Opinión invitada, por Alma Chávez Guth //

«Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad», artículo 4° constitucional.

En estos días se han agudizado varios problemas públicos que amenazan con hacer crisis a corto y mediano plazo si no se hacen las acciones adecuadas de parte de los tomadores de decisiones.

Los socavones y el transporte.

Con los socavones sabemos que es una falta de mantenimiento de las redes de agua y alcantarillado, de muchísimos años, a pesar de que todos pagamos al SIAPA una cuota para ello que viene detallada en el recibo.

Pero hoy me centro en el Nuevo Modelo de Transporte Público, la Ruta Empresa, ese sistema de trabajar, que nos vendió el gobierno estatal actual y el anterior, para tener un transporte público moderno, eficiente, incluyente y seguro.

Con ese nuevo modelo de transporte, se iban a acabar las carreras por el pasaje y el trato digno para los usuarios sería su principal característica, ya que harían sus trayectos en unidades nuevas, con accesibilidad universal, con conductores amables, uniformados, con seguridad social, con patios donde se resguardan las unidades, con baños dignos y sin estrés porque ya no iban a cobrar en efectivo.

Al ser Ruta Empresa, se unirían los dueños de cada unidad en sociedades mercantiles lo cual les daría beneficios pero también responsabilidades laborales y fiscales.

El gobierno creó el Fideicomiso del Sistema Integrado de Recaudo para Transporte Público Masivo y Colectivo para que el dinero, a través de las tarjetas prepago y de las alcancías, se les depositara regularmente a las empresas de transporte.

Además de otro fideicomiso de apoyo a los usuarios como estudiantes, tercera edad, personas con discapacidad, es decir, ayuda para la tarifa social con una bolsa de 500 millones de pesos.

Asimismo, con el Fideicomiso de Inversión y Administración para la Mejora de la Seguridad Vial, cuyos ingresos salen de la foto infracción, y que fue creado en la pasada administración con el fin de destinar esos recursos a seguridad vial, a transporte público y a víctimas viales.

Este año este fideicomiso tiene un presupuesto de mil 35 millones de pesos.

El gobierno actual ha destinado los fondos de dicho fideicomiso, en su gran mayoría, a apoyar a los transportistas en la renovación de unidades y en la implementación de tecnologías para el recaudo, además de impulsar el programa de mujeres conductoras, y mejorar el sistema de bici pública.

Ante tanto apoyo a los transportistas, ¿por qué muchos de ellos se han organizado y creado una asociación para defender sus intereses y presionar para un aumento de tarifa en estos últimos días?

Como defensora de derechos humanos y de víctimas siempre velaré por los más desprotegidos, pero viendo fuera de la caja, me doy cuenta de que solo un grupo de empresarios camioneros realmente no está batallando para sacar adelante a sus empresas.

La Alianza liderada por los Higareda, miembros del llamado pulpo camionero, han sabido tejer con personajes corruptos dentro de varias administraciones estatales un sistema de beneficios que los tiene y mantiene cómodos.

Se dice que este grupo controla el 47 por ciento del transporte en el estado, por lo que mi lectura es que no son una minoría, como lo ha declarado el gobernador, los transportistas que exigen ya el aumento a la tarifa.

¿Estos transportistas están siendo víctimas de un gobierno que ofreció beneficios y que los está ahorcando financieramente?

Vámonos por partes.

Al recibir su ganancia día a día, el hombre camión cubría al momento sus gastos de operación y tenía su ganancia al momento.

Con la ruta empresa hay obligaciones laborales y fiscales que, para los que tenemos empresa, sabemos el alto costo de ello.

Además, con la obligación de la nueva ley de la renovación de unidades, con los dineros del fideicomiso foto infracción, efectivamente el gobierno estatal apoyó con enganches para la compra de autobuses.

Con el sistema de recaudo que se les paga cada 15 días no pueden tener esa liquidez diaria a la que estaban acostumbrados por muchos años, pero eso no es lo más grave.

La tarifa social que la absorbe la mitad la empresa y la mitad el gobierno del estado es la que ha puesto en serios problemas financieros a casi la mitad de los transportistas ya que ese dinero les llega varios meses después.

Al jinetear el dinero se generan intereses, ¿quién se queda con esa ganancia?

Hoy los empresarios que renovaron varias unidades tienen la presión de pagar mes a mes no solo la mensualidad de los camiones, que muchos llegan a costar hasta tres millones de pesos y que en automático se los rebajan de lo que les corresponde del recaudo, cosa que no entiendo por ser una operación de compra venta entre particulares.

Pero no solo deben de pagar las letras de las nuevas unidades, deben de pagar nómina, gastos de operación, IMSS, Infonavit, Impuestos y después esperar tener una ganancia porque no se es empresario para tener números rojos.

A pesar de saber que es una concesión y que el servicio tiene un gran componente social, es injusto lo que pasa también para ellos.

Me informan de que muchos de ellos están prácticamente quebrando y que muchos otros optan por no sacar sus unidades porque rodarlas genera costo.

Que de 4 mil unidades en Área Metropolitana de Guadalajara, están circulando 2 mil 500 lo que explica entonces porque los paraderos siempre están llenos de personas haciendo fila para subir al camión que va literal, como lata de sardinas.

Esas personas, con su gran necesidad de llegar a tiempo a su trabajo o escuela, sufren y padecen este mal servicio, y no notan la diferencia entre el hombre camión y la ruta empresa.

Muchas de ellas optan por los moto taxis o por comprar una moto de bajo cilindraje lo que representa un problema de inseguridad vial con aumento de muertes, lesiones y discapacidades en las vías.

Lo irónico es que el gobierno estatal presume el transporte público de Jalisco como el mejor del país.

Como un gesto de cortesía el ex Gobernador Jorge Aristóteles le dejó la mesa servida al Gobernador Alfaro con el incremento de la tarifa de 6 a 9.50, asumiendo el costo político.

Me extraña que Alfaro no le quiera dejar a la siguiente administración ese aumento a la tarifa que, si bien impacta en el bolsillo de los más desprotegidos, es necesario dado el incremento de los insumos para la operación.

En esta administración los sectores sociales y los defensores de víctimas fuimos convocados en muy pocas ocasiones para revisar, analizar y construir esa mejora del transporte público con una tarifa social que ayude realmente a la población más desprotegida y que además no ahorque a quien presta el servicio.

El tema de la indexación de tarifa cuando se aprobó en el Congreso en el 2022 con la Nueva Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial con prisa y sin compartir el dictamen para que ni los diputados ni quieren estuvimos en las mesas de trabajo para la armonización de la Ley General pudiéramos verlo, generó un gran malestar.

Esto fue armado por el Secretario de Transporte quien utilizó a la presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso.

Por cierto, el Secretario y la diputada, aspiran a ser parte de la siguiente administración con Lemus.

Hay un componente que puede hacer la diferencia para que el usuario no sufra por mal servicio e impacte a su bolsillo y que el prestador de servicio no padezca por no recibir a tiempo lo que le corresponde y es erradicar la corrupción.

* Alma Chávez Guth es activista y defensora de derechos humanos, fundó Víctimas de Violencia Vial, actualmente Preside la Federación Iberoamericana Contra la Violencia Vial y es miembro fundador del Observatorio Ciudadano de Movilidad de Transporte Público de Jalisco.