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OPINIÓN

Primero los pobres

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

En un mundo donde la desigualdad es una constante y las proporciones del 80-20 y hasta 90-10, en la concentración de la riqueza y el nivel del ingreso se mantienen inalterables, es evidente que se debiera estar a favor de los que menos tienen y los que menos ganan al ser mayoría, siendo un principio de justicia y equidad al que la humanidad no puede renunciar.

En México, el 41.9% de la población: 52.4 millones viven en pobreza, según CONEVAL y hasta 2018 solo se había logrado reducir en 3 puntos este indicador respecto a la década anterior, dato que no es menor si consideramos que la población creció en 1.4 por ciento.

Este dato, por sí mismo justifica el énfasis que el titular del poder ejecutivo pone al afirmar que en este gobierno primero los pobres, sin embargo, en el contexto actual de las acciones gubernamentales, decir que primero los pobres suena más a recurso demagógico que a verdadera política pública. Resulta además en un proyecto de gobierno excluyente con tintes más de consolidación de poder político que de atender las urgentes prioridades de la nación. Es ignorar, por formación ideológica o clasista, que en México el 42.4 de los hogares en donde viven 40 millones de mexicanos son de clase media (INEGI, ENIGH 2010) y que ésta ha crecido en mayor proporción que la pobreza.

Ahora bien, si el énfasis es sobre los pobres, las políticas públicas del actual régimen, están plagadas de contradicciones. Es encomiable que se busque aumentar el ingreso de los que menos tienen, pero darles más dinero vía subsidios directos se neutraliza si le quitan y escatiman servicios como acceso a guarderías, desayunos escolares, acceso a medicamentos y atención a la salud en el tercer nivel. Es paradójico becar a millones de jóvenes para que se capaciten para el empleo y a la vez cancelar y desalentar inversiones que implican miles de empleos permanentes para estos jóvenes tras el fin de su beca. Es plausible que se trate de evitar la corrupción, (el combate está en duda) pero censurable que por ello se detenga la inversión del estado en infraestructura, se incurra en sub ejercicios presupuestales y se retengan los pagos a proveedores, de quienes dependen otros miles de empleos.

Reducir la desigualdad implica necesariamente incrementar el ingreso de los más pobres, pero un incremento al salario mínimo, así sea histórico, es una receta muy limitada, especialmente en una economía como la nuestra en la que casi el 60 por ciento de la actividad económica se realiza en la informalidad por la inexistencia de mejores oportunidades. Tanto informales como el comercio establecido requieren de la generación de riqueza para que esta sea distribuida y desafortunadamente, la política económica, hasta hoy, no va en ese sentido como lo refleja el primer año de crecimiento negativo. Menor actividad económica es menor recaudación para el estado, agobiado ya por el excesivo costo de los programas sociales y la exigencia de recursos para proyectos prioritarios de dudosa conveniencia

La crisis a la que nos orilla el COVID19 habrá de mostrar la fragilidad de la política económica del régimen. La primera señal de insuficiencia es el afán de conservar al máximo la dinámica comercial para no dañar la economía de los que trabajan a diario y viven de ello.

Es necesario hacerlo así porque el gobierno no tiene dinero para apoyar en forma directa a ese 60 por ciento de la economía que es la informalidad. Es preferible continuar trabajando y administrar los efectos de la pandemia cuya letalidad es menor, pues los muertos serán entonces un daño colateral justificable. El presidente ha hablado de recursos disponibles que nadie sabe dónde están porque no se encuentran en ningún documento oficial; con el precio del petróleo en su peor nivel del siglo, con la recesión en puerta en los USA y la consiguiente reducción de las remesas, con la actividad económica nacional retraída, lo único que puede dar a los pobres son discursos, pensiones y abrazos.

La persistencia en mantener el impacto psicológico en las masas y por ello su renuencia a dejar de concurrir a plazas y eventos multitudinarios, aún en medio de la crisis del COVID19, es parte de los intentos por administrar una crisis que tarde o temprano habrá de exhibir la fragilidad e inoperancia del proyecto gubernamental.

Es necesaria una pronta rectificación para mantener vivo el proyecto transformador, aunque sea en la urgente necesidad de moralizar a la administración pública. Deshacerse del “servum pecus” que es su gabinete y llegar a acuerdos con los 16 ricos que acaparan la riqueza nacional y hoy están a su alrededor, postrados y genuflexos, para limitar sus ganancias y distribuir mejor sus excedentes. Se requieren acciones de Estado para apoyar la economía no desplantes populistas.

