OPINIÓN
Revisar la coordinación fiscal
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Mucho se insiste en la urgente necesidad de modificar la Ley de Coordinación Fiscal y hacer más justo el reparto de los dineros fiscales entre la Federación y los Estados y estos con sus municipios, ya que los Estados ricos no están de acuerdo con las actuales fórmulas de reparto, y menos con el manejo que viene dando Manuel Andrés López Obrador (MALO), en especial a los ramos 28 y 33 que a juicio de los expertos sus reglas ya reflejan total obsolescencia.
Recordemos que nuestro país en la Constitución de 1857 (y que conservó en la mal llamada Constitución de 1917), adoptó el modelo de la Constitución de los Estados Unidos de América, en cuanto a la oscura delimitación entre la Federación y las entidades federativas de los campos tributarios de estos. Alexander Hamilton y la mayoría de la Convención Constituyente de los Estados Unidos de América, consideraron que era preferible establecer un régimen de “concurrencia” en materia impositiva que no definiera límites a la posibilidad de obtener ingresos tributarios para satisfacer las necesidades de gasto del poder público.
Posteriormente Ignacio L. Vallarta estableció la tesis según la cual la Constitución de 1857 no establecía una línea precisa entre los poderes tributarios de la Federación y de los estados. En este sentido, sosteniendo que con excepción de los impuestos que la propia Constitución señalaba como exclusivos de la Federación, (ahora contenidos en la fracción XXIX del artículo 73 Constitucional), los estados podían “decretar cuantos crean convenientes sobre todos los valores que existan dentro de su territorio y que constituyan su riqueza, sin excluir los que representan las cosas importadas después de la importación…”
Concluyó el jurista jalisciense que el Congreso Federal y las legislaturas de los Estados cuentan con facultades concurrentes y no exclusivas en materia fiscal, por lo que la Federación puede decretar una contribución que recaiga aun sobre el mismo ramo de la riqueza pública ya gravado por un Estado.
Esto, en opinión del doctrinista Tena Ramírez, abrió en México la puerta a la “anarquía en materia fiscal”, ya que la codicia de la Federación y la pobreza de los estados competían en la exacción de los impuestos dobles, generalizando una doble y hasta triple imposición, con los consabidos daños causados a la economía nacional. Tratando de regular esto, en 1925, 1933 y 1947, el gobierno federal convocó a los gobiernos de las entidades federativas a tres convenciones nacionales fiscales, con el objetivo primordial de encontrar una solución al problema de la múltiple imposición derivado del citado régimen constitucional de concurrencia.
Destaca la tercer convención ya que de ahí salió la iniciativa para que el Congreso de la Unión aprobara en 1948 la Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, que incluía una tasa federal de 1.8% aplicable en todo el país, estableciendo además que los Estados que adoptaran el sistema propuesto y derogaran o dejaran en suspenso los impuestos locales sobre actividades comerciales o industriales, tendrían derecho a cobrar una tasa que fijaría su legislatura y que no podría exceder de 1.2%. Por ello la población conocía el impuesto del 4% de Ingresos Mercantiles ya que se cobraban juntas ambas contribuciones. Esto implicaba que la Federación y el estado correspondiente celebrarían un acuerdo, que por primera vez se llamó “Convenio de Coordinación”, en el que se establecería cuál de las partes y con qué facultades administraría el impuesto. Este fue el origen del actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que rige en nuestro país, además recordemos que el Impuesto al Valor Agregado con una mecánica mucho más compleja, sustituyó al de Ingresos Mercantiles.
La fórmula del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se basa en que la Federación y los Estados pueden voluntariamente firmar convenios de coordinación fiscal, comprometiéndose los segundos en limitar sus potestades tributarias a favor de la Federación, a cambio de una participación en los ingresos fiscales federales. Actualmente todos los estados han suscrito convenios, lo que permite que el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, sean establecidos y administrados por la Federación, con el compromiso de participar a los Estados de su recaudación. Ello ha provocado graves distorsiones, ya que la Federación controla más del 80% de la recaudación total, volviendo a las entidades federativas en irresponsables al no explotar nuevas potestades tributarias, ya que viven simplemente de estirar la mano esperando sus participaciones federales y por otro lado una Federación codiciosa y deseosa de quedarse con la tajada grande del pastel para hacerle frente a tanta promesa populista electorera donde todos los recursos se destinan a los estados del sureste y al rescate de Pemex, olvidando que se tiene que gobernar para todos, inclusive para los Estados “Fifís”.
De acuerdo a cifras de la Auditoría Superior de la Federación ASF, para las Entidades federativas las transferencias significan en promedio 90 por ciento de sus ingresos totales y para los municipios alrededor de 65 por ciento, aunque en los que son rurales y marginados supera 90 por ciento. Dichas participaciones se articulan a través de una serie de reglas y fórmulas que integran el ahora llamado “Sistema Nacional de Coordinación Fiscal”
Recientemente se ha insistido mucho de que la Federación trasparente públicamente los instrumentos jurídicos o convenios, criterios y reglas de asignación, los montos y fechas de asignación, así como las fechas de los montos gastados por los estados, en especial el manejo que le ha dado este gobierno a los recursos correspondientes de los Ramos 28 “Participaciones a Entidades Federativas y Municipios” y 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, y además mejorar sus reglas, ya que de lo contrario podrían varios Estados, entre ellos Jalisco, considerar abandonar dichos convenios, situación que deteriorará más las finanzas del gobierno federal.
E-mail: hromerof@lgrrabogados.com
Twitter: @hectorromerof2
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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