ciertos temas de la agenda pública carece de objetividad y se ve rodeado de un juego de intereses que ven en temas sensibles como la educación una simple moneda de cambio, lo que ha llevado durante muchos años a que nuestros representantes dejen de preguntarse cosas tan fundamentales como: ¿Dónde estamos parados? y ¿hacia dónde vamos?
No obstante, otro de los problemas alrededor de este debate tan importante para el futuro del país, es que la narrativa acerca de la necesidad de realizar cambios en la política educativa es tan cambiante como las políticas mismas.
Y ahora, aunque no lo parezca, la inconsistente narrativa alrededor de este problema, es un tema de contraproducente ya que hasta la fecha, nuestras autoridades simplemente no terminan de ponerse de acuerdo si el problema con nuestro sistema educativo está en las personas que lo manejan, o en las instituciones mismas, y mientras este eterno debate que parece ser más que nada una moneda de cambio político, se perderá una oportunidad real de transformar los modelos que garantizan uno de los derechos humanos más importantes.
Ahora, no dudo que en algunos casos en concreto, cambiar de raíz el sistema o las instituciones sea más que necesario, de hecho en casos como Japón, se requirió de una guerra y un par de bombas nucleares entender que era necesario hacer un cambio total en su modelo educativo, especialmente en lo que respecta a la identidad nacional.
Pero por otro lado, no podemos ignorar que hay casos en que los modelos educativos aunque no son perfectos, sí son perfectibles y además cuentan con una importante base sobre la que se puede trabajar siempre y cuando la clase política sepa poner en primer lugar los intereses de la ciudadanía antes que los intereses partidistas o personales.
Ciertamente, no podemos tapar el sol con un dedo, y tal y como he señalado en más de una ocasión en este espacio, en palabras de Yuval Noah Harari, la principal condición para superar una condición adversa, es aceptarla, y en nuestro caso, es necesario reconocer que la educación y su posibilidad de progreso, están secuestrados, pero ojo, no cometamos el error de creer o asegurar que esto es un problema nuevo, porque ciertamente no lo es, y tal vez, la antigüedad de este problema es lo que debería de preocuparnos.
Dicho lo anterior y adentrándonos un poco más al caso de México, creo que valdría la pena entender que no en todos los casos, los gobiernos no necesariamente son malos por sus estructuras o instituciones, sino por quienes los manejan.
Y desgraciadamente en nuestro país se ha invertido una importante cantidad de recursos tratando de cambiar por completo todas y cada una de nuestras instituciones, dejando de lado que aquello que realmente debemos enfrentar con mucha seriedad, es la preocupante crisis de personas que ha sofocado y drenado a nuestras instituciones.
De esta manera, en la medida en la que seamos capaces de entender que muchos de nuestros problemas radican más en la clase política y no en nuestras instituciones, podremos ser capaces, como sociedad, de poder consolidar grandes cambios con visión a largo plazo que sean la insignia de un modelo de nación común y consensuado con todas las fuerzas y expresiones políticas.
Si no se hace de esta manera, la educación en México continuará atrapada en un bache que se ha ido haciendo cada vez más profundo debido a un modelo de país que pondera una visión unipartidista que pone por delante los intereses de ciertos grupos de poder.
Lo he dicho en más de una ocasión, México es un país de oportunidades, no es un país perfecto, pero sí es un país perfectible que lamentablemente hoy atraviesa una crisis política y social grave, pero justamente eso es lo que vuelve este momento tan perfecto para impulsar cambios reales en la manera en la que se diseñan políticas públicas.
Cambiemos el chip y comencemos a impulsar un sistema en el que los acuerdos sean producto de consensos planteados a largo plazo que permitan, principalmente gestionar cambios importantes para la sociedad mediante el aprovechamiento real y efectivo de los beneficios de un rubro tan importante como la educación, que no solo prepara al ciudadano, sino que también lo empodera.
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
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