OPINIÓN
Juego de ajedrez de las potencias; Ucrania vs Rusia: «The spoils of war»
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Uno de los temas internacionales que ha acaparado la atención de casi todos los medios de comunicación del mundo es el referente a la crisis militar que se vive actualmente en la frontera que separa a Ucrania de Rusia, zona en la que este país, movilizó aproximadamente 100,000 soldados, y que debido al antecedente del 2014 en que Rusia se anexionó la península de Crimea al Sur de Ucrania, prendió alarmas en gobiernos de otros países, especialmente, Estados Unidos que hoy más que nunca, ve amenazados muchos intereses en este complejo dilema diplomático y militar.
Al principio las razones de esta movilización de elementos del ejército ruso en la frontera no eran muy claras, en un inicio, el mismo Vladimir Putin afirmaba que esto se trataba de simples ejercicios militares de rutina que se realizan año tras año y que no había nada de qué preocuparse, pero como todo en esta vida, especialmente en la política, nada es lo que parece y basta con comenzar a cuestionar y confrontar, para conocer las verdaderas intenciones de las personas que tienes en frente.
En este caso en concreto, solo se necesitó que Estados Unidos, jugando un papel que conoce a la perfección, comenzara a cuestionar, condenar y amenazar al gobierno ruso, para que estos sacaran a relucir sus verdaderas intenciones.
Es así, que aquello que comenzó como “ejercicios militares de rutina’’ se convirtió en un mecanismo del presidente Vladimir Putin para condenar las negociaciones que Ucrania estaba realizando para formar parte de la OTAN, esto debido a que, según Putin, en la medida en la que la OTAN aumente su presencia en territorios como Ucrania, la soberanía y la seguridad nacional de Rusia corre un enorme riesgo.
Ahora, aunque el proceso para poder formar parte de la OTAN no depende únicamente de Kiev ya que implica un proceso largo y complejo, la simple intención de Ucrania de unirse y que data desde el 2008, implica un riesgo para Rusia ya que de concretarse en algún punto, perderían influencia en un país clave.
Ahora bien, el tema se ha vuelto más tenso debido a que no solo es a Rusia a quien le interesa, por cuestiones estratégicas tener influencia en Ucrania, sino que también Estados Unidos tiene un especial interés en este país y por ende, éste se ha convertido en el centro del tablero geopolítico entre el este y el oeste debido a que es visto como un aliado tanto estratégico como militar por ambos bandos.
Mucho se ha dicho de este conflicto, algunos analistas políticos señala que detrás está también la construcción del famoso Nord Stream 2, gasoducto que conectará Rusia con Alemania y Europa Central y del Este a través de 1,200 kilómetros por el mar Báltico, obra que de hecho, ha sido suspendida por Alemania.
Sin embargo, aunque el Nord Stream 2 y la presencia amenazadora de la OTAN son factores importantes que influyen en la crisis que hoy se vive, es necesario puntualizar que alrededor de estos eventos también hay un conflicto ideológico aun más grande que atañe la identidad nacional y que tiene su origen en el siglo IX cuando se formó el Estado Ruso antiguo que fue denominado como Rusia de Kiev y que se conformaba por un importante número de tribus eslavas que dominaron el noroeste de Europa durante la edad media y cuya capital estaba justamente en Kiev.
(Para profundizar más en este conflicto de identidad recomiendo ampliamente el libro: Voces de Chernóbil escrito por Svetlana Aleksiévich)
Aunque las constantes guerras provocaron la desintegración de este estado en el siglo XII, las bases renacieron y se fortalecieron con el surgimiento de la Unión Soviética en 1922.
Posteriormente, la ruptura de este Estado Federal en 1991, marcaría un antes y un después entre estas dos importantes naciones, ya que mientras algunas naciones veían en ella un triunfo para la democracia y las libertades, otros veían una el inicio de una gran crisis social, esto debido a que millones de rusos quedaron atrapados en Ucrania, Lituania y Kazajistán.
En razón de esto, no solo se gestaran movimientos sociales prorrusos en esas naciones, sino que también permitió la consolidación de partidos políticos con la misma ideología que comenzaron a tener representación en distintos e importantes espacios públicos, como fue el caso de Viktor Yanukóvich, presidente electo de Ucrania que fue derrocado durante el Euromaidán o Revolución de la Dignidad, movimiento protagonizado por ciudadanos que se oponían a la llegada de un presidente que no solo era acusado de haberse robado las urnas, sino que también era señalado como un defensor de los intereses del Kremlin.
No obstante, y pese lo enérgico de estos importantes movimientos sociales para defender y luchar por la soberanía de Ucrania, Rusia dio un importante golpe al anexionarse la península de Crimea mediante un referéndum organizado por el ejército ruso y avalado por ciudad autónoma de Sebastopol, y aunque esto fue condenado por Estados Unidos y la Unión Europa, la posición de Rusia en torno a este evento no ha cambiado, y muy difícilmente cambiará, pero sobre esto ya tendremos la oportunidad de profundizar más la próxima semana.
Definitivamente este conflicto entre Rusia y Ucrania, o más bien, entre los intereses de Rusia en Ucrania y los intereses de Occidente en Ucrania, tiene mucha historia, pero también tiene mucho futuro, y hoy es el causante de uno de los momentos más peligrosos en Europa desde la Guerra Fría, toda vez que el despliegue de fuerzas y las opciones de invasión podrían generar una de las crisis más grandes en las cadenas de suministro y la economía global que dañarían fuertemente el peso ideológico y la influencia de Occidente en muchas regiones del mundo.
Con un solo movimiento, Rusia ha puesto a prueba a Estados Unidos y a la comunidad internacional, que ahora, no solo necesitan lidiar con los estragos de una pandemia cuyos efectos han impactado en lo social y económico, sino que también, necesitan lidiar con una crisis política e ideológica que de estallar, podría generar importantes cambios en el orden político internacional en el que al menos parece que son Rusia y China quienes marcan puntualmente la agenda.
No olvidemos que desde el inicio de la pandemia, occidente ha estado más que necesitado de dar un golpe de autoridad capaz de reafirmar los valores políticos, económicos y sociales con los que se construyó un sistema que hoy parece estar debilitado y desprestigiado, y en este sentido, Ucrania parece ser el espacio y el momento perfecto para tratar de reafirmar estos valores, pero creo que atendiendo a las lecciones de la historia, valdría la pena preguntarse: ¿a qué costo?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
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