JALISCO
El desdén de Alfaro hacia la prensa: Jalisco abandonó protección a periodistas y defensores de derechos humanos

Por Francisco Junco //
Desde el inicio el sexenio gubernamental, encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, que está por concluir, el Mecanismo Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas solamente, es decir en seis años, solamente se ha reunido en una ocasión para sesionar, aunque este dato, que podría parecer burocrático, es una fotografía nítida de una crisis profunda en la protección de quienes arriesgan su vida para informar y defender los derechos humanos en el estado.
Esta es la conclusión a la que llegaron, periodistas y defensores de derechos humanos, frente a Jesús Peña Palacios, representante del alto Comisionado de las Naciones Unidas, quien presentó su informe Buenas Prácticas y Desafíos, en la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, realizada en el marco de la Feria del Libro (Fil) Guadalajara.
Pedro Gómez Limón, presidente del Consejo Consultivo de dicho mecanismo, señaló en la presentación del informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, que efectivamente en los últimos seis años nos han convocado una sola vez, además no se ha elegido un nuevo consejo, ni se nos ha notificado oficialmente si sus funciones cesaron.
“Desde finales de 2018 el panorama cambió drásticamente. En la actual gestión el Consejo Consultivo y el propio Mecanismo se encuentran en un limbo jurídico. En los últimos seis años nos han convocado una sola vez, no se ha elegido un nuevo consejo ni se nos ha notificado oficialmente si nuestras funciones cesaron. Esta situación refleja un problema más amplio y sintomático tanto a nivel federal como estatal”, aseguró.
Explicó que lo que sucede en Jalisco con el Consejo Consultivo es un ejemplo de abandono sistemático en el tema de defensorías y acotó que “el impacto de este limbo es aún más grave si consideramos las facultades que la ley otorga al Consejo, entre las más importantes se encuentran firmar recomendaciones al Mecanismo y otras instancias para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos”.
Y es que el Consejo Consultivo es pieza clave en la protección de periodistas y defensores, pero ante el este vacío administrativo ha dejado a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas sin acceso a medidas de protección, lo que aumenta significativamente su vulnerabilidad en un contexto de violencia creciente que se vive actualmente en el país.
Desde 2012 el Mecanismo fue creado a nivel nacional, con el objetivo de coordinar acciones del gobierno federal para generar una política nacional en defensa y protección para periodistas y defensores de derechos humanos. La Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, impulsaron una modificación a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El objetivo es establecer reglas sobre las responsabilidades y obligaciones de los tres órdenes de gobierno.
EN 2016 SE APROBÓ LA LEY
Fue en 2016 cuando el Congreso del Estado de Jalisco aprobó la Ley correspondiente, para establecer medidas de prevención y protección para garantizar la seguridad de quienes enfrentan riesgos por defender derechos humanos o ejercer el periodismo, donde se estableció la creación de un Consejo Consultivo, conformado por 9 expertos y representantes de organizaciones civiles, para vigilar su implementación, elegidos y coordinados por la Secretaria General de Gobierno.
“La implementación de mecanismos efectivos de protección, la erradicación de la impunidad y el fortalecimiento de la independencia de las instituciones son pasos indispensables para garantizar que estas voces puedan seguir desempeñando su labor sin temor. En un país como México, donde la lucha por los derechos humanos y la democracia enfrentan desafíos monumentales, estas acciones no sólo son necesarias, sino urgentes”, resaltó en su mensaje.
Respecto al informe de la ONU-DH, Jesús Peña Palacios, destacó nueve casos emblemáticos de agresiones a defensores y periodistas en México y subrayó la función esencial de los defensores de derechos humanos y periodistas en una democracia.
“Porque la labor de las personas defensoras de derechos humanos fomenta el fortalecimiento de las instituciones y nos promueven el acceso a la verdad y la justicia así como la labor que realiza las periodistas y los periodistas contribuyen a ese pluralismo político democrático, en tanto nos permiten a todas y a todos quienes estamos aquí, conocer dignamente lo que sucede a nuestro alrededor a través de esa información que nos aporta”, señaló.