OPINIÓN

La pobreza crece

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

La tasa de crecimiento de la población en pobreza extrema se incrementará 6.3% en México al cierre de este año, la mayor expectativa para los países de América Latina. El índice de las personas en esta situación pasará de 11.1% de la población a 17.4%, detalló el Informe especial COVID-19 N⁰ 5 de la CEPAL.

Por su parte CONEVAL en su reporte “Medición de pobreza 2020” expone que la población en situación de pobreza creció, de 51.9 millones de personas en 2018, a 55.7 en 2020. De ellos, en pobreza extrema se encontraron en 2020, 10.8 millones, contra 8.7 que había en 2018, y en pobreza moderada 43.2 millones de personas en 2018, contra 44.9 en 2020. En cuanto a la población vulnerable por el nivel de ingresos, la misma comisión señala que la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema creció de 17.3 millones de personas en 2018 a 21.9 millones en 2020 y la población con ingreso inferior a la línea de pobreza no extrema se fue de 61.8 millones en 2018 a 66.9 en 2020.

El presidente López Obrador al ser cuestionado sobre estos números, dio la respuesta que niega pero no precisa, simplemente, él tiene otros datos, añadiendo que nunca se había entregado tanto dinero a los pobres como en esta administración, y puede tener razón si se piensa en una forma de entrega directa, más no en la acción institucional programada y por tanto susceptible de evaluar, pues el programa PROSPERA tenía alcances mayores y brindaba más oportunidades a las familias que las dispersas ayudas individuales que este régimen auspicia. Lo que se ha logrado indiscutiblemente, es ponerle color al dinero que se regala, pues toda la estructura que lo canaliza tiene el mismo color del partido en el gobierno.

Para el presidente, cumplir sus compromisos de campaña es una prioridad y lo está haciendo sin importar los costos. Rescatar Pemex y volver a hacerlo palanca del desarrollo, no subir las tarifas de luz, gas y gasolina, no tener un gobierno rico con pueblo pobre, rescatar la soberanía del Estado sobre los recursos energéticos y no incrementar la deuda gubernamental ni los impuestos, serían los principales, sin embargo en todos ellos, a pesar de sus afanes no ha logrado cumplir más que uno de ellos y eso parcialmente, que es el de no tener un gobierno rico con pueblo pobre.

El gobierno ya no es tan rico pero el pueblo sigue siendo pobre y creciendo su pobreza. La pandemia cayó como anillo al dedo, así lo expresó en su momento, y se ha convertido en la justificación para los pobres o nulos resultados en materia económica. La economía nacional ya venía en un severo deterioro desde antes de la pandemia y la persistencia de la misma hace difícil adjudicar a la ineficiencia gubernamental el fracaso de las intenciones.

Se debe reconocer que la distribución directa de recursos ha sido un eficaz instrumento para que la presión social no se desborde, sin embargo es mayor el mérito de las remesas que mandan nuestros paisanos a sus familias, lo que mantiene el consumo interno como sostén de la economía, junto con la bocanada de aire que representan las exportaciones automotrices y agropecuarias.

A la luz de los resultados que arrojan las evaluaciones de los organismos oficiales e independientes, las políticas y acciones gubernamentales que ha puesto en práctica el régimen no son, ni serán, suficientes para disminuir la pobreza y la desigualdad. Alarma que ante la evidencia se oponga la imprecisión de los otros datos y sobre todo que se piense que la transferencia directa de efectivo será suficiente para mejorar el nivel de vida y proporcionar bienestar, que se niegue la posibilidad de reconsiderar y rectificar y se empeñen en la continuidad y el acrecentamiento de esta política clientelar y paternalista, a pesar de que las finanzas nacionales se encuentran severamente presionadas por la creciente necesidad de flujos de capital para cubrir las ayudas individualizadas y los costos crecientes de las obras emblemáticas de la administración.

Ante la dimensión que adquiere el crecimiento de la pobreza y la nula efectividad de las políticas sociales para procurar un mejor equilibrio social, se hace necesario buscar mejores formas de mejorar el ingreso, más allá de los decretos que eleven el salario mínimo. Bien que las nuevas formas de democracia sindical que están emergiendo como consecuencia del TMEC repercutan en mejoras salariales, mal que esto se haya impuesto desde el exterior por un acuerdo y no como consecuencia de una política nacional. La línea seguida por el actual gobierno actúa sobre los efectos de la pobreza mientras desatiende las causas. Absorto en obtener rentabilidad electoral con la política social se descuida la política económica y a los actores determinantes de la economía nacional, se sataniza a la clase media y empresarial y se escatiman apoyos a las actividades productivas, micros y medianos empresarios.

