OPINIÓN
¿Y dicen ser diferentes?
Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
Con qué facilidad y de nueva cuenta “sacándole al bulto” y evadiendo responsabilidades, varias dependencias de diferentes niveles de gobierno, no se han hecho responsables del tráfico ilegal de indocumentados y mucho menos lo hacen cuando hay víctimas inocentes que pierden la vida.
La tragedia ocurrida en las proximidades de la capital de Chiapas, en plena carretera y con plena luz del día, el pasado viernes 10 de Diciembre, donde perdieron la vida 55 personas y por lo menos otras 105 sufren lesiones, pero todas y algunas más que no se sabe de su paradero eran trasladadas en la caja de un tráiler con destino a algunos puntos del país.
Todas y todos eran indocumentados y como por tantos años ha sucedido, grupos de los llamados “polleros” siguen enriqueciéndose con el ilegal tráfico de personas que no cuentan con la documentación y autorización legal para lograr llegar a la frontera norte y tramitar su legal internación a Estados Unidos.
Como ya se ha repetido en varias ocasiones, los altos funcionarios del gobierno de la República y de entidades locales, de inmediato se “quieren lavar las manos” y desviar la responsabilidad a los desalmados traficantes y a funcionarios de menor rango, total que “la cuerda se rompe por lo más delgado”, dicen en éstos casos.
Uno de los que al parecer “cubrió” al personal a su mando y responsabilidad, fue el comandante de la Guardia Nacional, el General en retiro Luis Rodríguez Bucio, quien en abril de 2019 fue designado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y por el entonces Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.
El importante agrupamiento que supuestamente dirige Luis Rodríguez Bucio, tiene la responsabilidad, entre muchas otras más, de custodiar la red carretera nacional, como tantos años hizo la desaparecida Policía Federal de Caminos, cuando estuvo a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, corporación reconocida por el desempeño de sus elementos, aunque también algunos de los malos uniformados eran señalados por acciones de extorsiones y exigencias de dádivas contra conductores de empresas y de particulares.
Esa tipo de malas tácticas, por desgracia no han desaparecido, con todo y que el propio Primer Mandatario de país, lo pregona constantemente que ahora son diferentes y casi incorruptos, pero por desgracia no es verdad.
En el caso del tráiler de la muerte accidentado en Chiapas, según las autoridades locales informaron que llevaba más de 150 personas de diferentes nacionalidades y seguramente con la poca capacidad para conducir el chofer de la empresa Transportes Zeta, la carga suelta se le movió en la curva y el exceso de velocidad provocó la volcadura.
Por cierto la empresa transportadora ahora se deslinda de ser la propietaria del tráiler, o sea también busca lavarse las manos.
Al paso que van las “investigaciones”, si es que las están realizando, las 95 personas de Guatemala, las tres de República Dominicana, la de Ecuador, la de Honduras y otras cuatro no identificadas, supuestamente entraron “volando” al territorio de México, y casi por arte de magia lograron esconderse y subirse al enorme vehículo que debe costar varios cientos de miles de pesos y que nadie se dio cuenta.
Con esas supuestas cualidades de los indocumentados, también lograron “evadir” puestos de revisión y vigilancia que deben operar en la tan transitada zona fronteriza del sur de México, más concurrida en los últimos años que han llegado y se presentan miles de personas de diferentes nacionalidades que tienen el gran sueño americano para llegar a Estados Unidos de Norteamérica.
Lo ocurrido no se puede dejar a la ligera y dar carpetazo por parte del Gobierno de la Cuarta Transformación, ya que es el enorme botón de muestra que deja al descubierto que debe de haber fuerte corrupción entre diferentes responsables de dependencias locales y nacionales, si es que en verdad hay voluntad de terminar o por lo menos combatir el ilegal tráfico de indocumentados que ha dejado y deja multimillonarias cantidades de dinero a quienes se dedican a ello y también a los que propician la llamada “mordida”.
EN 100 DÍAS DEBE ARRANCAR EL AIFA
Supuestamente en 100 días más deberá ser inaugurado y ponerse en marcha el que se dice será moderno Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en la Ciudad de México, uno de las obras faraónicas y orgullo del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para entonces el entusiasta promotor de esa obra (AML), deberá de estar con sus simpatizantes y empleados muy contento y orgulloso, aunque todavía le falta sortear varios problemas.
Entre los conflictos que se han destacado están las aceptaciones e interés por parte de importantes líneas aéreas extranjeras, sobre todo aquellas que tienen conectividad con destacadas ciudades y destinos del vecino país del norte, por señalar un “prietito en el arroz”.
A la fecha solamente tres líneas aéreas han firmado y anunciado que trabajarán en la nueva terminal y son: la Venezolana Conviasa y las mexicanas Volaris y Viva Aerobus, como se puede notar ni la más importante compañía de nuestro país, Aeroméxico, se ha inscrito para ocupar esa terminal aérea, se verán fuertes enfrentamientos y decisiones legales para “meter al redil” a los directivos y que por ningún motivo pueden “desairar” al Gobierno de la República, que tanto se ha “desgastado” y “gastado” en el nuevo aeródromo, pero ya veremos qué pasa.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
El caso de Colomos III ha encendido las alarmas en Jalisco, un estado que lucha por equilibrar el desarrollo con la preservación de sus pulmones verdes.
La resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que otorgó un amparo a Ricardo Ramírez Angulo para recuperar 5.75 hectáreas en esta área protegida, ha desatado una tormenta política y jurídica.
El gobernador Pablo Lemus ha sido contundente: “Por ningún motivo permitiré que cercenen a Colomos III. Sobre mi cadáver”, afirmó, prometiendo agotar todas las instancias legales para proteger este bosque urbano.
Pero, ¿qué hay detrás de este choque entre la justicia federal, los derechos de propiedad y la defensa del patrimonio ecológico? ¿Es esta una batalla genuina por el bien común o un nuevo capítulo en los “juegos del poder”?
El artículo 14 constitucional es el cimiento de esta controversia. Nadie puede ser privado de sus propiedades sin un juicio justo, en un tribunal establecido, con todas las formalidades del procedimiento. En Colomos III, el amparo concedido al particular se basa en que el gobierno de Jalisco, bajo la administración de Aristóteles Sandoval en 2017, intentó recuperar el predio mediante actos administrativos, no un juicio de nulidad.
Las escrituras públicas, registros catastrales y pagos de impuestos sustentan la confianza legítima del propietario, quien reclama posesión desde hace años. La justicia federal invalidó los agravios del Ejecutivo estatal, reafirmando que la privación de derechos exige un proceso judicial transparente, no decisiones unilaterales.
Lemus, con su característica vehemencia, ha acusado a “algunos jueces” de actuar “corruptamente” en sus últimos días en funciones, sugiriendo que la resolución favorece intereses privados sobre el bien colectivo. “Quedan muchas instancias legales por dirimir. Les doy mi palabra: nuestro Bosque Urbano se mantendrá intacto”, dijo, respaldado por el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, quien comparte la visión de proteger áreas verdes como legado para las futuras generaciones.
En este contexto, habría qué preguntar: ¿La defensa del medio ambiente se ha hecho con la ley en la mano o es una cortina de humo para ocultar errores institucionales?
El caso Colomos III destapa un patrón inquietante. En el Bajío y el Bosque de la Primavera, hemos visto cómo las autoridades han intentado recuperar terrenos sin respetar el debido proceso, solo para ser frenadas por la justicia federal.
En Colomos III, el gobierno validó las escrituras desde los gobiernos panistas que antecedieron al de Aristóteles Sandoval, al quedar registradas las escrituras que amparan la propiedad de Ricardo Ramírez Angulo desde el momento que quedó asentado en el Registro Público de la Propiedad y el catastro municipal cobró el impuesto predial.
