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OPINIÓN

Grave problemática del Poder Judicial: Carece de patrimonio propio

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Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez //

Quienes han tenido la necesidad de acudir a un juzgado local o a una sala colegiada de segunda instancia podrán confirmar que desde siempre, las instalaciones con las que cuenta el Poder Judicial son pequeñas, limitadas y precarias.

En materia penal se está en el cuarto año de un cambio de sistema que trajo consigo además la necesidad de modificar las instalaciones de los juzgados para adaptarlos a la nueva composición de su personal y a la operación de la oralidad en salas con equipamiento especializado en audio y video, en distribuciones y dimensiones especiales y de materiales específicos, según las disposiciones emitidas al efecto.

Para estar atendiendo la reforma en tiempo, el Poder Ejecutivo debió aportar apresuradamente los recursos presupuestales necesarios para la construcción de dichas salas de enjuiciamiento y la adecuación y equipamiento de los espacios disponibles para las oficinas del personal judicial no solo de la zona metropolitana sino de los juzgados regionales.

La premura con la que fueron construidas y adaptadas las salas de enjuiciamiento dejó algunas deficiencias que no han podido ser resueltas, no solo de instalaciones con filtraciones y fallas eléctricas, también de sistemas de registro audiovisual, además de resultar ya insuficientes para el número de audiencias que con el nuevo sistema penal ya en marcha se han venido incrementando al grado de tener saturadas las agendas de utilización.

En ese sentido, gradualmente se ha estado migrando del sistema tradicional penal al nuevo sistema acusatorio con nuevas y diferentes instalaciones, debiendo dejar funcionando aún algunos juzgados penales tradicionales para que concluyan los procesos del anterior sistema en conjunto con los de Ejecución de Penas, a los que les urge una remodelación y acondicionamiento en general.

Por su parte, los juzgados en materia civil, familiar y mercantil tradicional y oral de la zona metropolitana, fueron concentrados en la denominada Ciudad Judicial, un proyecto largamente anhelado que tuvo un infructuoso camino desde su inicio hasta su habilitación y entrega.

El proceso de construcción de la Ciudad Judicial es una nítida representación de las dificultades que ha enfrentado desde siempre el Poder Judicial del Estado de Jalisco para contar con una infraestructura inmobiliaria digna, adecuada y suficiente que dé cabida a los tribunales de primera y segunda instancia en condiciones de eficiencia y dignidad para los servidores públicos y los usuarios de los servicios de impartición de justicia.

Las deplorables condiciones en que se asentaban los juzgados civiles, familiares y mercantiles de la zona metropolitana de Guadalajara, motivaron la gestión de un visionario proyecto que se planeó desde la administración del Gobernador Francisco Ramírez Acuña entre los años dos mil uno y dos mil seis, que la primera piedra la colocara su sucesor y gobernador interino Gerardo Octavio Solís Gómez en el año dos mil siete y no obstante la fuerte inversión de recursos en el periodo del mandatario Emilio González Márquez, fue hasta la administración del Gobernador Aristóteles Sandoval, específicamente el día 26 de agosto del año 2013, cuando se logró utilizar parte de la obra, inspirada, por cierto, en el modelo de la Ciudad Judicial del Poder Judicial de la Federación ubicada también en el predio “El Bajío”.

Con la habilitación de la magna obra, se dio fin al calvario en que operaban los juzgadores de primera instancia, hacinados en casonas viejas del centro de la ciudad, en las que ni siquiera puede decirse que hubieran sido acondicionadas para funcionar como oficinas, más bien apenas preparadas para colocar los escritorios y una que otra silla entre montones de expedientes apilados y en ocasiones hasta utilizados por los litigantes y usuarios como asientos para esperar el desahogo de alguna audiencia.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD JUDICIAL

Por esos motivos, la Ciudad Judicial fue un proyecto largamente anhelado por la judicatura en el que participaron, gestionando arduamente, varios presidentes del Poder Judicial ante los diversos titulares del Ejecutivo en turno, siendo en la administración del Gobernador Emilio González Márquez, donde se retomó el proyecto y realizó a la par gestiones con los municipios para ubicar los predios que mejor convinieran para la obra, siendo su actual ubicación en Zapopan, la que mejor favorecía en ese entonces.

