OPINIÓN
La participación más importante en la COP26 de la ONU: La pequeña Tuvalu y su mensaje para el mundo
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
La política es una actividad tan interesante, que absolutamente todos nosotros, incluyendo aquellos que aseguran repudiarla, la buscamos de manera constante en casi todos los momentos de nuestras vidas.
Ya sea leyendo un libro, una columna de opinión, e incluso, involucrándonos de manera directa y constante en los asuntos vecinales de nuestra colonia o de nuestro coto, al final del día todos buscamos la política: algunos la buscan para entender algún suceso, y otros, la buscamos para generar algún cambio en nuestro entorno.
La política siempre va a estar ahí y más nos vale que la aprovechemos ya que a través de ella se pueden materializar muchos de los anhelos colectivos que dan forma a nuestras aspiraciones.
Asimismo, la política es una actividad fascinante. En mi caso particular, mi primer acercamiento con ella fue justamente porque encontré en algunos espacios la oportunidad de acercarme a un grupo de personas con las que compartía un sinfín de ideales, pero al mismo tiempo, porque me permitió conocer las realidades, los contrastes y las necesidades de mi municipio: Zapopan.
Desde el día en que comencé a enrolar mi vida y mis proyectos en esta actividad ha pasado, aunque no lo parezca, mucho tiempo, y con el paso de los años he tenido no solo la oportunidad de conocerla mejor y de entenderla un poco más, sino que también he tenido la fortuna de verla como lo que es: una actividad multidimensional que va más allá de lo que vemos y de lo que conocemos.
La política, haciéndole honor a la pluralidad, la diversidad y la universalidad que la caracteriza (o que debería caracterizarla) llega a todos los rincones de la actividad social del ser humano y justamente eso es lo que la vuelve fascinante.
Un ejemplo de cómo es que llega a cada rincón, podemos encontrarlo simple y sencillamente en las también maravillosas y fascinantes ciencias de la comunicación.
Tal y como lo he comentado en más de una ocasión, la política y la comunicación siempre han guardado una relación muy íntima, y aunque los ejemplos más famosos de esto los encontramos en las épocas más oscuras de nuestra historia, como lo es la Segunda Guerra Mundial, en la actualidad esta relación ha alcanzado un significado completamente diferente, y aunque probablemente hay mucho que cuestionar de esta nueva visión, ciertamente también hay mucho que admirar.
La política sin mensaje no es nada, toda acción política debe tener uno, pero obviamente no cualquier mensaje, este debe ser tan fuerte que pueda impactar en lo más profundo de la sociedad, pero también, debe ser un mensaje lo suficientemente claro para que así todos puedan entenderlo, esto debido a que si la actividad política, o bien, los fines que se persiguen a través de ella simplemente no son claros ni entendibles, entonces toda la actividad o una gran parte de ella, carecerá de impacto y si la política no tiene impacto, entonces carece de sentido.
Aunque muchos no lo crean, lo anterior tiene un impacto enorme y probablemente, se ha convertido en el pilar de los proyectos políticos modernos, y si alguien duda de ello, entonces le recomiendo voltear al norte del país, especialmente, a Nuevo León.
Pero bueno, para no desviarnos en la siempre interesante vida política nacional, la razón por la que esta semana traigo a colación este tema en particular es debido a una de las participaciones más importantes que pudimos observar durante la COP26 de las Naciones Unidas.
Y no, no me refiero en lo absoluto a las participaciones que tuvieron grandes políticos, como Barack Obama, quien en lugar de mandar un mensaje contundente, invirtió una gran parte de su tiempo de participación en promover la imagen del presidente Joe Biden y en criticar la imagen y figura de Donald Trump.
En esta ocasión el mensaje más importante, y a su vez, el más fuerte, vino del representante del cuarto país más pequeño del mundo: Tuvalu.
Simon Kofe, Ministro de Justicia, Comunicación y Relaciones Exteriores de Tuvalu, con el agua en las rodillas y en medio de una playa sumergida debido a la crisis climática, instó a los demás líderes mundiales a tomar medidas para reducir a cero las emisiones contaminantes para el 2050 para frenar el calentamiento global y así evitar la desaparición de países como el suyo que están expuestos al aumento del nivel del mar.
Con este mensaje el ministro tuvaluano escenificó la realidad que enfrenta su país a raíz del cambio climático, y de igual manera, mostró al mundo que lo único que le espera no solo a su país, sino a muchos más, es la desaparición.
Asimismo, en su video Simon Kofe manifestó que aunque tiene confianza en que se tomarán las medidas necesarias para cumplir con las metas pactadas, en Tuvalu se están preparando para el peor escenario posible: que su territorio desaparezca y que todos sus habitantes tengan que emigrar a otra parte del mundo, que probablemente para ese entonces, también esté sufriendo los estragos del cambio climático.
No obstante el mensaje del ministro no es meramente informativo e ilustrativo, el mensaje va más allá de ponerle nombre y apellido a una realidad que muchos se niegan a ver, este mensaje es también una fuerte advertencia a la comunidad internacional a quien se le deja claro que en gran medida, el futuro de Tuvalu y de otras naciones está en sus manos.
Simon Kofe sentó un precedente que gracias a las redes sociales y a la era digital, seguramente trascenderá generaciones y de nosotros depende cómo será recordado e interpretado este mensaje, ya sea como un recordatorio positivo de lo que logramos evitar gracias a la colaboración y la voluntad, o bien, como un recordatorio del día en que ignoramos el llamado de auxilio de una nación cuya sentencia climática se extendió por todo el mundo.
Para combatir el cambio climático no basta con acciones aisladas y unitarias o bien, con promesas vacías en medio de una cumbre internacional, se requiere de acciones colectivas y unificadas.
Aunado a lo anterior, también, estaba pensando en decir que se requiere de voluntad política, pero creo que antes de hablar de la voluntad política, es necesario establecer que lo que se requiere es de una clase política con consciencia social.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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