OPINIÓN
Quintos comicios en cuatro años: Elecciones nacionales en Israel ¿el regreso de Netanyahu?
Política Global, por por Jorge López Portillo Basave //
En un ciclo sin fin y por quinta vez en menos de cuatro años los israelitas se encuentran con un gobierno provisional y en camino a una nueva elección parlamentaria para formar gobierno.
El pasado jueves el parlamento de Israel votó por unanimidad para disolver su gobierno y programar nuevas elecciones en las que el partido que obtenga la mayoría podrá formar gobierno como lo es en cualquier régimen parlamentario.
Pero como usted recordará en este espacio hemos dado seguimiento al tornado político del país de la estrella de David.
Hace apenas un año una coalición de nueve partidos desde la extrema izquierda hasta el centro y la derecha se unieron para evitar que el partido “Likud” encabezado por Benjamín Netanyahu lograse obtener mayoría absoluta, es decir la mitad más uno del parlamento y con ello bloquear su posibilidad de continuar en el cargo de Primer Ministro.
En su mayoría sus rivales eran antiguos aliados como su ex ministro de hacienda quien consiguió amalgamar la coalición que ahora deja el poder.
Pero el hecho político es muy interesante. El Primer Ministro saliente Bennett, se sumó a la alianza para derrocar a Netanyahu con un partido muy pequeño pero bajo la condición de ser el que encabezase el gobierno, algo así como si en México MC se sumase a una coalición con todos los partidos de oposición para derrotar a Morena, con la condición de que ellos pusieran al candidato a Presidente de la República. En su momento el segundo partido mayoritario encabezado por Yair Lapid un ex aliado de Netanyahu, aceptó el trato y aceptó una posición como ministro de Defensa en el gabinete de Bennett.
En su momento Yair Lapid, con el control del partido más importante de la coalición pudo haberse aferrado a ser el primer ministro de dicha mega unión, pero decidió ceder ese lugar con el fin de ganar el gobierno a Netanyahu y así fue. Ahora a menos de doce meses de gobierno su alianza multi ideológica es auto disuelta por disfuncional y poco eficiente.
En junio de 2021 Netanyahu y su partido dejaron de tener el gobierno, mismo que habían mantenido durante 12 años consecutivos, convirtiendo a Bebi Netanyahu el Primer Ministro con mayor estadía en el cargo en la historia de Israel. Ahora sus rivales parecen haber agotado su capacidad de negociación interna y por ende se enfrentan a una imposibilidad de continuar gobernando en coalición. El país enfrenta una difícil situación económica y también problemas de seguridad pública.
En un régimen parlamentario nadie está fuera hasta que está muerto. Por lo pronto ya se sabe que el aún líder del partido Likud, podrá aspirar a ganar por sí mismo o con alianzas, 61 lugares de Kennesett -parlamento-, y con ello regresar al poder. ¿Será?
Casi todos los países del mundo están enfrentando problemas económicos, unos más que otros pero esto no parece hacerle mella al líder del país más rico del mundo, hace tres días en la cumbre de la OTAN, el presidente de EEUU dijo que la gente debería resistir y continuar pagando los precios caros de los combustibles “por el tiempo que fuera necesario” para derrotar a Rusia, el comentario fue secundado por su consejero económico en jefe quien dijo que esta batalla económica vs Rusia era para garantizar el “futuro del orden mundial liberal”. Pero no en todos los países los aliados liberales de Biden están en posibilidades de sobrevivir políticamente a la crisis económica que estamos enfrentando a nivel internacional por las malas políticas del G7 y la posterior invasión a Ucrania.
Como sabemos, Bennett fue electo en una coyuntura en la que Netanyahu, amigo cercano de Trump, tuvo que buscar a Biden quien parece haber hundido al anterior primer ministro y fomentado la alianza en su contra, misma que ahora por la crisis económica se desbarata. En Israel hay una parálisis parlamentaria que se complementa con un decrecimiento económico y una inflación acelerada.
Yair Lapid ha tomado el poder como Primer Ministro temporal, hasta el primero de noviembre cuando las elecciones darán rostro al nuevo parlamento y con ello se verá si la apuesta del actual encargado Primer Ministro dio frutos y consigue ganar una mayoría que le permita ahora gobernar como líder o si su poder y el de sus aliados como Bennett se agotó y el pueblo regresa a Netanyahu al poder.
Pero no todo está escrito, Netanyahu está aún bajo juicio por actos de corrupción mismos que él niega pero que no han sido sentenciados. ¿Será que la justicia le evite llegar al poder por segunda vez o será que su sentencia absolutoria será el mejor anuncio de campaña para regresar al poder?
En la geopolítica como en la política callejera todo se vale y como Biden sabe que la victoria de Netanyahu en Israel en noviembre y la victoria del partido Republicano en EEUU en ese mismo mes pueden ser malas noticias globales para su “orden mundial” ha decidido ir a darle un apoyo a la contraparte y confirma que en un par de semanas realizará una gira por Medio Oriente en donde visitará Israel y a su Primer Ministro Temporal, a quien seguro fortalecerá con muchos elogios. Una victoria de la derecha en EEUU y en Israel puede ser un mal augurio para el 2024 y el futuro de su agenda global.
Israel es un país cuya economía está apuntalada en la exportación y venta de gas natural, productos que Washington está tratando de sacar del mercado mundial. Lo raro es que Biden va a ir a Arabia Saudita a pedir a los árabes que aumenten su producción diaria de petróleo para poder controlar la crisis económica, pero al mismo tiempo EEUU bloqueó a sus propios productores locales de gas y de petróleo y bloqueó el oleoducto que llevaría gas natural desde Israel hasta Europa lo que ha fortalecido la posición de Rusia al que se supone quiere derrotar.
Si la crisis económica propiciada por el G7 continúa por los próximos dos años, podríamos ver el retorno de Netanyahu y de Trump -entre otros-, quienes fueron artífices de su propia derrota, siendo regresados al poder por los mismos que fueron sus contrincantes quienes habrían cometido los errores suficientes para lograr que los electores de sus países cambiasen de opinión.
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
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