Siendo un proyecto de largo alcance, su construcción demoró varios años, en los que se invirtieron varios cientos de millones de pesos, financiados por el Gobierno del Estado de Jalisco, dado que el Poder Judicial no tiene los recursos económicos para una obra de esa envergadura.

La aplicación del dinero presupuestado corrió en su totalidad a cargo de las dependencias del Poder Ejecutivo, esto es, a las Secretarías de Desarrollo Urbano, Secretaría de Administración y la Secretaría de Finanzas, quienes llevaron a cabo todos los procesos de licitación, su documentación y pago correspondiente, sin ingresar un solo peso a las cuentas del Poder Judicial, a quienes solo se les permitió participación con voz en algunos de los proyectos de distribución y diseño.

El predio y la obra son propiedad del Gobierno del Estado, quien a través del Poder Ejecutivo lo entregó en comodato al Poder Judicial en 2012, albergando a la totalidad de juzgados en materia civil, mercantil y familiar e incluso actualmente a los nuevos juzgados de oralidad en materia mercantil y auxiliares de la zona metropolitana.

UN TERCER PISO INCONCLUSO

Las instalaciones tienen un tercer piso inconcluso y áreas previstas para la concesión de servicios públicos como papelerías o restaurantes, así como servicios privados que aún no se implementan, dado que presupuestalmente es un proyecto inalcanzable para el Poder Judicial sin el apoyo del Ejecutivo, no obstante haber sido planteado en ya varios proyectos de presupuesto anuales.

Se ha dicho en los diversos medios de comunicación que las instalaciones de la Ciudad Judicial representan un riesgo para quienes la utilizan dado que las grietas de los pisos, la rotura de vidrios y diversas oxidaciones de metales hacen suponer que se ha estado moviendo y hundiendo por lo que frecuentemente es materia de revisiones por peritos oficiales que hasta la fecha han despejado las dudas de riesgo, sin embargo, lo que permanece son los levantamientos de lozas, los baños clausurados por falta de reparación y otros desperfectos que por añejos se han convertido ya en parte del paisaje al que se han acostumbrado ya tanto empleados como usuarios.

Sin embargo, los juzgados ubicados en el interior del Estado son motivo de un análisis diferente, porque en el área metropolitana los juzgados se ubican, como ya se enunció, en inmuebles aportados por el Poder Ejecutivo sea en el núcleo penitenciario o en la denominada Ciudad Judicial, lo que no acontece en los municipios donde se ubican los juzgados foráneos, de los que en su mayoría debe pagarse renta o ajustarse a los espacios prestados por las autoridades municipales y en casos de los juzgados menores y de paz en su mayoría no cuentan con espacios para oficina por lo que se utilizan las casas y recursos particulares de los encargados.

LOS INGRESOS PRESUPUESTALES

La insuficiencia de los ingresos presupuestales del Poder Judicial para la adquisición, adecuación y mantenimiento de su infraestructura, se ve reflejado especialmente en las condiciones que tienen los juzgados foráneos, que funcionan en espacios adaptados y reducidos, sin mantenimiento oportuno, sujetos a la negociación con los propietarios en su caso o a los vaivenes de las representaciones políticas locales en turno.

En segunda instancia, las circunstancias son similares, porque a pesar de la previsión constitucional, no se han implementado salas colegiadas regionales de apelación por falta de recursos económicos, lo que lleva a que los once tribunales colegiados de alzada y sus estructuras administrativas se ubiquen solo en dos edificios del centro históricos de la capital del Estado, en el que se aprovechan al máximo los espacios, compartiendo mobiliario modular y utilizando hasta los pasillos para completar las funciones jurisdiccionales de notificación y oficialía de partes, resultando aun así, evidentemente insuficientes para el trabajo de estudio y análisis que debe realizarse en las mejores condiciones ambientales posibles.

