JALISCO
La gran oportunidad de limpiar al Poder Judicial en Jalisco: Compromiso es que lleguen los mejores a impartir justicia

Por Mario Ávila //
En virtud de que ir por el camino de la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “es una ruta que no tiene futuro”, el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, anunció el arranque del proceso de armonización de la reforma al Poder Judicial Federal a nivel local.
Así se lo ofreció el mandatario jalisciense a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en la reciente visita que realizó acompañando a los presidentes municipales a la Ciudad de México y para ello oficializó el nombramiento del experimentado jurista, Arturo Zamora Jiménez, como el responsable de implementar el proceso.
El objetivo será efectuar una serie de mesas de trabajo con los expertos involucrados en la materia, como universidades, colegios, barras, sociedad civil y fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado, para diseñar una iniciativa ciudadana que hará suya el gobernador del Estado, para en su calidad de titular del Poder Ejecutivo, enviar a mediados de febrero la propuesta al Poder Legislativo, que tiene como fecha perentoria el 14 de marzo del 2025, para aprobar las reformas a las leyes estatales, en plena armonización con la ley federal.
Lemus Navarro dijo además haber tomado esta determinación, considerando que las Cámaras (diputados y senadores), son los órganos de representación ciudadana, “y si nosotros no nos acogemos a la voluntad democrática de lo que se manifestó en las urnas el 2 de junio, entonces sería un contrasentido de un modelo democrático, si esa es la representación y eso es lo que se dio dentro de la representación ciudadana, nosotros tenemos que acatar”.
Estamos -dijo-, en un momento de un cambio histórico para nuestro país a nivel federal, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, fue aprobado un formato de nueva Ley Judicial, ha habido un gran nerviosismo no solamente en México sino alrededor del mundo, de lo que sucederá no solamente en el proceso electivo de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación; todos sabemos que para que las inversiones puedan fluir, se necesita un estado derecho que también dé certeza a las empresas que están llegando a nuestro país.
Recordó el mandatario que la semana pasada se presentó el Plan México por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, “cosa que celebramos, pero los inversionistas no van a dar más pasos adelante, si no tienen certeza sobre lo que sucederá con sus inversiones”.
En Jalisco -planteó-, lo quiero dejar muy claro y quiero empezar por ahí, nosotros no vamos en el Ejecutivo estatal durante este sexenio por la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa no es la ruta que vamos a seguir, es una ruta que no tiene futuro y no solamente no vamos a presentar ninguna controversia constitucional contra la reforma, sino que lo que vamos a anunciar el día de hoy es que nosotros vamos a hacer el proceso de armonización de la reforma al Poder Judicial Federal a nivel local, vamos a hacer la armonización.
EL OBJETIVO: LOS MEJORES PERFILES
En rueda de prensa ex profeso efectuada en el ex recinto del Congreso, dentro del palacio de Gobierno, el mandatario jalisciense, Jesús Pablo Lemus Navarro, explicó que el objetivo del proceso de armonización, es encontrar y proponer a los mejores perfiles para los cargos de cargos de jueces, magistrados e integrantes de los órganos de disciplina y administrativos, que serán sometidos a la elección por voto popular.
Para ello hizo saber que se ha lanzado un llamado a expertos en materia legislativa y en materia judicial, para que puedan participar en una serie de foros ciudadanos, que ayuden a fortalecer una iniciativa que presentará el Ejecutivo del Estado, cumpliendo con la obligación que tienen en la armonización de la misma Ley.
Explicó que para poder hacer esas mesas con especialistas decidió invitar a un abogado con una amplia trayectoria, con un amplio reconocimiento en la materia, por parte de colegios de abogados, por supuesto de notarios, de jueces, de magistrados que reconocen en el licenciado Arturo Zamora Jiménez un experto en materia jurídica.
Lo que el mandatario estatal no quiere, es que sea una propuesta que se elabore en su oficina, sino que sea una reforma completamente que nazca de la sociedad especialista en materia jurídica “y para ello invité al licenciado Zamora Jiménez, para que se uniera al equipo de trabajo y él ha aceptado esta encomienda y lo hace pro bono, me ha pedido hacerlo por el amor que le tiene al Estado de Jalisco, sin cobrar un solo sueldo como honorario y ninguna cuestión por el estilo, lo hace por su vocación de servicio por el estado; yo le he pedido que dentro de estas mesas tome en cuenta que ya hay distintas propuestas que han venido trabajando universidades como el Iteso, la Univa, la Universidad Panamericana, entre otras, pero que han venido también trabajando barras de abogados, colegios de profesionistas y lo que queremos es aglutinar todas esas propuestas, poderlas complementar unas con las otras, para enriquecerlas y poder llegar con una iniciativa muy sólida al Poder Legislativo del Estado de Jalisco”.