El representante de la ONU lamentó que las actividades, tanto defensores de derechos humanos como periodistas, aunque esenciales, los exponen a graves riesgos debido a intereses políticos, económicos y sociales que intentan silenciarlos.
“Nueve casos considerados representativos del universo de delitos cometidos en contra de personas defensoras y periodistas. El informe se enfoca en delitos de desaparición, asesinato y amenazas. Los delitos de desaparición y amenazas fueron seleccionados por ser los de mayor gravedad asimismo el de amenazas por ser la agresión más común”, precisó el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos.
La Oficina del México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha podido constatar que entre el 1 de enero del 2017 y diciembre de este año al menos 69 periodistas fueron asesinados, también 9 trabajadores de medios y 138 personas defensoras, todos estos casos en posible relación con su labor.
En este contexto, explicó, Jesús Peña, que la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha acompañado en su lucha por la justicia y la verdad a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, sobrevivientes de diferentes ataques, así como a sus familias.
“En el marco de ese acompañamiento la Oficina ha ofrecido asesoría técnica a los diferentes órganos de procuración de justicia y ha podido observar buenas y malas prácticas por parte de las autoridades durante las investigaciones. Este informe refleja parte de esta experiencia y es un insumo técnico destinado sobre todo a operadores de administración y procuración de justicia y tomadores de decisión en materia de política pública, para asistir a los procesos de construcción y fortalecimiento de la institucionalidad relacionada con el acceso a la justicia”, puntualizó.
El representante de la Naciones Unidas, agregó que la Oficina en México, en el año 2019 realizó un exhaustivo diagnóstico del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras y ahora se complementa este trabajo con este abordaje del componente de justicia como parte fundamental de una estrategia integral de protección.
“Creemos firmemente que identificar las deficiencias que afectan al proceso de investigación penal es un paso necesario para proponer mejoras concretas que permitan garantizar que no queden en la impunidad las agresiones a estos grupos”, dijo.
De acuerdo con Peña Palacios, la investigación reveló que “en la mayoría de los casos, no se han llevado a cabo de manera integral los procedimientos necesarios bajo los principios de debida diligencia” y agregó que deficiencias como la preservación inadecuada de escenas del crimen, la pérdida de videograbaciones y la falta de seguimiento a diligencias son comunes.
A pesar de este panorama, Jesús Peña resaltó que sí existen capacidades técnicas en las fiscalías para realizar investigaciones conforme a los estándares internacionales, siempre que se conjuguen tres factores clave que son recursos, competencia y voluntad política.
“El informe demuestra que cuando estos elementos se alinean, es posible alcanzar resultados satisfactorios, como en el caso de Arnulfo Cerón, donde se logró la judicialización y condena de los responsables de su desaparición y asesinato”.
AGRESIONES A PERIODISTAS EN JALISCO: JAIME BARRERA Y SUSANA CARREÑO VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
La periodista Sonia Serrano, presente en la presentación del informe, precisó que nunca en este sexenio hubo una acción a favor de periodistas y defensores, en un contexto donde México atraviesa por un largo periodo de violencia, “que toca a todas y a todos”, y agregó que el efecto de la violencia se multiplica porque el ataque a un periodista o a un defensor de derechos humanos no es sólo contra la persona, sino contra la causa que está detrás, “por lo que la afectación no es personal, sino social”.
“Sólo para tratar de ejemplificar, hay casos de periodistas que han sido víctimas de amenazas, violencia o secuestros en medio de un trabajo de investigación”, y recordó el caso de Susana Carreño, agredida en Puerto Vallarta tras denunciar desarrollos inmobiliarios ilegales, ella “salvó su vida gracias a decisiones rápidas en segundos críticos. Pero las investigaciones no han arrojado resultados ni han identificado a los responsables. Este es el panorama, la impunidad es la norma”.
También recordó el caso del secuestro de Jaime Barrera, derivado de sus opiniones como periodista, “pero en particular desconocemos quién se sintió afectado y quién actuó en su contra” y aunque las investigaciones sobre este caso tampoco han dado resultados, sí sirvió para que los periodistas de Guadalajara “saliéramos de la idea de que aquí no se ejerce violencia contra nuestro trabajo”.
