Opinión, por Miguel Anaya //

Una pelea es un enfrentamiento entre dos o más personas, grupos de individuos, corporaciones u otra clase de entidades. Las peleas pueden ser físicas, verbales o incluso simbólicas, según sea el caso; por su parte, el conflicto se define como el conjunto de dos o más hipotéticas situaciones que son excluyentes: esto quiere decir que no pueden darse en forma simultánea. Por lo tanto, cuando surge un conflicto, se produce una pelea o una discusión, donde una de las partes intervinientes intenta imponerse a la otra.

En la democracia, el conflicto es parte del día a día, pues al caber casi todas las opiniones nos daremos cuenta de que siempre habrá diferentes posturas sobre el mismo tema, aquí es donde resalta la importancia de la política, pues ante la existencia de conflictos se deben encontrar puntos de convergencia, de acuerdo entre las distintas posturas. No todos los conflictos terminan en pelea, sin embargo, todas las peleas provienen de una mala gestión del conflicto.

Durante los últimos días, a la agitada agenda nacional se ha agregado un tema que ha generado una serie de conflictos y que, de manera impensada, ha desestabilizado la entrega del poder de un sistema que será dirigido por personajes provenientes de la misma corriente política. La Reforma Judicial ha generado conflicto entre la población y la mala gestión del proceso de aprobación ha desatado una pelea que hoy se ve en las calles, en las escuelas y que ha traspasado las fronteras del país.

La Reforma Judicial que plantea la elección por voto popular de jueces y magistrados ha sido altamente cuestionada ya que rompe el esquema de buscar juzgadores que cumplan una carrera dentro del Poder Judicial, -con la respectiva experiencia que esto conlleva- y además, compromete la independencia del Poder Judicial, ya que desde el proceso de validación de candidaturas hasta el patrocinio de campañas conlleva a adoptar acuerdos que seguramente complicará la autonomía e imparcialidad de quienes imparten justicia.

La propuesta de votar a jueces se ha hecho -según los impulsores de la idea- para dar más poder al pueblo, pues en un real ejercicio de la democracia, los ciudadanos deberían poder elegir a los representantes de los tres Poderes de la Unión, sin embargo, nadie ha explicado cómo es que mandar a elección popular los nombramientos de jueces y magistrados podría reducir los casos de corrupción y nepotismo que existen dentro del Poder Judicial.

Los promotores de esta reforma no han entendido -o si lo entienden sería aún más preocupante- que insistir con la reforma tal cual está planteada dejará un país incendiado a la próxima presidenta del país, pues el poner en duda la independencia del Poder Judicial ha ahuyentado a inversores internacionales, ha despertado a los estudiantes de humanidades que estaban muy tranquilos y ha preocupado a un sector importante de las clases medias que han pasado de la resignación a la idea de tomar las calles buscando defender el Estado de Derecho.

México es un país con un alto índice de impunidad, es una afirmación obvia y una realidad evidente, sin embargo, esta generalmente comienza por algunos malos policías que no hacen el trabajo o por aquellas fiscalías o ministerios públicos que por falta de capacidad o por omisión integran mal casos y expedientes, abriendo la puerta a delincuentes; las policías y las fiscalías dependen del Ejecutivo y afortunadamente nadie ha propuesto la elección popular de fiscales o de policías, y que sería un grave error.

En el Poder Judicial también hay casos de omisión y corrupción, pero si el sistema está mal hay que mejorarlo, no terminar de dañarlo.

En fin, el trabajo de la actual legislatura y de la próxima presidenta será el de consensar esta reforma y las siguientes, el de dar un buen mensaje de unidad nacional y de estabilidad para cuidar las relaciones internacionales y con ello la economía del país. El gran reto es evitar que el conflicto se convierta en pelea y para eso se necesita mucho diálogo y mucha, muchísima política.

Conciencia con texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //

Esa aparente calma que vive Jalisco, esperando la definitiva solución a las impugnaciones electoreras, he servido para ratificar la mecánica nacional de los partidos políticos. Pretender que hubo fraude cuando no les favorece la votación es una práctica común y corriente. Defender con las uñas el triunfo igual.

Impugnar de la elección hasta porque salió el sol cuando el “mentirológico” había pronosticado nublados; victimizarse por el género es también muy recurrente. Decir que “la voluntad del pueblo” no se respetó y asegurar que los perdedores son quienes realmente ganaron es una estrategia ya muy ajada, pero que sirve para atorar lo que los organismos electorales han determinado.

Desde que la democracia se instaló en ese país, quienes esperaban un triunfo y no lo lograron han echado mano de los recursos habidos y por haber para impedir o, por lo menos, “mosquear” al que supuestamente ganó.

