OPINIÓN
El derecho a aprender y la cobertura universal
Columna Educación, por Isabel Venegas Salazar //
Cada 31 de mayo se celebra el “día del matemático”, fecha que se estableció en conmemoración al fallecimiento del gran Évariste Galois. Cuando murió tenía tan solo 21 años, pero por su talento y tal vez por el hecho de coincidir en el tiempo y el espacio con otras mentes también gigantescas, hicieron que sus aportaciones fueran consideradas un parteaguas en la ciencia.
Su historia es tan triste como fantástica, no me quiero desviar mucho pero te voy a decir que fue revolucionario, liberal, matemático, y que murió en un duelo, un duelo entre amigos, ya que por cierto, el otro contendiente también era republicano; al morir dijo a su hermano «Ne pleure pas, Alfred! J’ai besoin de tout mon courage pour mourir à vingt ans!» («¡No llores, Alfredo! ¡Necesito de todo mi coraje para morir a los veinte años!»)
En fin, volvamos al tema, debido a la celebración compartí en mis redes sociales un fragmento de su biografía:
Galois decidió en cambio presentarse al examen de ingreso en la École Polytechnique con un año de anticipación y sin el curso de preparación matemática habitual. Careciendo de formación fundamental, fue rechazado. Galois consideró su fracaso como una injusticia, y ello endureció su rechazo a la autoridad. No obstante, continuó progresando rápidamente en matemáticas, matriculándose en el curso superior de esta ciencia en el Louis-de-Grand, impartido por el profesor Louis-Paul-Émile Richard, quien se percató inmediatamente de las dotes de Galois, solicitando que fuera admitido sin examen previo en la École Polytechnique. Aunque su recomendación no fue atendida, el estímulo de Richard produjo en Galois resultados espectaculares.
Casi de manera natural, los comentarios fueron en el sentido de criticar a una escuela por haber rechazado a una de las mentes más brillantes de todos los tiempos con un simple examen, a la vez que imploraban la posibilidad de que todos pudieran tener acceso a la educación profesional.
Veamos algunas cifras: En el 2017 la numeralia decía que tan solo el 17% de la población en México tenía estudios a nivel superior. La estadística también indica que 7 de cada 10 jóvenes que quieren ingresar, no logran conseguir un lugar; son aproximadamente 420,000 jóvenes los rechazados.
Ante esta necesidad, y ya desde sus propuestas de campaña, el Presidente de la República, Andrés Manuel López, había hablado de la posibilidad de operar universidades que no requirieran examen de admisión. En aquel entonces, los candidatos contrarios tachaban la propuesta como pura demagogia. Se advertía del serio riesgo que significaba perder los estándares de calidad, al no poder establecer parámetros y candados para el control de ingreso.
Hoy el gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional es una realidad, y con él sus propuestas siguen yendo hacia adelante; al parecer se van a gastar más o menos 1,000 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de este 2019 para el proyecto que pretende operar 100 planteles en 31 estados de la República Mexicana. A este momento hay una controversia con el reconocimiento de la validez a los planes de estudio que propone el nuevo gobierno para que sean impartidos en dichos planteles, así que hoy por hoy, no están los edificios ni están los contenidos.
Entregar el “Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios” (REVOE), significa cuidar desde las instalaciones, las medidas de seguridad, los planes de estudio, los mecanismos de evaluación, la certificación de sus profesores, el seguimiento a egresados, con un largo etcétera; ese es un gasto importante en el proceso de acreditación, que debería dar certeza a la ciudadanía al momento de elegir una casa universitaria.
Coincidentemente este fin de semana se aplica el examen de admisión para la Universidad de Guadalajara. Las filas kilométricas de automóviles, evidencian la magnitud de la preocupación de los padres que han llevado a sus hijos a la evaluación, y pronostican un mal augurio cuando sabemos de los porcentajes publicados por la misma UdG. Para el calendario 2017–B hubo 46 mil 966 aspirantes a licenciatura, de los cuales ingresaron 16 mil 994; para el 2018–B fueron 53 mil 470 solicitudes, pero se admitió a 18 mil 21, un 6.04 por ciento más que el ciclo anterior.
Eso significa que a pesar de la inversión por aumentar la matrícula muchos jóvenes, junto con sus padres, van a sufrir cuando vean frustradas las ilusiones de poder acceder a un lugar. Los conflictos viales que vimos este sábado alrededor de cada centro universitario, son una manifestación de este asunto, que a medir por el avance de un 6% en el incremento, tardaría mucho tiempo y dinero para llegar a ser del 100.
Cierto es que, además de los problemas de ingreso, en el tema del seguimiento a los procesos de formación se observa un nivel de deserción que reduce la matrícula a casi el 50% en los primero 3 semestres. Las razones pueden ser desde la necesidad económica, porque descubrió que esa no era la carrera que quería estudiar, o por una carencia del andamiaje cognitivo suficiente, es decir, el alumno a veces no entiende lo que le están hablando porque carece de la estructura de conocimientos para “soportar” un aprendizaje avanzado (a pesar de lo que dijo el examen de admisión).
Para eso deberían ser los filtros, para asegurarnos que los alumnos tienen los elementos suficientes para tal o cual carrera. Ahí coincido en que debería haber un mecanismo que permitiera asegurar a la universidad el “valor” de invertir en la formación de un joven de manera efectiva. Más que una prueba, debería ser un proceso de selección, ubicación y acompañamiento, lo cual representa un gasto mayor, sí, pero al parecer estamos desperdiciando muchos más recursos con los formatos actuales.
Las universidades públicas deben justificar el gasto de operación mediante a sus niveles de egreso, pero por ahora vemos escuelas que han abordado el problema de la reprobación-deserción aplicando remediales, implementando cursos inter-semestrales, con más extraordinarios, o ya de plano invitando a los profesores a “maquillar” las calificaciones. Al final de cuentas, están teniendo generaciones de muy pocos graduados, de los cuales un porcentaje significativo no va a ejercer la profesión.
Hablemos entonces de una verdadera reingeniería administrativa, una que nos permita saber que los jóvenes están ingresando al nivel superior motivados por aprender, por crecer, por realizarse, y no simplemente por tener un mecanismo que les “asegure” un mejor futuro económico, porque si esa no es su vocación, y si no la estudian con pasión, el mercado no lo estará esperando para compensar las carencias que no lograron superar con la facultad.
Espero de todo corazón que les vaya bien a todos los chicos que hicieron el examen de admisión, pero no podemos quedarnos con los buenos deseos, mirando como muchos de ellos apuestan su vida a esos intentos, y a partir de ahí se apropian de un estigma de fracaso, cuando en realidad la infraestructura no da para recibir a muchos de ellos a pesar de demostrar talento y capacidad; como tampoco podemos pensar que con borrar el examen de admisión se logra la cobertura universal y se resuelven los temas de formación. Se nos olvida esa base Darwiniana de selección, y creemos que nos rige más el romanticismo y la buena voluntad, que la lógica.
Una propuesta para dar acceso universal a la formación profesional, es la de aprovechar las tecnologías de la información. Cada vez más veremos las acreditaciones alternativas, y contrario a lo que muchos piensan, los jóvenes tendrán que ir descubriendo que la formación a distancia no es tan fácil como parece, y los obliga a desarrollar autodisciplina, gestión y organización, volviendo esa modalidad tan valiosa como la presencial, sin descuidar la convivencia y la dimensión social.
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Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa_venegas@hotmail.com
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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