Por Mario Ávila //

A la sede del Congreso del Estado de Jalisco llegó la iniciativa del Ejecutivo para proponer la instrumentación de una Asociación Público Privada (APP), mediante la cual se busca sanear hasta el 80% de las aguas residuales que llegan a la Cuenca del Ahogado. Con una inversión original privada de 1 mil 157 millones de pesos, que se convertirían en compromiso de pago del Gobierno del Estado, de 5 mil 276 millones de pesos en 20 años. 

“Pero no es deuda”, aclara de inmediato el secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Juan Partida, sino que se trata de un esquema de financiamiento de Asociaciones Público Privadas (APP), que son esquemas de inversión de largo plazo y que tienen por objeto la prestación de servicios al sector público, con base en el desarrollo de infraestructura que construye y opera el sector privado. 

Una vez que se presentó la iniciativa, con la celeridad que implica la procedencia del documento, la Comisión de Hacienda de la LXIII Legislatura que preside la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Salas, convocó a una mesa de trabajo en la que funcionarios del gabinete del gobernador, encabezados por el jefe de Gabinete, Hugo Luna Vázquez, acudieron para aclarar las dudas que podría generar esta iniciativa a los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias. 

Pero más allá de revelar algunos detalles mínimos, como el hecho de que hoy se tratan en la Planta de Tratamiento de la Cuenca del Ahogado 2 mil 250 litros por segundo, que representan el 65% de las aguas residuales que se acumulan en la zona y con esta ampliación de mil litros por segundo se llegará a los 3 mil 250 litros por segundo representando hasta el 80% de agua saneada. 

Se habló del reúso que se daría al agua, vendiéndosela principalmente a los industriales de El Salto que dejarían de utilizar el agua que hoy extraen de los mantos freáticos, utilizándola también para alternativas agrícolas e incluso con algún tratamiento especial podría regresar esta agua al uso doméstico. La principal novedad es que estas aguas residuales a partir de esta nueva inversión, se trataría con un método de limpieza y purificación mediante el ozono. 

Sin embargo, más allá de la información que se ventiló a cuenta gotas, muchas fueron las dudas que se quedaron sin respuesta y los planteamientos de algunos legisladores o bien fueron ignorados o tratados incluso con desdén, como fue el caso de la interrogante que hizo la diputada Mara Robles de la fracción parlamentaria de Hagamos, quien preguntó con insistencia que si este tratamiento garantizaría que los niños se pudieran bañar en el río Santiago sin poner en riesgo su vida y que si habría la posibilidad de que este río volviera a tener peces. 

Este último planteamiento fue calificado como “chusco” por el jefe de Gabinete Hugo Luna, quien así lo mencionó en su última intervención, justo cuando ya se habían agotado las intervenciones de parte de los diputados participantes, por lo que ya no hubo posibilidad de que la legisladora replicara. 

Y entre los temas que quedaron sin respuesta está la duda de si con esta inversión, el agua que distribuye el Siapa llevará a los hogares de la Zona Metropolitana agua con suficiencia y con calidad, o seguirán llegando aguas color chocolate a través de las tuberías. 

Se preguntó con insistencia y se demandó que se revelaran cuáles son los objetivos del plan integral, si se tiene o no la manifestación de impacto ambiental de la obra, qué tipos de contaminantes tratará esta planta y cuál es el impacto, es decir qué es lo que se va a resolver con esa millonaria inversión.  

SANEAR EL SANTIAGO, LA PRIMERA PROMESA DEL GOBERNADOR 

Fue justamente el jefe de gabinete, Hugo Luna, quien recordó que la limpieza y el saneamiento del río Santiago fue la primera promesa que ofreció el gobernador justo en el primer día de su administración, por lo que ratificó en la presentación general del proyecto de ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca del Ahogado, que se trataba de un asunto prioritario, y detalló: “Desde el día uno de la presente administración, cuando Alfaro estuvo en el puente de El Salto y Juanacatlán y se comprometió a diseñar un programa de trabajo para atender el saneamiento de la cuenca del río entonces más contaminado del país, el Zula y El Santiago. A partir de eso se abocó a la construcción y habilitación de 17 plantas de tratamiento de la cuenca, hoy todas están siendo operadas por la CNA, se atendieron colectores sanitarios de la cuenca con habilitación desde La Primavera, pasando por López Mateos, Tlajomulco, el sur de Tlaquepaque, El Salto, para llegar finalmente a la planta del Ahogado”. 

Expuso que en ello se invirtieron 1 mil 600 millones de pesos, más otros 200 millones de pesos en acciones complementarias, en el trabajo por el campo y en la reconversión de unidades productivas para controlar las descargas. Dijo además que ha sido un gran esfuerzo el de la Semadet para vigilar las descargas de actividad industrial y se ha trabajado con los municipios para fortalecer su estructura hidráulica y que las redes sanitarias conecten a las plantas de tratamiento. 

Hoy -dijo-, lo avanzado de la infraestructura lleva a encauzar a la planta, se llegó al tope y debemos hacer una ampliación, redes hidráulica aguas arriba que sobrepasen y sean descargados a los cuerpos de agua, ya no; recibimos una propuesta de la empresa hace algunas semanas y creemos que mediante la Ley de Proyectos de Inversión y de Servicios Público Privados, podríamos ampliar la planta que desde hace 10 años se construyó y hoy se tiene la necesidad de una ampliación y una mejor operación a economías de escala. 