Si hubo una irregularidad con estas escrituras debió de irse al fondo del asunto, esto es, investigar y en su caso denunciar a las autoridades estatales que validaron esas escrituras, lo que no se hizo.
Tengamos presente que la confianza legítima no es un concepto abstracto; es el derecho de los ciudadanos a creer en las instituciones que validan sus propiedades. Romper eso sin un proceso justo es pisotear la constitución.
La resolución judicial no solo protege al particular, sino que expone la fragilidad de un sistema que actúa con arbitrariedad, confiando en que la fuerza política superará la legalidad.
Lemus, en su cruzada por Colomos III, ha elevado la apuesta: “Primero dejo de ser gobernador antes de que construyan esas torres”, declaró, refiriéndose también a un proyecto de 140 departamentos en un predio contiguo.
En el caso del terreno de Colomos III, el hecho de que esté sobre un manantial, no implica que por ese hecho el particular no pueda detentar la propiedad, que no es lo mismo que sobre esa superficie se pueda edificar. Son dos cosas diferentes.
Si nos basamos en lo que establece la ley, tanto el Ayuntamiento de Zapopan como el Gobierno del Estado pueden negar permisos para su construcción y evitar la construcción. El particular a su vez puede alegar su derecho a construir, pero ese sería otro pleito jurídico.
Más que ir contra el particular aquí lo que procedería de parte del gobierno de Pablo Lemus es quién fue y con qué argumentos validó en otros sexenios la validez de esa propiedad que hoy pertenece al empresario Ricardo Ramírez Angulo.
Hemos advertido que en este caso de Colomos III el gobierno estatal intentó bloquear el proceso judicial con recusaciones frívolas, como nombrar abogados externos para generar conflictos de interés con el magistrado. Estas tácticas, que retrasaron la resolución por más de un año, son un “juego del poder”: Manipular el sistema judicial para ganar tiempo no es defender el interés público; es jugar con la confianza ciudadana”.
La justicia federal desechó estas maniobras, permitiendo una resolución que prioriza el estado de derecho sobre la presión política. La defensa de Colomos III como área de conservación, con sus mantos acuíferos y biodiversidad, es una causa que vale la pena defender. El bosque no es solo un terreno; es el latir de Jalisco, el derecho de las futuras generaciones a un entorno sano.
La batalla no se gana con discursos. Habrá que ver la defensa jurídica que lleven adelante los abogados del Gobierno del Estado. Consulté a varios abogados sobre este caso y coincidieron que el asunto está muy claro: al particular le asiste la razón, ya que cuando fue despojado no se le dio derecho de audiencia.
Si el gobierno validó las escrituras, ¿por qué no las impugnó a tiempo? ¿Quién permitió que este litigio se prolongara? La respuesta estaría en la necesidad de una vigilancia ciudadana implacable, que exija cuentas claras y no se conforme con promesas o declaraciones políticas.
Colomos III un reflejo de las tensiones entre el poder, la justicia y el clamor ciudadano. Más que culpar a la autoridad de justicia federal, el Ejecutivo debe revisar quién o quiénes validaron las escrituras de quienes se asume como propietario de Colomos III, si es que existe una irregularidad en el Registro Público de la Propiedad y habría que revisar a funcionarios de tres o cuatro gobiernos anteriores al actual.
La sociedad jalisciense requiere se proteja su patrimonio, pero también se respete la ley. Los ciudadanos deben exigir transparencia en los actos jurídicos que realizan sus gobernantes y con su presión incansable, son la verdadera esperanza para que Colomos III siga siendo un bosque, no un cementerio de promesas rotas.
