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JALISCO

Ampliarán planta en Cuenca del Ahogado: Diseñan APP para cumplir promesa de Enrique Alfaro

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Por Mario Ávila //

A la sede del Congreso del Estado de Jalisco llegó la iniciativa del Ejecutivo para proponer la instrumentación de una Asociación Público Privada (APP), mediante la cual se busca sanear hasta el 80% de las aguas residuales que llegan a la Cuenca del Ahogado. Con una inversión original privada de 1 mil 157 millones de pesos, que se convertirían en compromiso de pago del Gobierno del Estado, de 5 mil 276 millones de pesos en 20 años. 

“Pero no es deuda”, aclara de inmediato el secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Juan Partida, sino que se trata de un esquema de financiamiento de Asociaciones Público Privadas (APP), que son esquemas de inversión de largo plazo y que tienen por objeto la prestación de servicios al sector público, con base en el desarrollo de infraestructura que construye y opera el sector privado. 

Una vez que se presentó la iniciativa, con la celeridad que implica la procedencia del documento, la Comisión de Hacienda de la LXIII Legislatura que preside la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Salas, convocó a una mesa de trabajo en la que funcionarios del gabinete del gobernador, encabezados por el jefe de Gabinete, Hugo Luna Vázquez, acudieron para aclarar las dudas que podría generar esta iniciativa a los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias. 

Pero más allá de revelar algunos detalles mínimos, como el hecho de que hoy se tratan en la Planta de Tratamiento de la Cuenca del Ahogado 2 mil 250 litros por segundo, que representan el 65% de las aguas residuales que se acumulan en la zona y con esta ampliación de mil litros por segundo se llegará a los 3 mil 250 litros por segundo representando hasta el 80% de agua saneada. 

Se habló del reúso que se daría al agua, vendiéndosela principalmente a los industriales de El Salto que dejarían de utilizar el agua que hoy extraen de los mantos freáticos, utilizándola también para alternativas agrícolas e incluso con algún tratamiento especial podría regresar esta agua al uso doméstico. La principal novedad es que estas aguas residuales a partir de esta nueva inversión, se trataría con un método de limpieza y purificación mediante el ozono. 

Sin embargo, más allá de la información que se ventiló a cuenta gotas, muchas fueron las dudas que se quedaron sin respuesta y los planteamientos de algunos legisladores o bien fueron ignorados o tratados incluso con desdén, como fue el caso de la interrogante que hizo la diputada Mara Robles de la fracción parlamentaria de Hagamos, quien preguntó con insistencia que si este tratamiento garantizaría que los niños se pudieran bañar en el río Santiago sin poner en riesgo su vida y que si habría la posibilidad de que este río volviera a tener peces. 

Este último planteamiento fue calificado como “chusco” por el jefe de Gabinete Hugo Luna, quien así lo mencionó en su última intervención, justo cuando ya se habían agotado las intervenciones de parte de los diputados participantes, por lo que ya no hubo posibilidad de que la legisladora replicara. 

Y entre los temas que quedaron sin respuesta está la duda de si con esta inversión, el agua que distribuye el Siapa llevará a los hogares de la Zona Metropolitana agua con suficiencia y con calidad, o seguirán llegando aguas color chocolate a través de las tuberías. 

Se preguntó con insistencia y se demandó que se revelaran cuáles son los objetivos del plan integral, si se tiene o no la manifestación de impacto ambiental de la obra, qué tipos de contaminantes tratará esta planta y cuál es el impacto, es decir qué es lo que se va a resolver con esa millonaria inversión.  