“Cuando hacemos alguna investigación, por lo menos en mi caso, tenemos que revisar necesariamente el nivel de riesgo que corremos, tenemos que pensar en los intereses que tocamos, los negocios que están en juego, las millonarias ganancias que podrían verse afectadas para ellos”, lamentó.
Mostró su tristeza darse cuenta que cuando se descubre un acto de corrupción o un delito cometido por quien está en el poder, el riesgo es para quien lo investiga y no para quien incurre en una conducta indebida y aseguró que en Jalisco, los periodistas y defensores de derechos humanos vivieron un sexenio muy complejo lleno de agresiones, violencia, opacidad y miedo.
“Es cierto que el homicidio es el punto más alto de la violencia, pero el Gobierno del Estado encontró otras formas igual de eficaces para violentar al periodismo, desacreditó a periodistas, provocó que fueran agredidos en redes sociales y logró dejar a muchos de nuestros compañeros sin empleo, sin contar la censura, el manejo de la publicidad oficial para controlar contenidos, entre otras medidas”, acusó.
Pero no sólo las agresiones físicas son una amenaza, Anna Karolina Chimiak, co-coordinadora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), alertó sobre las crecientes agresiones digitales, donde este año se ha revelado que la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía del Estado de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco cuentan con sistemas de vigilancia digital que permiten el acceso y recopilación de datos, así como la intervención y geolocalización de dispositivos telefónicos y computadoras.
“Ante este panorama es momento de recordar que las personas defensoras y periodistas son un pilar esencial para promover los derechos humanos y consolidar democracias duraderas. Su labor nos recuerda que los derechos no sólo existen sino que deben ser garantizados. Es crucial que las autoridades actúen con firmeza y fortalezcan el sistema de procuración de justicia no sólo para investigar a fondo y asegurar el pleno acceso a la verdad, la justicia y reparación integral, pero sobre todo para prevenir y disuadir más agresiones”, concluyó.
Con el cambio de administración estatal en puerta, la esperanza se cierne sobre el gobierno entrante encabezado por Pablo Lemus Navarro, Pedro Gómez Limón instó al nuevo mandatario a reactivar el Mecanismo de Protección, ya que es “es crucial que el próximo gobierno retome los trabajos del consejo y garantice la seguridad de periodistas y defensores. Sin su protección, la democracia en Jalisco queda en riesgo”.
Peña Palacios coincidió y agregó que una de las mejores medidas de protección es el reconocimiento público de la labor legítima de periodistas y defensores, por lo que se debe insistir en esto, porque la protección efectiva requiere no sólo leyes, sino voluntad política y acción.
Y agregó que a pesar de que en México el 99% de los delitos quedan impunes, hay esperanza para un cambio profundo y real, “creemos que es posible un México mejor. El informe demuestra que, cuando se combinan recursos, competencia y voluntad, se pueden obtener resultados”.
La protección de periodistas y defensores no es sólo un asunto de derechos humanos, sino una cuestión de Estado de Derecho y democracia. En México, el periodismo y la defensa de derechos humanos son actos de valentía, y la sociedad debe estar a la altura para proteger a quienes, con su trabajo, defienden las libertades fundamentales, concluyeron en la presentación del Informe Buenas Prácticas y Desafíos.
ENTREVISTAS
Es hora del drenaje profundo, plantea el CICEJ

Por Gabriel Ibarra Bourjac //
La solución integral de fondo a los problemas de las inundaciones que enfrenta y sufre la metrópoli cada temporal de lluvias es la implementación de un drenaje profundo, un proyecto de infraestructura magna que manejaría exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado de drenaje actual.
Este sistema, inspirado en proyectos exitosos como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans), requiere una inversión estimada de 20,000 a 25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12 a 15 años.
La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Mirna Avilés, así lo precisa en entrevista con Conciencia Pública y señala que el CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo ya el pago de estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
“Esto no es algo nuevo, el estudio lo hizo en 2017 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ya hay incluso los análisis de las cuencas, los análisis de dónde podría ser drenaje semiprofundo, en dónde puede ser profundo, ya hay un análisis completo”.