Admitió que el fin de la armonización de la reforma al Poder Judicial, es que lleguen las mejores mujeres y los mejores hombres al Poder Judicial del Estado de Jalisco, que tengan experiencia probada, honestidad probada y que el proceso de selección no tenga un fin partidista, ya que no se trata de que lleguen los jueces y magistrados que más cercanía tengan con algún partido político; por el contrario, lo que se pretende es blindar que no vaya a suceder eso y que los perfiles inscritos no vaya a colar un deudor alimentario, alguien que tenga una denuncia por violencia intrafamiliar, por ejemplo, para que los que lleguen a la boleta, cumplan con todos los requisitos marcados en la propia legislación a fin de que los nombres que salgan a la elección, nos hagan sentir tranquilos de que cualquiera que la ciudadanía elija, serán los mejores.
SIN DEFINIR AÚN FECHA DE ELECCIÓN
Una respuesta que también habrá de surgir como resultado de estas mesas de trabajo ciudadanas, es que se hará una evaluación de la temporalidad para llevar a cabo esta elección, es decir si sabrá si existen las condiciones o no, para poder hacer una elección en el año 2025 en el mes de junio como está planteada la reforma a nivel federal, o bien, como también lo marca la propia reforma, poder esperar el proceso electivo para realizarse en el 2027.
Tanto el mandatario estatal, como el responsable del proceso, Pablo Lemus y Arturo Zamora, respectivamente, coincidieron en que será un tema que se evaluará en las mesas y ahí se verá si tenemos una elección parcial por ejemplo en el 2025 o si todo lo hacemos en el 2027, tal como marca la legislación federal que obliga a la sustitución de todo el Poder Judicial estatal en el estado de Jalisco.
SON 250 PUESTOS A RENOVAR EN EL PODER JUDICIAL DE JALISCO
Arturo Zamora Jiménez, uno de los jaliscienses con mayor experiencia y reconocimiento en temas jurídicos en Jalisco, agradeció la confianza del gobernador Pablo Lemus, al designarlo como coordinador general para la reforma al Poder Judicial del Estado de Jalisco, al tiempo que admitió que se trata de una gran responsabilidad que trascenderá en la historia, si se logra hacer una tarea de consulta en la que todas las voces sean escuchadas, en la que todas las visiones sean planteadas y en la que la experiencia de juristas de legisladores y de la sociedad civil se logren conjuntar con todas sus opiniones, a fin de tener una muy buena propuesta de iniciativa de reforma a la Constitución Política de Jalisco, para armonizarla a la Constitución General de la República.
Recordó que además de las posiciones de jueces y magistrados, desaparece el Consejo de la Judicatura y en su lugar se habrá de crear el Tribunal de Disciplina Judicial, al que también se pretende que lleguen los mejores, lo mismo que al nuevo órgano de administración, por lo que se estima que la cifra de las candidaturas a elegir, será de alrededor de 250 posiciones.
Dijo no tener duda de que la visión que tiene el gobernador se va a cumplir, en el sentido de que “cuando armonicemos la administración de Justicia, vamos a ser capaces de contribuir al tejido social que se ha venido deteriorando y uno de los elementos más importantes sin duda alguna, es el valor de la justicia y el valor de la justicia tiene un garante, el garante es lo que nos ha dicho claramente el gobernador es que a las posiciones de juzgadores lleguen los mejores; creo que esta es una gran oportunidad para que tengamos un Poder Judicial fuerte, sólido, con una gran credibilidad, con un gran valor para que se cumplan con todas sus determinaciones; un poder judicial que lo mismo atienda, no solamente a los que tienen el poder económico, sino a las personas que carecen de ello”.
Zamora Jiménez, un jurista con amplia experiencia también en el tema político electoral y partidista, luego de aceptar la responsabilidad, anunció que se pondría a trabajar de inmediato a partir de este lunes 20 de enero, propiciando reuniones tanto con los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como celebrando la primera reunión ya pactada con varias universidades privadas este martes 21 de enero.
Dijo tener también ya una reunión agendada con los integrantes del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos y adelantó que se habrá de generar una agenda de consultas y reuniones con otra serie de organismos, con la finalidad de tener una muy buena iniciativa, cumplir con los tiempos, cumplir con las formalidades y todo esto con el solo ánimo de ver a un Poder Judicial que tenga el respeto de todos los ciudadanos.
