OPINIÓN
La Consulta Popular: Grandes obstáculos a la demanda de justicia; se requieren 37 millones de votos

Opinión, por Cayetano Frías Frías //
Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros.
George Orwell
Si algo quedó claro con los resultados del ejercicio de la Consulta Popular del primero de agosto, es que a la clase política no le interesa empoderar a los ciudadanos, salvo cuando se trata de resguardar sus privilegios para repartirse los cargos de elección y con mayor énfasis, de la distribución de los presupuestos.
Los marrulleros que desde el poder, aprueban leyes y se despachan con la cuchara grande a la hora de gastar nuestros impuestos, concluyeron que los más de 6 millones 663 mil votos registrados en la pasada Consulta, solo equivalen a la voluntad del 7.11% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores.
En contraste, en la votación federal para diputados de junio pasado, con 100 mil votos menos, a Morena le acreditaron el 13.44%; al PAN que logró la mitad obtuvo el 7.83%; y al PRI con la tercera parte de sufragios, le asignaron el 5.5%, porque tomaron como base la Votación Total Válida y no la Lista Nominal de Electores.
Partidos |
Total de Votos |
*Votación Válida Junio 47,170,120 |
Lista Nominal de Electores agosto 93,671,697 |
Porcentaje |
Ciudadanos |
6,663,208 |
7.11% |
||
*Morena |
6,571,127 |
13.44% |
||
*PAN |
3,828,228 |
7.83% |
||
*PRI |
2,715,123 |
5.55% |
||
*PRD |
248,505 |
0.50% |
En esta tabla se aprecia claramente que el voto emitido el primero de agosto durante la Consulta Popular, es muy superior en cantidad a la que recibieron los partidos políticos, pero la distorsión de las leyes conceden un premio mayor a los partidos, aunque a uno de los listados ni siquiera le alcanzaría para mantener el registro oficial como partido político y menos, si se hubiera tomado como base el listado nominal de electores, pues entonces el PRD solo tendría el 0.26% de los votantes totales.
Otra distorsión a la hora de contar los votos, se da cuando en lugar de asignar porcentajes a los partidos políticos con base a la lista nominal de electores, no se toma en cuenta la votación total, sino que eliminan los votos nulos y los correspondientes a candidatos sin registro, que en junio sumaron 1.7 millones, para inflar la preferencia a los partidos que se traduce en mayor cantidad de legisladores y en conservar el registro. Así lo establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por ejemplo, si la asignación de porcentajes para los procesos electorales se basara en la Lista Nominal y en el número de votos que en lo particular recibieron, en junio hubieran perdido el registro el PRI, PVEM y PT, en tanto que de panzazo lo hubieran conservado PAN y MC.
Para poner en concreto lo que significa la cantidad de votantes, basta resaltar que entre PRI y PAN sumaron en junio pasado, 119 mil 857 votos menos que los registrados en la Consulta Popular. Comparado con los votos que recibió Morena, éste partido sumó 92 mil 081 votos menos que los emitidos por los ciudadanos el primero de agosto.
Es decir, que la partidocracia y los diferentes grupos de poder que los financian, han establecido un esquema legaloide que atropella los derechos ciudadanos, en este caso particular, distorsionando el peso real que debe tener la voluntad popular en la democracia, a través del mecanismo de votación que tiene como objetivo minusvalorar las demandas mayoritarias.
Otro ejemplo de este esquema que deprime a los ciudadanos y favorece a los grupos económicos y políticos empoderados durante los últimos cien años, se refleja en la Ley General de Partidos Políticos. Para registrar un partido nacional, dicha norma solo requiere afiliar por lo menos el equivalente al 0.26% del padrón electoral de la elección anterior, que en este año serían 243 mil 783 ciudadanos en todo el país. El tamaño del desfiguro comparado con los resultados de la Consulta Popular es tal, que solo en Jalisco votaron 250 mil 608, más que los necesarios para constituir un partido político nacional.
Otra arista es el porcentaje que se pide a los ciudadanos para que la demanda plasmada en una Consulta sea vinculante y obligatoria de cumplir para las autoridades, es que se pide un porcentaje de votos equivalente al 40% de la Lista Nominal vigente, que en este caso era superior a los 37 millones de votos. ¿Por qué para una demanda por justicia se piden millones de sufragios y para constituir un partido político nacional menos de 250 mil firmas?
URGENCIA DE REFORMAR LAS LEYES
El neoliberalismo tejió una red de complicidades para perpetuar la impunidad y garantizar la operación de los monopolios en contubernio con las mafias políticas, posibilitando el saqueo de los recursos nacionales y desmantelando el sistema de economía mixta donde el Estado tenía margen para resguardar los mínimos derechos de las clases bajas.
La Consulta Popular fue un ejercicio que contribuyó al despertar ciudadano para crear conciencia de que el derecho a demandar acciones a las autoridades de todos los niveles, es permanente y no es privativo solo en las fechas de elección de representantes populares. Un primer resultado ya asoma con la iniciativa a nivel local para que sea sometido al ejercicio de Revocación de Mandato el gobernador de Jalisco.
Las leyes no son las mejores, pero son perfectibles y los legisladores tendrán que responder a la presión social, para que asuman su responsabilidad y adecuen las normas que permitan desarrollar mecanismos eficientes para la participación ciudadana en las acciones de gobierno, tanto a nivel orientador sobre las más urgentes, como en la dirección de castigar a quienes incurren en delitos durante el ejercicio de sus responsabilidades.
En principio, el voto ciudadano para definir políticas y acciones de gobierno, debe tener igual peso al que se le da en las fechas electorales, pues son mandatos que ningún funcionario o servidor público debe ignorar, cuando la mayoría determine una decisión. Una democracia castrada, donde se da privilegios a la creación de partidos políticos o de organismos descentralizados cuyos integrantes son elegidos por unos cuantos notables, se ha demostrado que solo dispersan la corrupción.
La democracia participativa tiene que ir más allá del discurso y de las leyes aprobadas que se prestan a confusión y en la práctica, a crear obstáculos al ciudadano común, en lugar de facilitar el desarrollo social. En el caso de la Consulta Popular, a los ciudadanos se les pide recabar firmas por el equivalente al 2% de la Lista Nominal de Electores; en cambio, para solicitar registro de un partido político nacional se les pide el equivalente al 0.26% de los inscritos en el padrón electoral.
Así la puerta es muy ancha para los vividores del erario, pero excesivamente estrecha para los ciudadanos que requieren un mecanismo para demandar un mejor gobierno en todos los órdenes. Cuando Orwell escribió Rebelión en la Granja, nunca imaginó que la descripción de los cerdos sería más acorde al sistema capitalista.
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Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara

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JALISCO
Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
JALISCO
El expediente que ocultan de Eli Castro

– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS