OPINIÓN
Un gobierno ignorante de la ley: La disculpa de Alfaro que nunca llegará

Con todo respeto, por Jorge Zul de la Cueva //
¿Qué son las medidas cautelares? Una guía para el Gobierno del Estado. El Gobierno de Jalisco no es una persona, del mismo modo que las mesas de salud, seguridad, la del pacto fiscal que nunca presentó sus minutas y las mesas que me faltan no son personas y no tienen Derechos Humanos.
Nadie puede meter a la cárcel a un abstracto como la Mesa del Pacto Fiscal, por ejemplo. Y aunque ésta parece una afirmación simple, obvia y comprensible por cualquiera, claramente no lo es tanto para el dichoso Gobierno del Estado que quién sabe quién sea. La respuesta a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos no las escribió un palacio, un poder, sino alguien que no entiende nada.
¿Qué objetivo tienen las medidas cautelares? En este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también integrada por personas y dirigida por el Doctor Alfonso Hernández Barrón, lo que hizo al dictarlas no fue juzgar a nadie en ningún tribunal sumario, sino que solicitó al Gobierno Estatal que se active lo que corresponde al mecanismo de Protección para Periodistas, que es nacional y en el que cada entidad federativa tiene que poner su parte.
En Jalisco, el nombramiento se hizo en agosto de 2017 y venció en agosto de 2021. Desde entonces, no hay nadie a cargo y además nunca operó propiamente. En eso el gobierno estatal no tiene defensa, ni justificación. Lo que toca es atacar.
El mecanismo de Protección Para Periodistas existe para dictar medidas de protección cuando un periodista está en riesgo y atiende cosas como su seguridad, se le advierte a un funcionario que no abuse y está articulado por distintas instituciones. Pero en Jalisco no opera
Destina, hazlo operativo y dale dinero para que funcione. Es una de las cosas que solicitó la Comisión a la que le contestó un ente abstracto porque el Gobernador Enrique Alfaro está de vacaciones, lo que en plata quiere decir que está guardado para tratar de hacer control de daños y evitar o por lo menos reducir el desgaste generado por los frentes abiertos que tiene con la Universidad de Guadalajara, las familias que buscan a sus desaparecidos y a las que no se tomó en cuenta para el presupuesto, las y los trabajadores del OPD Hospital Civil por las mismas razones y ahora también el gremio periodístico que ha cerrado filas debido al insultante modo en que respondió a Rocío López Fonseca, una periodista con dos décadas de trayectoria que no merecía ser llamada reventadora y que es la gota que derramó el vaso del sistemático trato inhumano y degradante con el que responde las preguntas de los medios.
Las medidas cautelares no son tribunales, no las dicta un juez. Son mecanismos de protección para solicitar a un estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. Son pues para evitar que pase algo grave, no para acusar y que el Gobierno de Jalisco no entienda esto, se lo tome como un ataque y responda con infinita torpeza es ya de por sí bastante grave.
Y basándome en un hilo de twitter del periodista de investigación Andrés de la Peña abundo en las razones por las que la respuesta del Gobierno de Jalisco no tiene sentido.
Primero alega faltas al derecho humano al debido proceso, pero el Gobierno de Jalisco no es una persona física protegida por derechos humanos y cuando se dictaminan medidas cautelares no se está juzgando ni haciendo responsable a nadie, sino que lo que se busca es prevenir mayores violaciones. Se trata de evitar que alguien o un grupo sufra violaciones a sus derechos y que después lo lamentemos. Desde ahí mal. Hay que entender que la CEDHJ no es ni un tribunal ni una fiscalía, por lo que no puede haber un «debido proceso» es más, no hay «proceso».
El Gobierno de Jalisco alega que las pruebas que la CEDHJ obtuvo no tienen peso legal y nuevamente esto no es un litigio y la Comisión no es una corte. La Comisión puede investigar de oficio y sin queja para justamente evitar mayores violaciones.
Suscribo lo que dijo Andrés de la Peña: “resulta mayormente preocupante que se atreva a sugerir que no existe evidencia de los abusos a la prensa. Especialmente después de recibir esta carta, firmada por casi 150 periodistas”.
Lo que hace el Gobierno de Jalisco, personificado por Enrique Alfaro, es nuevamente entender los señalamientos como ataques y responder como un pugilista cuando lo que toca es cambiar el tono, el rumbo y la forma para hacer algo que es su obligación: Ser transparente, responder a los cuestionamientos de la prensa y dejar de violentar sistemáticamente a reporteras y reporteros.