SANEAR EL SANTIAGO, LA PRIMERA PROMESA DEL GOBERNADOR 

Fue justamente el jefe de gabinete, Hugo Luna, quien recordó que la limpieza y el saneamiento del río Santiago fue la primera promesa que ofreció el gobernador justo en el primer día de su administración, por lo que ratificó en la presentación general del proyecto de ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca del Ahogado, que se trataba de un asunto prioritario, y detalló: “Desde el día uno de la presente administración, cuando Alfaro estuvo en el puente de El Salto y Juanacatlán y se comprometió a diseñar un programa de trabajo para atender el saneamiento de la cuenca del río entonces más contaminado del país, el Zula y El Santiago. A partir de eso se abocó a la construcción y habilitación de 17 plantas de tratamiento de la cuenca, hoy todas están siendo operadas por la CNA, se atendieron colectores sanitarios de la cuenca con habilitación desde La Primavera, pasando por López Mateos, Tlajomulco, el sur de Tlaquepaque, El Salto, para llegar finalmente a la planta del Ahogado”. 

Expuso que en ello se invirtieron 1 mil 600 millones de pesos, más otros 200 millones de pesos en acciones complementarias, en el trabajo por el campo y en la reconversión de unidades productivas para controlar las descargas. Dijo además que ha sido un gran esfuerzo el de la Semadet para vigilar las descargas de actividad industrial y se ha trabajado con los municipios para fortalecer su estructura hidráulica y que las redes sanitarias conecten a las plantas de tratamiento. 

Hoy -dijo-, lo avanzado de la infraestructura lleva a encauzar a la planta, se llegó al tope y debemos hacer una ampliación, redes hidráulica aguas arriba que sobrepasen y sean descargados a los cuerpos de agua, ya no; recibimos una propuesta de la empresa hace algunas semanas y creemos que mediante la Ley de Proyectos de Inversión y de Servicios Público Privados, podríamos ampliar la planta que desde hace 10 años se construyó y hoy se tiene la necesidad de una ampliación y una mejor operación a economías de escala. 

Precisó también que si el Congreso aprueba el proyecto, “iríamos a un proceso de licitación pública y transparente, en donde podría concursar cualquier empresa y ahí se definirían los alcances definitivos del proyecto. 

A Jorge Gastón González Alcérreca, secretario de Gestión Integral del Agua y Carlos Vicente Aguirre Paczka, director general de la Comisión Estatal del Agua, les correspondió hacer la explicación técnica del proyecto. Y de entrada revelaron que ha existido una falta de infraestructura como el programa de colectores que no llegó al 100%, pese a la inversión de 875 millones de pesos. 

Sobre el origen de la PTA recordaron que inició su construcción en 2009 y se terminó en 2012 mediante una inversión público privada con Finadin, capital a fondo perdido que se pudo aprovechar para construir la planta con una capacidad inicial de tratamiento de 2 mil 200 litros por segundo. 

Expusieron también que en el 2018, para lograr la integralidad la gestión del agua, abastecimiento, potabilización y tratamiento, se firmó un convenio en el 2019 con Conagua, para que las cuotas del Santiago sirvieran para financiar este proyecto, y este compromiso por parte del gobierno federal, no se cumplió, por ello el Gobierno del Estado se vio en la necesidad de invertir 1 mil 670 millones de pesos para saneamiento de toda la cuenca y 875 millones de pesos para la construcción de colectores en la zona del Ahogado. 

Los expertos plantearon además ante los legisladores, que con este proyecto de inversión para ampliar la PTA de la Cuenca del Ahogado, se estaría dando cumplimiento al fin a las recomendaciones y las medidas cautelares que planteó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, en aquella que dio en llamarse la “macro recomendación” a raíz de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha después de haber caído y tragado agua envenenada del río Santiago. 

Detallaron que después de los dos años que duren los trabajos de ampliación de la planta, se podría reusar hasta 2.6 metros cúbicos por segundo, que bien podrían sumarse a las necesidades de abasto que tiene la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el entendido de que una gran parte de este líquido podría venderse al sector industrial, otra parte se utilizaría para el uso público urbano y finalmente para la recarga de mantos freáticos.  

