OPINIÓN
Jalisco no regresa a clases
Metástasis, por Flavio Mendoza //
Nuevamente el gobernador Enrique Alfaro Ramírez se adelantó a la federación anunciando que en Jalisco no se tienen condiciones para el regreso a clases, por lo que el ciclo escolar 2019 – 2020 se terminará desde casa.
Un nuevo desafío a la federación que pretendía regresar a las aulas a 32 millones de estudiantes en educación básica, adelantando a la decisión final que tome el Consejo General de Salubridad, que determinaría las fechas fuera de riesgos para el regreso a actividades escolares.
Lo que cualquiera podría pensar respecto a la decisión que ya se tomó en Jalisco, es que posiblemente lo mismo sucedería a nivel Federal, más allá de si se autorizará o no esta decisión, considerando los avances y comportamiento del Covid-19 en el país, los errores que se han presentado en las predicciones de los expertos que manejan este tema, cambiando las fechas y las indicaciones según lo consideran pertinente. Lo que supondría pues, que aún ni siquiera ellos pueden determinar el regreso a clases y como lo dijo el subsecretario Hugo López Gatell, solo es fecha referencial.
El titular de SEP parecía convencido del regreso a clases, dijo, “como ya lo ha dicho el Presidente”, más por un deseo, que pudiera responder al interés económico de su ex jefe de grupo Salinas o al político del Presidente de la República. Sin embargo, hasta el momento sería muy temerario determinar cuales municipios están considerados fuera de riesgos para que se regrese el próximo 17 de mayo y/o 1 de junio, porque precisamente el regreso de las actividades económicas representan un factor de contacto entre municipios de cada uno de los estados, un solo caso que siga activo en el país sería un factor de un nuevo brote de contagios, que además con la confianza de que son “libres de riesgos” podría resultar más peligroso que en todo lo que va de la pandemia en el país.
El ciclo escolar no se perderá, como bien lo dice el ejecutivo estatal, se tomaron 124 días clases efectivos de 190 con base en el calendario escolar hasta la fecha de la suspensión en el mes de marzo, sin embargo, del trabajo académico en las escuelas se abordó hasta un 70% de los contenidos en planes y programas de estudio.
Técnicamente el último trimestre es el único que no se abordó en el aula y que están intentando abordar, sin muchos éxitos, los docentes a través de diversas estrategias a distancia. Tendría que existir una modificación al acuerdo de evaluación para que el último trimestre se valore y a partir de ello el promedio general que acreditará o no el avance al siguiente grado o nivel, mas allá de estar pensando en como establecer clases a distancia, complicando las actividades de los propios padres de familia y del docente, quien demuestra que no podrá ser sustituido, la AE debería establecer actividades que fortalezcan la lectura, escritura y calculo mental, elementos que son la base del aprendizaje académico y desde luego que son parámetros de valoraciones internas y externas en le sistema educativo.
Por último, las condiciones de salubridad para el regreso de millones de alumnos a las aulas pueden incluso suponer riesgos y hasta violación a derechos de los menores, si bien es cierto que las escuelas son un factor que mueve a la economía, regresar a los educandos puede representar un mayor riesgo, incluso superior al expuesto en cada fase que se ha presentado por la contingencia sanitaria. Pero la pregunta del millón sería ¿Está preparado el Gobierno para dotar de insumos que permitan la aplicación de medidas sanitarias en las escuelas?
Escuelas sin agua, luz, infraestructura adecuada, con hacinamientos de educandos en las aulas, sin el personal suficiente y sin recursos económicos para adquirir material de higiene, sinceramente se ve muy complicado, menos en la condición actual en la que pese a que el Presidente dice tener todo listo y preparado desde hace tres meses, la búsqueda de recursos y recortes a todas las dependencias para obtener dinero y hacer compras de pánico para contener al coronavirus dicen completamente lo contrario, es decir no hay condiciones para el regreso a clases y finalizar este ciclo escolar en las aulas.
Twitter: @FlavioMendozaMx
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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