Recordó también Zamora Jiménez, que fue justamente en el Poder Judicial en donde él nació a la vida profesional y al que le dedicó los primeros siete años de su vida laboral, de ahí que aceptó realizar esta encomienda sin percibir un solo centavo y de manera completamente honorífica.
Finalmente, sobre el costo que significará la realización de la jornada electoral para renovar al Poder Judicial del Estado de Jalisco, se reconoció que dentro del Presupuesto de Egresos 2025 no existe ninguna partida para ello dentro del gasto asignado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aunque se estima que las necesidades para la realización de la elección serán de alrededor de los mil millones de pesos.
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ: EXPERIENCIA Y GRAN CONOCIMIENTO DEL DERECHO
Abogado por la Escuela de Derecho de la UdeG, en donde ha sido profesor e investigador, los últimos 26 años; obtuvo el grado de Maestría en Seguridad Pública y Administración de Justicia en la Universidad de Guadalajara y el Doctorado en la Universidad Complutense de Madrid.
Es notario público titular número 16, de Zapopan, Jalisco. Vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, y asesor de la Confederación Patronal de la República Mexicana. En el sector privado se ha desempeñado como vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, Asesor Jurídico de Coparmex Jalisco.
Fue vicepresidente de la Confederación de Colegios y Barras de Abogados de Jalisco, A.C., presidente de la Academia Nacional de Derecho Penal, Confederación de Colegios y Barras de Abogados (2005-2007), y secretario Ejecutivo de la Mexican American Bar Association (2007).
Autor de los libros: “Derecho Penal, Parte Especial (Análisis de los Delitos en México)”; “Manual de Derecho Penal Electoral”; “Delitos Electorales”; “Cuerpo del Delito y Tipo Penal”; “Teoría Jurídica del Delito” y “Delitos electorales, en el nuevo orden jurídico mexicano”.
Militante del PRI, partido por el que se desempeñó como alcalde de Zapopan, diputado federal, Senador de la República, secretario general de Gobierno y secretario general de la CNOP. El 21 de marzo de 2023 anunció públicamente su renuncia a la militancia en el Partido Revolucionario Institucional.
JALISCO
Voz de Martha Elia Naranjo, presidenta del comité de vigilancia: Crisis del Ipejal en 2009 fue lesiva, pero en 2025 es mortal

Por Mario Ávila //
No hay tiempo que perder y no pueden solaparse acciones perversas como la intentona de incremento salarial de manera brutal al director general y a 16 funcionarios hasta del 67%, así como la creación de 6 nuevas plazas de primer nivel. Para la presidenta del Comité de Vigilancia Transparencia y Rendición de Cuentas del Ipejal, Martha Elia Naranjo Sánchez, “la crisis de la institución del 2009 fue lesiva, pero la del 2025 es prácticamente mortal”.
La dirigente sindical recordó que la expectativa de vida del Instituto, al ritmo que hoy se lleva, es hasta el año 2034 y por ello se deben tomar medidas urgentes para atender la problemática de manera directa e inmediata y para ello es necesario que el Congreso del Estado actúe con reformas a la Ley del Ipejal que le generen beneficios a la institución, pero sin lesionar la economía de los trabajadores.
Explicó que en la recta final del gobierno anterior se realizaron mesas de trabajo, para escuchar las diferentes posturas de los representantes de las organizaciones de los trabajadores en activo y jubilados, sin embargo, para la lideresa de la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco (Fedetjal), Martha Elia Naranjo, hoy las condiciones de pluralidad que hay en el Poder Legislativo, son más propicias para generar una mejor reforma.
Entre los puntos principales que en su opinión debería contener esta reforma legal, sería en primera instancia darle el reconocimiento formal y legal al Comité de Vigilancia Transparencia y Rendición de Cuentas (CVTyRC), que fue creado seis años atrás, pero solamente de palabra y no tiene atribuciones legales reales.
Y un segundo punto que propondrían en la reforma a la Ley del Ipejal, sería que el nombramiento del director lo realizaran de común acuerdo los representantes de las organizaciones de trabajadores, ya que son los dueños del dinero y del patrimonio de la institución, para que esta posición deje de ser un botín político del gobernante en turno.
Por la relevancia que originó el tema desde los primeros días de este mes, a raíz de la intentona del director general del Ipejal, Juan Partida Morales, con el aval de todos los integrantes del Comité Directivo, para aumentarse el sueldo en un 67%, aumentarle el sueldo en un 55% en promedio a 16 funcionarios de alto nivel y crear seis nuevas direcciones, surge la necesidad de escuchar todas las voces de los personajes que han tenido que ver con la vida del propio Ipejal.