JUAN PARTIDA ACLARA: OBRA O DEUDA; INVERSIÓN O TECHO FINANCIERO 

En su oportunidad, tocó el turno al secretario de Hacienda, Juan Partida Morales, para aclarar las dudas de los legisladores, esencialmente la diferencia entre el monto de inversión y techo financiero, entre si es deuda pública o es obra pública. 

Reveló que lo que habrá de invertir la empresa privada que gane la licitación durante 2 años para echar a andar la ampliación de la panta, serán 1 mil 157 millones de pesos; mientras que la cifra de 5 mil 276 millones de pesos, es la suma de todos los pagos que se efectuarán durante el periodo de operación en mantenimiento y recuperación de la inversión, que son 18 años. 

Y estos se componen -dijo-, de 1 mil 374 millones de pesos para costos fijos de operación, que se irán pagando durante todo el periodo para operar la planta; hay también costos variables de operación, 1 mil 251 millones de pesos que tienen que ver con las cantidades de agua que se vayan tratando y la diferencia corresponde al rembolso de la inversión de los 1 mil 157 millones de pesos, más el costo financiero que tiene que ver con dos cosas muy importantes, el costo de oportunidad, es decir el costo que cubre el riesgo de impago, el riesgo económico que haya una variabilidad económica que dificulte el pago, cambios inesperados en la inflación y un costo específico que tiene que ver con el proyecto en sí, es decir un gasto que afecte la operación de la planta, un gasto que no se haya tomado en cuenta y que se descubra a la hora de hacer la planta, eso ya es responsabilidad del contratista o del inversionista en este caso. Lo que hace este costo financiero es compensar todos los riesgos que están implícitos en el proyecto y en la medida que el coinversionista pueda revertir o evitar los riesgos, eso va a fluir hacia sus bolsillos, esa va a ser su utilidad. 

Si esto es deuda o no -precisó-, yo diría que no es deuda pública, de acuerdo incluso a la Ley de Disciplina Financiera, donde se establece claramente. Proyectos como este cuentan con varias características que los alejan de la deuda pública tradicional, tienen una fuente mixta de pago, presupuestal y de ingresos propios del proyecto, es decir: 1.- Va a haber un pago directamente del gobierno, pero puede también haber una parte de recuperación a través de las tarifas de saneamiento, 2.- Es una prestación de un servicio a largo plazo bajo ciertos estándares de calidad en la disponibilidad del bien y prestación del servicio; 3.- Permiten una administración más eficiente de riesgo entre el sector público y el sector privado. Ellos se encargan de tener el financiamiento necesario para arrancar la obra lo antes posible. 

Y para ejemplificar de manera más sencilla el tipo de compromiso que adquiere el Gobierno del Estado, comparó: “Se trata de una obligación financiera, como el pago anual a los maestros, presupuestada cada año, no podemos dejar de pagarla, pero no constituye una deuda, se parece más a una obra que estaríamos pagando”. 

 

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ENTREVISTAS

Es hora del drenaje profundo, plantea el CICEJ

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Por Gabriel Ibarra Bourjac //

La solución integral de fondo a los problemas de las inundaciones que enfrenta y sufre la metrópoli cada temporal de lluvias es la implementación de un drenaje profundo, un proyecto de infraestructura magna que manejaría exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado de drenaje actual.

Este sistema, inspirado en proyectos exitosos como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans), requiere una inversión estimada de 20,000 a 25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12 a 15 años.

La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Mirna Avilés, así lo precisa en entrevista con Conciencia Pública y señala que el CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo ya el pago de estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Esto no es algo nuevo, el estudio lo hizo en 2017 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ya hay incluso los análisis de las cuencas, los análisis de dónde podría ser drenaje semiprofundo, en dónde puede ser profundo, ya hay un análisis completo”.

Entonces, lo que hay que hacer es animarse a dar el paso, porque creo que recursos siempre vamos a necesitar, pero alguien se tiene que animar a dar el primer paso. Como sociedad y como ciudad no nos merecemos esta infraestructura, pero también no nos merecemos la falta de toma de decisiones”, precisa Mirna Avilés, experta en temas hidráulicos.

