Por Mario Ávila //

Tras considerar que los pobladores de zonas aledañas al Lago de Chapala y al cauce del Río Santiago se encuentran en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos, a raíz de una presunta contaminación ambiental, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado que adopte las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud de los ciudadanos.

Las medidas cautelares otorgadas a favor de pobladores de las Zonas Aledañas al Río Santiago en México, aplican en particular para quienes habitan en las zonas hasta 5 kilómetros de distancia del Río Santiago, en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como de los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala, en el municipio de Poncitlán, en el Estado de Jalisco.

Este viernes 7 de febrero desde la ciudad de Washington, D.C., la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 07/2020, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de pobladores de las zonas aledañas al Río Santiago, haciendo valer la cuantiosa información que indica la existencia de una importante contaminación ambiental en el Río Santiago y el Lago Chapala.

Mediante un comunicado oficial, la CIDH observó con preocupación los estudios aportados por los solicitantes, especialmente los estudios concluidos recientemente, que toman como muestras grupos de las poblaciones afectadas y que mostrarían la continuidad de una situación de contaminación.

Tales estudios demuestran altos porcentajes de indicios de enfermedades renales, presuntamente derivadas de la exposición a contaminantes presentes en el Río Santiago y sus entornos, además de la detección de pesticidas en la orina de niñas y niños.

Asimismo, se indicó que 28 personas habrían fallecido debido a enfermedades renales crónicas desde 2003, incluyendo una persona a mediados de 2019. Sumado a ello, la situación de riesgo de las poblaciones concernidas puede en efecto verse agravada por la existencia, según los solicitantes, de rudimentarios centros de salud, sin medicinas ni la infraestructura para atender a los enfermos renales, que tienen que trasladarse a la ciudad de Guadalajara para su atención médica.

Al respecto, se valoró la información aportada por el Estado en el sentido de que el río presentó una recuperación en la mayoría de las estaciones y que indica el desarrollo de políticas públicas con miras a la recuperación del río, saneamiento y manejo sostenible del agua.

No obstante, la CIDH advierte que la principal medida de descontaminación implementada por el Estado, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), no es idónea para la contaminación producida como consecuencia de residuos industriales que se encontrarían en el río.

En ese sentido, la Comisión recordó al Estado de México que tienen la obligación de mitigar el daño ambiental significativo, inclusive cuando hubiera ocurrido a pesar de acciones preventivas o si se desconoce cuál es el origen de la contaminación, utilizando la mejor tecnología y ciencia disponible.

Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho presentadas por las partes, la CIDH considera que la información presentada demuestra prima facie (a primera vista), que las personas beneficiarias se encuentran en situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable.

En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento, la Comisión emite medidas cautelares, a fin de que el Estado adopte las medidas pertinentes para brindar un diagnóstico médico especializado a las personas beneficiarias, teniendo en cuenta la alegada contaminación, proporcionándoles una atención médica adecuada, en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, conforme a los estándares internacionales aplicables.

Asimismo, se ha solicitado que se concierte las medidas a implementarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y se informe sobre las medidas adoptadas para mitigar las fuentes de riesgo alegadas.

El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

DEFINITIVO, LA REPARACIÓN DEL DAÑO LLEGARÁ: CEDHJ

Tras refrendar el compromiso de la CEDHJ con la población afectada por la contaminación del río Santiago, documentada en la Recomendación 1/2009 hace más de 10 años, César Alejandro Orozco Sánchez, segundo visitador general de la institución, hizo saber que pese a los anuncios de inversiones millonarias en infraestructura, plantas de tratamientos, clínicas, equipo y muchos otros renglones más, la reparación del daño a las víctimas llegará.

“Eso no es opcional, es una obligación que tiene el Estado Mexicano y va a llegar, eso es definitivo, llegará en su momento jurídico y se tendrá que reparar a las víctimas de manera obligatoria como lo marcan los tratados internacionales y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, dijo enfático el Segundo Visitador César Alejandro Orozco el pasado jueves, al término del recorrido por diversos municipios, al que convocó el Gobierno del Estado para demostrar que no están cruzados de brazos ante la grave problemática.

A las afueras de la clínica de salud recién inaugurada en el municipio de Arandas, el funcionario de la CEDHJ dijo que para él no se trataba de una gira, sino de una visita técnica, luego de que hubo una nueva queja, “se investigará que pasa y si se determina que hubo violaciones a los derechos humanos, se emitirá una nueva recomendación”, sentenció.

Garantizó que en la actualización de la recomendación emitida hace más de una década, obligadamente se mirará al pasado, “sin lugar a dudas, se buscará que paguen los responsables, es una obligación de la Fiscalía, de nosotros es que haya responsabilidades señaladas por violación a los derechos humanos, que haya reparación del daño a las víctimas y en eso vamos a trabajar, claro que habremos de ver al pasado, nuestra recomendación es sin precedente”.