Precisó también que si el Congreso aprueba el proyecto, “iríamos a un proceso de licitación pública y transparente, en donde podría concursar cualquier empresa y ahí se definirían los alcances definitivos del proyecto. 

A Jorge Gastón González Alcérreca, secretario de Gestión Integral del Agua y Carlos Vicente Aguirre Paczka, director general de la Comisión Estatal del Agua, les correspondió hacer la explicación técnica del proyecto. Y de entrada revelaron que ha existido una falta de infraestructura como el programa de colectores que no llegó al 100%, pese a la inversión de 875 millones de pesos. 

Sobre el origen de la PTA recordaron que inició su construcción en 2009 y se terminó en 2012 mediante una inversión público privada con Finadin, capital a fondo perdido que se pudo aprovechar para construir la planta con una capacidad inicial de tratamiento de 2 mil 200 litros por segundo. 

Expusieron también que en el 2018, para lograr la integralidad la gestión del agua, abastecimiento, potabilización y tratamiento, se firmó un convenio en el 2019 con Conagua, para que las cuotas del Santiago sirvieran para financiar este proyecto, y este compromiso por parte del gobierno federal, no se cumplió, por ello el Gobierno del Estado se vio en la necesidad de invertir 1 mil 670 millones de pesos para saneamiento de toda la cuenca y 875 millones de pesos para la construcción de colectores en la zona del Ahogado. 

Los expertos plantearon además ante los legisladores, que con este proyecto de inversión para ampliar la PTA de la Cuenca del Ahogado, se estaría dando cumplimiento al fin a las recomendaciones y las medidas cautelares que planteó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, en aquella que dio en llamarse la “macro recomendación” a raíz de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha después de haber caído y tragado agua envenenada del río Santiago. 

Detallaron que después de los dos años que duren los trabajos de ampliación de la planta, se podría reusar hasta 2.6 metros cúbicos por segundo, que bien podrían sumarse a las necesidades de abasto que tiene la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el entendido de que una gran parte de este líquido podría venderse al sector industrial, otra parte se utilizaría para el uso público urbano y finalmente para la recarga de mantos freáticos.  

JUAN PARTIDA ACLARA: OBRA O DEUDA; INVERSIÓN O TECHO FINANCIERO 

En su oportunidad, tocó el turno al secretario de Hacienda, Juan Partida Morales, para aclarar las dudas de los legisladores, esencialmente la diferencia entre el monto de inversión y techo financiero, entre si es deuda pública o es obra pública. 

Reveló que lo que habrá de invertir la empresa privada que gane la licitación durante 2 años para echar a andar la ampliación de la panta, serán 1 mil 157 millones de pesos; mientras que la cifra de 5 mil 276 millones de pesos, es la suma de todos los pagos que se efectuarán durante el periodo de operación en mantenimiento y recuperación de la inversión, que son 18 años. 

Y estos se componen -dijo-, de 1 mil 374 millones de pesos para costos fijos de operación, que se irán pagando durante todo el periodo para operar la planta; hay también costos variables de operación, 1 mil 251 millones de pesos que tienen que ver con las cantidades de agua que se vayan tratando y la diferencia corresponde al rembolso de la inversión de los 1 mil 157 millones de pesos, más el costo financiero que tiene que ver con dos cosas muy importantes, el costo de oportunidad, es decir el costo que cubre el riesgo de impago, el riesgo económico que haya una variabilidad económica que dificulte el pago, cambios inesperados en la inflación y un costo específico que tiene que ver con el proyecto en sí, es decir un gasto que afecte la operación de la planta, un gasto que no se haya tomado en cuenta y que se descubra a la hora de hacer la planta, eso ya es responsabilidad del contratista o del inversionista en este caso. Lo que hace este costo financiero es compensar todos los riesgos que están implícitos en el proyecto y en la medida que el coinversionista pueda revertir o evitar los riesgos, eso va a fluir hacia sus bolsillos, esa va a ser su utilidad. 

Si esto es deuda o no -precisó-, yo diría que no es deuda pública, de acuerdo incluso a la Ley de Disciplina Financiera, donde se establece claramente. Proyectos como este cuentan con varias características que los alejan de la deuda pública tradicional, tienen una fuente mixta de pago, presupuestal y de ingresos propios del proyecto, es decir: 1.- Va a haber un pago directamente del gobierno, pero puede también haber una parte de recuperación a través de las tarifas de saneamiento, 2.- Es una prestación de un servicio a largo plazo bajo ciertos estándares de calidad en la disponibilidad del bien y prestación del servicio; 3.- Permiten una administración más eficiente de riesgo entre el sector público y el sector privado. Ellos se encargan de tener el financiamiento necesario para arrancar la obra lo antes posible. 

Y para ejemplificar de manera más sencilla el tipo de compromiso que adquiere el Gobierno del Estado, comparó: “Se trata de una obligación financiera, como el pago anual a los maestros, presupuestada cada año, no podemos dejar de pagarla, pero no constituye una deuda, se parece más a una obra que estaríamos pagando”.