OPINIÓN
El dilema de subsidiar el transporte: Con «Mi Transporte» los más beneficiados son los empresarios camioneros
Por Daniel Emilio Pacheco //
Ya pasó un año del evento de presentación de «Mi Transporte», una parte del modelo de movilidad para del Gobierno de Jalisco para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). En esa ocasión el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, nos avisaba lo que venía para los jaliscienses: «A partir de este momento, el Gobierno de Jalisco retoma la rectoría del transporte público, pero lo hace no viendo a los transportistas como enemigos, sino como aliados. Queremos hacer las cosas bien, pero necesitamos poner todos de nuestra parte”.
Según el mandatario, el compromiso era que en un año se debería de tener el reordenamiento de las rutas del transporte público, además de cumplir con un programa de capacitación intensiva a choferes, así como el modelo del pago electrónico lo que daría pie al monitoreo, direccionamiento a subsidios focalizados y la política de trasbordos, que se diseñaría entre transportistas y gobierno.
En ese evento, se dio a conocer el primer beneficio que recibirían los dueños del transporte público ese mismo año 2019: De julio a diciembre, los transportistas que cumplan con el reglamento podrán participar para recibir un financiamiento hasta por 80 mil pesos para realizar el equipamiento en sus unidades con un sistema de pago electrónico, monitoreo cámaras y validadores en unidades.
Diego Monraz, secretario de Transporte, informó en esa ocasión, que el Gobierno de Jalisco destinaría 600 millones de pesos a fondo perdido para dar ese «apoyo» a los transportistas.
“Con este apoyo ya no hay pretextos ellos ya accederían al modelo empresarial que daría como beneficios a los usuarios mejor frecuencia, control y monitoreo de la flota; evitar las corretizas, tener a su personal mejor capacitado y vehículos con revista y su imagen homologada “, aseguró Diego Monraz.
El 24 de julio de 2019, Enrique Alfaro anunció el aumento al transporte público, pasando de $7.00 pesos a 9.50 pesos por viaje.
En esa ocasió Alfaro dijo: “Vamos a tener una tarifa y pago electrónico unificado, rutas y frecuencias y seguridad mediante de monitoreo de la Secretaría de Transporte y Seguridad, información abierta y combate a la corrupción”, afirmó Alfaro Ramírez.
La gran acción que le importaba destacar al Gobierno de Jalisco ese 24 de julio, era el «gran pacto para mejorar la movilidad del Estado de Jalisco», firmado por el Gobierno del Estado , la iniciativa privada y los organismos sindicales.
Así presentaba el gobernador el beneficio de ese pacto: “Acordamos con el sector privado un apoyo extraordinario a sus trabajadores para mitigar el impacto de la actualización de la tarifa, es decir, estamos en este proceso.
Al final del año el transporte público tendrá esta tarifa actualizada en general y lo que necesitábamos es un acuerdo porque de otra manera el costo cae directamente sobre los ciudadanos. Y plantear a las empresas de Jalisco un acto de solidaridad como este implica una muestra y un acto de voluntad enorme que yo reconozco de los empresarios de Jalisco. Nunca en la historia de nuestro estado se había dado un acuerdo de esta naturaleza”, indicó Enrique Alfaro Ramírez.
«Por eso hay que resaltar que todos somos conscientes de la situación que atraviesan las familias jaliscienses y asumimos un compromiso para mitigar el impacto de una decisión que se tiene que tomar porque si no vamos a reventar el sistema de transporte, porque tenemos ya dos sexenios que transcurren sin que nadie se atreva a actualizar las tarifas del transporte y eso no puede seguir así porque ya tenemos un sistema que está cercano al colapso financiero”, agregó el mandatario.
El apoyo al que supuestamente se comprometió el sector privado para sus trabajadores, con el fin de mitigar el impacto del alza al transporte, sería en general de 10 pesos diarios por trabajador a través de las tarjetas precargadas de Mi Transporte de un ajuste directo al salario. Los sindicatos tendrían la encomienda de diseñar, junto con las empresas, los mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de ese compromiso. En este esquema se sumarían los gobiernos municipales y el estatal, según lo dijo el Gobernador de Jalisco.