Como es claro, en materia de infraestructura el Poder Judicial de Jalisco, acusa serias deficiencias que impiden su adecuado desempeño, la falta de recursos para la consolidación de su patrimonio y para la adecuación y mantenimiento de los espacios que actualmente ocupa, lo han llevado a depender inexorablemente de otros poderes incluso para hacer frente a las reformas constitucionales que le asignan nuevas materias pero sin el correspondiente fondeo presupuestal.

Para el Modelo de Gobernanza Judicial que se propone, es obligado generar y articular un entorno institucional que sea acorde a las necesidades y a los tiempos que exigen aumentar los estándares de calidad en la prestación de servicios fundamentales como lo es el de impartir justicia.

UN PRESUPUESTO PLURIANUAL

Lo que es factible a través de la gestión y en su momento la aprobación de un presupuesto plurianual que gradualmente le permita hacerse de sus propios inmuebles y dejar de pagar millonarias cantidades por renta de oficinas disminuyendo al mismo tiempo la posibilidad de injerencias insanas.

Necesita de inmediato, de un amplio proyecto de remodelación y adecuación de espacios que, apoyado incluso por las dependencias especializadas del Ejecutivo del Estado, le permita estar a la vanguardia en la impartición de justicia y facilitar la labor del Poder Judicial.

Urge fortalecer la concentración de los órganos jurisdiccionales, instituciones administrativas y de formación en un sólo lugar, con el fin de agilizar la gestión y el desempeño de los jueces, abogados y que los ciudadanos tengan acceso a la justicia pronta, expedita, completa e imparcial que consagra la constitución. La Ciudad Judicial es una obra que ha sido materia de muchas historias que atienden al interés político y personal de quien las emite, pero en la práctica representa un gran avance para la administración de justicia al permitirle al Poder Judicial contar con instalaciones amplias, funcionales y transparentes, aunque falta como ya se dijo, concluir la construcción del tercer nivel, estructurar un adecuado modelo de gestión de su mantenimiento a través del aprovechamiento de las áreas comerciales y de servicios, así como complementarla con un eficiente programa de modernización y dignificación permanente de equipos informáticos y bienes muebles.

Es urgente rescatar del abandono en el que se tiene a los juzgados foráneos de Primera Instancia, Menores y de Paz, tanto en materia de infraestructura como de equipamiento.

El sistema de archivo de expedientes, que se encuentra virtualmente rebasado y en algunos casos, colapsado, obliga a la implementación inmediata de un sistema de digitalización, definiendo los criterios de conservación, depuración y destrucción de expedientes y que se acompañe además por una red de archivos regionales para evitar que se concentren únicamente en la capital del Estado.

Se requiere crear una planificación estratégica para la implementación de las salas regionales de segunda instancia en los municipios más idóneos que permitan su completo aprovechamiento.

Desde luego que hay otras alternativas viables y oportunas, por ello es que queda abierta la página web www.gobernanzajudicial-jalisco.mx para recibir sus comentarios, críticas y aportaciones.

OPINIÓN

La decisión de Alfaro en el IPEJAL

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Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Un dilema como Gobernador de Jalisco enfrenta Enrique Alfaro, que es tener que tomar decisiones sobre el presente y futuro del Instituto de Pensiones del Estado, del que dependen 150 mil familias jaliscienses y que tiene un impacto en cerca de medio millón de personas, considerando los familiares de los pensionados, jubilados y trabajadores en activo.

El tema tiene que ver con el trabajo que viene realizando la actual directiva del instituto, encabezada por su Director General Iván Argüelles al que a juzgar por la situación que viven los 38 mil pensionados en materia de servicios médicos deficientes y desabasto de medicinas.

