Por Francisco Junco //

Desde el inicio el sexenio gubernamental, encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, que está por concluir, el Mecanismo Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas solamente, es decir en seis años, solamente se ha reunido en una ocasión para sesionar, aunque este dato, que podría parecer burocrático, es una fotografía nítida de una crisis profunda en la protección de quienes arriesgan su vida para informar y defender los derechos humanos en el estado.

Esta es la conclusión a la que llegaron, periodistas y defensores de derechos humanos, frente a Jesús Peña Palacios, representante del alto Comisionado de las Naciones Unidas, quien presentó su informe Buenas Prácticas y Desafíos, en la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, realizada en el marco de la Feria del Libro (Fil) Guadalajara.

Pedro Gómez Limón, presidente del Consejo Consultivo de dicho mecanismo, señaló en la presentación del informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, que efectivamente en los últimos seis años nos han convocado una sola vez, además no se ha elegido un nuevo consejo, ni se nos ha notificado oficialmente si sus funciones cesaron.

“Desde finales de 2018 el panorama cambió drásticamente. En la actual gestión el Consejo Consultivo y el propio Mecanismo se encuentran en un limbo jurídico. En los últimos seis años nos han convocado una sola vez, no se ha elegido un nuevo consejo ni se nos ha notificado oficialmente si nuestras funciones cesaron. Esta situación refleja un problema más amplio y sintomático tanto a nivel federal como estatal”, aseguró.

Explicó que lo que sucede en Jalisco con el Consejo Consultivo es un ejemplo de abandono sistemático en el tema de defensorías y acotó que “el impacto de este limbo es aún más grave si consideramos las facultades que la ley otorga al Consejo, entre las más importantes se encuentran firmar recomendaciones al Mecanismo y otras instancias para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos”.

Y es que el Consejo Consultivo es pieza clave en la protección de periodistas y defensores, pero ante el este vacío administrativo ha dejado a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas sin acceso a medidas de protección, lo que aumenta significativamente su vulnerabilidad en un contexto de violencia creciente que se vive actualmente en el país.

Desde 2012 el Mecanismo fue creado a nivel nacional, con el objetivo de coordinar acciones del gobierno federal para generar una política nacional en defensa y protección para periodistas y defensores de derechos humanos. La Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, impulsaron una modificación a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El objetivo es establecer reglas sobre las responsabilidades y obligaciones de los tres órdenes de gobierno.

EN 2016 SE APROBÓ LA LEY

Fue en 2016 cuando el Congreso del Estado de Jalisco aprobó la Ley correspondiente, para establecer medidas de prevención y protección para garantizar la seguridad de quienes enfrentan riesgos por defender derechos humanos o ejercer el periodismo, donde se estableció la creación de un Consejo Consultivo, conformado por 9 expertos y representantes de organizaciones civiles, para vigilar su implementación, elegidos y coordinados por la Secretaria General de Gobierno.

“La implementación de mecanismos efectivos de protección, la erradicación de la impunidad y el fortalecimiento de la independencia de las instituciones son pasos indispensables para garantizar que estas voces puedan seguir desempeñando su labor sin temor. En un país como México, donde la lucha por los derechos humanos y la democracia enfrentan desafíos monumentales, estas acciones no sólo son necesarias, sino urgentes”, resaltó en su mensaje.

Respecto al informe de la ONU-DH, Jesús Peña Palacios, destacó nueve casos emblemáticos de agresiones a defensores y periodistas en México y subrayó la función esencial de los defensores de derechos humanos y periodistas en una democracia.

“Porque la labor de las personas defensoras de derechos humanos fomenta el fortalecimiento de las instituciones y nos promueven el acceso a la verdad y la justicia así como la labor que realiza las periodistas y los periodistas contribuyen a ese pluralismo político democrático, en tanto nos permiten a todas y a todos quienes estamos aquí, conocer dignamente lo que sucede a nuestro alrededor a través de esa información que nos aporta”, señaló.

El representante de la ONU lamentó que las actividades, tanto defensores de derechos humanos como periodistas, aunque esenciales, los exponen a graves riesgos debido a intereses políticos, económicos y sociales que intentan silenciarlos.

“Nueve casos considerados representativos del universo de delitos cometidos en contra de personas defensoras y periodistas. El informe se enfoca en delitos de desaparición, asesinato y amenazas. Los delitos de desaparición y amenazas fueron seleccionados por ser los de mayor gravedad asimismo el de amenazas por ser la agresión más común”, precisó el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos.

La Oficina del México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha podido constatar que entre el 1 de enero del 2017 y diciembre de este año al menos 69 periodistas fueron asesinados, también 9 trabajadores de medios y 138 personas defensoras, todos estos casos en posible relación con su labor.

En este contexto, explicó, Jesús Peña, que la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha acompañado en su lucha por la justicia y la verdad a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, sobrevivientes de diferentes ataques, así como a sus familias.

“En el marco de ese acompañamiento la Oficina ha ofrecido asesoría técnica a los diferentes órganos de procuración de justicia y ha podido observar buenas y malas prácticas por parte de las autoridades durante las investigaciones. Este informe refleja parte de esta experiencia y es un insumo técnico destinado sobre todo a operadores de administración y procuración de justicia y tomadores de decisión en materia de política pública, para asistir a los procesos de construcción y fortalecimiento de la institucionalidad relacionada con el acceso a la justicia”, puntualizó.

El representante de la Naciones Unidas, agregó que la Oficina en México, en el año 2019 realizó un exhaustivo diagnóstico del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras y ahora se complementa este trabajo con este abordaje del componente de justicia como parte fundamental de una estrategia integral de protección.

