OPINIÓN
Participación social a favor de la construcción
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
La importancia de la representación de la sociedad y de la participación civil en las instituciones garantistas que velan, promueven y vigilan la protección de los derechos y las obligaciones institucionales, es producto del derecho de participación que desde la sociedad permiten asegurar la certeza al funcionamiento de las mismas, abonando claro a la democracia participativa.
La debemos ver reflejada en la operación y funcionamiento de los órganos que garantizan la promoción de derechos y que soportan sistemas de combate a la corrupción en las entidades federativas, como lo son Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco y el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL).
En este sentido, deberemos analizar que los sistemas de representación social al interior y exterior de las todas las instituciones que dedican su función primordial a garantizar, velar, vigilar y promover los derechos de todos los ciudadanos, respecto de los poderes del estado y de los gobiernos en función, debe contar con los pesos y contrapesos necesarios para que desde la sociedad civil, se logren generar pilares muy reales de la representación social y en su caso específico de corte ciudadano que permitan marcar la debida y necesaria participación de la sociedad y además abonen a la constante construcción y mantenimiento de la democratización y del correcto funcionamiento de los organismos autónomos que se encargan de avalarla.
Los conceptos básicos de los derechos humanos, los sistemas anticorrupción y los derechos a saber, implican desde luego sistemas de intervención a la protección y la obligación de custodiar, los derechos humanos, formar prevención y combate a la corrupción, así como responder a la obligación del estado de garantizar los derechos a saber basándose en la transparencia gubernamental y el acceso a la información pública; sin embargo, a más de dos décadas de que la importancia de la sociedad civil y la representación social en estos órganos tomara auge en la construcción democrática de los órganos garantes del derecho a la información y transparencia, protección de los derechos humanos y del engranaje de los sistemas anticorrupción, esta importante participación social y ciudadana, debe cuidarse porque es perfectible y de gran peso en las labores de dichos sistemas de vigilancia y protección ciudadana de cara a la sociedad.
Entre la gobernanza y la participación social, existe una línea delgada que debe mantener la vigilancia correcta a través de la representación de nuestra sociedad en este tipo de organismos, manteniendo y dominando el progreso de la democracia en las vías civiles, para sostener que tan importantísimos órganos autónomos permitan que se salvaguarden las condiciones necesarias para conservar el estado de derecho.
Siempre impidiendo, pero combatiendo las violaciones a los derechos humanos, bajo la obligación de transparentar a todos los gobiernos evitando la opacidad y reforzando el derecho humano a saber, luchando contra la corrupción y transitando a un sistema de prevención y guardia, así mismo haciendo valer todos los derechos implícitos en el engranaje constructor de que los ciudadanos participen en la vigilancia de los órganos garantes y de los sistemas del combate a la corrupción.
Instituciones producto de la democratización globalizada y de la incursión de los derechos humanos en el país, bajo el esquema de la participación civil en los consejos, comisiones y comités de corte ciudadano que atienden a la necesidad de que sea la misma sociedad, aquella que intervenga otorgando la certeza de que la sociedad mantiene ojos avalistas en todos los órganos que rigen bajo los conceptos de protección y vigilancia reales, actuando desde los ciudadanos que poseen facultad y pueden ser parte de estos mecanismos de participación en temas especializados, bajo la premisa de dar entrada a la sociedad civil a dichas instituciones que tiene por objeto vigilar y procurar, el actuar de nuestros entes gubernamentales, convirtiendo la participación civil en actos reales y no políticos o amañados para concebir fines de toma política de tan importantes instituciones.
Todos los ciudadanos tenemos derecho a la participación y en su caso a la representación, es incluso materia de derechos humanos participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, sin embargo, esta figura de herramienta democrática debe ser cuidada por la misma sociedad y desde la organización civil, para evitar que las instituciones o bien los organismos de garantía y protección, sean producto de un botín político que deje sin efectos, tan principalísima labor social de certidumbre y aval democrático en Jalisco.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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