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OPINIÓN

El dilema de subsidiar el transporte: Con «Mi Transporte» los más beneficiados son los empresarios camioneros

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Por Daniel Emilio Pacheco //

Ya pasó un año del evento de presentación de «Mi Transporte», una parte del modelo de movilidad para del Gobierno de Jalisco para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). En esa ocasión el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, nos avisaba lo que venía para los jaliscienses: «A partir de este momento, el Gobierno de Jalisco retoma la rectoría del transporte público, pero lo hace no viendo a los transportistas como enemigos, sino como aliados. Queremos hacer las cosas bien, pero necesitamos poner todos de nuestra parte”.

Según el mandatario, el compromiso era que en un año se debería de tener el reordenamiento de las rutas del transporte público, además de cumplir con un programa de capacitación intensiva a choferes, así como el modelo del pago electrónico lo que daría pie al monitoreo, direccionamiento a subsidios focalizados y la política de trasbordos, que se diseñaría entre transportistas y gobierno.

En ese evento, se dio a conocer el primer beneficio que recibirían los dueños del transporte público ese mismo año 2019: De julio a diciembre, los transportistas que cumplan con el reglamento podrán participar para recibir un financiamiento hasta por 80 mil pesos para realizar el equipamiento en sus unidades con un sistema de pago electrónico, monitoreo cámaras y validadores en unidades.

Diego Monraz, secretario de Transporte, informó en esa ocasión, que el Gobierno de Jalisco destinaría 600 millones de pesos a fondo perdido para dar ese «apoyo» a los transportistas.

Con este apoyo ya no hay pretextos ellos ya accederían al modelo empresarial que daría como beneficios a los usuarios mejor frecuencia, control y monitoreo de la flota; evitar las corretizas, tener a su personal mejor capacitado y vehículos con revista y su imagen homologada “, aseguró Diego Monraz.

El 24 de julio de 2019, Enrique Alfaro anunció el aumento al transporte público, pasando de $7.00 pesos a 9.50 pesos por viaje.

En esa ocasió Alfaro dijo: “Vamos a tener una tarifa y pago electrónico unificado, rutas y frecuencias y seguridad mediante de monitoreo de la Secretaría de Transporte y Seguridad, información abierta y combate a la corrupción”, afirmó Alfaro Ramírez.

La gran acción que le importaba destacar al Gobierno de Jalisco ese 24 de julio, era el «gran pacto para mejorar la movilidad del Estado de Jalisco», firmado por el Gobierno del Estado , la iniciativa privada y los organismos sindicales.

Así presentaba el gobernador el beneficio de ese pacto: “Acordamos con el sector privado un apoyo extraordinario a sus trabajadores para mitigar el impacto de la actualización de la tarifa, es decir, estamos en este proceso.

Al final del año el transporte público tendrá esta tarifa actualizada en general y lo que necesitábamos es un acuerdo porque de otra manera el costo cae directamente sobre los ciudadanos. Y plantear a las empresas de Jalisco un acto de solidaridad como este implica una muestra y un acto de voluntad enorme que yo reconozco de los empresarios de Jalisco. Nunca en la historia de nuestro estado se había dado un acuerdo de esta naturaleza”, indicó Enrique Alfaro Ramírez.

«Por eso hay que resaltar que todos somos conscientes de la situación que atraviesan las familias jaliscienses y asumimos un compromiso para mitigar el impacto de una decisión que se tiene que tomar porque si no vamos a reventar el sistema de transporte, porque tenemos ya dos sexenios que transcurren sin que nadie se atreva a actualizar las tarifas del transporte y eso no puede seguir así porque ya tenemos un sistema que está cercano al colapso financiero”, agregó el mandatario.

