JALISCO
¿Tendrá Alfaro cortesía con Lemus? El nuevo modelo ruta-empresa en crisis
Opinión invitada, por Alma Chávez Guth //
«Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad», artículo 4° constitucional.
En estos días se han agudizado varios problemas públicos que amenazan con hacer crisis a corto y mediano plazo si no se hacen las acciones adecuadas de parte de los tomadores de decisiones.
Los socavones y el transporte.
Con los socavones sabemos que es una falta de mantenimiento de las redes de agua y alcantarillado, de muchísimos años, a pesar de que todos pagamos al SIAPA una cuota para ello que viene detallada en el recibo.
Pero hoy me centro en el Nuevo Modelo de Transporte Público, la Ruta Empresa, ese sistema de trabajar, que nos vendió el gobierno estatal actual y el anterior, para tener un transporte público moderno, eficiente, incluyente y seguro.
Con ese nuevo modelo de transporte, se iban a acabar las carreras por el pasaje y el trato digno para los usuarios sería su principal característica, ya que harían sus trayectos en unidades nuevas, con accesibilidad universal, con conductores amables, uniformados, con seguridad social, con patios donde se resguardan las unidades, con baños dignos y sin estrés porque ya no iban a cobrar en efectivo.
Al ser Ruta Empresa, se unirían los dueños de cada unidad en sociedades mercantiles lo cual les daría beneficios pero también responsabilidades laborales y fiscales.
El gobierno creó el Fideicomiso del Sistema Integrado de Recaudo para Transporte Público Masivo y Colectivo para que el dinero, a través de las tarjetas prepago y de las alcancías, se les depositara regularmente a las empresas de transporte.
Además de otro fideicomiso de apoyo a los usuarios como estudiantes, tercera edad, personas con discapacidad, es decir, ayuda para la tarifa social con una bolsa de 500 millones de pesos.
Asimismo, con el Fideicomiso de Inversión y Administración para la Mejora de la Seguridad Vial, cuyos ingresos salen de la foto infracción, y que fue creado en la pasada administración con el fin de destinar esos recursos a seguridad vial, a transporte público y a víctimas viales.
Este año este fideicomiso tiene un presupuesto de mil 35 millones de pesos.
El gobierno actual ha destinado los fondos de dicho fideicomiso, en su gran mayoría, a apoyar a los transportistas en la renovación de unidades y en la implementación de tecnologías para el recaudo, además de impulsar el programa de mujeres conductoras, y mejorar el sistema de bici pública.
Ante tanto apoyo a los transportistas, ¿por qué muchos de ellos se han organizado y creado una asociación para defender sus intereses y presionar para un aumento de tarifa en estos últimos días?
Como defensora de derechos humanos y de víctimas siempre velaré por los más desprotegidos, pero viendo fuera de la caja, me doy cuenta de que solo un grupo de empresarios camioneros realmente no está batallando para sacar adelante a sus empresas.
La Alianza liderada por los Higareda, miembros del llamado pulpo camionero, han sabido tejer con personajes corruptos dentro de varias administraciones estatales un sistema de beneficios que los tiene y mantiene cómodos.
Se dice que este grupo controla el 47 por ciento del transporte en el estado, por lo que mi lectura es que no son una minoría, como lo ha declarado el gobernador, los transportistas que exigen ya el aumento a la tarifa.
¿Estos transportistas están siendo víctimas de un gobierno que ofreció beneficios y que los está ahorcando financieramente?
Vámonos por partes.
Al recibir su ganancia día a día, el hombre camión cubría al momento sus gastos de operación y tenía su ganancia al momento.
Con la ruta empresa hay obligaciones laborales y fiscales que, para los que tenemos empresa, sabemos el alto costo de ello.
Además, con la obligación de la nueva ley de la renovación de unidades, con los dineros del fideicomiso foto infracción, efectivamente el gobierno estatal apoyó con enganches para la compra de autobuses.
Con el sistema de recaudo que se les paga cada 15 días no pueden tener esa liquidez diaria a la que estaban acostumbrados por muchos años, pero eso no es lo más grave.
La tarifa social que la absorbe la mitad la empresa y la mitad el gobierno del estado es la que ha puesto en serios problemas financieros a casi la mitad de los transportistas ya que ese dinero les llega varios meses después.
