OPINIÓN
Estados Unidos aplaudió al Poder Judicial Federal, «garante» de la democracia
Columna Invitada, por Francisco Javier Ruiz Quirrín //
LO QUE EVITÓ que López Obrador y su “cuarta transformación” impusiera durante su sexenio una dictadura, fueron dos aspectos. El primero, el Poder Judicial Federal que nomás no pudo controlar a través de su ministra incondicional, Yasmín Esquivel y la alianza PAN-PRI-PRD que en los comicios electorales del año 2021 frustraron para MORENA el control del Congreso de la Unión, al no obtener mayoría calificada (las dos terceras partes del total de sus integrantes) tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Este escenario ha continuado, lo que ha provocado en varias ocasiones la ira presidencial y una andanada de ataques desde el púlpito de palacio nacional, a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con excepción de la mencionada ministra Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, incondicionales del Presidente.
La renuncia fuera de la Ley (no había causa grave para el retiro) y con propósitos perversos del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, contempla dos propósitos. El primero, que en diciembre venidero, Claudia Sheinbaum, ya convertida en presidenta de México, designe a un nuevo ministro de la Corte, incondicional y con ello sume cuatro ministros aliados. De esta manera se obtendría el control del Poder Judicial Federal para la aprobación de ciertas iniciativas presidenciales.
El segundo propósito de Zaldívar al integrarse al equipo de la candidata oficial, es la elaboración del nuevo proyecto de nación a imponerse durante el sexenio 2024-2030, mismo que contempla las iniciativas con reformas constitucionales para perfeccionar el control único sobre todos los demás del Poder Ejecutivo Federal y la elaboración de un proyecto de nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el sentido socialista en la que el ciudadano quedaría sujeto al gobierno, así como la propiedad privada.
Ante esta situación, real, no puede dejarse de observar la visita que el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, realizara a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual éste último aplaudió a la independencia del Poder Judicial como un “garante de la democracia”.
Dos semanas después, de manera anónima, se hace llegar un documento a la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, con todo un expediente, bien documentado, de la corrupción propiciada por Zaldívar como presidente de la Corte, incluidos testimoniales, nombres y apellidos de sus hombres de confianza, a través de los cuales ejerció presión para influir en un determinado sentido las sentencias emitidas por jueces y magistrados.
Al mismo tiempo, da la cara una magistrada de un Tribunal Colegiado en Zapopan, Jalisco -Elba Sánchez Pozos- quien le revela al periodista López Dóriga que presentará una denuncia formal contra Zaldívar y su gente porque en su momento “fui agredida en mi independencia y mi investidura a través de la Unidad de Investigación de Responsabilidades del Poder Judicial, a cargo de Carlos Alpízar”, no sin antes señalar que el primer funcionario de dicha Unidad que la agredió fue Gustavo Rómulo Salas Chávez, el mismo que ahora firma como Fiscal General de Justicia en Sonora.
La investigación que ahora encabeza la ministra Piña Hernández contra Zaldívar, no tiene precedente en la historia del Poder Judicial Federal en México ni tampoco dentro de la política nacional por lo menos en el último siglo.
El hecho es que, aunque sea anónimo, en el documento enviado a la ministra presidenta de la Suprema Corte se encontraron elementos para abrir una investigación, con la cual, se cuestiona la moralidad y actos constitutivos de corrupción por quien está ahora encargado de elaborar el proyecto jurídico de la nueva nación mexicana, en un escenario donde MORENA gane no solo la Presidencia de la República este 2 de Junio, sino también la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.
Resulta por demás evidente, que una gran fuerza está operando para evitar la imposición de una dictadura y, sobre todo, evitar a toda costa que el Poder Ejecutivo Federal controle al Poder Judicial Federal, porque si esto último se da, nos olvidaremos del México que hemos conocido siempre, dentro de un régimen democrático y republicano.
¿Un reproche presidencial a la candidata Sheinbaum?