“Creemos firmemente que identificar las deficiencias que afectan al proceso de investigación penal es un paso necesario para proponer mejoras concretas que permitan garantizar que no queden en la impunidad las agresiones a estos grupos”, dijo.

De acuerdo con Peña Palacios, la investigación reveló que “en la mayoría de los casos, no se han llevado a cabo de manera integral los procedimientos necesarios bajo los principios de debida diligencia” y agregó que deficiencias como la preservación inadecuada de escenas del crimen, la pérdida de videograbaciones y la falta de seguimiento a diligencias son comunes.

A pesar de este panorama, Jesús Peña resaltó que sí existen capacidades técnicas en las fiscalías para realizar investigaciones conforme a los estándares internacionales, siempre que se conjuguen tres factores clave que son recursos, competencia y voluntad política.

“El informe demuestra que cuando estos elementos se alinean, es posible alcanzar resultados satisfactorios, como en el caso de Arnulfo Cerón, donde se logró la judicialización y condena de los responsables de su desaparición y asesinato”.

AGRESIONES A PERIODISTAS EN JALISCO:  JAIME BARRERA Y SUSANA CARREÑO VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

La periodista Sonia Serrano, presente en la presentación del informe, precisó que nunca en este sexenio hubo una acción a favor de periodistas y defensores, en un contexto donde México atraviesa por un largo periodo de violencia, “que toca a todas y a todos”, y agregó que el efecto de la violencia se multiplica porque el ataque a un periodista o a un defensor de derechos humanos no es sólo contra la persona, sino contra la causa que está detrás, “por lo que la afectación no es personal, sino social”.

“Sólo para tratar de ejemplificar, hay casos de periodistas que han sido víctimas de amenazas, violencia o secuestros en medio de un trabajo de investigación”, y recordó el caso de Susana Carreño, agredida en Puerto Vallarta tras denunciar desarrollos inmobiliarios ilegales, ella “salvó su vida gracias a decisiones rápidas en segundos críticos. Pero las investigaciones no han arrojado resultados ni han identificado a los responsables. Este es el panorama, la impunidad es la norma”.

También recordó el caso del secuestro de Jaime Barrera, derivado de sus opiniones como periodista, “pero en particular desconocemos quién se sintió afectado y quién actuó en su contra” y aunque las investigaciones sobre este caso tampoco han dado resultados, sí sirvió para que los periodistas de Guadalajara “saliéramos de la idea de que aquí no se ejerce violencia contra nuestro trabajo”.

“Cuando hacemos alguna investigación, por lo menos en mi caso, tenemos que revisar necesariamente el nivel de riesgo que corremos, tenemos que pensar en los intereses que tocamos, los negocios que están en juego, las millonarias ganancias que podrían verse afectadas para ellos”, lamentó.

Mostró su tristeza darse cuenta que cuando se descubre un acto de corrupción o un delito cometido por quien está en el poder, el riesgo es para quien lo investiga y no para quien incurre en una conducta indebida y aseguró que en Jalisco, los periodistas y defensores de derechos humanos vivieron un sexenio muy complejo lleno de agresiones, violencia, opacidad y miedo.

“Es cierto que el homicidio es el punto más alto de la violencia, pero el Gobierno del Estado encontró otras formas igual de eficaces para violentar al periodismo, desacreditó a periodistas, provocó que fueran agredidos en redes sociales y logró dejar a muchos de nuestros compañeros sin empleo, sin contar la censura, el manejo de la publicidad oficial para controlar contenidos, entre otras medidas”, acusó.

Pero no sólo las agresiones físicas son una amenaza, Anna Karolina Chimiak, co-coordinadora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), alertó sobre las crecientes agresiones digitales, donde este año se ha revelado que la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía del Estado de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco cuentan con sistemas de vigilancia digital que permiten el acceso y recopilación de datos, así como la intervención y geolocalización de dispositivos telefónicos y computadoras.

“Ante este panorama es momento de recordar que las personas defensoras y periodistas son un pilar esencial para promover los derechos humanos y consolidar democracias duraderas. Su labor nos recuerda que los derechos no sólo existen sino que deben ser garantizados. Es crucial que las autoridades actúen con firmeza y fortalezcan el sistema de procuración de justicia no sólo para investigar a fondo y asegurar el pleno acceso a la verdad, la justicia y reparación integral, pero sobre todo para prevenir y disuadir más agresiones”, concluyó.

Con el cambio de administración estatal en puerta, la esperanza se cierne sobre el gobierno entrante encabezado por Pablo Lemus Navarro, Pedro Gómez Limón instó al nuevo mandatario a reactivar el Mecanismo de Protección, ya que es “es crucial que el próximo gobierno retome los trabajos del consejo y garantice la seguridad de periodistas y defensores. Sin su protección, la democracia en Jalisco queda en riesgo”.

Peña Palacios coincidió y agregó que una de las mejores medidas de protección es el reconocimiento público de la labor legítima de periodistas y defensores, por lo que se debe insistir en esto, porque la protección efectiva requiere no sólo leyes, sino voluntad política y acción.

Y agregó que a pesar de que en México el 99% de los delitos quedan impunes, hay esperanza para un cambio profundo y real, “creemos que es posible un México mejor. El informe demuestra que, cuando se combinan recursos, competencia y voluntad, se pueden obtener resultados”.

La protección de periodistas y defensores no es sólo un asunto de derechos humanos, sino una cuestión de Estado de Derecho y democracia. En México, el periodismo y la defensa de derechos humanos son actos de valentía, y la sociedad debe estar a la altura para proteger a quienes, con su trabajo, defienden las libertades fundamentales, concluyeron en la presentación del Informe Buenas Prácticas y Desafíos.