Al jinetear el dinero se generan intereses, ¿quién se queda con esa ganancia?
Hoy los empresarios que renovaron varias unidades tienen la presión de pagar mes a mes no solo la mensualidad de los camiones, que muchos llegan a costar hasta tres millones de pesos y que en automático se los rebajan de lo que les corresponde del recaudo, cosa que no entiendo por ser una operación de compra venta entre particulares.
Pero no solo deben de pagar las letras de las nuevas unidades, deben de pagar nómina, gastos de operación, IMSS, Infonavit, Impuestos y después esperar tener una ganancia porque no se es empresario para tener números rojos.
A pesar de saber que es una concesión y que el servicio tiene un gran componente social, es injusto lo que pasa también para ellos.
Me informan de que muchos de ellos están prácticamente quebrando y que muchos otros optan por no sacar sus unidades porque rodarlas genera costo.
Que de 4 mil unidades en Área Metropolitana de Guadalajara, están circulando 2 mil 500 lo que explica entonces porque los paraderos siempre están llenos de personas haciendo fila para subir al camión que va literal, como lata de sardinas.
Esas personas, con su gran necesidad de llegar a tiempo a su trabajo o escuela, sufren y padecen este mal servicio, y no notan la diferencia entre el hombre camión y la ruta empresa.
Muchas de ellas optan por los moto taxis o por comprar una moto de bajo cilindraje lo que representa un problema de inseguridad vial con aumento de muertes, lesiones y discapacidades en las vías.
Lo irónico es que el gobierno estatal presume el transporte público de Jalisco como el mejor del país.
Como un gesto de cortesía el ex Gobernador Jorge Aristóteles le dejó la mesa servida al Gobernador Alfaro con el incremento de la tarifa de 6 a 9.50, asumiendo el costo político.
Me extraña que Alfaro no le quiera dejar a la siguiente administración ese aumento a la tarifa que, si bien impacta en el bolsillo de los más desprotegidos, es necesario dado el incremento de los insumos para la operación.
En esta administración los sectores sociales y los defensores de víctimas fuimos convocados en muy pocas ocasiones para revisar, analizar y construir esa mejora del transporte público con una tarifa social que ayude realmente a la población más desprotegida y que además no ahorque a quien presta el servicio.
El tema de la indexación de tarifa cuando se aprobó en el Congreso en el 2022 con la Nueva Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial con prisa y sin compartir el dictamen para que ni los diputados ni quieren estuvimos en las mesas de trabajo para la armonización de la Ley General pudiéramos verlo, generó un gran malestar.
Esto fue armado por el Secretario de Transporte quien utilizó a la presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso.
Por cierto, el Secretario y la diputada, aspiran a ser parte de la siguiente administración con Lemus.
Hay un componente que puede hacer la diferencia para que el usuario no sufra por mal servicio e impacte a su bolsillo y que el prestador de servicio no padezca por no recibir a tiempo lo que le corresponde y es erradicar la corrupción.
* Alma Chávez Guth es activista y defensora de derechos humanos, fundó Víctimas de Violencia Vial, actualmente Preside la Federación Iberoamericana Contra la Violencia Vial y es miembro fundador del Observatorio Ciudadano de Movilidad de Transporte Público de Jalisco.
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: HAGA CLIC AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS CINCO PRINCIPALES:
Segundo piso en López Mateos: ¿Solución rápida o error costoso?
Colomos III: La batalla por el patrimonio ecológico de Jalisco
Convención Estatal de MC: Asume Mirza Flores dirigencia estatal del partido naranja
Primer informe de labores legislativas de Claudia Salas: «La gente quiere resultados, no pleitos»
– Por Diego Morales Heredia
La Avenida Adolfo López Mateos, una de las principales arterias viales de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en Jalisco, ha sido el epicentro de un intenso debate en los últimos meses respecto a la propuesta de construir un segundo piso o viaducto elevado.
El debate refleja un choque entre visiones: una pragmática y económica que ve el segundo piso como paliativo, y otra sustentable que lo rechaza por perpetuar ineficiencias. Con protestas y mesas en marcha, el futuro de López Mateos pende de un equilibrio entre desarrollo y equidad.