REITERADO y demostrado: El primer debate presidencial provocó en López Obrador un gran disgusto y no solo porque Claudia Sheinbaum no pudo sacar adelante el compromiso, sino porque no hubo defensa alguna de la “cuarta transformación”… “La narrativa fue impuesta por el bloque conservador… Según esto, nosotros no hemos hecho nada”, reviró el Presidente en su mañanera del martes, apenas unas horas después de haber admitido que las cosas iban “perfectamente bien” al conocer los primeros resultados del “encontronazo” Claudia-Xóchitl… Si alguien le “calentó” la cabeza a AMLO no lo podemos saber… Lo único que sí podemos asegurar –porque él mismo no lo ocultó- es su disgusto con la propia candidata presidencial… Hubiera querido una defensa mayor del gobierno de la “4-T” reconociendo lo que se ha hecho, pero ante los cuestionamientos de Xóchitl, para el Presidente, las respuestas y reacciones de doña Claudia no fueron las más adecuadas… Y, a la moda, culpó a todos los medios de comunicación que destacaron los errores y ataques a su gobierno…
A estas alturas, desde Palacio Nacional se influirá mucho más en esta campaña presidencial, convencidos de que Juan Pueblo en realidad apoya al Presidente, porque si doña Sheinbaum fuera sola, la derrota estuviera en su horizonte este 2 de junio… Todo puede suceder, incluso la probabilidad de que AMLO se decepcione de su candidata como en el pasado algunos presidentes lo hicieron… Gustavo Díaz Ordaz con Luis Echeverría y éste último con José López Portillo… Aquellos no tomaron una decisión fatal, pero López Obrador no es igual que ellos.
La UniSon, fuera del contexto político-electoral
LOS TIEMPOS cambian y el ejercicio de la democracia ha llegado a las universidades de México, pero nuestra Universidad de Sonora está lejos de alcanzar ese nivel… Las candidatas y el candidato a la Presidencia han sostenido serios debates ante los estudiantes de varias universidades… Xóchitl Gálvez, incluso se lanzó a la “Ibero” para tratar de superar lo alcanzado por Enrique Peña Nieto, quien tuvo que huir del asedio estudiantil en una visita que abandonó a través de los baños de la institución… La candidata opositora a MORENA recibió varios ataques, pero al final se ganó los aplausos de los asistentes… Jorge Álvarez Máynez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, también ha convivido y debatido temas con estudiantes de las principales casas de estudio del país y no le ha ido mal… Hasta la señora Sheinbaum se ha animado a visitar esos auditorios… Sin embargo, en Sonora, la máxima casa de estudios y otras instituciones de educación superior, conservan el “tabú” de evitar las visitas de candidatas y candidatos en campaña, quizá porque sus autoridades no quieren “correr el riesgo” de alborotar a una población joven que se apasiona con la política, los partidos políticos y las ideas, digamos, “revolucionarias”… Solo en la Alma Mater hay cerca de 40 mil estudiantes y el ejercicio de la participación y contacto con candidatas y candidatos, abundaría en la formación humanista de las y los muchachos… Ha trascendido en el caso de la rectora de la Universidad de Sonora, Rita Plancarte, que ha determinado no recibir la visita de ningún actor político en campaña… Y esta actitud es un ejemplo a seguir para directivos de otras instituciones… Se considera que esta decisión coloca a Sonora en el contexto de una cultura primitiva y “aldeana”… Si el concepto de Universidad contempla la “universalidad de ideas” y en nuestros centros de enseñanza se están preparando las y los sonorenses que estarán al frente de los gobiernos e instituciones dentro de unos cuantos años, ¿cómo negarle la oportunidad de confrontar a quienes pretenden ahora alcanzar el poder público?… Esperemos que pronto la mentalidad rústica de quienes están al frente de las instituciones de educación superior en Sonora, sea superada por el arrojo y el deseo por hacer historia con una generación juvenil que no se puede dar el lujo de ver pasar su vida de preparación y formación académica, sentada desde una banqueta, viendo el desfile de los más preparados…. Y, para colmo, en medio de una huelga que con más sensibilidad se hubiese evitado.
