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OPINIÓN

Revisar la coordinación fiscal

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Opinión, por Héctor Romero Fierro //

Mucho se insiste en la urgente necesidad de modificar la Ley de Coordinación Fiscal y hacer más justo el reparto de los dineros fiscales entre la Federación y los Estados y estos con sus municipios, ya que los Estados ricos no están de acuerdo con las actuales fórmulas de reparto, y menos con el manejo que viene dando Manuel Andrés López Obrador (MALO), en especial a los ramos 28 y 33 que a juicio de los expertos sus reglas ya reflejan total obsolescencia.

Recordemos que nuestro país en la Constitución de 1857 (y que conservó en la mal llamada Constitución de 1917), adoptó el modelo de la Constitución de los Estados Unidos de América, en cuanto a la oscura delimitación entre la Federación y las entidades federativas de los campos tributarios de estos. Alexander Hamilton y la mayoría de la Convención Constituyente de los Estados Unidos de América, consideraron que era preferible establecer un régimen de “concurrencia” en materia impositiva que no definiera límites a la posibilidad de obtener ingresos tributarios para satisfacer las necesidades de gasto del poder público.

Posteriormente Ignacio L. Vallarta estableció la tesis según la cual la Constitución de 1857 no establecía una línea precisa entre los poderes tributarios de la Federación y de los estados. En este sentido, sosteniendo que con excepción de los impuestos que la propia Constitución señalaba como exclusivos de la Federación, (ahora contenidos en la fracción XXIX del artículo 73 Constitucional), los estados podían “decretar cuantos crean convenientes sobre todos los valores que existan dentro de su territorio y que constituyan su riqueza, sin excluir los que representan las cosas importadas después de la importación…”

Concluyó el jurista jalisciense que el Congreso Federal y las legislaturas de los Estados cuentan con facultades concurrentes y no exclusivas en materia fiscal, por lo que la Federación puede decretar una contribución que recaiga aun sobre el mismo ramo de la riqueza pública ya gravado por un Estado.

Esto, en opinión del doctrinista Tena Ramírez, abrió en México la puerta a la “anarquía en materia fiscal”, ya que la codicia de la Federación y la pobreza de los estados competían en la exacción de los impuestos dobles, generalizando una doble y hasta triple imposición, con los consabidos daños causados a la economía nacional. Tratando de regular esto, en 1925, 1933 y 1947, el gobierno federal convocó a los gobiernos de las entidades federativas a tres convenciones nacionales fiscales, con el objetivo primordial de encontrar una solución al problema de la múltiple imposición derivado del citado régimen constitucional de concurrencia.

Destaca la tercer convención ya que de ahí salió la iniciativa para que el Congreso de la Unión aprobara en 1948 la Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, que incluía una tasa federal de 1.8% aplicable en todo el país, estableciendo además que los Estados que adoptaran el sistema propuesto y derogaran o dejaran en suspenso los impuestos locales sobre actividades comerciales o industriales, tendrían derecho a cobrar una tasa que fijaría su legislatura y que no podría exceder de 1.2%. Por ello la población conocía el impuesto del 4% de Ingresos Mercantiles ya que se cobraban juntas ambas contribuciones. Esto implicaba que la Federación y el estado correspondiente celebrarían un acuerdo, que por primera vez se llamó “Convenio de Coordinación”, en el que se establecería cuál de las partes y con qué facultades administraría el impuesto. Este fue el origen del actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que rige en nuestro país, además recordemos que el Impuesto al Valor Agregado con una mecánica mucho más compleja, sustituyó al de Ingresos Mercantiles.

La fórmula del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se basa en que la Federación y los Estados pueden voluntariamente firmar convenios de coordinación fiscal, comprometiéndose los segundos en limitar sus potestades tributarias a favor de la Federación, a cambio de una participación en los ingresos fiscales federales. Actualmente todos los estados han suscrito convenios, lo que permite que el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, sean establecidos y administrados por la Federación, con el compromiso de participar a los Estados de su recaudación. Ello ha provocado graves distorsiones, ya que la Federación controla más del 80% de la recaudación total, volviendo a las entidades federativas en irresponsables al no explotar nuevas potestades tributarias, ya que viven simplemente de estirar la mano esperando sus participaciones federales y por otro lado una Federación codiciosa y deseosa de quedarse con la tajada grande del pastel para hacerle frente a tanta promesa populista electorera donde todos los recursos se destinan a los estados del sureste y al rescate de Pemex, olvidando que se tiene que gobernar para todos, inclusive para los Estados “Fifís”.