Por supuesto, la voz más contundente y relevante fue la del gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, quien anunció en entrevista que la decisión quedaba sin efecto y ordenó al director del Ipejal, Juan Partida Morales, meter reversa a los incrementos de sueldo y la creación de nuevas plazas y por el contrario, le ordenó que la homologación se diera solo para los trabajadores que perciben menores ingresos en el propio Instituto.
Sin embargo, una opinión que hoy atendemos, es la de la presidenta del Comité de Vigilancia Transparencia y Rendición de Cuentas del Ipejal, Martha Elia Naranjo Sánchez:
CONVOCAN A LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES
P.- Inicia un sexenio y una nueva administración en el Ipejal con el intento de madruguete de aumentos de sueldo y creación de nuevas plazas, ¿qué se puede esperar a lo largo de 6 años?
R.- Lo que se dejó ver con esta intentona, con esta acción, nos debe de poner más que nada en alerta y haciendo una convocatoria a la unidad a todos los que ahí aportamos, que somos muchos trabajadores y servidores públicos, maestros, pensionados y jubilados y me parece que más allá de esperar qué es lo que vamos a ver en el sexenio, debemos de tomar acciones los verdaderos dueños del dinero, los aportantes del instituto. Esta acción que se tuvo por parte de la autoridad, me parece que es un tema muy lesivo para los intereses de los trabajadores y hasta ofensivo, porque no hay dinero por ejemplo para las credenciales que en algún momento las tuvimos, no hay dinero para los insumos más elementales, pero cómo es que sí al menos se consideró un incremento tan grande, la verdad es que quedamos muy sorprendidos muchos, precisamente por esta intención de hacer las cosas sin ponerlo a consideración de la mayoría de los que representamos a miles de trabajadores aquí en el estado.
P.- ¿Se sienten ustedes bien representados por los dos personajes que tienen asiento en el consejo de administración a nombre de los trabajadores?
R.- Voy a hablar exclusivamente del representante que debería defender los intereses de los servidores públicos. Por supuesto que no, no nos sentimos representados, no solamente en el Ipejal, sino en muchas otras aristas, como cuando se dan los incrementos salariales y en otro tipo de negociaciones y de acciones, que a final de cuentas viene redundar en el beneficio o perjuicio de todos los servidores públicos; tampoco nos sentimos bien representados en instituciones por ejemplo como el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en donde tienen el asiento que le corresponde a la clase trabajadora, en donde hay intereses de parte de esa federación (SAFE), en donde se resuelve a contentillo, para poder controlar a los gremios que no estamos de acuerdo en algunas acciones que se toman o cómo se desempeñan el quehacer sindical. En resumen, me parece que a quién está representando a los servidores públicos, habrá que llamarlos a cuentas.
P.- ¿Qué hacer desde el Comité de Vigilancia Transparencia y Rendición de Cuentas que usted preside?
R.- Hay mucho que hacer, yo creo que primeramente los representantes del Comité de Vigilancia Transparencia y Rendición de Cuentas tenemos que cerrar filas, yo creo que no es ni el momento, ni las formas de pelearnos entre nosotros, primero hay que entender que lo que está en riesgo son los intereses de todos, cuando el Ipejal puede caer en una quiebra total, no va a elegir cuáles sindicatos o federaciones se van a la quiebra, sino que el prejuicio va a ser para todos, la quiebra será para todos, por eso primeramente deberíamos cerrar filas, unificar criterios y hacer una ruta crítica para tomar las acciones pertinentes, una de ellas es exigir que se le den dientes y facultades jurídicas al Comité, porque hay que decirlo, solamente fuimos nombrados de palabra, desde hace 6 años no tenemos atribuciones legales dentro de la Ley del propio Instituto de Pensiones del Estado y ojalá y se pueda dar ahora con la reforma que está en la mesa y que ya lo tienen en el tintero en el palacio Legislativo.
QUE AL DIRECTOR LO DESIGNEN LOS TRABAJADORES, NO EL GOBERNADOR
P.- Jubilados exigen un asiento en el Consejo de Administración para vigilar los movimientos desde ahí, ¿el comité que usted preside también haría una solicitud por el estilo?
R.– Yo creo que en cualquier tarea que sea, debe haber transparencia y debemos cuidar nuestros intereses, por ello los dirigentes, llámense de pensionados, jubilados, activos, federaciones, debemos tener un asiento el Comité de Vigilancia Transparencia y Rendición de Cuentas y a la vez el CVTyRC debe tener un asiento en el Consejo de Administración, no puede haber posiciones para tales o cuales, para unas sí o para otras no, en uno o en otro lugar.