“Entonces, lo que hay que hacer es animarse a dar el paso, porque creo que recursos siempre vamos a necesitar, pero alguien se tiene que animar a dar el primer paso. Como sociedad y como ciudad no nos merecemos esta infraestructura, pero también no nos merecemos la falta de toma de decisiones”, precisa Mirna Avilés, experta en temas hidráulicos.
El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica; no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que también permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.
La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) enfrenta cada temporal de lluvias un desafío recurrente: inundaciones que generan pérdidas humanas, daños al patrimonio y caos en la vida cotidiana de sus más de 5 millones de habitantes.
La combinación de una infraestructura hidráulica obsoleta, con tuberías de hasta 70 años, y un crecimiento urbano desordenado ha convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.
La ingeniera Mirna Avilés, ha señalado que este problema no radica en la escasez del agua, sino en una gestión deficiente que requiere soluciones integrales y de largo plazo.
La normalización de las inundaciones, con 570 puntos críticos identificados por la Universidad de Guadalajara y 363 por el Imeplan, evidencia la urgencia de actuar para evitar que la ciudad colapse ante lluvias atípicas agravadas por el cambio climático.
El CICEJ, bajo el liderazgo de Avilés, propone un enfoque transformador que trasciende las soluciones parciales, como los vasos reguladores del Dean y San Rafael, que, a pesar de inversiones millonarias, no han resuelto el problema de raíz.
La solución del CICEJ no se limita a la infraestructura. Avilés aboga por una gestión hídrica integral que combine infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, con la rehabilitación de colectores obsoletos y la regulación del crecimiento urbano.
La urbanización descontrolada, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración, ha aumentado la velocidad de los escurrimientos, saturando los drenajes.
El CICEJ propone incorporar soluciones basadas en la naturaleza, priorizando al ciudadano y al medio ambiente, para recuperar el equilibrio del ciclo urbano del agua. Este enfoque requiere una visión metropolitana, ya que las acciones aisladas por municipio no abordan la interconexión de las cuencas y subcuencas de la ZMG.
El CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
Este modelo, desarrollado en colaboración con gobiernos, universidades y organismos operadores, busca superar la falta de continuidad en las políticas hídricas, que reinician cada sexenio o trienio. Avilés destaca la necesidad de personal técnico en la toma de decisiones y la búsqueda de financiamiento internacional, dado que los temas hídricos son prioritarios a nivel global.
La ZMG, como la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural, no puede seguir postergando decisiones que garanticen su resiliencia frente a las lluvias.
La propuesta del CICEJ, encabezada por Mirna Avilés, representa una oportunidad histórica para transformar la ZMG en una ciudad preparada para los retos del cambio climático y el crecimiento demográfico.
El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica. Con el respaldo del gobierno estatal, federal, municipal y fondos internacionales, este proyecto podría garantizar agua, seguridad y desarrollo sostenible, evitando que las lluvias sigan siendo una amenaza para los ciudadanos. El CICEJ, comprometido con esta visión, no quitará el dedo del renglón hasta que estas soluciones se materialicen.
¿Qué plan integral a mediano y largo plazo proponen los expertos para enfrentar esta problemática y evitar que el caos se agudice?
CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli cercana a los 6 millones de habitantes.
¿Se tiene estimado cuánto sería la inversión?
En 2017, el estudio del IMTA estimó una inversión de 18,000 millones de pesos, pero debe actualizarse debido a la urbanización de zonas verdes y cambios en subcuencas. La inversión podría alcanzar 20,000-25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12-15 años, similar a proyectos internacionales como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans, 18-20 años).
Mirna Avilés precisa con plena convicción: “Es esencial iniciar, aunque sea por fases, para evitar soluciones aisladas que no resuelven el problema estructural”.
¿Cómo se implementaría un proyecto integral para abordar las inundaciones recurrentes en la ZMG, considerando los más de 500 puntos críticos identificados por la UdeG y los más de 300 por el Imeplan?
