OPINIÓN
¿Neuroderecho en México? Legislar para utilizar tecnologías solo para el bien de la humanidad
Bioética, por Omar Becerra Partida //
Para empezar el Neuroderecho, se define como aquella rama del derecho que debe estar conectada con la neurobiología, psicología, neurología, bioética y el Bioderecho que permite tener claramente en cuenta los fundamentos biológicos de la conducta del ser humano, en las múltiples dimensiones que atañen a las regulaciones normativas y que no son sino la regulación de la conducta humana sobre bases científicas.
Como sabemos la conducta de cada persona puede ser determinada desde el punto de vista desde la genética, es decir según los expertos la ética nace desde la genética esa capacidad reflexiva para poder pensar sobre lo que se supondría como bueno o malo, y esa capacidad de pensar que tenemos tiene que ser protegida desde el Neuroderecho.
Hoy en día los avances tecnológicos son muy interesantes, según la BBC de Londres, en Estados Unidos existe un chip flexible de computador de dos centímetros cuadrados, con un grosor de 100 micrones, para implantarlo bajo el cráneo, en el cerebro, a esto se le llama neurotecnología.
Esta neuro tecnología está diseñada, para conectar una cámara a un paciente no vidente y transmitir las imágenes a su cerebro a través de un chip.
Según los expertos que entrevistó la BBC, se sabe que la visión se genera en la corteza cerebral y que la mayoría de las cegueras se producen por problemas en el ojo.
En estos pacientes ciegos, se podría instalar una prótesis visual conectada a una cámara, la cual funcionaría como el ojo y la corteza recibiría las señales a través de la prótesis, haciendo que la persona pueda ver.
¿Pero qué pasa con una persona que ve bien?
Si se instala esta misma prótesis a una persona que ve bien y ya no la conectas a una cámara, sino a un grupo de cámaras capaces de ver en infrarrojo, o a una instalada en otro lugar del planeta, o a una pantalla de televisión, la persona pudiera leer información y podría percibir cosas que el resto no puede que, combinada con un sistema de inteligencia artificial, la persona podría ir por la calle mirando a la gente y detectando la información de cada uno.
No es ciencia ficción ya existe esta situación, tan es así, que en Chile ya se va legislar el Neuroderecho.
El Objetivo del Neuroderecho, es proteger nuestra identidad de pensamiento, poder mantener en secreto lo que pasa por nuestra mente, así como toda la información que se logre obtener de ella mediante un proceso médico emanado por la implementación de algún instrumento tecnológico, los cuales deberán quedar resguardados y no ser compartidos con terceras personas, evitando darle un mal uso a la información adquirida.
La existencia al derecho a la privacidad mental, a la identidad personal, al libre albedrío de pensamiento, al acceso equitativo a las tecnologías que aumenten las capacidades humanas y a la protección contra sesgos y discriminación.
Según la revista Genethique de Francia:
Las neurotecnologías nos permiten registrar y modificar la actividad del cerebro; no dejan de plantearse una serie de cuestiones éticas y Bioéticas, ¿Se mantendrán nuestros pensamientos en privado? ¿Qué será de la libertad de pensamiento o del libre albedrío si interferimos con nuestro cerebro? ¿Quién será responsable de las acciones de una persona? ¿Qué impacto en el desarrollo del cerebro?
Por el lado de la salud, las neuro tecnologías ofrecen la posibilidad de medir la epilepsia, de combatir la enfermedad de Parkinson, o incluso de controlar, mediante el pensamiento, máquinas o exoesqueletos. Pero también tienen su lado oscuro. En educación, se utilizan para acelerar el aprendizaje en disléxicos, hay videojuegos donde el escenario evoluciona según las ondas cerebrales de los jugadores. Facebook espera que una interfaz cerebro-máquina traduzca los impulsos cerebrales en comandos de computadora (mover una foto, enviar un mensaje, etc.), estará disponible dentro de 5 años.
Es por ello que, en Chile, los diputados votaron por una reforma constitucional el pasado 29 de septiembre por el respeto de los Neuroderecho o derechos del cerebro, es decir, para proteger la mente y el pensamiento del ser humano y a utilizar tecnologías sólo por el bien de la humanidad.
En diciembre de 2019, un documento elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señaló la importancia de proteger los datos cerebrales personales recopilados, de anticipar y establecer salvaguardias contra posibles usos» no intencionales y / o abusivos, como el diseño de neuro tecnologías que restringen libertades o provocan discriminación.
Por ello se está proponiendo proteger estos cinco nuevos derechos humanos sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas las cuales llamaron Neuroderecho, que servirán para proteger al ser humano del mal uso que se pudiera hacer al estudiar y manipular el cerebro, los cuales son:
· Derecho a la privacidad mental.
· Derecho a la identidad personal.
· El derecho al libre albedrío.
· Derecho al aumento de la neuro cognición.
· Derecho a la Protección de sesgos
· Derecho a la Protección de sesgos
EL NEURODERECHO EN MEXICO
Sería excelente que nuestro país estuviera inmerso en el tema, pero lejos vemos que nuestros legisladores se preocupen por estos temas, ya que el Neuroderecho es alta mente especializado, pero sería interesante que los expertos en bioética, medicina y derecho se sentaran a poner un precedente en el país. Sería interesante tanto para los colegios de médicos especialistas y colegios de abogados y de notarios públicos en el país realizar investigación en estos temas ya que las nuevas tecnologías están llegando a Jalisco y México, y no estaría demás tener una noción de lo antes comentado por el bien de la sociedad.
Pero la realidad es otra, desgraciadamente se ve como algo desconocido y lejano.
Observemos que no está ni inmerso el Bioderecho en la gran mayoría de academias de derecho de las universidad públicas y privadas del país, en pregrado y posgrado, por desconocimiento.
Organismos como la UNESCO, nos dan una serie de guías, documentos, leyes, reglamentos y cursos para que nuestros expertos y legisladores pudieran conocer del tema.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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