Me parece que los que representamos a los trabajadores debemos de estar al pendiente y debemos de saber qué es lo que está sucediendo con todas y cada una de las acciones que se llevan a cabo ahí y sobre todo qué hacen con nuestro dinero, de verdad que hay todavía muchas aristas en el aire, muchas dudas y muchas inquietudes.
Estaba yo analizando el tema de los estudios actuariales que están hechos con las aportaciones propiamente como ingresos, pero existe la pregunta de qué sucede con el tema de los intereses moratorios, con los intereses que te cobran de manera anticipada en los préstamos, con todos los esquemas de los gastos subrogados, con todos los ingresos.
P.- El sexenio pasado se realizaron mesas de trabajo en el Congreso del Estado, pero al parecer no había condiciones para que se diera la reforma, ¿la conformación política de hoy día en el Congreso sí se presta para realizar una reforma de fondo la Ley de Pensiones del Estado?
R.- Yo creo que hay un escenario distinto, la vez pasada la gran mayoría pertenecía a un solo grupo político, de un solo color y creo que esta vez podemos pensar que hay más posibilidades de que la reforma al Instituto de Pensiones del Estado sea realmente pensando en la clase trabajadora, en los servidores públicos; las mesas de trabajo que se hicieron la vez pasada, no diría que se politizaron o que se partidizaron, más bien pensaría que faltó voluntad y faltó mucha coordinación, faltó mucha comunicación asertiva, había muchas voces, me parece que era el primer ejercicio de esta naturaleza que se hacía y eso no permitió poderlo aterrizar, yo creo que los que estuvimos en esas mesas podemos volver a estar, ya más o menos le entendemos y por fortuna hay diputados ahora que han manifestado verbalmente su voluntad y su interés de que el Ipejal realmente tenga una reforma de ley que nos convenga a todos, incluso al propio Instituto.
P.- ¿Qué propuestas saldrían desde el CVTyRC?
R.- Hay algo muy importante y eso lo pongo en la mesa, el director de Pensiones del Estado debe ser elegido propiamente por los dueños del dinero del instituto, que somos los trabajadores, no designado por el gobernador en turno. Esto no es nuevo, yo lo he expresado ya de manera anticipada, que debe de ser elegido propiamente por la clase trabajadora, que a final de cuentas somos los únicos dueños del activo que ahí se mueven. Y de este y algunos otros temas bien podríamos hablar en la siguiente reunión del CVTyRC que estará siendo convocada para el próximo jueves 13 de febrero.
P.- Licenciada, usted conoce al Ipejal desde hace más de 25 años y conoció aquella crisis del 2009 – 2010 cuando hubo necesidad de hacer esa reforma, conoce también esta crisis de hoy día. ¿Cuál de las dos es más grave?
R.- Me parece que la de hoy es mucho más grave porque el saqueo siguió después del 2010, la manipulación de toda la reserva técnica siguió de maneras distintas y la otra arista sería, que en ese momento era muy grave, porque no había vida técnicamente hablando para soportar el sistema pensionario y la cantidad de pensionados que estaba para ese momento, si no se incrementaban las aportaciones, en su porcentaje de trabajadores y el patrón, eso fue lo que sustentaron y dijeron-
Sin embargo yo quiero cerrar la pinza de estas dos puntas diciendo que al final de cuentas la del 2009 o la de 2025 son gravísimas, porque a final de cuentas seguimos estando en el limbo y seguimos estando con una incertidumbre terrible y una preocupación y una mortificación todos los servidores públicos, porque no hay una claridad que se hace con nuestro dinero que se obtiene de muchas maneras, no solo con la aportación, sino con las inversiones y de otras maneras y qué parte de la reserva técnica, son los bienes inmuebles que se tienen, que no se monetizan, que solamente de repente los mencionan; es todo un tema que habrá que estarles explicando de una manera muy coloquial a los compañeros.
El incremento en el pago de cuotas no me atrevería a descartar la posibilidad de que esa sea la única solución a los problemas del Ipejal, a mí me hace falta información que no se me ha dado en el instituto y que hemos solicitado, hace falta que nos digan qué pasa con los intereses de los préstamos, qué pasa con áreas que generan dinero o por qué se gasta tanto, por ejemplo en convenios con hospitales privados, falta muchísima claridad en los ingresos y los gastos que se realizan en el instituto.
INSTRUCCIÓN DE PABLO LEMUS A JUAN PARTIDA
“Le pedí que la homologación salarial sea para los empleados de base, que no se permita en incrementos de sueldo en la parte más alta del tabulador, es decir ni para él, ni para sus directores principales, sino más bien para el personal que verdaderamente más lo necesita, él va a presentar este punto de acuerdo ante el Consejo del Instituto y así quedaría sin efecto el aumento de salarios en la parte más alta del tabulador. Todo va para atrás”.