Sonora tendrá sed
LA SEQUÍA en un problema añejo que padecemos en Sonora y habrá qué admitir que para beber agua y utilizarla en nuestros campos agrícolas necesitamos que llueva… Pero a esa tradición seca de una entidad desértica, se añade ahora el efecto de un cambio climático que- dígase lo que se diga- en los hechos, está presente con fenómenos meteorológicos inesperados… Tenemos años no solo en México sino en el mundo, con el abatimiento de los mantos acuíferos… Las presas se están secando y muchas de ellas se han convertido en vasos donde se introducen “popotes” que consumen cada vez más su capacidad… En Sonora, las presas más grandes están semivacías… Ante este escenario, quienes deben de atender el problema son los expertos, los técnicos, los que primero deberán lograr proyectos viables, en tanto los gobernantes tienen la obligación de gestionar y conseguir los recursos necesarios para garantizar el vital líquido a la población y al sector productivo… Los políticos son muy importantes en este manejo, porque el trasladar agua de una región a otra siempre genera inconformidades y el asunto se vuelve un conflicto social… Total, el agua es un problema tan serio que es un riesgo dejarlo solo a las ocurrencias de los políticos que no fundamentan sus propósitos en proyectos técnica y financieramente viables… Podría presentarse una gran voluntad y el deseo de hacer algo en grande… Ante esto el viejo proyecto del Plan Hidráulico del Noroeste ha regresado a la escena… Creado a inicios de la década de los años setenta, pretendía hacer llegar agua a Sonora procedente de Sinaloa y, más recientemente, se ha contemplado a Nayarit… Sería, sin duda alguna, la magna obra que dejaría como pequeñas al Tren Maya y a la refinería de Dos Bocas… No solo eso… La historia reciente nos dice que el sinaloense no está dispuesto a dar agua a Sonora y eso ya lo convierte en un problema político, por encima de cualquier viabilidad técnica y financiera… ¡Por Dios!, aquí en Sonora se dividió el Estado entre el norte y el sur por la construcción del acueducto Independencia… Obregón se negó a dar agua a Hermosillo… Luego entonces, lo más sensato es reconocer el problema de la sequía, admitir que no estamos preparados para afrontarla y que lo menos recomendable es admitir las ocurrencias.
Congreso del Estado: Kiki y Kiko
EL PRI-Sonora se quedó sin un solo diputado en el Congreso del Estado luego que se “bajaron de ese barco al sentir que naufragaba” Karina Zárate, Ely Sallard, Natalia Rivera y Ernesto de Lucas… Pues resulta que al solicitar licencia Natalia Rivera para buscar la presidencia municipal de Hermosillo, su suplente, Kiki Díaz Brown, ha tenido que sudar la gota gorda para ser llamada a rendir protesta, junto con otros cuatro casos más… Pero la llegada de “Kiki” al Congreso, reviste cierta importancia porque sería un voto auténticamente del PRI… Ella incluso, es candidata a una diputación local por su tierra, Ciudad Obregón, lo que no es impedimento alguno para asumir su silla en la Legislatura local… Pero se encontró con un obstáculo con el nombre de diputado Ernesto Roger Munro López, “Kiko”, presidente de la comisión de régimen interno y concertación política y miembro del Partido Encuentro Solidario (afín a MORENA), quien tardó lo más que pudo so pretexto de que debería de contar con un dictamen del Instituto Estatal Electoral o del Tribunal Estatal Electoral para llamar a esos suplentes para tomarles la protesta de rigor… La verdad es que podía haber obviado tal requisito… El diputado “Kiko” debió llamar de inmediato a los suplentes… Es facultad… “Kiki” acudió al árbitro electoral demandando agresión en razón de género… Este lunes los cinco suplentes ingresarán formalmente al Congreso del Estado…
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
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