OPINIÓN
La lucha permanente: Maestros acosadores, la irresponsabilidad institucionalizada
Educación, por Isabel Venegas //
El pasado lunes 9 de marzo quedó marcado como una fecha histórica después de que la movilización del día 8 registrara una participación de decenas de miles de mujeres que marcharon en las diferentes ciudades del país.
La convocatoria invitaba a un paro nacional, en el que se hiciera visible la relevancia del papel de la mujer en la sociedad moderna; el estimado calculaba un impacto económico de alrededor de los 26,000 millones de pesos, pero las cifras que arrojaban las cámaras de comercio la cerraron en más de 30,000 millones.
La mayoría de los reportajes y programas de análisis se basaron en la pregunta, Y al día siguiente, ¿qué va a pasar? ¿Cómo debe reaccionar la sociedad mexicana ante un movimiento que comienza a dialogar estos temas y que se enfrenta a un debate que desde hace mucho había estado abandonado, falto de argumentos, de tolerancia y de escucha? Tan es así, que durante el día del paro hubo lugares llenos de hombres se dedicaron a hacer “la carnita asada”, letreros de burla y memes que se difundieron contrastando el análisis de alto valor que en otros espacios sí se dio, porque ciertamente hubo donde se aprovechó para dar conferencias de las nuevas masculinidades, talleres de sana convivencia y conversatorios sobre lo que estaba ocurriendo.
Creo que ahí hay una clave importante, cuando decimos que hace falta dar el debate entre los temas de fondo de la causa feminista: el aborto (en sus diferentes circunstancias), la brecha salarial, el techo de cristal, la concepción de las nuevas relaciones en espacios políticos, etc. También debemos considerar el diálogo que entre ambos géneros pareciera de principio obvio: los hombres deben respetar a las mujeres, y viceversa, pero en realidad esa “obviedad” es la que sepulta el análisis debajo de un montón de conjeturas que debemos empezar a rescatar.
Vivimos una era en la que un argumento altamente coincidente es el de que a nuestra sociedad le hace falta retomar los valores, algo que puede ser tan subjetivo como peligroso; hay hombres que desde sus modelos de valor, conciben la figura masculina como el protector, proveedor y cabeza o líder de familia, con lo cual si eso no se cumple, se está perdiendo la buena organización. Ciertamente ese esquema contemplaba un elemento con alto grado de valía y es que subyace en él un núcleo de bondad y generosidad, es decir, el hombre que se preocupa por los demás.
Desde esa perspectiva el espacio de poder y autoridad se fue construyendo para los hombres, con el “equilibrio” de mujeres, quienes también habían constituido su ser con un concepto cultural de protección y generosidad, pero constreñido a un modelo de abnegación, entrega y sumisión. Generalizar tanto el comportamiento de los hombres como de las mujeres desde estos modelos, nos acerca a un entendimiento cultural que tiene en mente a mujeres con un liderazgo más allá de lo que la norma estipula, o a hombres que reflexionan sobre sus dinámicas personales y sociales, sin la necesidad de que una marcha visibilice sus abusos y errores, pero ahí está la clave, el momento en el que se ha pedido, se ha exigido, se ha marchado, se ha parado… y al final se sigue sin reflexionar sobre lo que para algunos puede ser normal, correcto e incluso bueno, sin entender lo que le duele al otro, sin asomarse siquiera a un poco de empatía.
Las mujeres piden que cese el acoso y muchos hombres dijeron, ¡qué exageración! ¡Deberían de agradecer que les decimos cosas bonitas! ¡Va, se quejan de todo! Con lo cual sus vidas continuaron exactamente igual, pero, ¿qué le significa a una mujer el tema del acoso?
La semana anterior al paro nacional yo hacía un reclamo hacía los entes de gobierno que se pronunciaban a favor del movimiento y “permitían” a sus colaboradoras faltar con la promesa de que no habrían de ser sancionadas. Sostengo que era un error de las instancias que (sin nada que perder, y mucha fuerza política que ganar) levantaban sus voces en favor de las mujeres. La mayoría de los primeros en ponerse de pie fueron los institutos y universidades, sí, esos que albergan a una serie de predadores, acosadores, cuya tribuna como grandes investigadores o simplemente mediocres con un poco de poder, les otorga la autoridad de abusar, aunque debo reconocer que lo hacen igual a hombres que a mujeres.
Me atrevo a suponer que en casi todas las escuelas y universidades existe más de un acosador, el que condiciona la calificación de sus alumnas, que les manda mensajes privados para invitarlas a salir para “asesorarlas” en temas que requieren de más charla, que les promociona puntos extra dependiendo de la amabilidad con la que respondan a ese profesor, que pueden llegar hasta la denuncia de abusos y extorsión graves ¿Cómo atienden las casas de estudio estas problemáticas?
Una clave está en los esquemas de ingreso, promoción y permanencia de sus profesores. En los últimos años muchos institutos adoptaron dinámicas mercantilistas con las que por ahorrar unos centavos comenzaron a pagar cada vez menos a sus docentes teniendo altos niveles de rotación; existen escuelas en las que los contratos son por 6 meses, con bajas prestaciones, en donde los despachos de recursos humanos (generalmente empresas de subcontratación) no se dan abasto buscando quién atienda los grupos –sobre todo- en bachilleratos o en los primeros niveles de licenciatura, en donde los investigadores especializados con bases o contratos definitivos, no se quieren desgastar por la propia dinámica de adolescentes que todavía están en el proceso de adquirir su madurez intelectual y social.
Es justamente ese momento de alta vulnerabilidad personal el que representa un caldo de cultivo para que la combinación de alguien con mucha necesidad se “aviente” el ruedo de trabajar por 70 u 80 pesos la hora, aguantando a jóvenes que pueden tener una cantidad enorme de carencias, necesidades y en medio de eso, afrontar el reto de enseñar una asignatura con la motivación para seguir aprendiendo por el resto de su vida.
Ya hemos hablado del enorme riesgo que se corre con el “yo sí te creo” a ciegas, con la conciencia de que muchas veces la denuncia social, libre y sin evidencias ha dado pie a grandes injusticias y revanchas que no tenían nada que ver con un abuso real, sin embargo queda claro un punto: en tanto las universidades e institutos sigan dejando de lado la enorme tarea de analizar los mecanismos de contratación y promover con un enorme sentido de conciencia social la permanencia de sus profesores, entonces no hay una respuesta real.
La valoración de las personas no se da tan solo con pagar más de los 80 pesos por hora, pero sí tiene mucho que ver con que permitas dar un esquema de acompañamiento emocional, de empoderamiento positivo, sobre todo porque su propio liderazgo lo exige. Hay quienes con el simple hecho de poner una calificación encuentran esa potestad que les hace estar ahí, aún y cuando las condiciones y el salario sean malos, luego entonces, es claro que las dinámicas con sus estudiantes no van a ser las más buenas, sanas y de alto sentido social.
Aquellas casas de estudio que cobijan a sus profesores, que buscan una verdadera comunidad de aprendizaje para la vida, y que fomentan una construcción social y personal a largo plazo, son aquellas en las que sus estudiantes reconocen el alto valor de quienes los acompañan en su formación personal y pueden darse el lujo de cobrar a los padres de familia la colegiatura o la asignación de recursos del gobierno, con toda honestidad; de lo contrario son la digna representación de la deshonestidad y la tranza, abusando de los bellos edificios que hacen parecer que los estudiantes que salen de ahí tienen una buena formación, mientras que lo único que aprendieron fue a ver cómo se puede humillar o ser humillado de manera institucional.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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