Lo que toca no son vacaciones, sino disculpas acompañadas de un cambio de actitud porque la transparencia y el respeto a los Derechos Humanos no son asuntos de contentillo, sino obligaciones gubernamentales.
JALISCO
El horror de Teuchitlán alcanza a Alfaro

De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //
La primera semana de diciembre del año pasado escribí en este espacio una colaboración que titulé “Alfaro y el karma de la vida”.
En esa ocasión afirmé:
“Enrique Alfaro deja con su adiós una larga estela de agravios.
“Durante su estancia en el poder siempre privilegió satisfacer su apetito egocéntrico.
“Se sabe muy bien que con el tiempo creció su agrado por la sumisión absoluta de sus colaboradores.
“El control férreo fue su sello particular.
“Incluso algunos de sus chiqueados más cercanos admitían en lo corto que sus furiosas reacciones no eran más que una proyección de su personalidad soberbia e intolerante.
“Se dice del karma que toda acción tiene una consecuencia y que todo lo que se envía al universo volverá a nosotros.
“Si atendemos esto, entonces quizás el ahora ex gobernador de Jalisco debe prepararse para carear las consecuencias de esta ley inevitable”.
No pasó mucho tiempo para que el horror de Teuchitlán lo alcanzara.
Lo que son las cosas, mientras disfrutaba de lo lindo en Europa, se le apareció el rostro macabro de lo que fue su sexenio en materia de desaparecidos.
Las consecuencias serán muchas.
Por lo pronto, me aseguran que Pablo Lemus ni siquiera tiene ganas de responderle las llamadas y que derivado de este y otros asuntos, emprenderá una serie de medidas para despojar a Jalisco y a su gobierno de todo aquello que huela a alfarismo.
Tomar el control de partido MC sería una de sus primeras acciones.
Por cierto, en el centro del drama heredado por Alfaro Ramírez, es pertinente colocar el nombre de quien fue la mente perversa de la pasada gestión: Hugo Luna.
Sabemos que al margen de haber sido el zalamero más cercano, toda decisión institucional pasaba por su aduana, de tal modo que en la mira del actual gobierno su persona se vuelve un objetivo prioritario.
El fuero es un tema que ya está en revisión.
Al respecto, no sé si la justicia se encargará de estos dos personajes; sin embargo tengo fe en que el veredicto de la historia los colocará en el lugar que se merecen, porque ambos –hay que decirlo con toda claridad- se comportaron como unos miserables con los colectivos de padres y madres buscadoras.
Les ignoraron, descalificaron y re-victimizaron.
Por eso creo que podrán escapar de la ley, pero del karma, jamás.
En X: @DeFrentealPoder
*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, escritor y analista
político.
JALISCO
La justicia, un privilegio inalcanzable: Teuchitlán, la negación como crimen de Estado

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
Hay maneras múltiples de negar un crimen, formas infinitas de enterrar un cuerpo, procedimientos diversos para desaparecer personas, ideas, realidades. En México, especialmente en Jalisco, el gobierno parece haberlas aprendido todas. El más reciente y grotesco episodio de negación oficial se escenifica alrededor de un rancho en Teuchitlán, cuyo nombre, «Izaguirre», se volvió sinónimo del horror: fosas, huesos quemados, restos calcinados, zapatos sin dueño.
Pero, según la fiscalía general del Estado, allí nunca hubo hornos crematorios. Así lo dijeron, con palabras oficiales, tranquilas, demasiado tranquilas, con la frialdad de quien niega para no actuar.
Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza, habla con el tono cansado de quien ya conoce todas las versiones oficiales. «Quieren minimizar la crisis, callar lo que dicen las familias y los medios», señala. No habla desde la teoría; lo suyo es la práctica cotidiana de una búsqueda desesperada, un intento de hacer justicia con propias manos, mientras el Estado responde con burocracia y negaciones. Y no habla solo de Teuchitlán, sino de una realidad que atraviesa todo México: más de 15,000 desaparecidos solo en Jalisco y decenas de miles más en todo el país. Números que aumentan, cifras que no despiertan acción sino indiferencia.
«La confianza está en las familias, no en las instituciones», sentencia Flores. Las palabras golpean con fuerza porque reflejan una verdad ya inocultable: el Estado ha dejado hace tiempo de ser garante de seguridad para convertirse en cómplice por omisión, por negligencia, por indiferencia. Flores lo explica sencillo, pero la simplicidad de su denuncia encierra toda la complejidad del fracaso institucional: «La federación no puede lavarse las manos echándole la culpa a los estados. La delincuencia organizada es competencia federal y tienen que actuar».