La solución debe ser integral, analizando los flujos de agua en la cuenca metropolitana, identificando trayectorias, puntos de captación y desahogo. Las discrepancias entre los 570 puntos críticos (UdeG) y 363 (Imeplan) reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que requiere un plan unificado.
La presidenta de CICEJ, explica que muchos puntos críticos no solo son por escurrimientos, sino por fallas en la infraestructura actual (fugas, socavones por reblandecimiento de suelos).
Las lluvias atípicas por el cambio climático podrían colapsar la ciudad si no se actúa. Un plan metropolitano debe priorizar la rehabilitación de infraestructura y la gestión integral de cuencas.
La ZMG debe equilibrar el ciclo urbano, evitando desechar el agua de lluvia rápidamente y promoviendo su infiltración local para mantener el ciclo natural, afectado por la urbanización y el cambio climático.
¿Por qué se ha priorizado el transporte, como el macrobús, sobre la infraestructura hídrica en la ZMG, y cómo pueden las autoridades darle mayor atención a la problemática del agua, que ha sido relegada frente a otros temas?
La infraestructura hídrica ha sido relegada porque no es visible y “no da votos”, a diferencia de proyectos como el macrobús. Sin embargo, la falta de soluciones ahora “quita votos” al poner en riesgo vidas y patrimonios.
Las lluvias se han convertido en una amenaza para la ciudadanía, lo que exige decisiones a largo plazo, aunque impliquen un costo político.
El gobierno estatal, con líderes como Pablo Lemus, Ernesto Marroquín, Antonio Juárez Trueva y Mario López, muestra disposición a escuchar y entender el problema, lo que representa una oportunidad para actuar.
¿Quién debe dar el primer paso para implementar estas soluciones?
El gobierno estatal debe liderar, con apoyo federal, municipal, de la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel mundial, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar proyectos de gran escala.
El CICEJ participa en un plan estatal hídrico 2024-2030 con visión a 25 años, que evitará reiniciar cada sexenio o trienio, marcando una ruta clara.
¿Espera que las autoridades tomen decisiones pronto, especialmente ante eventos como el Mundial?
Se espera que las autoridades diseñen un plan integral, no solo paliativos para el Mundial, sino una infraestructura duradera que beneficie a la ciudadanía a largo plazo.
El CICEJ no cejará en su labor de impulsar soluciones, trabajando con gobiernos y ciudadanos, ya que los profesionistas, como ciudadanos, también viven estas problemáticas.
PUNTOS FUNDAMENTALES: SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIANO Y LARGO PLAZO
- Modelo de gestión hídrica: El CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
- Estudios previos: En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
- Toma de decisiones: Es urgente que las autoridades den el primer paso, respaldadas por personal técnico que entienda las necesidades y soluciones.
- Colaboración intersectorial: El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
- Financiamiento: Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli de 6 millones de habitantes.
JALISCO
Es hora del drenaje profundo

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Guadalajara, una metrópoli que merece infraestructura de vanguardia.
La Zona Metropolitana (ZMG), con más de 5 millones de habitantes, es un referente cultural y económico de México, hogar del mariachi y el tequila, y candidata a ser sede de eventos globales como el Mundial de Fútbol.
Sin embargo, cada temporal de lluvias revela una verdad incómoda: su infraestructura hidráulica está al borde del colapso. Socavones, inundaciones y pérdidas patrimoniales son síntomas de un sistema obsoleto que no resiste el crecimiento urbano ni el cambio climático.
¿Es hora de pensar en grande, con una obra magna como el drenaje profundo que transformó la Ciudad de México entre 1967 y 1975 o el proyecto Jikans de Tokio? La respuesta es un rotundo sí.
En entrevista con Conciencia Pública, Mirna Avilés Mis, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), presenta una propuesta técnica y ambiciosa: un drenaje profundo para gestionar exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado actual.
Este proyecto, respaldado por estudios de preinversión del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) de 2017, realizados bajo el gobierno de Aristóteles Sandoval, requiere una inversión de 20,000 a 25,000 millones de pesos a ejecutarse en 12 a 15 años.
