OPINIÓN
Modificar la corte suprema
Por Héctor Romero Fierro //
Pareciera que de acuerdo a la creencia china estamos en el «año del ganso», aunque el pobre animal sea utilizado solo para referirnos a un pésimo presidente que se empeña con acabar con cualquier institución que no pueda ser controlada por el, y que a pesar de tantas pifias muchos aún sigan creyendo en su forma de gobernar.
Ahora toca el turno a dos instituciones básicas para el equilibrio de poderes en nuestro país, me refiero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN y a su órgano administrativo denominado “Consejo de la Judicatura”, este Poder, que en nada debería intervenir el presidente (Poder Ejecutivo), ahora resulta que también lo quiere controlar, situación sumamente peligrosa para el ejercicio de las libertades en el país.
La pregunta es, ¿cómo controlar a la SCJN si está integrada por once ministros, y solo Morena tiene a la esposa del contratista favorito de Manuel Andrés, Yasmín Esquivel Mossa? Simplemente aumentando el número de ministros. La excusa es crear una Sala Anticorrupción, situación innecesaria que solo demuestra el desconocimiento del Derecho y más aún, del Sistema Nacional Anticorrupción, la realidad es simplemente apoderarse del máximo órgano judicial de nuestro país, lo cual, para muchos equivaldría a un golpe de estado y para muchos más, el ejercicio de una tiranía dictatorial.
Curiosamente el presidente MALO continúa siguiendo al pie de la letra, lo mismo que en su momento realizó Hugo Chávez para restarle autonomía a dicho Poder en ese país hermano y acabar con la democracia.
Primero, para desprestigiar su imagen, dieron a conocer supuestas y millonarias irregularidades en la gestión del Presidente de la Corte anterior, luego el propio presidente del Senado envía una carta al presidente de dicho órgano, proponiendo una serie de reformas para combatir prácticas de corrupción en dicho Poder.
Inclusive señala a varios magistrados y jueces, incluso de nuestro Estado, y además señala prácticas ilegales de un despacho de abogados, que defiende a conocido empresario de polvos mágicos, coludidos estos con varios magistrados, situación cierta y que incluso a mí en lo personal me ha tocado tolerar, pero así como señalan supuestos actos de corrupción debe decirse que la gran mayoría de magistrados y jueces de distrito de todo el Poder Judicial, son gente muy honesta y capaz.
En el caso del señalado magistrado Jorge Figueroa Cacho, estoy seguro que muchos metemos las manos al fuego por él, ya que las acusaciones que se le hacen no son ciertas, máxime que él siempre ha sido miembro de un Tribunal Colegiado en materia civil y pretenden involucrarlo en el otorgamiento de libertad de una persona detenida por homicidio, completamente fuera de su competencia pero además ya ganó el Juicio de Amparo contra las sanciones que injustamente pretendían imponerle y fue restituido en su cargo.
La iniciativa de Morena pretende incorporar cinco ministros más, designados de las ternas que presente MALO, sin embargo ya vimos cómo se burló de los senadores y del pueblo en general, con el nombramiento de los Comisionados del Consejo Regulador de Energía (CRE), y tememos que, sin lugar a dudas, haría lo mismo con el nombramiento de estos nuevos ministros, los cuales llegarían a nuestro máximo tribunal por lealtad al presidente y a su partido político y no por sus altos conocimientos del derecho, honestidad a toda prueba e independencia y capacidad.
Para MALO sería fácil entonces controlar este poder, ya que incorporaría, insisto cinco ministros, pero además próximamente se jubilan dos y ya incorporo a la ministra-contratista, por lo que tendría ocho de quince ministros al menos, ya que actualmente el Pleno de ese órgano está integrado solo por once ministros.
Lo curioso es que los temas que como excusa pretenden endilgarle a la Suprema Corte ya fueron asignados en su competencia a un Tribunal especializado, de conformidad a la reforma Constitucional que dio nacimiento al Sistema Nacional Anticorrupción SNA, por lo que no se justifica en forma alguna, esos debates jurídicos llevarlos, por ningún motivo a la SCJN.
Hay que recordar que las reformas constitucionales que dieron origen al SNA se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015 y el 18 de julio de 2016 se publicaron las leyes secundarias que le dan vida, incluyendo por supuesto una nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa TFJA.
Creo que aunque el SNA es perfectible es un buen entramado formado entre la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dejando los procesos de investigación por faltas graves en manos de la autoridades administrativas y que el proceso sancionador se lleve a cabo por jueces que en forma profesional serían los encargados de valorar las pruebas ofrecidas, resolviendo con total imparcialidad y sentencien si el presunto infractor es o no culpable y le sean impuestas, en su caso, las sanciones aplicables, dejando precisamente a la Suprema Corte, como hasta ahora, los temas de control constitucional que es para lo que fue creado nuestro máximo tribunal.
Esperemos una oposición en ambas Cámaras muy fuerte y unida que impida esta reforma constitucional y que no los vuelvan a chamaquear como en el caso del titular de la Guardia Nacional, ya vimos que el ganso, ahora convertido en gallina ante Trump, no cumple sus ofrecimientos.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Conciencia TV: ¿Quiénes fueron los jaliscienses que participaron en el Movimiento de Independencia de México?
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Más de 3 mil 200 marcas de tequila dan sabor a las fiestas patrias
J. SALOMÉ
5 de agosto de 2023 at 16:57
La frente estrecha frente a su quijada de Hécto Alberto Romero Fierro lo evidencia como un individuo perteneciente totalmente a la raza humanoide. Es decir, astucia sin ética, astucia sin moral, astucia sin honestidad, legaloide siempre. Hecho para dañar, hecho para sacar provecho de quien sea.