Es momento que los jaliscienses dejen la apatía y tomen las riendas, vigilando cada paso para que la justicia, la transparencia y la sustentabilidad no sean solo palabras, sino el latir de un estado transformado.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un millar de delegados, el 92% de la lista, acudieron puntuales a la llamada del partido naranja en su quinta convención estatal. La cifra es presentada como muestra de unidad, pero también exhibe el peso de la disciplina: en Movimiento Ciudadano nadie quiere desentonar cuando la batuta la llevan el gobernador Pablo Lemus y el dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez.
La aclamación fue unánime, sin votos en contra, sin voces disonantes. En la política, los unanimismos suelen esconder más temores que entusiasmos.
¿Es lo mismo que está pasando en la Universidad de Guadalajara con las “elecciones” de sus sindicatos: el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG)?
La protagonista, Mirza Flores, recibió la ratificación como coordinadora estatal hasta 2028. Ella misma lo dijo: “La silla del poder es prestada”. Una frase que suena a advertencia, pero que también funciona como vacuna retórica frente a los males que hundieron al PRI y al PAN: la soberbia y el alejamiento de la gente. Flores lo sabe y lo repite como mantra, consciente de que su papel no es el de caudillo, sino el de guardiana de la cercanía. Sin embargo, no deja de ser paradójico: en un partido que se ufana de ser movimiento ciudadano, las decisiones se siguen tomando de arriba hacia abajo, con respaldo calculado y bendiciones previas.
Curioso… Lo mismo pasó en la UdeG, donde los nombres de los lideres sindícales ganadores ya se conocían, ¡Solo faltaban las elecciones!
El plan que presentó Mirza Flores tiene ambición de hegemonía: conquistar todas las alcaldías de la Zona Metropolitana de Guadalajara, recuperar territorios perdidos como Puerto Vallarta y Tepatitlán, y mantener a Jalisco como la cantera de votos más fértil para el partido. Nada menos que replicar el éxito de 2021, cuando MC logró mayoría en el Congreso local, pero ahora bajo la sombra de Pablo Lemus, un político con estilo empresarial que intenta suceder al caudillismo alfarista. Caudillo que, por cierto, dobló a la universidad en cuyas instalaciones se realizó la convención estatal que ungió a Mirza Flores.
En este juego de equilibrios, Flores se ubica como la bisagra: entre el legado de Enrique Alfaro —al que define como respeto e inspiración— y la proyección de Lemus como jefe político del estado. El discurso es claro: unidad interna, cero fracturas, disciplina férrea.
La pregunta incómoda es si este modelo podrá resistir el desgaste natural del poder y el embate de Morena en 2027, que ya acecha con candidatos competitivos en la metrópoli. Entre los cuales, por cierto, no estará Ricardo Villanueva como candidato, ni repetirá Jesús Becerra -líder del SUTUdeG- quien actualmente está desaparecido como regidor en Guadalajara.
Los discursos en la convención abundaron en promesas de cercanía y servicio. Se recordaron programas sociales: medicamentos oncológicos gratuitos para niños, útiles y calzado escolar, infraestructura educativa. Nada mal como vitrina de logros.
Pero mientras tanto, la memoria de Cecilia Ruvalcaba, regidora asesinada en Teocaltiche, flotaba como recordatorio de la fragilidad del proyecto naranja en territorios violentos. La mención de Máynez no fue casual: fue un acto de contrición forzada para reconocer que no todo es marketing ni aplausos en la Casa Ciudadana.
Respecto a la promesa que hizo Pablo Lemus de pacificar Teocaltiche en 45 días… No se pronunció ninguna autocrítica.
Mirza Flores, abogada formada en género y ciudadanía, se presenta como rostro fresco y feminista en un partido dominado por varones con oficio de caudillos. Su apuesta es a la inclusión y a la disciplina, al trabajo territorial y al contacto con la gente. En la entrevista previa a la convención lo resumió con precisión: “Mi tarea es sumar y multiplicar”. Pero el riesgo, otra vez, es el de la aritmética política: sumar cuadros puede implicar también sumar vicios, y multiplicar estructuras puede derivar en multiplicar cuotas.
