OPINIÓN
Tlaquepaque, decisión de una minoría
Metástasis, por Flavio Mendoza //
Este domingo en Tlaquepaque se llevó a cabo una jornada electoral en la que el principal ingrediente fue el abstencionismo. Una jornada electoral con ausencia de electores, desde que arrancaron las elecciones por la mañana con la instalación y apertura de casillas el escenario era de soledad para las mesas directivas, el flujo de votantes en algunas casillas era entra 5 y 9 votantes por hora, prácticamente vacíos los centros de votación por espacios de tiempo durante la jornada electoral.
En parte por el poco tiempo, en parte por la pésima difusión de un nuevo proceso electoral, en parte por el desánimo que hay respecto a la participación ciudadana en los procesos electorales, así como en parte también por el rechazo y desgaste de los políticos y aquí todos tienen responsabilidad, ganadores y vencidos, así como también el propio humos social al respecto de una nueva elección.
La participación de votación refleja el rechazo a los partidos, a la organización de las elecciones, pero también refleja el desinterés de las sociedad en la participación de las políticas pública, con ello, literal, ganó quien tuvo la capacidad de movilizar a sus seguidores y garantizar el triunfo, sin dejarnos de sorprender, es una de las elecciones con el porcentaje de participación más bajas de la historia de México y Jalisco, superando a penas el 20% del total de electores, es decir que el municipio será gobernado por la decisión de una minoría.
Respecto a los resultados y al avance que hasta este momento se tiene en el Programa de Resultados Preliminares, previo al cierre de esta educación de Conciencia Pública, la ventaja es para la candidata de Movimiento Ciudadano y con mayor margen de diferencia que en la pasada elección de junio, pues tiene más votos de diferencia como puntos porcentuales pese a ser menos votos los emitidos. Una ventaja que como tendencia parece prácticamente difícil de revertir.
Como ya es una costumbre, después del cierre de casillas, los equipos en competencia pretenden ganar la agenda mediática y declararse ganadores, ambos candidatos antes de las 20:00 horas se declaran ganadores, sin embargo, conforme avanza el tiempo se ve con mayor claridad el resultado electoral cuya tendencia es difícil de revertir en una elección con tan pobre participación de los electores, Tlaquepaque será gobernado nuevamente por el Movimiento Naranja los próximos 3 años, porque incluso, aunque todavía quedan los recursos legales, se vislumbra un escenario muy complejo para volver a anular una elección para el municipio.
Una elección que para muchos puede catalogarse de Estado, pero que tampoco se puede ignorar la capacidad de operación política del propio equipo en el poder del municipio, que tendrá nuevamente la administración del municipio y con ello la mayoría del área metropolitana de Guadalajara, lo que quizá pueda doler más al morenismo en Jalisco, quienes aun no definen sobre comenzar una nueva era para la entidad.
Para ambas fuerzas políticas, tanto para Morena como para Movimiento Ciudadano, era importante ganar Tlaquepaque, por un lado MC reafirma mayoría en AMG y podría llegar al poder una candidata más empoderada, como para Morena, porque tendría con ello el corredor oriente de la metrópoli, además de que era más importante para Morena arrebatar el municipio, que conservarlo para MC, pensando en lo que viene para la entidad y el país en el 2024.
Es un triunfo para el gobernador entre la relación Alfaro-AMLO con sabor a victoria rumbo al 2024, no porque Enrique Alfaro con esto tenga seguro ganar una elección presidencial, pero cuando menos en Jalisco se sigue la tendencia que impide abrir el camino para Morena rumbo a 2024, por lo que requerirán un trabajo y esfuerzo mayor que logre convencer a los electores. La política es cada vez menos predecible, pero además cada vez mas compleja respecto al comportamiento electoral de la gente, mientras que a Movimiento Ciudadano le cae como anillo al dedo este triunfo que consolida al emecismo en el estado y en el municipio, a Morena como valde de agua fría después de todo lo que se realizó para una nueva elección.
En Tlaquepaque decidió una minoría, pero válida para la toma de esa decisión, la cultura cívica-política es limitada, pero de ello también es responsable la sociedad, por lo pronto los resultados están dando horizonte de lo que le espera a San Pedro Tlaquepaque.
@FlavioMendozaMx
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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