De acuerdo a cifras de la Auditoría Superior de la Federación ASF, para las Entidades federativas las transferencias significan en promedio 90 por ciento de sus ingresos totales y para los municipios alrededor de 65 por ciento, aunque en los que son rurales y marginados supera 90 por ciento. Dichas participaciones se articulan a través de una serie de reglas y fórmulas que integran el ahora llamado “Sistema Nacional de Coordinación Fiscal”

Recientemente se ha insistido mucho de que la Federación trasparente públicamente los instrumentos jurídicos o convenios, criterios y reglas de asignación, los montos y fechas de asignación, así como las fechas de los montos gastados por los estados, en especial el manejo que le ha dado este gobierno a los recursos correspondientes de los Ramos 28 “Participaciones a Entidades Federativas y Municipios” y 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, y además mejorar sus reglas, ya que de lo contrario podrían varios Estados, entre ellos Jalisco, considerar abandonar dichos convenios, situación que deteriorará más las finanzas del gobierno federal.

E-mail: hromerof@lgrrabogados.com

Twitter: @hectorromerof2

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OPINIÓN

La transparencia debe ser el sello de la nueva justicia laboral

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Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

La primera semana de mayo del 2022 inicia en Jalisco la nueva justicia laboral, derivado de la reforma del 2019 donde todas las entidades federativas de manera paulatina irían cambiando la impartición de justicia laboral en el país, desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el Estado y surgirán tribunales laborales que pertenecerán al Poder Judicial del Estado de Jalisco, sin embargo, todos los asuntos laborales que existen actualmente o hasta el 01 de mayo ingresen mediante una demanda laboral se verán y concluirán en las mismas Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco hasta el final de su proceso.

En este sentido, el reto y la puesta es el centro de conciliación, modelo imperativo que funcionará de filtro previo, evitando que se saturen los nuevos tribunales laborales por una gran cantidad de demandas que se generan habitualmente en el Estado de Jalisco, por lo que se pretende que el modelo de conciliación entre las partes sea el eje rector para traducir la justicia laboral actual a una justicia efectiva y eficaz, donde las partes en conflicto laboral, obtengan la solución oportuna mediante la asistencia preliminar al nuevo centro de conciliación y se solucione el conflicto antes de ejercer el derecho al acceso a la justicia mediante tribunales y sin que se llegue a demandar en el nuevo Sistema de Justicia Laboral.

La nueva Justicia laboral en Jalisco, está cocinándose por el legislativo, el ejecutivo y el poder judicial para que dentro de menos de un año nos encontremos en un reciente modelo distinto para resolver la mayor parte de los conflictos laborales y los temas sindicales, se dividirá en dos terrenos la vida laboral en el Jalisco mediante una obligatoria y previa conciliación que inevitablemente marcará el requisito indispensable para poder presentar una demanda laboral en los nuevos juzgados laborales del poder judicial de Jalisco.

En Jalisco y en el país el desafío es dejar atrás el sistema viejo e inoperante que actualmente se tiene de la forma de buscar la justicia laboral, mediante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, lo que sin duda permitirá refrescar los temas de la justicia laboral para los trabajadores en el Estado y para las empresas, sin duda alguna la permutación de sistema no implica un retroceso en la materia, sino una apuesta a equilibrar los derechos de las partes en un sistema que pretende evitar dilaciones, saturación y corrupción en la impartición de justicia laboral, habrá entonces que apostar porque el centro de conciliación contenga y mantenga las mejores prácticas de avenencia y cuente con indudables expertos en materia de conciliación, para cerrarle el paso al abuso de trabajadores y la escapatoria intencional de las empresas a sus obligaciones patronales, como sucede en la actualidad.

De los tribunales laborales, también se debe esperar un sistema de juzgados laborales con perfiles de alta profesionalización que impartan justicia de manera congruente y eficaz, Jalisco merece un cambio en la materia laboral que implica que los poderes, autoridades y gobierno apuesten a generar un nuevo Sistema de Justicia Laboral conveniente y adecuado con las realidades que vivimos, con los derechos y obligaciones del mundo laboral, del que se desprenda inevitablemente desarrollo, justicia y competitividad global.

