OPINIÓN
El que la hace no la paga: El caso Joao Maleck y la respuesta de la justicia
Educación, por Isabel Venegas //
Este viernes se dictó sentencia al jugador de futbol Joao Maleck tras el accidente en el que perdieron la vida María Fernanda y Alejandro, una pareja de recién casados que viajaban en su automóvil una tranquila mañana de domingo y que nunca esperaron (por simple lógica) que alguien embriagado tras toda la noche de parranda, se fuera a impactar en su auto quitándoles todos los sueños que justamente arrancaban ese día.
Yo he participado en muchas marchas, he ido de automóvil en automóvil junto con un grupo de valientes hombres y mujeres, convocando a la concientización de que si tomas, no manejes. Reflexión que cuesta mucho trabajo porque incluso amigos cercanos se atreven a contestar ¡Yo borracho manejo mejor! Y es que bajo los influjos de cualquier droga el mundo se ve diferente, se pierde el sentido y la posibilidad de reaccionar con prudencia y responsabilidad.
¡Vaya con la incongruencia! si te vas a poner hasta las chanclas, si vas a perder el sentido, sé responsable y entrega las llaves a otro para que sea el conductor designado, o utiliza un servicio de transporte que se encargue de llevarte hasta tu hogar al regreso del maratón de shots de tequila. Lo malo es que ese es el ideal; resulta que en la mayoría de los juicios en contra de quienes han cometido delitos bajo el influjo del alcohol, terminan por exonerar al inculpado, argumentando que su capacidad mental había sido afectada por el mismo embriagante y les impedía actuar con prudencia para entregar las llaves a otro, es decir, que se aplica la absolución por incapacidad mental no obstante de haber sido auto-flagelada.
La historia particular de este joven futbolista, una promesa para el deporte pero también para su familia… parecía que todo su futuro apuntaba hacia el éxito, la fama y el dinero, pero todo se derrumbó cuando a los pocos días del suceso se comenzaron a cancelar los contratos y los apoyos de quienes piensan que no es bueno para la industria tener a un elemento así. Será muy difícil (aunque no imposible) que recupere su proyecto de vida, a pesar de haber pisado las canchas con equipos como Chivas, en la academia de Marco Fabián, en el Santos Laguna, y luego prestado al Porto y al Sevilla. Como ha declarado su propia mamá, tanto a ella como a su otro hijo de nueve años, les ha tocado sufrir graves agresiones porque la gente los enjuicia en la calle, en la escuela y en las redes sociales. Juicios hechos sin elementos, que resultan más crueles que los que se están llevando por el sistema judicial.
Las miles de muertes injustas a causa de las drogas, el alcohol, el exceso de velocidad, y recientemente el uso del celular, son una terrible combinación que lo convierte en pequeñas bombas que suelen ir detonando y lacerando a muchísimas familias.
Este caso llama mucho la atención por tres factores: uno por la fama que atrae ser un jugador de futbol con su juventud y su potencial como delantero en equipos famosos, dos por que las víctimas eran parte de una comunidad académica que las apreciaba profundamente, además del momento icónico de haber celebrado tan solo unas horas antes su boda, y tres, porque las evidencias parecían ser contundentes sobre la responsabilidad en el asesinato culposo de la pareja por parte del automovilista. Detenido desde el 23 de junio de 2019 en el penal de puente grande, y postergado su juicio a raíz de la pandemia, este viernes terminó por ser ¡Declarado, y no! Una sentencia que dice que es culpable, pero que le imputa una pena de tres años, de los cuales ya le serán contabilizados los meses que lleva en la cárcel, más la buena conducta que ha observado al interior serán elementos para que, como anunció su propio abogado, termine por ser liberado en unos treinta o cuarenta días tras pagar una compensación por daños.
Leía una nota que decía más o menos así:
A todos los que atacan a este hombre, ¡Debemos atacar al sistema! …sí, el joven salió alcoholizado y fue imprudente como muchos en este país, la diferencia fue que por mala suerte se cruzó con mi Fer y su esposo, pero hoy el problema más grande, el dolor más grande, el enojo más grande es para el sistema de justicia que muy cínicamente después de todo solo lo ha sentenciado con 3 años, 8 meses y 15 días, además de 3 millones de pesos. Tus comentarios de repudio que sean ante como nos organizan, administran y cuidan como ciudadanos.
El sistema no es «él» -como si fuera un ente unitario- quien nos «NOS ORGANIZA, ADMINISTRA Y CUIDA COMO CIUDADANOS» (citando a la autora), ¿Qué no son los ciudadanos los que se dan el «pitazo» con waze para evadir el torito? ¿Quiénes son los que comparten trucos para burlar al alcoholímetro? O pagan mordidas y corruptelas para que los agentes no ejerzan las acciones cuando ya no hay de otra más que llevarse detenido al chofer borracho y el auto al corralón.
Privilegiar este tipo de posturas son las que van cediendo nuestra autonomía y libertad para que sea alguien más quien venga a controlarnos porque al parecer, no tenemos remedio. En la cita se lee que lo malo es que tuvieron mala «suerte» de atravesarse en su camino,…Tanto quizá como la mala “fortuna” de que haya quien sea capaz de evadir las estrategias de control y prevención sumando a la fiesta el After, con lo que los controles de toda la noche no son suficientes. Es claro que la venta de alcohol es un negocio que por sus ganancias puede fácilmente perder el límite, pero hay muchos lugares donde la cerveza y el vino son elementos cotidianos que no producen el descontrol que en nuestro país generan.
Culpar al sistema es evadir nuestra responsabilidad y hablar de una utopía, no hay ni habrá policías, retenes, ni alcoholímetros suficientes para detener a todos los que manejan imprudentemente con el enorme potencial de provocar una desgracia. El dolor de quienes han perdido a un familiar a causa de un suceso así de absurdo es enorme, y no me queda más que seguir luchando a su lado para que algún día entendamos que la libertad de echarte el trago no puede ser entendida sin la responsabilidad de lo que implica manejar un vehículo después; desafortunadamente hoy la sentencia que se esperaba que fuera de 10 años para el joven futbolista, termina por esfumarse en el aire, pero aunque hubiese sido de 40 años, no es impactante para quien al momento de estar en el antro pasa a tomar el volante y a pisarle hasta el fondo al acelerador para multiplicar el efecto de la adrenalina, seguramente serviría de muy poco una condena máxima, a no ser del bálsamo que pudiera representar en el corazón de los familiares quienes solo así sienten que se está haciendo justicia por su ser querido, que a pesar de todo ya no volverá.
Hace unos años estaba yo en una pega de calcas en la minerva, tocando la ventanilla de cada automóvil exhortando a esta conciencia, cuando alguien nos dijo: ¡Uy, ustedes aquí tarugueando, mientras a la vuelta (sábado a las 10 am) el antro no ha cerrado desde ayer! ¡¡¡Los borrachos que salgan ahorita, van a salir doblemente fumigados!!!
Mi respeto, admiración y agradecimiento a quienes mantienen esta lucha con la fe de que entre todos podemos frenar el dolor de las pérdidas irreparables. Fernanda y Alejandro iban en una tranquila mañana de domingo…. todo lo demás es historia, historia en la que todos somos actores determinantes. Todos somos «el sistema»
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
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