Esta iniciativa surge como respuesta a la congestión vial crónica en el corredor sur, agravada por el tráfico de carga proveniente del puerto de Manzanillo y el crecimiento urbano descontrolado.
El gobernador Pablo Lemus Navarro ha convocado mesas técnicas y ciudadanas para analizar soluciones a corto, mediano y largo plazo, reconociendo que medidas previas como carriles contraflujo y restricciones al transporte pesado han sido insuficientes.
El debate involucra a empresarios, funcionarios estatales, académicos, defensores del medio ambiente y vecinos de fraccionamientos, revelando tensiones entre intereses económicos, sostenibilidad urbana y equidad social.
POSICIONES ENCONTRADAS
La Avenida López Mateos, que conecta el sur de Guadalajara con municipios como Tlajomulco y Zapopan, soporta diariamente miles de vehículos, incluyendo camiones de carga que generan embotellamientos masivos.
En 2022-2023, el Gobierno de Jalisco realizó diálogos por la movilidad que identificaron prioridades, pero no resolvieron el caos.
La idea de un segundo piso resurgió en agosto de 2025, impulsada por el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, que propone un viaducto de 37 kilómetros, similar en longitud a la Línea 3 del Tren Ligero pero enfocado en vehículos privados y de carga.
Esta propuesta ha polarizado opiniones, con argumentos a favor de una «solución rápida» para el tráfico y críticas por su potencial para agravar problemas ambientales y urbanos.
El exgobernador Emilio González Márquez respalda la iniciativa y la considera como una medida urgente para mejorar la movilidad. Sin embargo, colectivos ciudadanos planean protestas, como la anunciada para el 6 de septiembre de 2025 frente a Plaza del Sol, argumentando que la obra beneficiaría intereses privados sin resolver el fondo del problema.
El debate se enmarca en un contexto nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado un estudio técnico sobre su viabilidad e impacto. Localmente, se critica que figuras como el gobernador Lemus, quien como alcalde rechazó ideas similares, ahora las considere, lo considera como una alternativa de solución. El costo estimado, en miles de millones de pesos, y los años de construcción con caos vial adicional, son puntos recurrentes de controversia.
POSICIONES DE LOS EMPRESARIOS
Los empresarios, representados por cámaras como Consejo Coordinador de Industriales de Jalisco (CCIJ) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) Jalisco, ven el segundo piso como una oportunidad para aliviar el caos vial y facilitar el traslado de mercancías. Antonio Lancaster Jones, coordinador del CCIJ lo considera una opción viable para reducir congestiones, pero enfatiza que no debe ser la única alternativa, proponiendo un enfoque multimodal.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco, ha propuesto una vía subterránea de 35 kilómetros, inspirada en modelos como el de Madrid, argumentando que sería menos invasiva y más sostenible que un elevado.
Críticos dentro del sector, como Mauro Garza Marín, priorizan el transporte ferroviario de carga sobre infraestructuras viales, cuestionando la priorización de autos privados. En general, los empresarios apoyan intervenciones que impulsen la economía, pero divergen en el método, con algunos advirtiendo que un segundo piso podría ser un «negociazo» para constructoras coludidas.6793c9
PERSPECTIVA DE LOS FUNCIONARIOS ESTATALES
El Gobierno de Jalisco, bajo Pablo Lemus, ha abierto el debate mediante mesas de análisis que incluyen a todos los sectores, convocadas para evaluar no solo viaductos sino también líneas de transporte masivo.
Lemus insiste en soluciones integrales, reconociendo el costo en tiempo y recursos para los ciudadanos. El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, ha discutido la propuesta junto con el combate al robo de combustible, pidiendo apoyo federal.
Sin embargo, diputadas como Itzul Barrera (Morena) critican que revivir la idea huele a negocio para unos pocos, priorizando cemento sobre soluciones reales. Tonantzin Cárdenas, otra diputada, lo califica de retroceso ambiental, exigiendo prioridad a la movilidad sustentable. El enfoque oficial es consultivo, pero opositores lo ven como un «teatro» para imponer la obra.