La transparencia debe ser el principal eje rector de tan ambicioso proyecto de reforma laboral en el estado, que marque precedente desde la creación o construcción de la ciudad laboral, hasta los procedimientos para elegir perfiles y servidores públicos que integrarán el nuevo Sistema de Justicia Laboral. El Gobierno del Estado y el Poder Judicial deberán velar por mostrar procesos abiertos a la transparencia y en su caso la rendición de cuentas en el proyecto que además solo tiene un margen mínimo de 8 meses de creación, instalación y capacitación.

Festejemos entonces esta nueva y necesaria etapa en la que la justicia laboral en Jalisco que iniciará y permitirá que los trabajadores acudan a ejercer sus derechos laborales, sin tener que poner en riesgo sus procesos en medio una fallida y sobrepasada justicia administrativa de supuesta buena fe, así mismo las pequeñas y medianas empresas dejen de ser afectadas por laudos y procesos laborales en los que terminan pagando cantidades ilógicas para no perder una demanda laboral y ser condenados al pago de salarios caídos e indemnización. La apuesta es legítima, así como la necesidad imperante de cambio y justicia que ya era inaplazable, colocar la justicia en tribunales es el lugar correcto y conciliar los asuntos laborales es un mecanismo imperante para la correcta operatividad del sistema laboral en Jalisco.

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OPINIÓN

CELAC y el coqueteo

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

El 18 de Septiembre se celebró en la Ciudad de México, la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. México ocupa la presidencia pro tempore del organismo desde Enero de 2020. Como todas las reuniones de este tipo, esta concluyó con las mismas declaraciones habituales, compromisos sobre intenciones y declaraciones grandilocuentes, solo eso, siendo lo resaltable las diferencias ideológicas de sus integrantes y el abierto desafío lanzado por el gobierno mexicano a la preminencia continental de los Estados Unidos de Norteamérica.

En el siglo XX, durante la vigencia de la guerra fría, a los gobiernos mexicanos les resultó fructífero para la relación siempre dependiente de la economía norteamericana, el hacer guiños a la potencia tras la cortina de hierro y países europeos, para conseguir concesiones y ventajas en la relación bilateral México-USA. El derrumbe de la URSS y el fortalecimiento consiguiente de los aliados occidentales, terminó de hecho con esa práctica y más aún después de la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, que integró las economías haciéndolas interdependientes.

El ascenso de la economía China y el fortalecimiento de Rusia parecen trasladar la otrora guerra fría hacia otra despiadada competencia económica y tecnológica en la que todos los países integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños son meros espectadores o piezas de distinto valor en el ajedrez entre las dos potencias comerciales, China y USA.

Nadie ignora que la relación entre los presidentes Biden y López Obrador no pasa por un buen momento y que muchos de los desplantes de este último, desafiantes y descorteses, como el trato dado al embajador Salazar en la fiestas patrias, la invitación al presidente cubano en las festividades patrias y la anunciada presencia del gobernante nicaragüense, así como la apertura a la participación de empresas Chinas en proyectos del gobierno mexicano, parecen un intento por volver a la vieja estrategia del coqueteo. En este contexto es como podemos entender el papel protagónico que se ha asumido con el aparente liderazgo en esta conferencia de Estados latinoamericanos y del Caribe.

Aplicar una receta vieja a momentos nuevos y escenarios diferentes parece ser una apuesta riesgosa, especialmente cuando la cortina de hierro se ha corrido al oriente y una guerra comercial entre los USA y China tiene lugar y México ha quedado en medio. En el muy posible escenario de mayor tirantez entre los dos colosos comerciales, México que ya ocupa un lugar preponderante en la cadena de suministros para la economía estadounidense, podría obtener ventajas si su planta productiva puede sustituir las importaciones que de China llegan a los Estados Unidos, pero ese escenario difícilmente se dará, si como se está evidenciando, México muestra mayor acercamiento con China y mayor distanciamiento de nuestro vecino norteño. No es una buena señal para nuestro principal socio comercial, que en el marco de la Cumbre de la CELAC se haya transmitido un mensaje del presidente Xi Jinping, y que la participación de empresas chinas en la construcción de infraestructura y transporte, así como otros ramos sea cada vez más frecuente y favorecida.