Todo parece indicar que existe un desorden administrativo que puede generar una crisis en Pensiones del Estado a corto plazo si no se toman las medidas que la situación exige, toda vez que su actual director general parece que no puede con la operación de este organismo.

AQUEL COMPROMISO DE ALFARO

En la edición de hoy de nuestro semanario se recuerda aquel compromiso que asumió el Gobernador Enrique Alfaro el 27 de julio del 2019 de que arreglaría Pensiones para que funcione bien. El Gobernador así lo dijo: “Por primera vez, vamos a lograr que lo que está sucediendo en Pensiones y lo que va a suceder, va a ser un asunto que vamos a platicar de frente con los trabajadores, no se van a tomar las decisiones nada más en un pequeño comité a espaldas de quienes aportan con su trabajo”.

Y fue ese día en el que el Gobernador Alfaro anunció la creación del Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas del IPEJAL, mismo que oficialmente se integraría el 21 de octubre de 2019, o sea ha transcurrido poco más de un año de su instalación y que tendría como función la transparencia y rendición de cuentas a los trabajadores, conforme así lo determinó el propio Alfaro.

Este Comité de Vigilancia está integrado por los representantes de cuatro federaciones, la asociación de pensionados y jubilados, al igual que una representación del Gobierno.

Se dijo que el Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas tendría acceso a toda la información, que ya no se ocultaría para que los trabajadores tengan las puertas abiertas y las cuentas abiertas de ese fondo de decenas de miles de millones de pesos que es de los trabajadores.

La dirigente de la Federación Democrática de los Trabajadores de Jalisco, Martha Elia Naranjo sería la primer presidenta del Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas al ser electa por un periodo de tres años. Ha pasado un año y la frustración se apodera de este Comité cuando aquel compromiso del Gobernador Alfaro de transparentar la información de IPEJAL no se ha hecho realidad, ya que los diversos representantes de Comisiones de este Comité lo que han encontrado son candados que les impiden tener acceso a esta información.

La información que fueron solicitando a las diversas direcciones y departamentos de IPEJAL se las han dado a cuenta gotas, incompleta y escueta, conforme lo denuncia Matha Elia Naranjo en entrevista que se publica en esta edición de Conciencia. “Cuando nosotros tomamos esta responsabilidad por sentido común lo que quisimos hacer es saber dónde estábamos parados, poder tener un diagnóstico un poco más claro y más certero”.

El asunto es que la gente de Ivan Argüelles no soltó prenda, como si se tratara información de seguridad nacional, en tanto los problemas de la dependencia en vez de resolverse tienden a agudizarse, como sucede con el tema del abastecimiento de medicamentos, que a más de 20 meses de estar al frente del instituto no lo han podido resolver y la culpa se la están dirigiendo al Comité de Adquisiciones, integrado por representantes de los organismos privados que se convierten en juez y parte, lo cual si se quiere combatir la corrupción de fondo habría que sacar a los empresarios de estos comités de compra, quienes tienen la oportunidad y condiciones para servirse.

LA PREOCUPACIÓN DEL GOBERNADOR

La presidenta del Comité de Vigilancia aunque se resiste a señalarlo expresamente, señala entre líneas que la mala administración que enfrenta Ipejal es por falta de voluntad de su Director General y tal vez también de capacidad ya que le falta preparación, además de carecer de sensibilidad.

El tema ha llegado al Gobernador Alfaro, quien seguramente está preocupado por lo que está pasando en el IPEJAL y ha dejado en manos del Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra, revisar el problema que se vive con Iván Argüelles y que no sorprenda que el Ejecutivo tenga que hacer movimientos para evitar que Pensiones del Estado se convierta en un problema financiero de mayor proporción, derivado del error de haber puesto al frente de Pensiones a un político en lugar de un financiero administrador.