El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica; no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que también permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) enfrenta cada temporal de lluvias un desafío recurrente: inundaciones que generan pérdidas humanas, daños al patrimonio y caos en la vida cotidiana de sus más de 5 millones de habitantes.

La combinación de una infraestructura hidráulica obsoleta, con tuberías de hasta 70 años, y un crecimiento urbano desordenado ha convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.

La ingeniera Mirna Avilés, ha señalado que este problema no radica en la escasez del agua, sino en una gestión deficiente que requiere soluciones integrales y de largo plazo.

La normalización de las inundaciones, con 570 puntos críticos identificados por la Universidad de Guadalajara y 363 por el Imeplan, evidencia la urgencia de actuar para evitar que la ciudad colapse ante lluvias atípicas agravadas por el cambio climático.

El CICEJ, bajo el liderazgo de Avilés, propone un enfoque transformador que trasciende las soluciones parciales, como los vasos reguladores del Dean y San Rafael, que, a pesar de inversiones millonarias, no han resuelto el problema de raíz.

La solución del CICEJ no se limita a la infraestructura. Avilés aboga por una gestión hídrica integral que combine infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, con la rehabilitación de colectores obsoletos y la regulación del crecimiento urbano.

La urbanización descontrolada, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración, ha aumentado la velocidad de los escurrimientos, saturando los drenajes.

El CICEJ propone incorporar soluciones basadas en la naturaleza, priorizando al ciudadano y al medio ambiente, para recuperar el equilibrio del ciclo urbano del agua. Este enfoque requiere una visión metropolitana, ya que las acciones aisladas por municipio no abordan la interconexión de las cuencas y subcuencas de la ZMG.

El CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Este modelo, desarrollado en colaboración con gobiernos, universidades y organismos operadores, busca superar la falta de continuidad en las políticas hídricas, que reinician cada sexenio o trienio. Avilés destaca la necesidad de personal técnico en la toma de decisiones y la búsqueda de financiamiento internacional, dado que los temas hídricos son prioritarios a nivel global.

La ZMG, como la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural, no puede seguir postergando decisiones que garanticen su resiliencia frente a las lluvias.

La propuesta del CICEJ, encabezada por Mirna Avilés, representa una oportunidad histórica para transformar la ZMG en una ciudad preparada para los retos del cambio climático y el crecimiento demográfico.

El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica. Con el respaldo del gobierno estatal, federal, municipal y fondos internacionales, este proyecto podría garantizar agua, seguridad y desarrollo sostenible, evitando que las lluvias sigan siendo una amenaza para los ciudadanos. El CICEJ, comprometido con esta visión, no quitará el dedo del renglón hasta que estas soluciones se materialicen.

¿Qué plan integral a mediano y largo plazo proponen los expertos para enfrentar esta problemática y evitar que el caos se agudice?

CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.

En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.

El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.

Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli cercana a los 6 millones de habitantes.

¿Se tiene estimado cuánto sería la inversión?
En 2017, el estudio del IMTA estimó una inversión de 18,000 millones de pesos, pero debe actualizarse debido a la urbanización de zonas verdes y cambios en subcuencas. La inversión podría alcanzar 20,000-25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12-15 años, similar a proyectos internacionales como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans, 18-20 años).

Mirna Avilés precisa con plena convicción: “Es esencial iniciar, aunque sea por fases, para evitar soluciones aisladas que no resuelven el problema estructural”.

¿Cómo se implementaría un proyecto integral para abordar las inundaciones recurrentes en la ZMG, considerando los más de 500 puntos críticos identificados por la UdeG y los más de 300 por el Imeplan?

La solución debe ser integral, analizando los flujos de agua en la cuenca metropolitana, identificando trayectorias, puntos de captación y desahogo. Las discrepancias entre los 570 puntos críticos (UdeG) y 363 (Imeplan) reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que requiere un plan unificado.