JALISCO
¿Es Juan Partida el servidor indicado para rescatar al Ipejal?

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Un problema de gran calado que le toca enfrentar al gobierno que encabeza en Jalisco Pablo Lemus es evitar la crisis que se podría venir con las pensiones de Jalisco y el organismo que las opera, como es Ipejal, que le quedarían 11 años de viabilidad (hasta 2036), conforme al estudio actuarial que se realizó a finales del diciembre de 2023 elaborado por “Valuaciones Actuariales del Norte”.
Y la misión para evitar el colapso de Ipejal se la encomendó el gobernador Lemus a Juan Partida Morales, al designarlo como su director general en el nuevo gobierno y que conoce muy bien las entrañas del monstruo, ya que junto con Hugo Luna, mandaban en este organismo que opera con las cuotas que aportan decenas de miles de empleados y trabajadores del Estado.
¿Por qué mandar a dirigir a Ipejal a Juan Partida? Y la pregunta es pertinente porque Partida fue el presidente de este instituto durante los últimos seis años y seguramente existen intereses creados desde el mismo gobierno.
¿Qué confianza inspira quien llegó con la mentalidad de servirse antes de servir a los afiliados a Ipejal?, como fue evidenciado con el incremento que pretendió Partida Morales al sueldo del director general que devengaba el anterior (Héctor Pizano) de 70 mil pesos a 120 mil y que el propio personaje hoy tan cuestionado operó para su beneficio con el argumento de que su formación y perfil está sobre calificado.
¿Por qué Partida Morales se opuso en su momento como presidente del Consejo de Administración de Ipejal a que el sueldo del director general, Héctor Pizano y de funcionarios de primer nivel se homologaran a los que recibían funcionarios del gobierno estatal? ¿Mezquindad, animadversión?
LOS INTERESES CREADOS
Creo que por decoro, Partida Morales no debió ser designado director general de este organismo, por los intereses creados que seguramente se generaron en los seis años del gobierno de Alfaro.
Público y notorio fue que las grandes contrataciones de compra de medicinas de miles de millones de pesos durante esos seis años, la decisión la tomaban en conjunto Juan Partida y Hugo Luna, hoy diputado federal, quien sólo se metía en los contratos gordos.
¿Qué tan sano es que un personaje que estuvo de presidente del Consejo de Administración de Ipejal durante los últimos seis años y cuya palabra fue la ley, siga al frente del mismo? ¿Qué garantía hay que su manejo vaya a ser limpio? Y lo pregunto en voz alta, porque los pensionados y jubilados se quejan de que no tienen información sobre el manejo financiero de Ipejal.
EL JUEGO PERVERSO
Juan Partida es un hombre de poder, desde que estuvo de titular de finanzas del Gobierno de Jalisco tenía como su operador a Rodrigo Moreno Trujillo, quien fungía de director jurídico de Ipejal, quien fue denunciado por Julieta y Vanessa Angulo Mejía, de hostigamiento y acoso laboral, con la finalidad presionar a Vanesa para que firmara su renuncia, argumentando que el secretario de Hacienda, Juan Partida Morales, estaba muy molesto porque, para que pudiera ser reinstalada, tuvieron que dejar de renovarle su contrato a la anterior gerente, y quería que le desocupara la plaza, bajo el argumento de que políticamente le correspondía al Secretario.
Rodrigo Moreno fue denunciado ante la Agencia del Ministerio Público de Primera Guardia de la Unidad para la Investigación de Delitos Contra Mujeres y Delitos en Razón de Género de la Fiscalía del Estado, y ante la Quinta Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
De la misma forma a Rodrigo Moreno se le inició un procedimiento de responsabilidad administrativa en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que fue remitido al Tribunal de Justicia Administrativa calificado en el informe de presunta responsabilidad administrativa como falta administrativa grave por violencia de género en perjuicio de Julieta y Vanessa Angulo Mejía, el cual, fue remitido al Tribunal de Justicia Administrativa.
Rodrigo Moreno al ser cesado de Ipejal con ese poderoso padrino que tiene no se quedó sin chamba y fue nombrado Director del Centro de Conciliación Laboral, quien al momento de tomar el cargo llevó con él a Patricia Elizabeth Navarro Camacho, como Directora Administrativa, quien había sido colaboradora de mucha confianza en la Dirección Jurídica del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
Y ahora con la llegada de Juan Partida a la Dirección de Ipejal, Patricia Elizabeth Navarro Camacho, sale del Centro de Conciliación Laboral y es designada Directora de Responsabilidades del del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Dirección encargada de re calificar la falta en caso de que la Magistrada decida regresar el expediente a re calificación en contra de su padrino Rodrigo Moreno.