Creo que el Gobernador Alfaro no valoró en su momento la importancia de IPEJAL, ni lo complejo que es administrar un organismo de esta magnitud que ofrece servicios a 150 mil personas con sus familias. Las decisiones que tome tendrán que ser rápidas antes de que la máquina se desviele y le reviente a él dicho problema, porque finalmente los perfiles él los palomea.

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OPINIÓN

El rediseño del botón de emergencia

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Con todo respeto, por Jorge Zul de la Cueva //

Pareciera que el Gobierno de la Refundación de Jalisco se dedica a las mesas de reetiquetado de estrategias de comunicación disfrazadas de políticas de seguridad, económicas, a todas máquinas, o de salud. Sus políticas públicas son envases de la vacuidad, es decir comunicación a secas.

Así siento que sucede con el famoso botón de pánico cuyos indicadores cambian de manera sorpresiva y cuyas consecuencias no acabamos de conocer del todo.

El botón de pánico no es muy diferente, si lo pensamos, a La Trompeta del Juicio Final. A lo mejor se abre la tierra, a lo mejor el gobernador sale de Casa Jalisco para juzgar a contagiados y no contagiados y sentarse a la derecha de Krauze en una refundación que no tendrá fin, o tal vez sólo haya que poner una calca afuera de los negocios o un tapete. Lo importante es no hablar de lo que ya hartó y no funcionó.

Qué pena que el doctor Narro no haya salido a explicar nada salvo que el que explica todos los días lo hace soberanamente mal, me parece rarísimo que se anuncien grandes personajes y que desaparezcan porque no fueron rentables.

Ahora necesitamos refritear el botón porque ya no hay que hablar de pruebas y más pruebas. Para evitar preguntas lo mejor es aventar una novedad sobre la otra, un botón de temporada. Un botón totalmente palacio. Un botón de buen fin.

¿Para qué hacer un balance comparativo para saber si efectivamente el tema de las pruebas está funcionando? ¿Qué sabemos que no sabe la federación porque hicimos más pruebas? ¿Qué está mejor? ¿Cómo medimos eso? ¿Hay más o menos contagios en la Zona Chapultepec donde se instauró la medida epidemiológica vanguardista de clausurar camellones y permitir la apertura de cervecerías disfrazadas de restaurante?

Eso es justo lo que pasa cuando hay una estrategia de comunicación imperando en un problema de salud: “Miren estamos clausurando”.

Por eso hay muchas cosas que no me hacen sentido en este asunto de los nuevos parámetros del botón que incluyen deslinde y reparto de culpas según se lee en un documento con sellos oficiales intitulado “Rediseño del Botón de Emergencia” que circuló ayer entre dueños de negocios y que habla de la inminente aplicación de algo, pero no de lo que se dijo al principio, sino de una versión descafeinada de la amenaza original que no será un toque de queda sino cierres parciales durante ciertos horarios.

Esto además, no es cosa del gobierno, de hecho le duele más al gobierno que a los ciudadanos y estamos aquí porque en este periodo que duraría tan sólo cinco días y se prolongó un poco más de lo presupuestado, hubo irresponsables que no hicieron caso. Pero ¿No hicieron caso a qué?

Yo me pregunto si la desobediencia se dio durante la etapa de responsabilidad personal en la que el Gobernador de Jalisco señaló que al gobierno le tocaba aumentar la capacidad hospitalaria y que cada quién se hiciera bolas como pudiera o si fue durante la fase cero que nunca acabamos de entender o cuando había que salir al balcón a cantar Ay Jalisco no te rajes o si fue la semana pasada en la que sepa el cielo en qué etapa andábamos. Pero claramente eso es lo de menos. Lo que importa, muchachos, es que nos hicimos bolas de manera irresponsable y por eso tal vez van a apretar un botón de consecuencias variables que se basa en parámetros cambiantes.

En la página dos del documento se lee que “La información analizada demuestra que la transmisión sigue activa por dinámicas al interior de las casas y en las relaciones sociales de primer círculo (familiares y amistades) donde se relajan las medidas preventivas (uso de cubrebocas, distancia social e higiene de manos).