Se ha comprobado históricamente, que el gobierno no puede sustituir a la libre empresa como generador de riqueza y desarrollo, insistir en recuperar ese papel podrá dar rentabilidad política electoral, pero mantendrá creciendo el número de pobres.

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OPINIÓN

Los muchos frentes de Enrique Alfaro: Entre la espalda y la UdeG

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Con todo respeto, por Jorge Zul de la Cueva //

El gobernador de Jalisco parece estar buscando cerrar frentes, apagar fuegos y concentrarse en las batallas que no puede eludir. A nivel discurso últimamente toma decisiones basadas en el bien común, en la sensatez e incluso en la democracia, pero en realidad está metiendo reversa en algunas cosas para reducir los frentes de combate y eso es finalmente sensato.

El anuncio de la imposición de un Basurero en Tala fue un problema desde el principio. No había claridad en los estudios, ni objetivos o tiempos claros y la cantaleta de que se trataba de un Centro de Economía Circular no convenció ni a propios ni a extraños. Los pobladores de Tala armaron un frente de resistencia que se podría convertir en un problema serio, con apoyo amplio a nivel estatal y esto podía implicar poner a Caabsa en el centro del huracán mediático y Caabsa no tiene muchos argumentos con qué defenderse. 

Se trataba de un masivo dolor de muelas en potencia.

Y ya hay un dolor de muelas organizado, capaz, bien avituallado y bastante entrenado para los conflictos: La UdeG. El grupo cuenta con amplia experiencia en enfrentar gobernadores desde hace varios sexenios y las hostilidades del Gobernador con la UdeG lejos de estarse enfriando están escalando y en esta circunstancia lo mejor es no tener la atención dividida en varios problemas a la vez.

Así que el gobernador decidió salir en un video afirmando que había escuchado a la gente de Tala y que iban a buscar un nuevo lugar para poner la basura. El tiempo corre y aunque se desactivó una bomba, no estamos del otro lado, porque donde pongan el basurero va a generar resistencia. Tal vez si socializan lo suficiente y si hacen un proyecto de calidad, un verdadero Centro de Economía Circular e involucran a las comunidades en la toma de decisiones, a lo mejor la cosa se vuelve más manejable. Tristemente conociendo los antecedentes de Caabsa y de Alfaro, esto es de dudarse.

También tomaron medidas para desinflar el problema y el fiasco que se veía venir con la famosa reforma 2.0 y el ataque al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción que incluía quitarles el sueldo, una medida que ya ha resultado inconstitucional en otras entidades federativas y antes de que le viniera el batazo federal que corrigiera la plana, salió de nuevo en un video el Gobernador a decir que siempre no se les quitaba el sueldo pero puso ahí unas cláusulas que, a falta de estudiarlas, parecen traer destinatario claro al interior del CPS. Recula a medias pues y sigue buscando desactivar al CPS pero ya dio un paso atrás.

Otro frente está en el escenario nacional. En la medición de presidenciables de El Universal, Alfaro no pintó y por primera vez desde antes de que comenzara la pandemia, la encuesta de Mitofsky que circuló la semana pasada, coloca al gobernador con más desaprobación que aprobación.

Según Mitofsky algo cambió de febrero a la fecha pues la tendencia de Alfaro ha sido desde entonces a la baja y por primera vez se encuentra en un punto de cruce de popularidad con Amlo que ha venido ganando terreno poco a poco a pesar de que la 4t es prácticamente inexistente en Jalisco. Alfaro registra 45 puntos de aprobación y AMLO 44.7. 

Falta entender cuál es la estrategia de AMLO el mayor y más difícil de entender entre todos los frentes. ¿Qué se negoció para iniciar el conflicto con la UdeG? Si hacemos caso a la voz popular que afirma que “amor que no se refleja en el presupuesto no es amor del bueno” veremos que en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022, la Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco está registrada en la cartera de proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no tiene recursos asignados.

La presa El Zapotillo, que este año recibió 300 millones de pesos, tampoco aparece con una partida definida.

¿Dónde está entonces el amor?

Las partes, los expertos y los mirones en el conflicto Alfaro-UdeG, hemos estado muy atentos a las acciones del Gobierno Federal cuyo poder, de accionarse, sería el fiel de la balanza. Pero quien pide una auditoria al Museo de Ciencias Ambientales no es la federación, es el Congreso Estatal mientras AMLO brilla por su ausencia incluso a nivel presupuestal.