La presidenta de CICEJ, explica que muchos puntos críticos no solo son por escurrimientos, sino por fallas en la infraestructura actual (fugas, socavones por reblandecimiento de suelos).

Las lluvias atípicas por el cambio climático podrían colapsar la ciudad si no se actúa. Un plan metropolitano debe priorizar la rehabilitación de infraestructura y la gestión integral de cuencas.

La ZMG debe equilibrar el ciclo urbano, evitando desechar el agua de lluvia rápidamente y promoviendo su infiltración local para mantener el ciclo natural, afectado por la urbanización y el cambio climático.

¿Por qué se ha priorizado el transporte, como el macrobús, sobre la infraestructura hídrica en la ZMG, y cómo pueden las autoridades darle mayor atención a la problemática del agua, que ha sido relegada frente a otros temas?

La infraestructura hídrica ha sido relegada porque no es visible y “no da votos”, a diferencia de proyectos como el macrobús. Sin embargo, la falta de soluciones ahora “quita votos” al poner en riesgo vidas y patrimonios.

Las lluvias se han convertido en una amenaza para la ciudadanía, lo que exige decisiones a largo plazo, aunque impliquen un costo político.

El gobierno estatal, con líderes como Pablo Lemus, Ernesto Marroquín, Antonio Juárez Trueva y Mario López, muestra disposición a escuchar y entender el problema, lo que representa una oportunidad para actuar.

¿Quién debe dar el primer paso para implementar estas soluciones?

El gobierno estatal debe liderar, con apoyo federal, municipal, de la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel mundial, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar proyectos de gran escala.

El CICEJ participa en un plan estatal hídrico 2024-2030 con visión a 25 años, que evitará reiniciar cada sexenio o trienio, marcando una ruta clara.

¿Espera que las autoridades tomen decisiones pronto, especialmente ante eventos como el Mundial?
Se espera que las autoridades diseñen un plan integral, no solo paliativos para el Mundial, sino una infraestructura duradera que beneficie a la ciudadanía a largo plazo.

El CICEJ no cejará en su labor de impulsar soluciones, trabajando con gobiernos y ciudadanos, ya que los profesionistas, como ciudadanos, también viven estas problemáticas.

PUNTOS FUNDAMENTALES:  SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIANO Y LARGO PLAZO

  • Modelo de gestión hídrica: El CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
  • Estudios previos: En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
  • Toma de decisiones: Es urgente que las autoridades den el primer paso, respaldadas por personal técnico que entienda las necesidades y soluciones.
  • Colaboración intersectorial: El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
  • Financiamiento: Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli de 6 millones de habitantes.
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JALISCO

Es hora del drenaje profundo

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Guadalajara, una metrópoli que merece infraestructura de vanguardia.

La Zona Metropolitana (ZMG), con más de 5 millones de habitantes, es un referente cultural y económico de México, hogar del mariachi y el tequila, y candidata a ser sede de eventos globales como el Mundial de Fútbol.

Sin embargo, cada temporal de lluvias revela una verdad incómoda: su infraestructura hidráulica está al borde del colapso. Socavones, inundaciones y pérdidas patrimoniales son síntomas de un sistema obsoleto que no resiste el crecimiento urbano ni el cambio climático.

¿Es hora de pensar en grande, con una obra magna como el drenaje profundo que transformó la Ciudad de México entre 1967 y 1975 o el proyecto Jikans de Tokio? La respuesta es un rotundo sí.

En entrevista con Conciencia Pública, Mirna Avilés Mis, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), presenta una propuesta técnica y ambiciosa: un drenaje profundo para gestionar exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado actual.

Este proyecto, respaldado por estudios de preinversión del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) de 2017, realizados bajo el gobierno de Aristóteles Sandoval, requiere una inversión de 20,000 a 25,000 millones de pesos a ejecutarse en 12 a 15 años.