Explicó en esa ocasión Enrique Alfaro porqué se pensó en 10 pesos por trabajador: “¿Por qué 10 pesos? Porque el ajuste, la actualización tarifaria son 2.50, lo que pensamos es que, si hablamos de 4 viajes diarios, este ajuste de 2.50 sería o implicaría 10 pesos por día por trabajador. Creo que es un apoyo que va a ayudar y que la flexibilidad para su implementación nos va a permitir también que pueda aterrizar de manera rápida. Cada empresa tendrá que hacer una revisión a fondo de qué trabajadores reciben a este apoyo, no se trata de dárselo a los que no usan transporte público, se trata de que sea un apoyo que vaya a quienes necesiten”.
Un dato curioso de ese día fue la operación del «Weren», uno de los encargados de la comunicación del Gobierno de Jalisco, para que lo que se destacara en medios fuera el apoyo de los 10 pesos a los trabajadores y no el aumento de la tarifa al transporte, que, por cierto, no se habló de alza, se le llamó «ajuste».
Circularon en esa fecha capturas de pantalla donde se presionaba para cambio de encabezados en un periódico local, pues el acuerdo en un desayuno previo así se había establecido. Cheque usted las primeras planas de los periódicos del 25 de julio de 2019 y notará la cargada a favor del «pacto».
Del dichoso apoyo de 10 pesos a los trabajadores, nada queda. Ni siquiera los trabajadores de los Ayuntamientos Mcistas lo recibieron.
Los empresarios tampoco le entraron a la aportación de 10 pesos para el trabajador; Rubén González Uyeda, coordinador del Consejo de Cámaras de Industriales de Jalisco (CCIJ), consideró días después, como apresurado el anuncio hecho por el Gobernador Enrique Alfaro en ese tema, ya que no firmaron ningún compromiso y el pacto es voluntario.
Los líderes sindicales ocasionalmente algunos mencionan el tema de los 10 pesos, más como ocurrencia de presión que como verdadera preocupación.
Así se dio el segundo apoyo a los empresarios transportistas de Jalisco por parte del Gobierno de Jalisco, un aumento de transporte que terminó siendo un ajuste a su favor, teniendo como escenario un «pacto» solamente mediático para distraer al trabajador.
El tercer apoyo financiero para los camioneros es por omisión.
Los empresarios del transporte público han recibido un apoyo económico del que no se tienen datos concretos, me refiero a los 50 centavos que diariamente roban a los usuarios de camión. Pues se quedan con lo que no es suyo: 50 centavos de cambio por cada pasaje que no regresan cambio.
LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA CAMIONERA
Este viernes pasado, 28 de febrero de 2020, el gobernador de Jalisco anunció:
“Hoy estamos ya viendo la luz al final del túnel, estamos ya dando un paso decisivo porque si el año pasado regularizamos concesiones, reorganizamos las rutas del transporte con el IMEPLAN, si logramos ya consolidar los apoyos para tener ya en abril listo y operando al 100 nuestro sistema de pago electrónico y consolidado también el modelo de ruta-empresa en la totalidad del transporte en la ciudad, pues hoy viene la siguiente etapa que va a ser este año: la gran apuesta de renovación de nuestra flota de camiones”, indicó el mandatario.
Para esa, «renovación de nuestra flota de camiones», el Gobierno de Jalisco, invertirá desde 440 hasta 500 millones de pesos, monto que servirá para generar anticipos de unidades que serán financiadas en su totalidad por las empresas transportistas. Este será un fondo permanente con piso fijo de 500 mdp, ya que la sustitución de unidades será hasta consolidar la flota renovada para los empresarios. Ese, pues, será el tercer «apoyo» que recibirán los concesionarios del transporte público, parece que por lo menos en esta ocasión no se otorgará a fondo perdido.
Hasta aquí, me gustaría saber, ¿En que se ha beneficiado el usuario de transporte público en esta administración? ¿El que funcionarios de gobierno y diputados tengan concesiones de transporte público, influye en el trato preferencial a los empresarios camioneros? ¿Por qué esos servidores públicos no buscan devolver al usuario su cambio?
Los dueños de las unidades del transporte o concesionarios deben hacer un análisis real del negocio que tienen, si no es negocio deben dejarlo, y el Gobierno de Jalisco debe dejar de estar financiando con dinero público un negocio privado de solo unos cuantos.
Twitter: @depachecos
CARTÓN POLÍTICO
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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