El apoyo al que supuestamente se comprometió el sector privado para sus trabajadores, con el fin de mitigar el impacto del alza al transporte, sería en general de 10 pesos diarios por trabajador a través de las tarjetas precargadas de Mi Transporte de un ajuste directo al salario. Los sindicatos tendrían la encomienda de diseñar, junto con las empresas, los mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de ese compromiso. En este esquema se sumarían los gobiernos municipales y el estatal, según lo dijo el Gobernador de Jalisco.

Explicó en esa ocasión Enrique Alfaro porqué se pensó en 10 pesos por trabajador: “¿Por qué 10 pesos? Porque el ajuste, la actualización tarifaria son 2.50, lo que pensamos es que, si hablamos de 4 viajes diarios, este ajuste de 2.50 sería o implicaría 10 pesos por día por trabajador. Creo que es un apoyo que va a ayudar y que la flexibilidad para su implementación nos va a permitir también que pueda aterrizar de manera rápida. Cada empresa tendrá que hacer una revisión a fondo de qué trabajadores reciben a este apoyo, no se trata de dárselo a los que no usan transporte público, se trata de que sea un apoyo que vaya a quienes necesiten”.

Un dato curioso de ese día fue la operación del «Weren», uno de los encargados de la comunicación del Gobierno de Jalisco, para que lo que se destacara en medios fuera el apoyo de los 10 pesos a los trabajadores y no el aumento de la tarifa al transporte, que, por cierto, no se habló de alza, se le llamó «ajuste».

Circularon en esa fecha capturas de pantalla donde se presionaba para cambio de encabezados en un periódico local, pues el acuerdo en un desayuno previo así se había establecido. Cheque usted las primeras planas de los periódicos del 25 de julio de 2019 y notará la cargada a favor del «pacto».

Del dichoso apoyo de 10 pesos a los trabajadores, nada queda. Ni siquiera los trabajadores de los Ayuntamientos Mcistas lo recibieron.

Los empresarios tampoco le entraron a la aportación de 10 pesos para el trabajador; Rubén González Uyeda, coordinador del Consejo de Cámaras de Industriales de Jalisco (CCIJ), consideró días después, como apresurado el anuncio hecho por el Gobernador Enrique Alfaro en ese tema, ya que no firmaron ningún compromiso y el pacto es voluntario.

Los líderes sindicales ocasionalmente algunos mencionan el tema de los 10 pesos, más como ocurrencia de presión que como verdadera preocupación.

Así se dio el segundo apoyo a los empresarios transportistas de Jalisco por parte del Gobierno de Jalisco, un aumento de transporte que terminó siendo un ajuste a su favor, teniendo como escenario un «pacto» solamente mediático para distraer al trabajador.

El tercer apoyo financiero para los camioneros es por omisión.

Los empresarios del transporte público han recibido un apoyo económico del que no se tienen datos concretos, me refiero a los 50 centavos que diariamente roban a los usuarios de camión. Pues se quedan con lo que no es suyo: 50 centavos de cambio por cada pasaje que no regresan cambio.

LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA CAMIONERA

Este viernes pasado, 28 de febrero de 2020, el gobernador de Jalisco anunció:

Hoy estamos ya viendo la luz al final del túnel, estamos ya dando un paso decisivo porque si el año pasado regularizamos concesiones, reorganizamos las rutas del transporte con el IMEPLAN, si logramos ya consolidar los apoyos para tener ya en abril listo y operando al 100 nuestro sistema de pago electrónico y consolidado también el modelo de ruta-empresa en la totalidad del transporte en la ciudad, pues hoy viene la siguiente etapa que va a ser este año: la gran apuesta de renovación de nuestra flota de camiones”, indicó el mandatario.

Para esa, «renovación de nuestra flota de camiones», el Gobierno de Jalisco, invertirá desde 440 hasta 500 millones de pesos, monto que servirá para generar anticipos de unidades que serán financiadas en su totalidad por las empresas transportistas. Este será un fondo permanente con piso fijo de 500 mdp, ya que la sustitución de unidades será hasta consolidar la flota renovada para los empresarios. Ese, pues, será el tercer «apoyo» que recibirán los concesionarios del transporte público, parece que por lo menos en esta ocasión no se otorgará a fondo perdido.