Es difícil entender esta lógica de enfrentamiento, o cuando menos desafío, a nuestro socio en el TMEC, del cual depende y seguirá dependiendo la recuperación de la economía mexicana, en un contexto totalmente diferente en cuanto a complementariedad de las economías e interdependencia, al que se vivía en el siglo XX, cuando la política del coqueteo nos permitía obtener concesiones y privilegios.

En el mundo actual, con la crudeza de las guerras comerciales es inevitable alinearse a un bando, especialmente cuando se tienen tantas debilidades como las que ahora tiene la economía mexicana. No son tiempos para andar jugando a los liderazgos regionales con base en afinidades ideológicas o simpatías por los débiles; es tiempo de ver nuestra realidad, la que surge de las cifras frías no de los discursos.

La realidad es muy diferente a la que se cuenta en las conferencias mañaneras o la que reflejan las estimaciones de los economistas oficiales. La incipiente recuperación que se observa está prendida con alfileres, siempre dependiente de condiciones exógenas porque nuestro gobierno no tiene recursos para impulsar la creación de riqueza, porque el recurso se está dirigiendo a paliar los efectos de la pobreza y esos se van a fondo perdido, sin recuperación ni crecimiento.

El espejismo de financiar el desarrollo con la riqueza petrolera desaparece conforme avanza el sexenio y ninguno de los grandes proyectos de este régimen tiene potencial detonador de desarrollo sostenido. Con una realidad económica frágil y dependiente, es una actitud osada y muy riesgosa andar haciendo fiestas continentales para desafiar a nuestra opción natural.

La cumbre de la CELAC terminó como parto de los montes, con acuerdos insustanciales envueltos en jerga diplomática, en la que la nota fue el pleito entre los invitados. Si la intención fue construir un liderazgo personal y una nueva alineación continental tampoco funcionó.

El ideal bolivariano no tiene un nuevo adalid como lo hubiera deseado nuestro presidente, pero los mensajes lanzados si pueden tener repercusiones perjudiciales para el futuro de nuestro país. Mensajes y señales como en el siglo pasado, política de antes para las situaciones de ahora, no parece una buena apuesta.

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OPINIÓN

La potestad de perdonar que dio el Papa Francisco: Dios perdona el aborto

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Con todo respeto, por Jorge Zul de la Cueva //

La discusión sobre la despenalización del aborto que gracias a la Suprema Corte hace sentir una difusa irritación gástrica en las buenas y decimonónicas conciencias de la Perla de Occidente me daría risa si no fuese, en síntesis, una discusión sobre los derechos de las personas y que este asunto, superado hace tanto tiempo en otros países, sigue costando sangre en el nuestro. Los abortos clandestinos son inseguros y matan.

No es un asunto de opinión, ni siquiera de fe, hay ejemplos en el mundo que nos permiten saber la diferencia entre prohibir por razones morales o no penalizar por motivos de salud pública. Es inviable obligar a la gente a tener un hijo no deseado por decreto y las cosas que hacen las mujeres para abortar cuando se los prohíben son terribles y dañinas. Van desde emborracharse diariamente hasta acudir a una clínica donde con un gancho para la ropa las desgarran por dentro. ¿Qué dios podría decir que este es el mal menor y que es mejor prohibir?

Pondré el ejemplo de dos países con políticas opuestas y a vuelo de pájaro hablaré de los resultados de las mismas porque es un espejo de la discusión que tenemos acá cincuenta años después sin mediar un sólo argumento nuevo.

En la España de Franco, tan congraciada con la Santa Madre Iglesia en su régimen de nacionalcatolicismo, la interrupción voluntaria del embarazo estaba prohibida ya que además de dar dolor de estomago al Generalísimo Francisco Franco (a quien no le importaba matar a republicanos con trabajos forzados en su monumento a los caídos), era ingrata tanto su versión de dios como al clero español tan cercano a la dictadura y a las buenas conciencias que podían, en caso de que sus hijas tuvieran un desliz sexual y pecaminoso, llevarlas a abortar a una isla cercana para posteriormente pretender que nada había pasado y que pudieran casarse de blanco con algún prometedor pretendiente de familia bien y valores cristianos en su sitio. Y es que el asunto de la prohibición y penalización es para los pobres. Los ricos se saltan las reglas cuando se trata de sus familias.