Es decir el problema ocurre en casa y no en lo público, es decir lo primero que decidieron desahogar en el documento, antes que un solo dato técnico corroborable, o una estadística mínima fue desmarcarse y señalar que el problema no es la calle sino la casa por lo que hay que limitar la actividad en la calle.

Yo sigo creyendo que si se trata de ocurrencias, sería más emocionante hacer una botómbola donde se cierren negocios, zonas y municipios de manera aleatoria, algo como un bingo en el que participen los alcaldes y ganen el derecho a seguir abiertos, algo que funcione en la televisión como un programa de concursos porque la neta sus políticas económicas de salud hasta como estrategias de comunicación están llenas de deficiencias y habría que refundarlas, lo digo con todo respeto.

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Incertidumbre continúa en Escuelas de Tiempo Completo

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Metástasis, por Flavio Mendoza //

El próximo martes 27 de octubre de 2020, está citada la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para la duodécima reunión ordinaria, en la que, entre los puntos del orden del día, está el número 9, para dar lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la federación par el ejercicio fiscal 2021. En el que seguramente se habrán de hacer los ajustes previamente acordados por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la misma Cámara.

Un día antes, este lunes a las 10:00 horas, la Alianza Federalista de los 10 Estados que salieron de la CONAGO habrán de fijar una postura con relación al Presupuesto 2021, lo que parece suponer que en la JUCOPO poco se pudo avanzar en negociaciones, posiblemente el proyecto de dictamen saldrá casi en los mismo términos en los que ingresó como iniciativa en el paquete fiscal.

Uno de los grandes damnificados ha sido el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), al que en este importante medio le he dado puntual seguimiento. En comparecencia el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, ante los senadores dijo que las Escuelas de Tiempo Completo no se eliminarían, sin embargo, entre su discurso y la decisión que se tomó por la mayoría en la Cámara de Diputados, existen preocupaciones de gran dimensión sobre el futuro de estas escuelas.

El secretario Moctezuma dijo que se asignarían los más de 5 mil millones de pesos que en el proyecto se asignaron de más al Programa la Escuela es Nuestra, mismos que en el presupuesto de este año 2020 correspondían a las Escuelas de Tiempo Completo. Sin embargo, ese presupuesto es insuficiente, es el mismo presupuesto que en este año tiene en serios problemas al programa, pues las escuelas en todo el país tuvieron que suspender al inicio de este nuevo ciclo en agosto y hasta diciembre por la falta de presupuesto para dicho periodo.

Es decir, que si se aprueba el mismo presupuesto para éste ciclo nuevamente se correrá el riesgo de tener déficit para cerrar el caño 2021. A menos que el Gobierno Federal esté pensando en que no se regresaría a clases presenciales hasta el próximo ciclo escolar 2021-2022.

Por otro lado, en entrevista el Secretario de Educación Pública dijo que el programa cambiaría sus reglas de operación y ahora pasaría al Programa La Escuela es Nuestra, sin embargo, este programa fue diseñado para el mantenimiento y rehabilitación de planteles escolares, el programa en su primer año benefició a un poco más de 51 mil escuelas, de 198,348 existentes en educación básica, es decir que por año alcanzan a beneficiar un 25%, esto le tomaría al Gobierno 4 años para poder llegar al 100% de las escuelas públicas. Por tanto, se tendría que cambiar los objetivos y las reglas de operación del Programa La Escuela Es Nuestra, para que se permita, del presupuesto, el subsidio para el servicio de alimentación y el pago de personal, pero además el recurso llegaría cada 5 años a un mismo plantel o se tendrían que considerar la entrega cada año de recursos a las mas de 27 mil escuelas de tiempo Completo.

Algo en lo dicho por el titular de la SEP sigue generando gran incertidumbre sobre el futuro de las Escuelas de Tiempo Completo, pero un inicio lo conoceremos la próxima semana.

Twitter: @FlavioMendozaNA

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