Recordé a Natalia Juárez, nueva secretaria del STAUdeG, que en redes al saberse ganadora dijo: “Estamos convencidas y convencidos de que la suma de esfuerzos es la mejor manera de responder a los retos que enfrentamos y de construir un sindicato que represente con dignidad y unidad a todas y todos los académicos de la UdeG”, esperemos que no pase lo mismo que con el PRD Jalisco, donde, también hablaba de unidad… y terminó enterrando al partido.
La convención de emecistas cerró con unidad exhibida, metas ambiciosas y discursos de confianza. Pero bajo la superficie laten los dilemas de siempre: ¿podrá MC conservar su ADN de cercanía o caerá en la burocracia que promete evitar? ¿Se convertirá Jalisco en bastión rumbo a la presidencia de 2030 o en laboratorio de tensiones internas?
El partido naranja se ufana de ser diferente, pero la política mexicana —esa que Mirza dice haber aprendido desde que tocaba puertas en 2012— enseña una lección vieja: los partidos que olvidan de dónde vienen terminan repitiendo la historia de los que prometieron nunca ser iguales.
En X @DEPACHECOS
– Opinión, por Erick Brandon Palacios Sánchez
Queridos amigos y lectores de Conciencia Pública, es un honor para mí volver a escribir en las páginas de este prestigioso semanario.
En los últimos meses, he tenido la satisfacción de alcanzar algunos logros importantes. El pasado 8 de agosto, recibí mi título profesional como Licenciado en Periodismo Digital por la UdeG. Y el sábado 30 de agosto de 2025, tuve el honor de ser invitado a la asamblea de elecciones del Círculo de Periodistas y Escritores de Jalisco A.C., donde fui propuesto como Vicepresidente de esta honorable organización gremial.
Este nombramiento simboliza un enorme compromiso para mí, ya que tengo la firme convicción de hacer que el periodismo jalisciense sea un espacio que abra las puertas al periodismo de inclusión, dando voz a las personas con discapacidad, adultos mayores y todos los sectores que necesiten una voz, un reflector o una pluma para describir sus necesidades.
Deseo expresar mi gratitud al Maestro Xavier Zaragoza Núñez, presidente honorario vitalicio y fundador del Círculo, por su voto de confianza para asumir esta gran misión.
La nueva mesa directiva
– Presidente: Sergio Octavio García Aceves
– Secretaría General: Victoria Falcón Águila
– Vicepresidente: Erick Brandon Palacios Sánchez
– Secretario de Actas y Acuerdos: Horacio García González
– Secretario de Organización: Arturo Robles Grey
Reconozco la gestión del presidente saliente, C. Pablo Arturo Morales Euzarraga.
Fundación y misión del Círculo de Periodistas y Escritores de Jalisco A.C.
Esta organización gremial nació en 2009, inspirada en personajes jaliscienses del periodismo independiente como David Hernández Hurdanidia y Salvador Quesada Ramírez. Sus fundadores fueron el Maestro Xavier Zaragoza Núñez y Miguel Ángel Torres Delgado. Entre sus principales tareas está darle voz a la llamada prensa chica y agrupar a escritores y periodistas interesados en el fenómeno informativo y en el acontecer social.
PRINCIPALES OBJETIVOS
– Agrupar a periodistas y escritores para promover valores como la ética, el respeto y la capacitación continua del gremio.
– Promover actividades culturales de alto impacto, como la entrega de la medalla David Hernández Hurdanidia.
MI PLAN DE TRABAJO
Como vicepresidente del círculo, mi plan es promover cursos de capacitación presencial para que los jóvenes desarrollen el amor por las letras y la pluma. También busco involucrar a las juventudes en las actividades de nuestra organización y consolidar de manera profesional el oficio del periodismo en las nuevas generaciones.
Gracias por su amable atención, queridos lectores del Semanario Conciencia Pública.
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