OPINIÓN
La lucha permanente: Maestros acosadores, la irresponsabilidad institucionalizada
Educación, por Isabel Venegas //
El pasado lunes 9 de marzo quedó marcado como una fecha histórica después de que la movilización del día 8 registrara una participación de decenas de miles de mujeres que marcharon en las diferentes ciudades del país.
La convocatoria invitaba a un paro nacional, en el que se hiciera visible la relevancia del papel de la mujer en la sociedad moderna; el estimado calculaba un impacto económico de alrededor de los 26,000 millones de pesos, pero las cifras que arrojaban las cámaras de comercio la cerraron en más de 30,000 millones.
La mayoría de los reportajes y programas de análisis se basaron en la pregunta, Y al día siguiente, ¿qué va a pasar? ¿Cómo debe reaccionar la sociedad mexicana ante un movimiento que comienza a dialogar estos temas y que se enfrenta a un debate que desde hace mucho había estado abandonado, falto de argumentos, de tolerancia y de escucha? Tan es así, que durante el día del paro hubo lugares llenos de hombres se dedicaron a hacer “la carnita asada”, letreros de burla y memes que se difundieron contrastando el análisis de alto valor que en otros espacios sí se dio, porque ciertamente hubo donde se aprovechó para dar conferencias de las nuevas masculinidades, talleres de sana convivencia y conversatorios sobre lo que estaba ocurriendo.
Creo que ahí hay una clave importante, cuando decimos que hace falta dar el debate entre los temas de fondo de la causa feminista: el aborto (en sus diferentes circunstancias), la brecha salarial, el techo de cristal, la concepción de las nuevas relaciones en espacios políticos, etc. También debemos considerar el diálogo que entre ambos géneros pareciera de principio obvio: los hombres deben respetar a las mujeres, y viceversa, pero en realidad esa “obviedad” es la que sepulta el análisis debajo de un montón de conjeturas que debemos empezar a rescatar.
Vivimos una era en la que un argumento altamente coincidente es el de que a nuestra sociedad le hace falta retomar los valores, algo que puede ser tan subjetivo como peligroso; hay hombres que desde sus modelos de valor, conciben la figura masculina como el protector, proveedor y cabeza o líder de familia, con lo cual si eso no se cumple, se está perdiendo la buena organización. Ciertamente ese esquema contemplaba un elemento con alto grado de valía y es que subyace en él un núcleo de bondad y generosidad, es decir, el hombre que se preocupa por los demás.
Desde esa perspectiva el espacio de poder y autoridad se fue construyendo para los hombres, con el “equilibrio” de mujeres, quienes también habían constituido su ser con un concepto cultural de protección y generosidad, pero constreñido a un modelo de abnegación, entrega y sumisión. Generalizar tanto el comportamiento de los hombres como de las mujeres desde estos modelos, nos acerca a un entendimiento cultural que tiene en mente a mujeres con un liderazgo más allá de lo que la norma estipula, o a hombres que reflexionan sobre sus dinámicas personales y sociales, sin la necesidad de que una marcha visibilice sus abusos y errores, pero ahí está la clave, el momento en el que se ha pedido, se ha exigido, se ha marchado, se ha parado… y al final se sigue sin reflexionar sobre lo que para algunos puede ser normal, correcto e incluso bueno, sin entender lo que le duele al otro, sin asomarse siquiera a un poco de empatía.
Las mujeres piden que cese el acoso y muchos hombres dijeron, ¡qué exageración! ¡Deberían de agradecer que les decimos cosas bonitas! ¡Va, se quejan de todo! Con lo cual sus vidas continuaron exactamente igual, pero, ¿qué le significa a una mujer el tema del acoso?
La semana anterior al paro nacional yo hacía un reclamo hacía los entes de gobierno que se pronunciaban a favor del movimiento y “permitían” a sus colaboradoras faltar con la promesa de que no habrían de ser sancionadas. Sostengo que era un error de las instancias que (sin nada que perder, y mucha fuerza política que ganar) levantaban sus voces en favor de las mujeres. La mayoría de los primeros en ponerse de pie fueron los institutos y universidades, sí, esos que albergan a una serie de predadores, acosadores, cuya tribuna como grandes investigadores o simplemente mediocres con un poco de poder, les otorga la autoridad de abusar, aunque debo reconocer que lo hacen igual a hombres que a mujeres.
Me atrevo a suponer que en casi todas las escuelas y universidades existe más de un acosador, el que condiciona la calificación de sus alumnas, que les manda mensajes privados para invitarlas a salir para “asesorarlas” en temas que requieren de más charla, que les promociona puntos extra dependiendo de la amabilidad con la que respondan a ese profesor, que pueden llegar hasta la denuncia de abusos y extorsión graves ¿Cómo atienden las casas de estudio estas problemáticas?
Una clave está en los esquemas de ingreso, promoción y permanencia de sus profesores. En los últimos años muchos institutos adoptaron dinámicas mercantilistas con las que por ahorrar unos centavos comenzaron a pagar cada vez menos a sus docentes teniendo altos niveles de rotación; existen escuelas en las que los contratos son por 6 meses, con bajas prestaciones, en donde los despachos de recursos humanos (generalmente empresas de subcontratación) no se dan abasto buscando quién atienda los grupos –sobre todo- en bachilleratos o en los primeros niveles de licenciatura, en donde los investigadores especializados con bases o contratos definitivos, no se quieren desgastar por la propia dinámica de adolescentes que todavía están en el proceso de adquirir su madurez intelectual y social.
Es justamente ese momento de alta vulnerabilidad personal el que representa un caldo de cultivo para que la combinación de alguien con mucha necesidad se “aviente” el ruedo de trabajar por 70 u 80 pesos la hora, aguantando a jóvenes que pueden tener una cantidad enorme de carencias, necesidades y en medio de eso, afrontar el reto de enseñar una asignatura con la motivación para seguir aprendiendo por el resto de su vida.
Ya hemos hablado del enorme riesgo que se corre con el “yo sí te creo” a ciegas, con la conciencia de que muchas veces la denuncia social, libre y sin evidencias ha dado pie a grandes injusticias y revanchas que no tenían nada que ver con un abuso real, sin embargo queda claro un punto: en tanto las universidades e institutos sigan dejando de lado la enorme tarea de analizar los mecanismos de contratación y promover con un enorme sentido de conciencia social la permanencia de sus profesores, entonces no hay una respuesta real.
La valoración de las personas no se da tan solo con pagar más de los 80 pesos por hora, pero sí tiene mucho que ver con que permitas dar un esquema de acompañamiento emocional, de empoderamiento positivo, sobre todo porque su propio liderazgo lo exige. Hay quienes con el simple hecho de poner una calificación encuentran esa potestad que les hace estar ahí, aún y cuando las condiciones y el salario sean malos, luego entonces, es claro que las dinámicas con sus estudiantes no van a ser las más buenas, sanas y de alto sentido social.
Aquellas casas de estudio que cobijan a sus profesores, que buscan una verdadera comunidad de aprendizaje para la vida, y que fomentan una construcción social y personal a largo plazo, son aquellas en las que sus estudiantes reconocen el alto valor de quienes los acompañan en su formación personal y pueden darse el lujo de cobrar a los padres de familia la colegiatura o la asignación de recursos del gobierno, con toda honestidad; de lo contrario son la digna representación de la deshonestidad y la tranza, abusando de los bellos edificios que hacen parecer que los estudiantes que salen de ahí tienen una buena formación, mientras que lo único que aprendieron fue a ver cómo se puede humillar o ser humillado de manera institucional.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
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