OPINIÓN
Jalarle los bigotes al león
Mujeres y Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Vaya que los a humanos nos gusta complicarnos la existencia. Y más a los poderosos que viven en un mundo de egolatría y soberbia. Hoy vemos una edición del segundo choque entre dos personajes que son actores fundamentales del ejercicio de la política en Jalisco, los más poderosos indudablemente que están en el ejercicio público, como son el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y el Jefe Político de los Leones Negros, Raúl Padilla López.
No es la primera ocasión que este tiro se da en esa relación de odio y amor, incubada desde mucho tiempo atrás, hace cerca de tres décadas cuando el licenciado Padilla fue rector de la UdeG al tomar la decisión de romper con el Grupo UdeG-FEG para estar en sintonía con los cambios que impulsaba el entonces joven Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
En la Universidad de Guadalajara se daba al mismo tiempo un cambio generacional con la llegada de Raúl Padilla, al romper con su padrino político ingeniero Álvaro Ramírez Ladewig, a quien en la capital del país lo veían como enemigo delñ regimen, por su dogmatismo ideológico, muy cargado a la izquierda.
Y en esa ruptura es afectado el rector saliente, Enrique Alfaro Anguiano, que formaba parte del grupo universitario que había detentado el poder durante las últimas décadas. Padilla con el apoyo del gobierno federal desató una cacería contra los principales actores de aquel grupo de poder. Incluso se giraron acusaciones penales y se giraron órdenes de aprehensión.
Don Enrique Alfaro Anguiano nunca más volvería a pisar el recinto de la Universidad de Guadalajara, vaya no fue ni al evento de develación de su pintura que queda para la historia en el Paraninfo Universitario por haber sido rector . El hoy Gobernador de Jalisco en ese tiempo era un adolescente, que al salir de preparatoria no pudo seguir su carrera en la UdeG, se tuvo que inscribir en el Iteso que es su Alma Mater.
POLVOS DE AQUELLOS LODOS
Durante las últimas tres décadas no se entiende a Jalisco sin la participación el licenciado Raúl Padilla López, un personaje con claroscuros, que le entiende a la política y que ha logrado sobrevivir a seis gobernadores, con cada uno de ellos ha tenido sus diferencias, con unos más, con otros menos, pero ninguno ha logrado doblarlo. Primero jugó vencidas con Carlos Rivera Aceves por la reforma a la Ley Orgánica Universitaria que se logró y que le dio la Autonomía a la UdeG.
Después tuvo sus diferencias con el Ing. Alberto Cárdenas Jiménez y con Francisco Ramírez Acuña, sin que llegara la sangre al río.
Con Emilio González Márquez se dio el choque de trenes, cuando éste, azuzado por su asesor de cabecera Herbert Taylor pretendió quitarle el poder a Padilla y entronizar al Rector General Carlos Briseño Torres, al dejarse seducir con el canto de las sirenas. Simplemente dejaron empinados a Briseño a quien el Consejo General Universitario lo destituyó y sus “amigos” ni las manos metieron. La depresión le ganó al ex rector, que tuvo un final muy triste y doloroso.
Finalmente Padilla y Emilio hicieron las pases para quedar superarado el conflicto.
La partida la ganó Padilla.
LA EMBESTIDA DE ALFARO
Ahora el Gobernador Enrique Alfaro que le gusta ponerse los guantes, se sube al ring contra el licenciado Padilla al darse el rompimiento después de estar aliados en los últimos cinco años. El pretexto son los 140 millones de pesos que Alfaro pretende reasignar del presupuesto universitario, sin haber hecho una negociación previa, como mostrando el afán de generar un conflicto.
¿A qué se atiene Alfaro? ¿Trae el apoyo del Presidente o siente que tiene el poder para cantarle un tiro y mostrar que el poder en Jalisco es él?
El argumento de que es tiempo de austeridad, de que es prioritario canalizar los recursos al tema de salud sobre el de un museo, no tiene sustento, cuando sabemos la forma unilateral en que el jefe del Poder Ejecutivo dispone de los recursos, como lo ha hecho con toda discrecionalidad el destino de los 6,200 millones de pesos de crédito que le autorizaron para enfrentar la pandemia, sin que definiera un plan concreto de inversión.
Y la mejor prueba de que hay tiro y aquí mando yo, fue la orden de desalojo que se ejecutó la pasada semana con la utilización de la fuerza pública en el llamado parque de “La resistencia de Huentitán”, donde acampaban estudiantes universitarios encabezados por el presidente de la FEU, Javier Armenta, lo cual fue calificado como un acto de represión al favorecerse a los intereses de la mafia inmobiliaria.
La situación se ha tornado tensa. El gobernador le ha jalado los bigotes a los Leones Negros, lo que presagia que vendrán tiempos de desestabilización y de no llegarse a una negociación, serán tiempos difíciles, ecología y medio ambiente se convertirán en el gran tema del debate público y que son precisamente uno de los flancos más débiles de este gobierno, cuya política ambiental es muy caótica al estar colgada de alfileres, ya que más allá del discurso, existe no sólo contradicciones, sino un gran desorden y para evidenciarlo, la UdeG cuenta con los expertos para mostrar la realidad.
Vamos a ver hasta dónde llega este conflicto.
¿Llegará la sangre al río?
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-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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