Hay información sobre los abortos clandestinos en la España de Franco y en los años posteriores a la dictadura. España no despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo sino hasta 2010 y un dato que nos permite ponderar el costo de la punición, es que 22 mil 999 españolas abortaron en Gran Bretaña tan sólo en 1983 según datos oficiales. Algunas iban obligadas por sus familias, otras mentían diciendo que tomarían unas pequeñas vacaciones, todas eran pudientes y aquí está el asunto para mí: Castigar solo afecta a quien no puede pagar.

En Inglaterra la “Abortion Act” que despenalizó la práctica del aborto inducido, entró en vigor el 27 de abril de 1968. Hace más de cincuenta años. Recupero algunos fragmentos de un artículo de la BBC publicado a propósito del 50 aniversario de la despenalización en Inglaterra.

El artículo se titula “Como yo tenía dinero, estoy viva; como ella no lo tenía, está muerta” y fue escrito por Claire Bates y Jane Garvey para la BBC viendo la luz el 5 de febrero de 2017.

Aquí la liga para quien guste leerlo completo:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-38800877

Un día, mi madre me dijo que la modista había muerto. Descubrí que había tenido un aborto clandestino que salió mal. Yo no había oído hablar de esto antes, probablemente porque en ese entonces esa palabra era inmencionable. Tanto la mujer embarazada que abortaba como cualquiera que le ayudara podían terminar en la cárcel”.

Descubrí entonces que todos los hospitales de enseñanza de Londres reservaban unas salas todos los viernes para las mujeres que llegaban con choque séptico, hemorragias o al borde de la muerte por terminaciones de embarazo clandestinas. Había más casos de esos los viernes porque era día de pago. Las operaciones a menudo eran hechas por personas con un poco de experiencia en enfermería, que usaban soluciones calientes y agujas de tejer o ganchos de ropa. Uno de los grandes problemas era que no podían diagnosticar con precisión la etapa de embarazo y, cuanto más avanzada, más peligroso era el procedimiento”.

Cuando se despenalizó el aborto se acabó este tétrico asunto. No se dispararon los abortos y dejaron de morir mujeres que no podían o no querían continuar con su embarazo por una pléyade de razones, sobre todo “no poder mantener a otro hijo”. Es decir, más que penalizar el aborto, valdría la pena combatir la pobreza.

¿Aquí como vamos?

Este domingo el Semanario de la Arquidiósesis de Guadalajara, publicó un texto donde convoca a una marcha después de aclarar que no es la Iglesia quien convoca sino la comunidad, los fieles, y esta marcha es porque no están de acuerdo en la despenalización y opinan que la vida en el vientre es sagrada, por simplificar un argumento que todos conocemos. Coincido con el Semanario en el hecho de que están en su indiscutible derecho de manifestarse públicamente.

La convocatoria es para la intitulada “Marcha a favor de la mujer y de la vida” y eso, ejerciendo mi derecho de manifestarme públicamente, me parece un poco sobrado porque más que a favor de la mujer, es en contra de la interrupción legal del embarazo y eso no es favorecer a las mujeres y para sostener mi afirmación están los datos, las muertes y lo que ha sucedido en los países donde se ha despenalizado.

Si quisieran hacer algo a favor de la mujer podrían, se me ocurre (y es sólo una opinión, no pretendo incidir en las políticas del clero), discutir su integración en las cúpulas de la Iglesia, hacer un Concilio Vaticano sobre la paridad y la equidad de género, la posibilidad de que hubiera obispas y papisas pero eso no es lo que se discute, ni siquiera se habla de opciones y acciones de gran calado para ayudar a madres embarazadas o niños abandonados. El asunto se limita a cuidar lo que sucede biológicamente en un vientre.

Afortunadamente aún al interior del clero no todos piensan igual y en 2016 queriendo que fuese parte de su legado en el cierre del Año de la Misericordia, el papa Francisco dio a los sacerdotes católicos la potestad de perdonar casos de aborto entre los fieles. Una facultad que previamente estaba reservada a confesores que tuvieran un estatus especial y que debía realizarse con el permiso de un obispo o del mismo Pontífice.

Dios perdona, gloria a Dios.

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