Vale la pena señalar que el equipo de a CEDHJ se tuvo que dividir el pasado jueves y mientras algunos funcionarios se quedaron hasta el final de la gira convocada por el gobernador Enroque Alfaro, el presidente, Alfonso Hernández Barrón, abandonó el recorrido para cumplir con un encuentro que tenía agendado con las víctimas afectadas por la contaminación del río Santiago, en la plaza principal de Puente Grande, en Tonalá.

Ahí, el titular de la CEDHJ asumió el compromiso con la población de tener mayor presencia en esta zona, visitando escuelas, “todos los lugares que ustedes nos pidan, haciendo recorridos con la población para difundir y que haya toma de conciencia entre la sociedad de lo importante que es defender nuestra dignidad”.

ANUNCIAN CAMPAÑAS DE TAMIZACIÓN PARA POBLACIÓN DE 24 MIL NIÑOS

Durante la exposición, la coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio, Patricia Martínez Barba, explicó la importancia productiva que tiene la cuenca Lerma-Chapala-Santiago para el país, así como las actividades y entes que aportan fuentes contaminantes directas al cauce del Río Santiago, mismas que se tienen identificadas e inventariadas en el Registro Único de Descargas.

Dicha información, añadió la funcionaria, servirá para trabajar en una lógica de restauración de la cuenca y para solicitar a la Conagua su intervención, al ser la autoridad responsable de la regulación de agentes contaminantes desde el momento en que sale de las empresas o granjas. “Con la información que teníamos hasta el momento de esta administración, nos enfrentamos con información desactualizada”, indicó, por lo que una acción importante será diagnosticar con precisión las causas de la contaminación para atenderlas de forma focalizada e integral.

Martínez Barba explicó que los estudios realizados en esta materia con vigencia de 10 años, no representan una situación actualizada de la situación, por lo que se trabaja desde varias secretarías y con apoyo de la Universidad de Guadalajara para tener un escenario real a efecto de ser atendido.

Por su parte, la coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Anna Bárbara Casillas, destacó que, para dimensionar la problemática de afectaciones en personas, se realizarán campañas de tamización a una población infantil de 24 mil 244 niñas y niños en municipios como El Salto, Juanacatlán, Poncitlán, Ocotlán y Chapala, por ser éstos los que mayor cercanía tienen con el Río Santiago. Además, se realizará el pilotaje del Registro Estatal de Enfermedad Renal Crónica en conjunto con el Registro Estatal de Cáncer, todo lo anterior para determinar acciones preventivas, conocer la realidad de la situación y, en su caso, atenderla.

“El eje de ciudadanía saludable tiene cuatro grandes acciones. La primera es la detección temprana y registro de enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental, esta es una de las demandas sociales más importantes y más sentidas, con la cual nosotros coincidimos totalmente, porque al final toda esta problemática del río implica daños en la salud de las personas”, expuso Ana Bárbara Casillas.

En tanto, el coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, Alejandro Guzmán Larralde, explicó que la estimulación a la competitividad y el crecimiento de desarrollo económico se hará de forma sustentable, reconociendo que esta cuenca es una de las más productivas del país. En este rubro, se colaborará a incentivar proyectos sustentables desde tres secretarías: SEDECO, SADER y SICYT.

Además, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) este año contará con 120 millones de pesos para construir, rehabilitar y dar mantenimiento a la deteriorada infraestructura de municipios como Puente Grande en Tonalá, Ocotlán, Poncitlán, Zapotlán del Rey, Juanacatlán, El Salto, Atotonilco El Alto y Arandas.

El mandatario estatal habló sobre las mesas que se instalarán con la Universidad de Guadalajara y la CEDHJ, para trascender los temas y hacer de esto un trabajo que se refleje en la práctica.

Finalmente, el mandatario jalisciense aseguró que en lo que corresponde al poder Ejecutivo, “desde el inicio de esta administración la Macro Recomendación emitida por la CEDHJ en 2010 se encuentra atendida en más de un 85%, así como en dependencias clave: CEA Jalisco (100%) y SIAPA (95%). Sin embargo, es claro que la solución del problema no tiene ese nivel de avance”.

Y agregó. “Mientras que hubo recomendaciones atendidas centradas en capacitaciones y fomento a la participación, no se enfocaron en acciones que en el mediano plazo faciliten la resolución de los problemas de fondo, como el ordenamiento del territorio y la reconversión del sector productivo. Es por ello que se atiende el problema de contaminación en el Río Santiago de una manera integral, reconociendo las limitaciones en el marco legal y normativo, así como los vacíos que tiene la federación en su papel de autoridad del agua.

“El principal obstáculo para lograr el cumplimiento del sector productivo, especialmente las industrias más contaminantes, es la ausencia y omisión de la autoridad federal para ejercer sus atribuciones para la inspección de descargas y la emisión de sanciones. La Ley de Aguas Nacionales señala lo siguiente: En este caso, la Autoridad del Agua se refiere a Conagua y sus organismos de Cuenca”, dijo.

LIGA: Estas son las medidas cautelares emitidas por la CIDH, en versión PDF