OPINIÓN
La decisión valiente de un juez federal: El derecho a un ambiente sano
Comuna México, por Benjamín Mora Gómez //
Somos poseedores de un gran don: La capacidad volitiva por la que tenemos la oportunidad de salir airosos en los momentos decisivos de nuestras vidas, superando toda adversidad al hacernos responsables de nuestra existencia y de las consecuencias de nuestros pensamientos, palabras, acciones y omisiones.
Nos hemos acostumbrado a justificarnos desde lo externo como si fuese lo único que es capaz de influirnos y negando que el resultado de nuestros actos es principalmente nuestra responsabilidad. Echamos en otros la culpa de nuestros traumas y complejos.
El 12 de diciembre de 2019, el Poder Judicial de la Federación ordenó la suspensión definitiva contra las modificaciones ordenadas por la Secretaría de Energía en materia eólica y solar. Este viernes, 29 de mayo, Greenpeace México mereció la suspensión judicial provisional de la política ordenada por la Secretaría de Energía, el 15 de mayo pasado, en materia de energías limpias… dos intentos… dos fracasos… dos palos piñateros judiciales. Dos terquedades injustificables desde la razón y el buen gobierno.
Aplaudo la resolución del juez Juan Pablo Gómez Fierro y me sumo a lo expresado por Greenpeace México en voz María Colín, especialista en derecho ambiental: “la ciudadanía obtiene una victoria en términos de la protección a sus derechos humanos a un ambiente sano, a la protección a la salud, a la participación en asuntos medioambientales y a la legalidad”.
México no podía detenerse y volver a un pasado contaminante e irresponsable con la vida, la Madre Tierra y el sentido más elevado de responsabilidad ambiental. Rocío Nahle es no solo incompetente sino irresponsable con los compromisos internacionales asumidos por México hacia la reducción de las emisiones que potencian el cambio climático. Rocío Nahle, al violentar los tratados internacionales de México, debe ser separada se du cargo. Rocío Nahle no es la persona idónea para ser la secretaria de Energía de México. Ella, y no las energías limpias, es la NO confiable.
Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, a través de Luis Bravo Navarrete, coordinador de Comunicación Corporativa, ha acusado a los jueces federales que concedieron la suspensión de anteponer “el interés individual sobre el interés general de la población de acceso a la electricidad”. Hay, sin embargo, un entramado de negocios más turbios que el chapopote; por una parte, Pemex genera 687.3 mil barriles diarios de combustóleo, equivalente a 10.8 veces la demanda nacional, que a nadie interesa fuera de México por ser altamente contaminante, y, por el otro lado, la CFE de Manuel Bartlett ha decidido “importar combustóleo” para suministrar su central eléctrica de Tuxpan, Veracruz, a través de un contrato millonario firmado con Bravo Energy. Las grandes empresas del Estado mexicano se meten zancadillas en perjuicio de ellas mismas y del “interés general de la población”.
¿Quién está detrás de Bravo Energy que cuidan y protegen desde la CFE? Ahí encontraremos, con nombre y apellido, la razón de las acciones de Rocío Nahle y Manuel Bartlett en contra de las energías limpias. En el gobierno no hay casualidades y si causalidades a partir de intereses personalísimos, capaces de desconocer la fuerza de la ley y la dignidad de Estado.
En el México de la Cuarta Transformación hay un gobierno sin gobernante y un gobernante sin gobierno. Bien decía Warren Buffett: “La honestidad es un regalo muy caro, no lo esperes de gente barata”, y en las acciones de este gobierno hay deshonestidad y mentira, hay gente frustrada y enojada con su propia vida. María Montessori planteaba tres grandes propósitos en la educación: Aprender a actuar por sí solos, a dirigir los propios actos y a gobernar la voluntad; sin duda, ninguno está contenido en la educación pública mexicana y, quizá, en muy pocos casos de educación privada, desde la preescolar hasta la universidad, y por ello es que, quienes deben tomar decisiones de gobierno, en éste y en los gobiernos anteriores, son tan errantes, atrabancados, contradictorios y cambiantes, aunque éste, en términos beisboleros, se voló la barda.
Hoy, como antes, el sistema educativo mexicano se enfoca en la repetición de datos y no en la formación de la voluntad responsable, reflexiva y consciente. Se “educa”, pero no se forma para tener control sobre nuestra propia vida. Los grandes males de nuestros días son la compulsión hacia la adicción, la agresión y la depresión, consecuencias de la falta de voluntad consciente.
La libertad es el bien más preciado del ser humano, aun por encima de su vida misma. Por la libertad, el ser humano es causa de su obrar y no víctima de sus motivos; por la libertad, el ser humano aprende a gobernar su voluntad que le permite organizar, sintetizar y jerarquizar sus motivaciones, discerniendo y priorizando desde la razón.
Cuando José Ortega y Gasset dijo “yo soy yo y mis circunstancias” seguramente no se refería a ser víctima de sus circunstancias sino amo y señor de ellas, y hacedor de su propio destino.
El presidente Andrés Manuel López Obrador es un mago del engaño; ha hecho creer que su visión de nación –su Cuarta Transformación- es de largo aliento cuando, por sus decisiones, el futuro se mira oscuro, en quiebra y una pobreza ampliada. La visión de López Obrador es de pichicatería: Confórmate con un par de zapatos, confórmate con una dádiva mensual, confórmate, confórmate, confórmate… con el fracaso, en el fracaso y por el fracaso. No entiende que su mandato tiene fecha de expiración como la tiene la confianza ciudadana.
En el gobierno de Andrés Manuel hay abulia o incapacidad para que sus decisiones sean tomadas racionalmente, sucumbiendo ante sus propias compulsiones ideológicas incontroladas. El madrugar parece que daña la sinapsis de sus neuronas.
Mi padre me insistía en no seguir los consejos, en temas decisorios para mí vida, de quienes no tuvieran que lidiar con los resultados.
E-mail: benja_mora@yahoo.com
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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