Hasta aquí, me gustaría saber, ¿En que se ha beneficiado el usuario de transporte público en esta administración? ¿El que funcionarios de gobierno y diputados tengan concesiones de transporte público, influye en el trato preferencial a los empresarios camioneros? ¿Por qué esos servidores públicos no buscan devolver al usuario su cambio?

Los dueños de las unidades del transporte o concesionarios deben hacer un análisis real del negocio que tienen, si no es negocio deben dejarlo, y el Gobierno de Jalisco debe dejar de estar financiando con dinero público un negocio privado de solo unos cuantos.

Twitter: @depachecos

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JALISCO

Consejos para la jubilación

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Opinión, por Arturo Pérez Díaz //

Cumplir 55 años no solo marca un nuevo capítulo en la vida, también enciende una alerta: es momento de pensar con seriedad en el retiro. Muchas personas posponen esta reflexión, confiadas en que aún hay tiempo.

Sin embargo, el marco legal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), establece requisitos que no se cumplen de la noche a la mañana y que, de no gestionarse oportunamente, pueden traducirse en la pérdida de derechos adquiridos durante toda una vida laboral.

Acorde al Consejo Nacional de Población (CONAPO), hasta el año 2024 el 12.3% de la población total del estado eran personas adultas mayores de 60 años o más, lo que equivale a 1 millón 085 mil 609 habitantes.

Así de grande es el problema de las jubilaciones en Jalisco, que en la mayoría de los casos se concibe como problema, dado que reciben pagos mensuales de miseria, en caso de que todo adulto de este grupo de edad haya logrado una jubilación.

Para entender el tema hay que revisar el artículo 138 de la Ley del Seguro Social, que indica requisitos para obtener una jubilación: para la pensión por vejez se necesitan 65 años de edad y al menos 500 semanas cotizadas (diez años de trabajo formal). Pero también existe la opción de cesantía en edad avanzada, disponible de 60 a 64 años de edad, si se cuenta con las mismas semanas cotizadas y ya no se tiene trabajo remunerado.

Aun así, ningún beneficio es automático: hay que solicitarlos y acreditar los requisitos ante el IMSS, lo cual puede ser confuso para muchos, además de que toma tiempo.

La decisión de pensionarse debe ser estratégica y no dejarla al tiempo porque equivale al olvido. Dejar pasar los años sin revisar cotizaciones, sin confirmar la situación laboral, sin conocer los montos aproximados de cesantía o jubilación por vejez, puede poner en riesgo no solo la pensión, sino también las asignaciones familiares, ayuda asistencial y servicios médicos a los que se tiene derecho (arts. 137 y 145).

Por ello, quienes cumplen 55 años deben comenzar ya el proceso de revisión de jubilación, analizando: semanas cotizadas, modalidades de retiro, documentación, trámites y requisitos ante el IMSS. Ser omiso y no hacerlo a tiempo puede llevar a perder beneficios irrecuperables. La vejez no llega de golpe, pero cuando lo hace, no perdona la omisión. Es mejor prevenir que lamentar.

Toda una vida de trabajo puede llevar el riesgo de jubilarse con montos injustos de 9 mil quinientos pesos mensuales. Sin embargo, la mayoría de la gente debería saber que hay opciones de incrementar las jubilaciones hasta montos mayores de 80 mil pesos, mediante una estrategia legal acorde a la propia ley del IMSS.

Una pensión justa es aquella que brinda los medios adecuados para pagar los servicios de salud, alimentación y cuidado del jubilado, pero muchas personas adultas no lograron una pensión, y los que sí tuvieron derecho recibieron pensiones de hambre.