Los recovecos de la ley electoral, con sus retorcidas interpretaciones, o sus no muy diáfanas instrucciones y, por supuesto, la letra chiquita, se han vuelto el pan nuestro de cada elección para los “affairs” post electorales

Por supuesto que la democracia apoya estas prácticas a las que han recurrido todos los partidos, ya que la confección de la ley de marras fue ideada y realizada por los partidos políticos, quienes se aseguraron de tener siempre rescoldos para frustrar, frenar o impedir que los triunfos electoreros sean “sin tocar baranda”, con el consabido toque democrático.

Por ello, en Jalisco se vive una especie de limbo político. Por una parte, Pablo Lemus tiene ya una boleta de ganador, pero no lo toman en cuenta los centralistas gobernantes virtuales. Por la sencilla razón de que de aquellos lares viene la consigna de impedirle que gobierne a Jalisco.

“Haiga sido como haiga sido” es el dicho de quienes consideran que deben aceptarse las consecuencias de los actos o actividades. Por tanto, en Jalisco tenemos la situación de que hay quienes “ni pichan ni cachan ni dejan batear”. El pueblo, mientras tanto, sigue recibiendo andanadas de información, tanto del ganador oficial, como de la perdedora en pugna, Claudia Delgadillo.

Lemus, incluso, ha mentido, -aseguran sus detractores- para aparentar que tiene contacto con los caciques del centro; aunque ha sido “bateado” (igual que Alfaro) cuando hay reuniones convocadas por la virtual presidenta con los gobernadores que les son simpáticos.

Lógico, si desde allá han urdido la intríngulis para “ensangrentarle la daga” que ya trae entre pecho y espalda Morena, no lo van a invitar, menos a convalidar como “gobernador electo” tal cual reza el papel que le extendió el organismo estatal que organizó las elecciones en la entidad.

Otro frente de esta impugnación lo trae Chema Martínez. Se subió también al tren de la inconformidad para ver qué consigue contra Verónica Delgadillo. A Chema quien no lo conoce puede comprarlo, tiene la característica de ser necio cuando se trata de satisfacer sus apetitos políticos (para sus fans, sin embargo, es persistencia, no necedad).

¿Afecta a Jalisco que desde la Nueva Tenochtitlán le hagan feo o vacío? Es claro que sí. El poderío federal es aplastante. Los manotazos del centro, desde que se conformó la República Federal desestabilizan, descontrolan y pueden incluso arruinar a cualquier entidad que se oponga al presidente en turno.

AMLO ha seguido el patrón de Carlos Salinas de Gortari, quien siendo Primer Mandatario destituyó casi a la mitad de gobernadores de sendas entidades. Y eso que era también del RIP. ¿Por qué habrían de tentarse el corazón los actuales mandones? La estrategia salinista ha sido refinada por los ex priistas que militan en Morena.

Por eso no sería raro que Lemus, si su mentor Dante no negocia (ni que decir de Alfaro, semi retirado de la grilla) o se quede como el perro sin miel y sin jícara. No sería extraño. Los morenistas han demostrado que sus insaciables afanes de poder carecen de ética, moral y decoro y en Jalisco no sería la excepción intentarlo todo para vestirlo con el atuendo morenista.

La pregunta es: De presentarse esta situación política de repetir las elecciones ¿volverían a ganar Lemus y Verónica Delgadillo? Argüir que no es a lo que apuestan los impugnadores. A que los jalisquillos se cansen de tanto pleito y concedan, y acepten, a los hoy perdedores.

No es cosa menor que el rumbo de Jalisco esté en veremos por causa de la indefinición electoral; tampoco que algunos sudan la gota gorda y potros se frotan las manos. Jalisco es un plato exquisito en la grilla nacional. Como dijo José Feliciano, “ya veremos” en que paran estas misas. Mientras tanto, las especulaciones continúan; los chismes proliferan; las deducciones, pronósticos y apuestas corren con gusto en los ámbitos de la grilla.

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

En 1804, Napoleón Bonaparte promulgó el Código Civil, una obra que se convirtió en la piedra angular del derecho civil en Europa y más allá. Este código no solo reorganizó las leyes francesas, sino que introdujo un debate crucial sobre el poder del Estado: ¿quién debía tener la última palabra en la interpretación de las leyes?

Para Napoleón, la autoridad central era el eje de todo, pero el Código Civil reconocía algo fundamental: el equilibrio entre la voluntad del poder ejecutivo y las decisiones judiciales. Esa tensión, que él mismo buscó manipular, sigue siendo relevante más de 200 años después. En México, el reciente debate sobre la Reforma al Poder Judicial de la Federación trae esta vieja paradoja de vuelta al escenario, mostrando una fractura en el equilibrio de poderes que, si bien necesario, no está exento de contradicciones.

Desde una perspectiva crítica y constructiva, es evidente que el Poder Judicial de la Federación, y en particular la SCJN, requiere una reforma que logre un verdadero equilibrio en la interpretación de las leyes. En este sentido, no se trata de cambiar solamente a las personas que lo integran, sino de fomentar una integración que refleje un balance entre las dos grandes corrientes jurídicas: el iusnaturalismo, basado en principios éticos y morales inmutables, y el iuspositivismo, que privilegia la letra de la ley y la soberanía del legislador.