Pues resulta que Rodrigo Moreno es una de las seis nuevas plazas ejecutivas que pretende crear Partida Morales, ¿por qué lo hace si se trata de un personaje tan cuestionado? Lo hace porque se siente poderoso. Mientras esto sucede, hay empleados de base que han sido afectados en sus derechos, golpeados por Juan Partida Morales, al ser ser cesados ¿y quién es el operador de este trabajo sucio?
El gobernador Pablo Lemus debería ordenar una investigación sobre esto que está pasando en Ipejal y debería revisar la conveniencia y el costo que representaría para su gobierno dejar a un personaje con el que hay tantas dudas y que se rodea de acosadores y abusadores de mujeres.
Para rescatar a Ipejal debe de enviar a un perfil que sea de su confianza, si no quiere enfrentar sorpresas desagradables en el futuro.
JALISCO
Voz de jubilados y pensionados del Ipejal: Urge reforma a la Ley de Pensiones y maniatar al consejo directivo

Por Mario Ávila //
Miembros del Colectivo Pro Defensa del Patrimonio del Ipejal, acompañados por representantes de una decena de organizaciones sindicales y asociaciones de jubilados, urgen a los diputados de la LXIV Legislatura local a que reformen la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, para maniatar al Consejo Directivo, ya que desde la reforma del 2009 la corrupción campea en el propio instituto y es lo que ha provocado la grave crisis económica que lo ha puesto al borde de la quiebra para el 2034.
En opinión de Alfonso Gamiño Ruvalcaba, uno de los líderes del colectivo, sería importante que se les concediera a los jubilados, un asiento en el consejo directivo, luego de que según las actas de las reuniones mensuales las decisiones siempre son por unanimidad, es decir las dos representaciones de los trabajadores, siempre se han adherido a la voluntad patronal, con una sola excepción en el 2021 cuando el líder de la FESIJAL, Juan José Hernández votó en contra de la construcción de la Ciudad Laboral del Gobierno del Estado, con dinero de los trabajadores.
Por ello el representante de los trabajadores pensionados y jubilados, advierte que una posición de poco serviría, ya que con la representación del Gobierno del Estado, que es de dos consejeros más el director general y a la vez presidente del consejo, la representación del Ayuntamiento de Guadalajara y los dos asientos de los representantes de los trabajadores, uno de la sección 47 del SNTE y uno de la burocracia estatal y municipal, siempre harían mayoría y las votaciones regularmente serían 6-1.
Explicó Gamiño Ruvalcaba que hoy hay condiciones de equilibrio en las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado y se puede aspirar a una reforma a la ley del Ipejal, para garantizar por un lado que el propio Poder Legislativo asuma la vigilancia y el control del consejo directivo del Ipejal y por otro lado, para reducir los riesgos de que las reformas que se hagan dañen directamente a los trabajadores como fue la intención de las mesas de trabajo, en donde se pretendía hacer vales las sugerencias del Estudio Actuarial, que planteaba aumentar las aportaciones del trabajador y crecer la edad de jubilación hasta 65 años, incluso para los trabajadores registrados antes de la reforma del 2009.
Reveló que han estado en contacto con algunos de los legisladores, como Miguel de la Rosa y Candelaria Ochoa (Morena), Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez (Futuro) y Leonardo Almaguer Castañeda (PT), entre algunos otros, con quienes han platicado y a quienes les han expresado su preocupación, y justamente son ellos quienes se han comprometido a estudiar revisar las propuestas de modificaciones a la Ley del Ipejal, sin causar daño a la economía de los trabajadores.
De ahí que, en su opinión, la reforma más importante que se le deba hacer a la Ley de Pensiones, es vigilar y sanear el actuar del consejo directivo, pero en el entendido de que los jubilados no confían en que esta vigilancia recaiga en órganos e instituciones del propio Poder Ejecutivo, ni en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que se pide que sea el Poder Legislativo el que asuma esta función “para maniatar al consejo directivo”.
A Pensiones del Estado -denunció-, siempre le han metido mano desde el Gobierno del Estado, pero a partir de la reforma del 2009 esto empeoró, porque se le dio todo el poder al consejo directivo y es ahí donde surge y donde se ha desarrollado el problema de corrupción, en el seno del consejo y mientras siga en estas mismas condiciones, sin que nadie absolutamente lo vea, sin que nadie sepa lo que hace, el problema se va a mantener, no hay otra solución, por más dinero que le metan, mientras sigue existiendo ese poder del consejo directivo que permite la corrupción, no se va a lograr nada, así participe la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría o la propia Fiscalía Anticorrupción, nada nos ganaremos.
