OPINIÓN
Grave problemática del Poder Judicial: Carece de patrimonio propio
Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez //
Quienes han tenido la necesidad de acudir a un juzgado local o a una sala colegiada de segunda instancia podrán confirmar que desde siempre, las instalaciones con las que cuenta el Poder Judicial son pequeñas, limitadas y precarias.
En materia penal se está en el cuarto año de un cambio de sistema que trajo consigo además la necesidad de modificar las instalaciones de los juzgados para adaptarlos a la nueva composición de su personal y a la operación de la oralidad en salas con equipamiento especializado en audio y video, en distribuciones y dimensiones especiales y de materiales específicos, según las disposiciones emitidas al efecto.
Para estar atendiendo la reforma en tiempo, el Poder Ejecutivo debió aportar apresuradamente los recursos presupuestales necesarios para la construcción de dichas salas de enjuiciamiento y la adecuación y equipamiento de los espacios disponibles para las oficinas del personal judicial no solo de la zona metropolitana sino de los juzgados regionales.
La premura con la que fueron construidas y adaptadas las salas de enjuiciamiento dejó algunas deficiencias que no han podido ser resueltas, no solo de instalaciones con filtraciones y fallas eléctricas, también de sistemas de registro audiovisual, además de resultar ya insuficientes para el número de audiencias que con el nuevo sistema penal ya en marcha se han venido incrementando al grado de tener saturadas las agendas de utilización.
En ese sentido, gradualmente se ha estado migrando del sistema tradicional penal al nuevo sistema acusatorio con nuevas y diferentes instalaciones, debiendo dejar funcionando aún algunos juzgados penales tradicionales para que concluyan los procesos del anterior sistema en conjunto con los de Ejecución de Penas, a los que les urge una remodelación y acondicionamiento en general.
Por su parte, los juzgados en materia civil, familiar y mercantil tradicional y oral de la zona metropolitana, fueron concentrados en la denominada Ciudad Judicial, un proyecto largamente anhelado que tuvo un infructuoso camino desde su inicio hasta su habilitación y entrega.
El proceso de construcción de la Ciudad Judicial es una nítida representación de las dificultades que ha enfrentado desde siempre el Poder Judicial del Estado de Jalisco para contar con una infraestructura inmobiliaria digna, adecuada y suficiente que dé cabida a los tribunales de primera y segunda instancia en condiciones de eficiencia y dignidad para los servidores públicos y los usuarios de los servicios de impartición de justicia.
Las deplorables condiciones en que se asentaban los juzgados civiles, familiares y mercantiles de la zona metropolitana de Guadalajara, motivaron la gestión de un visionario proyecto que se planeó desde la administración del Gobernador Francisco Ramírez Acuña entre los años dos mil uno y dos mil seis, que la primera piedra la colocara su sucesor y gobernador interino Gerardo Octavio Solís Gómez en el año dos mil siete y no obstante la fuerte inversión de recursos en el periodo del mandatario Emilio González Márquez, fue hasta la administración del Gobernador Aristóteles Sandoval, específicamente el día 26 de agosto del año 2013, cuando se logró utilizar parte de la obra, inspirada, por cierto, en el modelo de la Ciudad Judicial del Poder Judicial de la Federación ubicada también en el predio “El Bajío”.
Con la habilitación de la magna obra, se dio fin al calvario en que operaban los juzgadores de primera instancia, hacinados en casonas viejas del centro de la ciudad, en las que ni siquiera puede decirse que hubieran sido acondicionadas para funcionar como oficinas, más bien apenas preparadas para colocar los escritorios y una que otra silla entre montones de expedientes apilados y en ocasiones hasta utilizados por los litigantes y usuarios como asientos para esperar el desahogo de alguna audiencia.
LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD JUDICIAL
Por esos motivos, la Ciudad Judicial fue un proyecto largamente anhelado por la judicatura en el que participaron, gestionando arduamente, varios presidentes del Poder Judicial ante los diversos titulares del Ejecutivo en turno, siendo en la administración del Gobernador Emilio González Márquez, donde se retomó el proyecto y realizó a la par gestiones con los municipios para ubicar los predios que mejor convinieran para la obra, siendo su actual ubicación en Zapopan, la que mejor favorecía en ese entonces.
Siendo un proyecto de largo alcance, su construcción demoró varios años, en los que se invirtieron varios cientos de millones de pesos, financiados por el Gobierno del Estado de Jalisco, dado que el Poder Judicial no tiene los recursos económicos para una obra de esa envergadura.
La aplicación del dinero presupuestado corrió en su totalidad a cargo de las dependencias del Poder Ejecutivo, esto es, a las Secretarías de Desarrollo Urbano, Secretaría de Administración y la Secretaría de Finanzas, quienes llevaron a cabo todos los procesos de licitación, su documentación y pago correspondiente, sin ingresar un solo peso a las cuentas del Poder Judicial, a quienes solo se les permitió participación con voz en algunos de los proyectos de distribución y diseño.
El predio y la obra son propiedad del Gobierno del Estado, quien a través del Poder Ejecutivo lo entregó en comodato al Poder Judicial en 2012, albergando a la totalidad de juzgados en materia civil, mercantil y familiar e incluso actualmente a los nuevos juzgados de oralidad en materia mercantil y auxiliares de la zona metropolitana.
UN TERCER PISO INCONCLUSO
Las instalaciones tienen un tercer piso inconcluso y áreas previstas para la concesión de servicios públicos como papelerías o restaurantes, así como servicios privados que aún no se implementan, dado que presupuestalmente es un proyecto inalcanzable para el Poder Judicial sin el apoyo del Ejecutivo, no obstante haber sido planteado en ya varios proyectos de presupuesto anuales.