“No es algo nuevo; ya hay análisis completos de cuencas, drenajes semiprofundos y profundos”, afirma Avilés, destacando que el CICEJ lleva dos años desarrollando un modelo de gestión hídrica con 82 acciones específicas.
UNA CRISIS HÍDRICA QUE NO PUEDE ESPERAR
La ZMG enfrenta inundaciones recurrentes que afectan la movilidad, la seguridad y la calidad de vida. La Universidad de Guadalajara identifica 570 puntos críticos de inundación, mientras que el Imeplan reporta 363, evidenciando la falta de un enfoque metropolitano unificado.
Proyectos como los vasos reguladores del Dean y San Rafael, impulsados por el exgobernador Enrique Alfaro con una inversión cercana a los mil millones de pesos, han sido paliativos insuficientes.
La infraestructura hidráulica, con tuberías de hasta 70 años, está rebasada por el crecimiento urbano desordenado, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración y acelerado los escurrimientos.
Recientes incidentes ilustran la gravedad del problema. En 2024, un macrosocavón en avenida López Mateos, la vía de mayor circulación de sur a norte, paralizó la ciudad. En julio de 2025, hace unos días, otro socavón en la colonia El Bethel, en el cruce de avenida Malecón y calle Sidón, midió 20 metros de largo, 8 de ancho y 5 de profundidad. El colapso de un colector pluvial de 2.44 metros de diámetro, con más de 20 años de antigüedad, arrastró tres vehículos, incluyendo uno con una familia.
Aunque no hubo víctimas fatales, la imagen de un auto volcado con las llantas al cielo, junto a un camión materialista y otro de transporte, es un recordatorio de la fragilidad de la infraestructura.
El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), responsable de estos sistemas, enfrenta una crisis financiera, administrativa y técnica que agrava la situación.
LA PROPUESTA DEL CICEJ: UNA VISIÓN TRANSFORMADORA
La solución de Avilés y el CICEJ trasciende los parches temporales. El drenaje profundo no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.
El proyecto se complementa con infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, y la regulación del crecimiento urbano para recuperar el equilibrio del ciclo hídrico. Avilés subraya que las discrepancias entre los puntos críticos identificados por la UdeG y el Imeplan reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que exige un plan metropolitano integral que analice flujos, captación y desahogo de agua.
El CICEJ propone un modelo colaborativo que involucre al gobierno estatal, federal, municipal, la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel global, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar esta obra.
El plan estatal hídrico 2024-2030, con visión a 25 años, busca superar la discontinuidad de políticas que reinician cada sexenio. Avilés insiste en que la falta de acción es inaceptable para una metrópoli de la importancia de la ZMG, que no merece una infraestructura obsoleta ni la inseguridad que generan las lluvias.
EL LIDERAZGO QUE GUADALAJARA NECESITA
El liderazgo debe recaer en el gobernador Pablo Lemus, quien, junto con alcaldes metropolitanos como Verónica Delgadillo de Guadalajara, debe priorizar la gestión hídrica. Delgadillo, durante su campaña, expresó interés en modernizar la infraestructura hidráulica, pero al asumir el cargo se enfrentó a la magnitud del problema y la escasez de recursos, lo que la llevó a postergar el tema.
Sin embargo, la crisis no puede esperar. Las inundaciones no solo causan pérdidas materiales, como en Zapopan recientemente, sino tragedias humanas, como las muertes en túneles vehiculares por corrientes imparables.
Avilés enfatiza que el drenaje profundo requiere voluntad política y decisiones técnicas, no políticas. “Alguien debe animarse a dar el primer paso”, afirma, señalando que la falta de mantenimiento sistemático y la urbanización descontrolada han convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.
La ZMG no puede seguir dependiendo de soluciones parciales que no abordan la interconexión de cuencas y subcuencas. Un llamado a la acción.
ENTREVISTAS
Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

Por Mario Ávila //
El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.
Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.
“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.
Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.
Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.
En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.
“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.
A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.
Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.
También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.
El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.
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