OPINIÓN
Estados Unidos aplaudió al Poder Judicial Federal, «garante» de la democracia
Columna Invitada, por Francisco Javier Ruiz Quirrín //
LO QUE EVITÓ que López Obrador y su “cuarta transformación” impusiera durante su sexenio una dictadura, fueron dos aspectos. El primero, el Poder Judicial Federal que nomás no pudo controlar a través de su ministra incondicional, Yasmín Esquivel y la alianza PAN-PRI-PRD que en los comicios electorales del año 2021 frustraron para MORENA el control del Congreso de la Unión, al no obtener mayoría calificada (las dos terceras partes del total de sus integrantes) tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Este escenario ha continuado, lo que ha provocado en varias ocasiones la ira presidencial y una andanada de ataques desde el púlpito de palacio nacional, a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con excepción de la mencionada ministra Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, incondicionales del Presidente.
La renuncia fuera de la Ley (no había causa grave para el retiro) y con propósitos perversos del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, contempla dos propósitos. El primero, que en diciembre venidero, Claudia Sheinbaum, ya convertida en presidenta de México, designe a un nuevo ministro de la Corte, incondicional y con ello sume cuatro ministros aliados. De esta manera se obtendría el control del Poder Judicial Federal para la aprobación de ciertas iniciativas presidenciales.
El segundo propósito de Zaldívar al integrarse al equipo de la candidata oficial, es la elaboración del nuevo proyecto de nación a imponerse durante el sexenio 2024-2030, mismo que contempla las iniciativas con reformas constitucionales para perfeccionar el control único sobre todos los demás del Poder Ejecutivo Federal y la elaboración de un proyecto de nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el sentido socialista en la que el ciudadano quedaría sujeto al gobierno, así como la propiedad privada.
Ante esta situación, real, no puede dejarse de observar la visita que el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, realizara a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual éste último aplaudió a la independencia del Poder Judicial como un “garante de la democracia”.
Dos semanas después, de manera anónima, se hace llegar un documento a la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, con todo un expediente, bien documentado, de la corrupción propiciada por Zaldívar como presidente de la Corte, incluidos testimoniales, nombres y apellidos de sus hombres de confianza, a través de los cuales ejerció presión para influir en un determinado sentido las sentencias emitidas por jueces y magistrados.
Al mismo tiempo, da la cara una magistrada de un Tribunal Colegiado en Zapopan, Jalisco -Elba Sánchez Pozos- quien le revela al periodista López Dóriga que presentará una denuncia formal contra Zaldívar y su gente porque en su momento “fui agredida en mi independencia y mi investidura a través de la Unidad de Investigación de Responsabilidades del Poder Judicial, a cargo de Carlos Alpízar”, no sin antes señalar que el primer funcionario de dicha Unidad que la agredió fue Gustavo Rómulo Salas Chávez, el mismo que ahora firma como Fiscal General de Justicia en Sonora.
La investigación que ahora encabeza la ministra Piña Hernández contra Zaldívar, no tiene precedente en la historia del Poder Judicial Federal en México ni tampoco dentro de la política nacional por lo menos en el último siglo.
El hecho es que, aunque sea anónimo, en el documento enviado a la ministra presidenta de la Suprema Corte se encontraron elementos para abrir una investigación, con la cual, se cuestiona la moralidad y actos constitutivos de corrupción por quien está ahora encargado de elaborar el proyecto jurídico de la nueva nación mexicana, en un escenario donde MORENA gane no solo la Presidencia de la República este 2 de Junio, sino también la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.
Resulta por demás evidente, que una gran fuerza está operando para evitar la imposición de una dictadura y, sobre todo, evitar a toda costa que el Poder Ejecutivo Federal controle al Poder Judicial Federal, porque si esto último se da, nos olvidaremos del México que hemos conocido siempre, dentro de un régimen democrático y republicano.
¿Un reproche presidencial a la candidata Sheinbaum?