Se ha dicho en los diversos medios de comunicación que las instalaciones de la Ciudad Judicial representan un riesgo para quienes la utilizan dado que las grietas de los pisos, la rotura de vidrios y diversas oxidaciones de metales hacen suponer que se ha estado moviendo y hundiendo por lo que frecuentemente es materia de revisiones por peritos oficiales que hasta la fecha han despejado las dudas de riesgo, sin embargo, lo que permanece son los levantamientos de lozas, los baños clausurados por falta de reparación y otros desperfectos que por añejos se han convertido ya en parte del paisaje al que se han acostumbrado ya tanto empleados como usuarios.
Sin embargo, los juzgados ubicados en el interior del Estado son motivo de un análisis diferente, porque en el área metropolitana los juzgados se ubican, como ya se enunció, en inmuebles aportados por el Poder Ejecutivo sea en el núcleo penitenciario o en la denominada Ciudad Judicial, lo que no acontece en los municipios donde se ubican los juzgados foráneos, de los que en su mayoría debe pagarse renta o ajustarse a los espacios prestados por las autoridades municipales y en casos de los juzgados menores y de paz en su mayoría no cuentan con espacios para oficina por lo que se utilizan las casas y recursos particulares de los encargados.
LOS INGRESOS PRESUPUESTALES
La insuficiencia de los ingresos presupuestales del Poder Judicial para la adquisición, adecuación y mantenimiento de su infraestructura, se ve reflejado especialmente en las condiciones que tienen los juzgados foráneos, que funcionan en espacios adaptados y reducidos, sin mantenimiento oportuno, sujetos a la negociación con los propietarios en su caso o a los vaivenes de las representaciones políticas locales en turno.
En segunda instancia, las circunstancias son similares, porque a pesar de la previsión constitucional, no se han implementado salas colegiadas regionales de apelación por falta de recursos económicos, lo que lleva a que los once tribunales colegiados de alzada y sus estructuras administrativas se ubiquen solo en dos edificios del centro históricos de la capital del Estado, en el que se aprovechan al máximo los espacios, compartiendo mobiliario modular y utilizando hasta los pasillos para completar las funciones jurisdiccionales de notificación y oficialía de partes, resultando aun así, evidentemente insuficientes para el trabajo de estudio y análisis que debe realizarse en las mejores condiciones ambientales posibles.
Como es claro, en materia de infraestructura el Poder Judicial de Jalisco, acusa serias deficiencias que impiden su adecuado desempeño, la falta de recursos para la consolidación de su patrimonio y para la adecuación y mantenimiento de los espacios que actualmente ocupa, lo han llevado a depender inexorablemente de otros poderes incluso para hacer frente a las reformas constitucionales que le asignan nuevas materias pero sin el correspondiente fondeo presupuestal.
Para el Modelo de Gobernanza Judicial que se propone, es obligado generar y articular un entorno institucional que sea acorde a las necesidades y a los tiempos que exigen aumentar los estándares de calidad en la prestación de servicios fundamentales como lo es el de impartir justicia.
UN PRESUPUESTO PLURIANUAL
Lo que es factible a través de la gestión y en su momento la aprobación de un presupuesto plurianual que gradualmente le permita hacerse de sus propios inmuebles y dejar de pagar millonarias cantidades por renta de oficinas disminuyendo al mismo tiempo la posibilidad de injerencias insanas.
Necesita de inmediato, de un amplio proyecto de remodelación y adecuación de espacios que, apoyado incluso por las dependencias especializadas del Ejecutivo del Estado, le permita estar a la vanguardia en la impartición de justicia y facilitar la labor del Poder Judicial.
Urge fortalecer la concentración de los órganos jurisdiccionales, instituciones administrativas y de formación en un sólo lugar, con el fin de agilizar la gestión y el desempeño de los jueces, abogados y que los ciudadanos tengan acceso a la justicia pronta, expedita, completa e imparcial que consagra la constitución. La Ciudad Judicial es una obra que ha sido materia de muchas historias que atienden al interés político y personal de quien las emite, pero en la práctica representa un gran avance para la administración de justicia al permitirle al Poder Judicial contar con instalaciones amplias, funcionales y transparentes, aunque falta como ya se dijo, concluir la construcción del tercer nivel, estructurar un adecuado modelo de gestión de su mantenimiento a través del aprovechamiento de las áreas comerciales y de servicios, así como complementarla con un eficiente programa de modernización y dignificación permanente de equipos informáticos y bienes muebles.
Es urgente rescatar del abandono en el que se tiene a los juzgados foráneos de Primera Instancia, Menores y de Paz, tanto en materia de infraestructura como de equipamiento.
El sistema de archivo de expedientes, que se encuentra virtualmente rebasado y en algunos casos, colapsado, obliga a la implementación inmediata de un sistema de digitalización, definiendo los criterios de conservación, depuración y destrucción de expedientes y que se acompañe además por una red de archivos regionales para evitar que se concentren únicamente en la capital del Estado.
Se requiere crear una planificación estratégica para la implementación de las salas regionales de segunda instancia en los municipios más idóneos que permitan su completo aprovechamiento.
Desde luego que hay otras alternativas viables y oportunas, por ello es que queda abierta la página web www.gobernanzajudicial-jalisco.mx para recibir sus comentarios, críticas y aportaciones.
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
Checo Pérez cerca de volver a la F1 con Cadillac como piloto en 2026
Gobierno de México presenta plataforma para conocer abasto de medicamentos
«Firme, gobernador» piden PT y colectivos para respaldar a las personas con discapacidad
Real Madrid entrena con alma blanca a la niñez de Jalisco