Lo que se necesita -abundó-, es una auditoría de verdad, a cargo de una institución independiente, de algún organismo totalmente ajeno, una empresa que goce de gran prestigio y que pueda hacer una auditoría integral; pero mientras se siga negando y no se acepte que la corrupción es la principal causa del deterioro de las finanzas de Pensiones del Estado, no vamos a llegar a ningún lado; mientras sigan diciendo que son problemas estructurales, no habrá una respuesta positiva y no llegaremos a ningún lado.
EXIGEN AUMENTO DE 2 MIL PESOS A PENSIONADOS
Una de las principales demandas del Colectivo Pro Defensa del Patrimonio del Ipejal, es en el tema del incremento salarial anual, toda vez que cada año se viola el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Ipejal, ya que los incrementos han sido menores al Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo que ha generado una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, según lo planteó el propio Alfonso Gamiño Ruvalcaba.
Explicó que la pérdida que se ha venido acumulando de manera sostenida, ya que, en el año 2024 con el afán de resarcir aparentemente este perjuicio, se autorizó un incremento del 5% de manera generalizada las pensiones menores a 80 mil pesos, “sin embargo, este incremento no trajo consigo el beneficio esperado, pues el 35% de los jubilados recibió un incremento inferior al del año 2023 que fue de 600 pesos”.
Es decir, con el aumento del 5% en el 2024, significó un monto menor a los 575 pesos para quienes ganaban un monto igual o menor a los 11 mil 500 pesos, situación que va en contra del principio de progresividad salarial estipulado en la ley; mientras que para el 76% de los jubilados restantes, se les otorgó un incremento de mil pesos.
Ante ello, el Colectivo sostiene que la naturaleza de los incrementos debe obedecer al principio de progresividad y atender a resarcir el deterioro del poder adquisitivo, “por lo que creemos y de manera formal solicitamos, que en vez de autorizar un incremento porcentual, se contemple para este 2025, sin comprometer la estabilidad financiera, un incremento general por la cantidad de 2 mil pesos, ya que con ello sí impactaría significativamente en las pensiones de un universo mayor de jubilados”, expuso Gamiño Ruvalcaba.
Con ello, el 94% de los casi 51,000 jubilados recibirían en términos porcentuales un incremento del 5% o más, reflejándose un mayor índice porcentual en quienes perciben una pensión menor a los 40 mil pesos mensuales, lo que constituye un paso importante en una política de recuperación y justicia social en materia de pago de pensiones y se atendería a la naturaleza solidaria del instituto.
ACUERDOS PARA ATENDER TEMAS URGENTES DE SALUD
En la movilización convocada por el Colectivo Pro Defensa del Patrimonio del Ipejal, a las puertas de la propia institución, tomaron parte cientos de integrantes de agrupaciones sindicales, asociaciones civiles y representaciones de policías en activo y jubilados, quienes lograron ser recibidos por el propio director general, Juan Partida.
Y aunque el tema principal de la movilización ya estaba resuelto toda vez que el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro anunció previamente que se daría marcha atrás a la intentona de un escandaloso incrementos salarial para Juan Partida y funcionarios de primer nivel, así como a la creación de algunas nuevas plazas de nivel de dirección, los pensionados y jubilados tenían temas pendientes por tratar como el incremento del 2025 y el deteriorado sistema de atención a la salud, que se brinda a través de cuatro clínicas de primer nivel, un grupo de médicos especialistas y una serie de hospitales privados.
La minuta de la reunión del 6 de febrero, participaron por el Colectivo Pro Defensa de Patrimonio del Ipeal: Ernesto Michel, Juan Flores Vázquez, Francisco Javier Reyes, Abel Figueroa González, Alfonso Gamiño Rubalcaba y Juan Manuel Mercado; en tanto que por parte del Ipejal los atendieron: Juan Partida Morales, Ángel Nuño, Luis Alberto Güemes e Isaac Flores.
Dentro de los acuerdos destaca resolver servicios médicos urgentes de enero y febrero, el abasto de medicamentos en las clínicas; mejorar la logística para que gradualmente se vayan eliminando los reembolsos; nuevo contrato de servicios de imagenología; dar prioridad a las cirugías urgentes rezagadas; certeza laboral para todos los trabajadores del Ipejal, revisar los porcentajes de los préstamos a los que se les cobran intereses por adelantado y analizar la propuesta de incremento de 2 mil pesos al mes, para los pensionados en el 2025.
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