OPINIONES DE ACADÉMICOS Y EXPERTOS
Académicos del ITESO, como Karla Bañuelos y Juan Pablo Zatarain, advierten que un segundo piso ofrecería solo un alivio temporal, no resolviendo el tráfico debido al fenómeno de «demanda inducida» (más carriles atraen más autos). El Colegio de Profesionistas de la Movilidad Urbana y la Red de Movilidad Urbana rechazan el viaducto, proponiendo transporte público masivo como trolebuses elevados o cablebús. Expertos como Arnulfo Aldaco destacan siete motivos contra la obra: aumento de contaminación, desigualdad, alto costo y fracaso en resolver congestiones a largo plazo.
POSTURAS DE DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE Y VECINOS
Defensores ambientales, como la Red Ciudad Posible y colectivos como López Humana, se oponen firmemente, argumentando impactos negativos en contaminación, biodiversidad y calidad de vida. Vecinos de fraccionamientos cercanos protestan por el alto costo y falta de transparencia, exigiendo alternativas como infraestructura peatonal, ciclista y transporte público accesible. Juan Yves Palomar lo ve como un error que aumenta desigualdad y contaminación.
Encuestas informales muestran división: algunos apoyan cualquier solución, pero muchos dudan de su efectividad. olectivos como Ollin Monroy llaman a protestas contra el «intento de construir piso 2».
PROPUESTAS ALTERNATIVAS Y DISCUSIONES EN CURSO
Más allá del segundo piso, se discuten vías subterráneas, trenes ligeros, restricciones permanentes a carga y expansión de transporte público. Mesas de diálogo incluyen a todos los actores, pero críticos como Héctor Escamilla las ven sesgadas hacia el viaducto.
Debates en foros como YouTube y redes destacan la necesidad de evidencia científica sobre impactos. El consenso emergente es que Jalisco necesita un modelo centrado en personas, no autos, para evitar convertirse en otra CDMX congestionada.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
El caso de Colomos III ha encendido las alarmas en Jalisco, un estado que lucha por equilibrar el desarrollo con la preservación de sus pulmones verdes.
La resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que otorgó un amparo a Ricardo Ramírez Angulo para recuperar 5.75 hectáreas en esta área protegida, ha desatado una tormenta política y jurídica.
El gobernador Pablo Lemus ha sido contundente: “Por ningún motivo permitiré que cercenen a Colomos III. Sobre mi cadáver”, afirmó, prometiendo agotar todas las instancias legales para proteger este bosque urbano.
Pero, ¿qué hay detrás de este choque entre la justicia federal, los derechos de propiedad y la defensa del patrimonio ecológico? ¿Es esta una batalla genuina por el bien común o un nuevo capítulo en los “juegos del poder”?
El artículo 14 constitucional es el cimiento de esta controversia. Nadie puede ser privado de sus propiedades sin un juicio justo, en un tribunal establecido, con todas las formalidades del procedimiento. En Colomos III, el amparo concedido al particular se basa en que el gobierno de Jalisco, bajo la administración de Aristóteles Sandoval en 2017, intentó recuperar el predio mediante actos administrativos, no un juicio de nulidad.
Las escrituras públicas, registros catastrales y pagos de impuestos sustentan la confianza legítima del propietario, quien reclama posesión desde hace años. La justicia federal invalidó los agravios del Ejecutivo estatal, reafirmando que la privación de derechos exige un proceso judicial transparente, no decisiones unilaterales.
Lemus, con su característica vehemencia, ha acusado a “algunos jueces” de actuar “corruptamente” en sus últimos días en funciones, sugiriendo que la resolución favorece intereses privados sobre el bien colectivo. “Quedan muchas instancias legales por dirimir. Les doy mi palabra: nuestro Bosque Urbano se mantendrá intacto”, dijo, respaldado por el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, quien comparte la visión de proteger áreas verdes como legado para las futuras generaciones.
En este contexto, habría qué preguntar: ¿La defensa del medio ambiente se ha hecho con la ley en la mano o es una cortina de humo para ocultar errores institucionales?
El caso Colomos III destapa un patrón inquietante. En el Bajío y el Bosque de la Primavera, hemos visto cómo las autoridades han intentado recuperar terrenos sin respetar el debido proceso, solo para ser frenadas por la justicia federal.
En Colomos III, el gobierno validó las escrituras desde los gobiernos panistas que antecedieron al de Aristóteles Sandoval, al quedar registradas las escrituras que amparan la propiedad de Ricardo Ramírez Angulo desde el momento que quedó asentado en el Registro Público de la Propiedad y el catastro municipal cobró el impuesto predial.