Es curioso que Alfaro, tan enamorado de quejarse de que la Federación trata mal a Jalisco, hoy hace mutis ante el apretón presupuestal. ¿Sabe algo o ejerce prudencia? ¿Va con un libreto o juega obligado, cada vez más encerrado entre la Espalda del Presidente y el Conflicto con la UdeG?

Es una posición difícil.

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OPINIÓN

Más poder al Consejo Directivo del Ipejal

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Metástasis, por Flavio Mendoza //

Los defensores de la reciente Reforma al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) tienen como principal argumento el que nada de lo aprobado afecta retroactivamente a ningún afiliado ni pensionado que no esté dentro de los considerados VIP. Dichos defensores han desacreditado a quienes están procediendo al amparo, auguran que serán desechados e improcedentes pero ninguno garantiza ni el rescate al Ipejal, ni mayores afectaciones en un futuro a los pensionados y afiliados del Instituto.

La semana pasada manifesté mi preocupación particularmente por el artículo 153, al que se hace un agregado, una nueva fracción que da otra facultad al Consejo Directivo del Ipejal ahora sobre la posibilidad de modificar y reducir el monto de las pensiones, adecuándolas a lo establecido en el artículo 39 y 70 fracción II, aquí es donde hay verdadero riesgo de lo que puede pasar en un futuro.

Si bien es cierto que todos los artículos deben quedar armonizados, en el caso del 153 básicamente era innecesario, para la aplicación de las modificaciones al 39 y sobre todo al 70 fracción II, en el que se establece el tope salarial, el Consejo no debe tener la facultad de reducir el monto de las pensiones, puesto que es una función ya expresa en el mismo artículo fracción I y IX, incluso para efectos de la reducción de las consideradas pensiones VIP objeto de ésta iniciativa, nunca se determinó la causa de utilidad pública ni en la justificación de la iniciativa, ni en el estudio actuarial, entonces esta adhesión de fracción a dicho artículo, ¿fue diseñada para su aplicación en un futuro?.

Apegándonos a la redacción de ésta nueva facultad en la fracción XIX de la nueva reforma al Ipejal, son dos facultades, la de modificar y la de reducir, ésta última sobre todo que puede ser la llave de solución rápida para el futuro inmediato ante el inminente escenario visible y justificado del quebranto financiero, pues los artículos sobre los que habrán de adecuar las reducciones establecen los máximos de cotización y por consiguiente el máximo de pensión, es decir los topes, pero en ninguno de esos artículos se establece un mínimo de reducción de una pensión. Por lo anterior, mientras no apliquen el tope máximo, podrían ser reducidas todas las pensiones en cualquier momento que así lo determine el Consejo Directivo del Instituto. Pero la desconfianza de interpretación y aplicación de la ley se eleva aún más porque la facultad se la dan al mismo organismo que ha permitido el quebranto del propio Instituto.

En la reforma de 2009 se vendió la salud financiera del Instituto por los siguientes 50 años, un fracaso tangible a menos de la mitad de ese tiempo, el verdadero trasfondo fue precisamente hacer a un lado al Congreso de Jalisco de toda injerencia sobre el manejo del Ipejal, para concentrar las facultades básicamente en el presidente del instituto, un personero del gobernador en turno ante un consejo que por su actuación y silencio, cuando menos público, ha sido cómplice de la entrega total al Poder Ejecutivo.

Hoy es prácticamente lo mismo, una reforma disfrazada de terminar con las pensiones VIP, pero que agrega una facultad más a ese poderoso Consejo a modo para que en el futuro el problema del pago de pensiones se resuelva, sin reforma, con la reducción de las pensiones.

Sin establecer lo que se debe entender para efectos de la aplicación de la ley en el artículo 3 lo referente a causa de utilidad pública, así como pensión digna, esta fracción vuelve mas incierto el futuro de las pensiones, pues será el Consejo quien pagará los estudios actuariales que así determinen la causa y se proceda con las reducción a cualquier pensión y no sólo a las VIP, porque además a partir de esta reforma se entiende que ya no existirá ninguna de ellas, es decir, otro elemento para pensar que esa modificación no fue pensada para aplicar a quienes se les reducirá la pensión en los próximos meses, sino para tener vigencia y aplicarla cuando se considere necesario unilateralmente desde la administración del Ipejal.

Para esta modificación los amparos difícilmente procederán, pero el tiempo nos volverá a dar la razón, aunque esta vez quisiéramos equivocarnos, pero el futuro del Ipejal no se resolverá con estas superficiales modificaciones, por el contrario, la historia parece repetirse.

Twitter: @FlavioMendozaMx

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