“No es algo nuevo; ya hay análisis completos de cuencas, drenajes semiprofundos y profundos”, afirma Avilés, destacando que el CICEJ lleva dos años desarrollando un modelo de gestión hídrica con 82 acciones específicas.

UNA CRISIS HÍDRICA QUE NO PUEDE ESPERAR

La ZMG enfrenta inundaciones recurrentes que afectan la movilidad, la seguridad y la calidad de vida. La Universidad de Guadalajara identifica 570 puntos críticos de inundación, mientras que el Imeplan reporta 363, evidenciando la falta de un enfoque metropolitano unificado.

Proyectos como los vasos reguladores del Dean y San Rafael, impulsados por el exgobernador Enrique Alfaro con una inversión cercana a los mil millones de pesos, han sido paliativos insuficientes.

La infraestructura hidráulica, con tuberías de hasta 70 años, está rebasada por el crecimiento urbano desordenado, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración y acelerado los escurrimientos.

Recientes incidentes ilustran la gravedad del problema. En 2024, un macrosocavón en avenida López Mateos, la vía de mayor circulación de sur a norte, paralizó la ciudad. En julio de 2025, hace unos días, otro socavón en la colonia El Bethel, en el cruce de avenida Malecón y calle Sidón, midió 20 metros de largo, 8 de ancho y 5 de profundidad. El colapso de un colector pluvial de 2.44 metros de diámetro, con más de 20 años de antigüedad, arrastró tres vehículos, incluyendo uno con una familia.

Aunque no hubo víctimas fatales, la imagen de un auto volcado con las llantas al cielo, junto a un camión materialista y otro de transporte, es un recordatorio de la fragilidad de la infraestructura.

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), responsable de estos sistemas, enfrenta una crisis financiera, administrativa y técnica que agrava la situación.

LA PROPUESTA DEL CICEJ: UNA VISIÓN TRANSFORMADORA

La solución de Avilés y el CICEJ trasciende los parches temporales. El drenaje profundo no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.

El proyecto se complementa con infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, y la regulación del crecimiento urbano para recuperar el equilibrio del ciclo hídrico. Avilés subraya que las discrepancias entre los puntos críticos identificados por la UdeG y el Imeplan reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que exige un plan metropolitano integral que analice flujos, captación y desahogo de agua.

El CICEJ propone un modelo colaborativo que involucre al gobierno estatal, federal, municipal, la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel global, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar esta obra.

El plan estatal hídrico 2024-2030, con visión a 25 años, busca superar la discontinuidad de políticas que reinician cada sexenio. Avilés insiste en que la falta de acción es inaceptable para una metrópoli de la importancia de la ZMG, que no merece una infraestructura obsoleta ni la inseguridad que generan las lluvias.

EL LIDERAZGO QUE GUADALAJARA NECESITA

El liderazgo debe recaer en el gobernador Pablo Lemus, quien, junto con alcaldes metropolitanos como Verónica Delgadillo de Guadalajara, debe priorizar la gestión hídrica. Delgadillo, durante su campaña, expresó interés en modernizar la infraestructura hidráulica, pero al asumir el cargo se enfrentó a la magnitud del problema y la escasez de recursos, lo que la llevó a postergar el tema.

Sin embargo, la crisis no puede esperar. Las inundaciones no solo causan pérdidas materiales, como en Zapopan recientemente, sino tragedias humanas, como las muertes en túneles vehiculares por corrientes imparables.

Avilés enfatiza que el drenaje profundo requiere voluntad política y decisiones técnicas, no políticas. “Alguien debe animarse a dar el primer paso”, afirma, señalando que la falta de mantenimiento sistemático y la urbanización descontrolada han convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.

La ZMG no puede seguir dependiendo de soluciones parciales que no abordan la interconexión de cuencas y subcuencas. Un llamado a la acción.

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ENTREVISTAS

Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

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Por Mario Ávila //

El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.

Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.

“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.

Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.

Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.

En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.

“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.

A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.

Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.

También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.

El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.

 

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