Si hubo una irregularidad con estas escrituras debió de irse al fondo del asunto, esto es, investigar y en su caso denunciar a las autoridades estatales que validaron esas escrituras, lo que no se hizo.
Tengamos presente que la confianza legítima no es un concepto abstracto; es el derecho de los ciudadanos a creer en las instituciones que validan sus propiedades. Romper eso sin un proceso justo es pisotear la constitución.
La resolución judicial no solo protege al particular, sino que expone la fragilidad de un sistema que actúa con arbitrariedad, confiando en que la fuerza política superará la legalidad.
Lemus, en su cruzada por Colomos III, ha elevado la apuesta: “Primero dejo de ser gobernador antes de que construyan esas torres”, declaró, refiriéndose también a un proyecto de 140 departamentos en un predio contiguo.
En el caso del terreno de Colomos III, el hecho de que esté sobre un manantial, no implica que por ese hecho el particular no pueda detentar la propiedad, que no es lo mismo que sobre esa superficie se pueda edificar. Son dos cosas diferentes.
Si nos basamos en lo que establece la ley, tanto el Ayuntamiento de Zapopan como el Gobierno del Estado pueden negar permisos para su construcción y evitar la construcción. El particular a su vez puede alegar su derecho a construir, pero ese sería otro pleito jurídico.
Más que ir contra el particular aquí lo que procedería de parte del gobierno de Pablo Lemus es quién fue y con qué argumentos validó en otros sexenios la validez de esa propiedad que hoy pertenece al empresario Ricardo Ramírez Angulo.
Hemos advertido que en este caso de Colomos III el gobierno estatal intentó bloquear el proceso judicial con recusaciones frívolas, como nombrar abogados externos para generar conflictos de interés con el magistrado. Estas tácticas, que retrasaron la resolución por más de un año, son un “juego del poder”: Manipular el sistema judicial para ganar tiempo no es defender el interés público; es jugar con la confianza ciudadana”.
La justicia federal desechó estas maniobras, permitiendo una resolución que prioriza el estado de derecho sobre la presión política. La defensa de Colomos III como área de conservación, con sus mantos acuíferos y biodiversidad, es una causa que vale la pena defender. El bosque no es solo un terreno; es el latir de Jalisco, el derecho de las futuras generaciones a un entorno sano.
La batalla no se gana con discursos. Habrá que ver la defensa jurídica que lleven adelante los abogados del Gobierno del Estado. Consulté a varios abogados sobre este caso y coincidieron que el asunto está muy claro: al particular le asiste la razón, ya que cuando fue despojado no se le dio derecho de audiencia.
Si el gobierno validó las escrituras, ¿por qué no las impugnó a tiempo? ¿Quién permitió que este litigio se prolongara? La respuesta estaría en la necesidad de una vigilancia ciudadana implacable, que exija cuentas claras y no se conforme con promesas o declaraciones políticas.
Colomos III un reflejo de las tensiones entre el poder, la justicia y el clamor ciudadano. Más que culpar a la autoridad de justicia federal, el Ejecutivo debe revisar quién o quiénes validaron las escrituras de quienes se asume como propietario de Colomos III, si es que existe una irregularidad en el Registro Público de la Propiedad y habría que revisar a funcionarios de tres o cuatro gobiernos anteriores al actual.
La sociedad jalisciense requiere se proteja su patrimonio, pero también se respete la ley. Los ciudadanos deben exigir transparencia en los actos jurídicos que realizan sus gobernantes y con su presión incansable, son la verdadera esperanza para que Colomos III siga siendo un bosque, no un cementerio de promesas rotas.
Es momento que los jaliscienses dejen la apatía y tomen las riendas, vigilando cada paso para que la justicia, la transparencia y la sustentabilidad no sean solo palabras, sino el latir de un estado transformado.
Edición 806: Segundo piso en López Mateos: ¿Solución rápida o error costoso?
Segundo piso en López Mateos: ¿Solución rápida o error costoso?
Charros vs. Diablos: Viviremos la Serie del Rey soñada
Colomos III: La batalla por el patrimonio ecológico de Jalisco