Pero México es el país donde los gobiernos siempre encuentran razones para no actuar. La Fiscalía argumenta que necesita denuncias formales para iniciar carpetas de investigación. Las familias responden que denunciar es ponerse en peligro, es exponerse a la violencia del crimen organizado, protegido por autoridades corruptas. La paradoja es brutal: se exige que las víctimas, ya violentadas, vulnerables, amenazadas, sean quienes se arriesguen aún más para hacer el trabajo que el Estado rechaza.
La negativa oficial sobre los hornos de Teuchitlán no solo busca invisibilizar la tragedia, sino evitar las consecuencias internacionales que podría acarrear el reconocimiento de un crimen que claramente constituye una violación masiva de derechos humanos. Flores apunta hacia organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, advirtiendo que esta crisis, de ocurrir en cualquier país europeo, sería inmediatamente calificada como una emergencia global. Pero ocurre en México, donde los muertos pesan menos, donde los desaparecidos son culpables antes que víctimas.
La negación no es solo federal, es también local. Enrique Alfaro, gobernador saliente de Jalisco, dejó en herencia un récord macabro: pasó de 5,000 a más de 15,000 desaparecidos durante su mandato. Colectivos como «Por Amor a Ellxs» recuerdan cómo Alfaro prometió diálogo y puertas abiertas, pero solo entregó indiferencia y abandono. María del Refugio Torres resume así el gobierno de Alfaro: «ineficaz, lleno de omisiones y deficiencias».
Ahora la responsabilidad recae en Pablo Lemus, sucesor político que, al parecer, ante esta prueba está actuando a destiempo. En reuniones en noviembre del año pasado, previas a la toma de poder, Salvador Zamora, quien ahora es secretario general de Gobierno, asistió solo para sacarse la foto. No escuchó, no conversó, no actuó, en esta crisis, no ha aparecido.
La crisis institucional no se detiene en el Ejecutivo. Jonathan Ávila, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), denunciaba al finalizar la administración de Enrique Alfaro que no había ni siquiera un programa estatal de búsqueda en Jalisco y que el rezago en el Servicio Médico Forense alcanzaba niveles vergonzosos: más de 9,400 cuerpos sin identificar.
Mientras las autoridades siguen negando la realidad, las familias se organizan y protestan. Este sábado pasado, frente al Palacio de Gobierno de Jalisco, más de dos mil personas gritaron consignas claras y dolorosas: «El Estado sí sabía, Alfaro sí sabía». Lo sabían porque es imposible no saberlo, porque los campos del horror no nacen en secreto sino bajo el amparo de complicidades. Daniela Gómez, quien busca a su hermano desaparecido, resume el sentimiento común: «No es posible que haya más de 18,000 desaparecidos y solamente seis buscadores en el gobierno».
La vigilia del sábado fue otra demostración del dolor transformado en resistencia. Héctor Águila Carvajal, padre de otro desaparecido, pidió unidad: «Sigamos uniendo fuerzas, el dolor no cesa». Y no cesa porque la respuesta oficial sigue siendo mínima, burocrática, cínica.
Y lo de que Teuchitlán no se trata de un caso aislado. La lista de sitios donde se repite la tragedia es dolorosamente extensa: desde la macabra «Gallera» en Veracruz hasta los cuerpos disueltos en ácido por el infame «Pozolero» de Tijuana, pasando por la escalofriante cifra de restos en «La Bartolina», Tamaulipas. Un catálogo infernal de barbaries toleradas, acaso protegidas, por autoridades que prefieren mirar hacia otro lado.
Esta crisis no puede seguir siendo escondida bajo excusas burocráticas ni minimizada con comunicados oficiales. Los colectivos lo denuncian: Teuchitlán no es un caso aislado, sino un símbolo más de la impunidad institucionalizada. Héctor Flores alerta sobre al menos seis puntos más similares en Jalisco, que nadie quiere investigar porque nadie quiere reconocer lo evidente.
Desde Madrid hasta Nueva York, mexicanos en el exilio exigen lo básico: reconocer el término «sitios de exterminio», proteger efectivamente a las buscadoras, garantizar justicia y reparación. Es un grito desesperado, es una demanda urgente, y es, sobre todo, una advertencia: la negación no borrará los muertos, solo prolongará el sufrimiento.