Muestra de ello es que, a pesar de tener edad de retiro, la gente sigue trabajando. Así lo demuestra el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Según resultados del primer trimestre de 2024, el 19.5% de la población de 65 años y más en Jalisco era económicamente activa, es decir, 182 mil 375 personas; de las cuales 64.2% (117,108) eran hombres y 35.8% (65,267) mujeres. Destaca que, el cien por ciento de las personas adultas mayores económicamente activas se encontraba ocupado.

Una jubilación justa se debe empezar a trabajar a los 55 años de edad, en las próximas colaboraciones expondremos las estrategias para lograr pensiones mayores a lo que le tiene programado el IMSS a quienes caminan ya rumbo al sexto piso.

Lograr una vejez tranquila, sin tener necesidad de seguir trabajando hasta una edad muy avanzada, es posible, pero hay que informarse de los derechos laborales y de las prestaciones.

El mayor problema es el de personas que tienen más de 50 años de edad y hoy laboran sin seguridad social, sin los beneficios de una AFORE, INFONAVIT y sobre todo sin cotizar para una jubilación, que con una adecuada información, toda esta gente estaría a tiempo de rescatar una jubilación digna. La informalidad provoca daños en el futuro de los trabajadores, porque, llegado el tiempo, vivirán una vejez sin protección social, sin dinero.

La gente debería saber que existen mecanismos legales para regularizar su situación en cualquier giro laboral, logrando la protección del IMSS con servicios médicos, cirugías y medicamentos en el presente y una pensión para el futuro.

Algunos ejemplos de incorporación al IMSS son los trabajos domésticos, en donde miles de mujeres trabajan para un patrón que no les brinda hasta hoy la afiliación al seguro social que puede realizarse de una forma sencilla. Otro caso son los trabajadores de aplicaciones móviles como Uber y Didi, que a partir de junio de este año ya se deben inscribir por ley al IMSS.

También existen trabajadores independientes de alto nivel, como los dentistas, que siempre por tradición han sido independientes y no tienen patrón que los incorpore al seguro social. Para ellos también existen modalidades de afiliación al IMSS, y aunque muchos creen que la población de escasa formación es la víctima de la injusticia de las jubilaciones, esto no es así, también profesionistas están descobijados en su futuro laboral.

Si toda persona inscrita en el IMSS, que tiene ahora más de 55 años de edad y que pertenece a la Ley 73, se preocupara hoy por informarse, estaría a tiempo de evitar una jubilación injusta con montos bajos que empobrecen a los jubilados.

A la población que pertenece a la ley 73 del IMSS, le asiste la ley con varios beneficios que, sin embargo, no son ejercidos por ignorancia. El mayor beneficio es poder continuar cotizando para una jubilación a pesar de que se hayan quedado sin empleo, y por su edad, ya nadie quiso brindarles empleo formal.

El beneficio se conoce como continuación voluntaria, con lo que, al contribuir directamente y pagar su afiliación, podrán asegurar su retiro aun cuando se hayan quedado sin patrón y un empleo formal. Pero, adicionalmente, tienen el derecho de enriquecer su cotización, elevando el salario base, lo cual repercute en una pensión que puede ser en 2025 superior a 80 mil pesos mensuales.

Es tiempo de prepararse para el futuro y no dejarlo al día a día, el tiempo y el futuro están más cerca de lo que parece, infórmese.

E-mail: amper61@hotmail.com

Arturo Pérez Díaz es periodista independiente, ha sido docente de política, opinión pública y mercadotecnia política, así como asesor profesional de comunicación pública.

 

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NACIONALES

Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.

Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.

Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?

El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.

Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.

La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.

Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.

Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.

Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.

A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.

La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.

En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.

Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.

 

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JALISCO

Uribe y su circunstancia

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.

En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.

Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.

Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.

En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.

Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.

Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:

  • Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.

  • Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.

  • Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.

Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.

Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.

Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.

Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.

Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.

En X: @DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.

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