La Suprema Corte, en diferentes momentos, ha estado marcada por predominancia de una u otra visión, lo que ha generado tensiones en la aplicación e interpretación del derecho y del propio texto constitucional, lo cual ha generado enfrentamientos frontales entre los Poderes de la Unión.

Sin embargo, ese no ha sido el verdadero núcleo del debate. La discusión pública se ha centrado más en la idea de que el Poder Judicial es «intocable», apoyándose en una interpretación confusa de la división de poderes la cual ha pasado por alto que esto no significa que el Poder Judicial no pueda ser reformado. Al contrario, la esencia de la división de poderes radica en que cada poder pueda ser revisado y ajustado por los otros cuando sea necesario, incluyendo al propio Poder Judicial.

El problema de fondo con el debate actual sobre la Reforma al Poder Judicial es que, paradójicamente, quienes defienden la irreformabilidad del PJF lo hacen en nombre de la misma división de poderes y la democracia que, en teoría, debería permitir la revisión constante de cada uno de los tres poderes de la Unión.

Es decir, en nombre de la necesidad de evitar el control absoluto de un poder sobre otro, se propone la idea de que uno de los poderes sea, de facto, irreformable. Esto plantea una contradicción fundamental: si el Poder Judicial es intocable, ¿no estamos rompiendo con el principio de pesos y contrapesos que sostiene nuestra democracia?

Aquí radica el primer gran reto de esta reforma: no podemos pretender que la división de poderes signifique un estancamiento en su evolución. En la práctica, los órganos del Estado deben ser susceptibles de cambios y ajustes conforme a las necesidades sociales y políticas del momento. Pero el problema es más profundo. Este debate ha exhibido una paradoja en el sistema democrático mexicano, una que toca el corazón mismo de la relación entre la voluntad popular y los límites institucionales.

El presidente de la República ha ejercido su facultad constitucional de presentar una iniciativa de reforma. Por muy controvertida que sea, está dentro de sus atribuciones. Posteriormente, el Congreso, donde su partido tiene mayoría, la discute y la aprueba, y así lo hará el Senado.

Este es el meollo del debate: los diputados y senadores que hoy son mayoría fueron electos por la ciudadanía en elecciones libres, y los votantes eran conscientes de que esta reforma formaba parte del plan de gobierno de esa mayoría. Con su voto, la ciudadanía no solo eligió, sino que también ratificó un proyecto de gobierno, incluida la reforma al Poder Judicial. Es decir, el proceso legislativo que estamos viendo es una extensión de la voluntad popular expresada en las urnas.

Sin embargo, aquí surge la paradoja: en una democracia, el poder reside en el pueblo y se ejerce a través de sus representantes. Pero ¿qué sucede cuando esa voluntad popular ‘’choca’’ con la independencia de otro poder, o bien, plantea su reforma?

La paradoja es clara: la voluntad popular, expresada a través de los legisladores en los cuales se constituyó una mayoría, al parecer debería de tener un límite en la división de poderes, ya que el Poder Judicial hoy se presenta como un bastión de la estabilidad institucional. ¿Es justo que la democracia y la voluntad popular tengan un límite material en la estructura institucional? O en general ¿Es justo que la democracia y la voluntad popular tengan limites?

Podemos usar una analogía aquí: la democracia es como un río caudaloso, lleno de energía y vida, fluyendo con la voluntad del pueblo. Pero el sistema de pesos y contrapesos es una presa que canaliza ese flujo, previniendo inundaciones que podrían destruir todo a su paso. Sin esa presa, el río podría arrasar con las estructuras democráticas que protegen las libertades individuales. Pero ¿y si esa presa es tan fuerte que termina asfixiando el flujo natural del río? Ahí es donde reside el dilema: necesitamos un equilibrio entre el flujo de la democracia y las estructuras que lo contienen.

No se trata aquí de apoyar o rechazar la reforma en sí misma, sino de invitar a una reflexión sobre la relación entre democracia y división de poderes. El debate actual ha sacado a la luz una contradicción que debemos resolver si queremos fortalecer nuestras instituciones. La reforma judicial que hoy se discute fue, en cierta medida, un mandato popular, pero su aprobación genera tensiones inevitables con el sistema de contrapesos. ¿Cómo equilibramos la voluntad popular con la necesidad de mantener los contrapesos que también son inherentes a la democracia? La respuesta no es simple, pero es una discusión que debemos abordar con madurez y sin miedo a tocar los puntos más sensibles de nuestro sistema democrático.

Como diría Napoleón, el poder no teme a las reformas, pero debe cuidarse de no perder el equilibrio que lo mantiene legítimo.