REITERADO y demostrado: El primer debate presidencial provocó en López Obrador un gran disgusto y no solo porque Claudia Sheinbaum no pudo sacar adelante el compromiso, sino porque no hubo defensa alguna de la “cuarta transformación”… “La narrativa fue impuesta por el bloque conservador… Según esto, nosotros no hemos hecho nada”, reviró el Presidente en su mañanera del martes, apenas unas horas después de haber admitido que las cosas iban “perfectamente bien” al conocer los primeros resultados del “encontronazo” Claudia-Xóchitl… Si alguien le “calentó” la cabeza a AMLO no lo podemos saber… Lo único que sí podemos asegurar –porque él mismo no lo ocultó- es su disgusto con la propia candidata presidencial… Hubiera querido una defensa mayor del gobierno de la “4-T” reconociendo lo que se ha hecho, pero ante los cuestionamientos de Xóchitl, para el Presidente, las respuestas y reacciones de doña Claudia no fueron las más adecuadas… Y, a la moda, culpó a todos los medios de comunicación que destacaron los errores y ataques a su gobierno…
A estas alturas, desde Palacio Nacional se influirá mucho más en esta campaña presidencial, convencidos de que Juan Pueblo en realidad apoya al Presidente, porque si doña Sheinbaum fuera sola, la derrota estuviera en su horizonte este 2 de junio… Todo puede suceder, incluso la probabilidad de que AMLO se decepcione de su candidata como en el pasado algunos presidentes lo hicieron… Gustavo Díaz Ordaz con Luis Echeverría y éste último con José López Portillo… Aquellos no tomaron una decisión fatal, pero López Obrador no es igual que ellos.
La UniSon, fuera del contexto político-electoral
LOS TIEMPOS cambian y el ejercicio de la democracia ha llegado a las universidades de México, pero nuestra Universidad de Sonora está lejos de alcanzar ese nivel… Las candidatas y el candidato a la Presidencia han sostenido serios debates ante los estudiantes de varias universidades… Xóchitl Gálvez, incluso se lanzó a la “Ibero” para tratar de superar lo alcanzado por Enrique Peña Nieto, quien tuvo que huir del asedio estudiantil en una visita que abandonó a través de los baños de la institución… La candidata opositora a MORENA recibió varios ataques, pero al final se ganó los aplausos de los asistentes… Jorge Álvarez Máynez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, también ha convivido y debatido temas con estudiantes de las principales casas de estudio del país y no le ha ido mal… Hasta la señora Sheinbaum se ha animado a visitar esos auditorios… Sin embargo, en Sonora, la máxima casa de estudios y otras instituciones de educación superior, conservan el “tabú” de evitar las visitas de candidatas y candidatos en campaña, quizá porque sus autoridades no quieren “correr el riesgo” de alborotar a una población joven que se apasiona con la política, los partidos políticos y las ideas, digamos, “revolucionarias”… Solo en la Alma Mater hay cerca de 40 mil estudiantes y el ejercicio de la participación y contacto con candidatas y candidatos, abundaría en la formación humanista de las y los muchachos… Ha trascendido en el caso de la rectora de la Universidad de Sonora, Rita Plancarte, que ha determinado no recibir la visita de ningún actor político en campaña… Y esta actitud es un ejemplo a seguir para directivos de otras instituciones… Se considera que esta decisión coloca a Sonora en el contexto de una cultura primitiva y “aldeana”… Si el concepto de Universidad contempla la “universalidad de ideas” y en nuestros centros de enseñanza se están preparando las y los sonorenses que estarán al frente de los gobiernos e instituciones dentro de unos cuantos años, ¿cómo negarle la oportunidad de confrontar a quienes pretenden ahora alcanzar el poder público?… Esperemos que pronto la mentalidad rústica de quienes están al frente de las instituciones de educación superior en Sonora, sea superada por el arrojo y el deseo por hacer historia con una generación juvenil que no se puede dar el lujo de ver pasar su vida de preparación y formación académica, sentada desde una banqueta, viendo el desfile de los más preparados…. Y, para colmo, en medio de una huelga que con más sensibilidad se hubiese evitado.