Negar lo evidente es una forma más de violencia. México merece más que excusas. Las víctimas merecen más que palabras. Y la justicia, que debería ser obvia, hoy parece un privilegio inalcanzable.
En X @DEPACHECOS
JALISCO
La bestia de Teuchitlán

Opinión, por Fernando Plascencia //
¿Qué nos hace humanos? La dichosa pregunta se ha respondido de muchas maneras. Dirían los antiguos que la racionalidad, o que tenemos un alma incrustada y atrapada en el cuerpo que funge como cárcel, o más complejo, la capacidad de pensarnos a nosotros mismos como seres pensantes. La pregunta viene bien ahora.
Lo que ocurrió en Teuchitlán descompone cada supuesto de humanidad. La racionalidad se perdió, llegó el animalismo, se diría, pero ya Mary Midgley vino a decirnos que no hay animal más cruel que el humano, ni el feroz lobo es capaz de desollar a sus presas, porque no son rivales, son presas. ¿Nos distingue el alma? Pero quién con alma sería capaz de cometer atrocidades contra decenas de seres humanos, un desalmado. No se ve más el reflejo del alma en los ojos, los ojos solo reflejan desdicha y sufrimiento.
No importa a dónde vayamos, la violencia nos persigue y nos hace cada vez menos humanos. Nos persigue para condenarnos y llevarnos de su mano. Como sociedad no hemos sido capaces de evitarla. Como humanidad nos sentamos en comunidad, creamos normas, para no hacernos daño los unos a los otros, cuán lejos nos sabemos de eso.
El contrato social que nos hizo humanos en el principio – cuál principio – se rompe y se rompe a cada rato. Teuchitlán lo confirma, el desmoronamiento de lo que creíamos nos quita lo humano. ¿Qué somos ya?
Desde hace años se habla de deshumanización, de una extrañeza que nos invade y nos hace menos humanos. ¿Somos menos humanos con cada tragedia como la de Teuchitlán? ¿El humano que se atrevió a tanto con qué será comparado? No hay más comparación que con el mismo humano. La bestia que llevamos dentro emerge y no como bestia de la naturaleza, sino como la bestia que no conoce el límite moral, porque sí hay animales que viven con una moralidad más digna.
Nuestra humanidad se encuentra extraviada y con símbolos y con ríos de sangre y dolor lo comprobamos. 400 zapatos son la muestra de una capacidad infinita de derrotar al rival como sea necesario y con los medios que se tengan al alcance, pero más que derrotar al rival nos derrotamos a nosotros mismos. Fuimos capaces de crear un Estado, tan sofisticado en algunas partes con instituciones que resuelven el más pequeño inconveniente público, pero ahora no somos capaces de protegernos.
La humanidad se nos va de las manos, eso que se propuso como proyecto de humanidad no quedó más que en el papel de tratados morales y filosóficos. El trazado racional que por mucho tiempo hemos tratado de seguir se tambalea y estamos a la deriva no solo de una razón instrumental, sino de una lógica de violencia por la violencia. Lo que creamos para servirnos de protección ha dejado de servirnos y ha servido para incrementarla – la violencia -, con disposición para que unos cuanto sigan al margen. Pero lo que se predice es que la violencia está por atacarnos a todos y de una vez por todas no habrá quién se salve, será responder o morir.
Más que nunca es falso que somos los seres del centro de la vida social, qué limitados estamos para salir de la violencia, y es que ningún impulso nos ha sacado de ese baño de sangre. Divinizar la violencia es el camino más torpe que pudimos tomar o ¿será que el exceso de libertad nos trajo hasta aquí?
Lo que ocurrió en Teuchitlán debe ser llamado como uno de los peores actos que como sociedad nos han ocurrido. Qué lejos nos pone de una idea de sociedad que seguimos compartiendo muchos, donde la violencia debe ser el instinto más controlable que tengamos. La violencia es biológicamente natural, pero debemos entender cómo moderarla y evitar que los conflictos lleguen a más. La información más valiosa que tenemos es que la violencia no es el único impulso que tenemos, ni el mejor, sino que tenemos instintos que juegan un papel fundamental como sociedades: la cooperación o la empatía.
No reforzar la violencia y sus conductas es vital como humanidad, si no es real que el hombre es lobo para el hombre es porque tenemos más caminos y Teuchitlán no es el destino ineludible del que no podamos escapar, sino debe ser el inicio de entender que como sociedad y humanidad no es lo que queremos muchas, pero muchas personas.
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