Sonora tendrá sed
LA SEQUÍA en un problema añejo que padecemos en Sonora y habrá qué admitir que para beber agua y utilizarla en nuestros campos agrícolas necesitamos que llueva… Pero a esa tradición seca de una entidad desértica, se añade ahora el efecto de un cambio climático que- dígase lo que se diga- en los hechos, está presente con fenómenos meteorológicos inesperados… Tenemos años no solo en México sino en el mundo, con el abatimiento de los mantos acuíferos… Las presas se están secando y muchas de ellas se han convertido en vasos donde se introducen “popotes” que consumen cada vez más su capacidad… En Sonora, las presas más grandes están semivacías… Ante este escenario, quienes deben de atender el problema son los expertos, los técnicos, los que primero deberán lograr proyectos viables, en tanto los gobernantes tienen la obligación de gestionar y conseguir los recursos necesarios para garantizar el vital líquido a la población y al sector productivo… Los políticos son muy importantes en este manejo, porque el trasladar agua de una región a otra siempre genera inconformidades y el asunto se vuelve un conflicto social… Total, el agua es un problema tan serio que es un riesgo dejarlo solo a las ocurrencias de los políticos que no fundamentan sus propósitos en proyectos técnica y financieramente viables… Podría presentarse una gran voluntad y el deseo de hacer algo en grande… Ante esto el viejo proyecto del Plan Hidráulico del Noroeste ha regresado a la escena… Creado a inicios de la década de los años setenta, pretendía hacer llegar agua a Sonora procedente de Sinaloa y, más recientemente, se ha contemplado a Nayarit… Sería, sin duda alguna, la magna obra que dejaría como pequeñas al Tren Maya y a la refinería de Dos Bocas… No solo eso… La historia reciente nos dice que el sinaloense no está dispuesto a dar agua a Sonora y eso ya lo convierte en un problema político, por encima de cualquier viabilidad técnica y financiera… ¡Por Dios!, aquí en Sonora se dividió el Estado entre el norte y el sur por la construcción del acueducto Independencia… Obregón se negó a dar agua a Hermosillo… Luego entonces, lo más sensato es reconocer el problema de la sequía, admitir que no estamos preparados para afrontarla y que lo menos recomendable es admitir las ocurrencias.
Congreso del Estado: Kiki y Kiko
EL PRI-Sonora se quedó sin un solo diputado en el Congreso del Estado luego que se “bajaron de ese barco al sentir que naufragaba” Karina Zárate, Ely Sallard, Natalia Rivera y Ernesto de Lucas… Pues resulta que al solicitar licencia Natalia Rivera para buscar la presidencia municipal de Hermosillo, su suplente, Kiki Díaz Brown, ha tenido que sudar la gota gorda para ser llamada a rendir protesta, junto con otros cuatro casos más… Pero la llegada de “Kiki” al Congreso, reviste cierta importancia porque sería un voto auténticamente del PRI… Ella incluso, es candidata a una diputación local por su tierra, Ciudad Obregón, lo que no es impedimento alguno para asumir su silla en la Legislatura local… Pero se encontró con un obstáculo con el nombre de diputado Ernesto Roger Munro López, “Kiko”, presidente de la comisión de régimen interno y concertación política y miembro del Partido Encuentro Solidario (afín a MORENA), quien tardó lo más que pudo so pretexto de que debería de contar con un dictamen del Instituto Estatal Electoral o del Tribunal Estatal Electoral para llamar a esos suplentes para tomarles la protesta de rigor… La verdad es que podía haber obviado tal requisito… El diputado “Kiko” debió llamar de inmediato a los suplentes… Es facultad… “Kiki” acudió al árbitro electoral demandando agresión en razón de género… Este lunes los cinco suplentes ingresarán formalmente al Congreso del Estado…
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
