REPORTAJES
Caso Antonio Gloria: Con débil justificación jurídica y fuertes argumentos políticos
Por Mario Ávila //
En un verdadero “galimatías” se ha convertido el caso de la detención de Antonio Gloria Morales, por la presunta compra a sobre precio de la Casa Jalisco en Chicago, particularmente por la debilidad de la justificación jurídica que hay en su contra, pero a la vez por la fortaleza de los argumentos políticos que salen a la luz, en un momento en el que el PAN olvidó la alianza parcial que suscribió con Enrique Alfaro en la elección de julio del 2018 y se ha convertido en la más fuerte oposición de cara al proceso electoral del 2021.
El haber girado un oficio al secretario General de Gobierno, en la administración de Emilio González Márquez, sugiriendo la compra de una finca de 43 millones de pesos, más 17 millones para su remodelación y haber dicho verbalmente que visitó la ciudad norteamericana y conoció el inmueble, fueron motivos suficientes para la Contralora, Teresa Brito y para el Fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez, para solicitar la orden de aprehensión en contra de Antonio Gloria, quien se desempeñó como Coordinador de Políticas Públicas y ninguna autoridad tenía en el Consejo de Administración de JalTrade, que fue en donde se aprobó la compra.
Gloria Morales, quien entre otros cargos se desempeñó como diputado local, presidente del PAN en Jalisco y Secretario de Educación, fue detenido y encarcelado el pasado miércoles 7 de agosto, acusado del delito de peculado por la presunta compra de la Casa Jalisco en Chicago que costó 3.5 millones de dólares, cuando su precio era de 2 millones de dólares.
La denuncia se interpuso en el mes de mayo del 2016 y desde entonces se le citó a Antonio Gloria para que aportara datos a la investigación que se le seguía en principio en contra de otros responsables que estaban siendo investigados, pero ya en el proceso de la indagatoria, se detectó el oficio firmado por el aludido y girado al secretario General de Gobierno sugiriendo la compra de la Casa Jalisco en Chicago y el reconocimiento verbal de haber visitado el inmueble destinado a los migrantes en Illinois, lo que a juicio de la contralora, Teresa Brito y el Fiscal, Gerardo Solís, lo convertían en partícipe del ilícito.
Las especulaciones se vinieron en cascada en la opinión pública, ante la poca solidez de las acusaciones y lo mismo se especuló del rompimiento de relaciones amistosas entre Enrique Alfaro y Emilio González, que de dilemas políticos entre las dirigencias nacionales del PAN y MC.
LOS DESMENTIDOS DE LA DEFENSA
El despacho que defiende a Antonio Gloria, Del Toro Carazo Abogados, se ha dado a la tarea de acercarse a los medios masivos de comunicación para desmentir a la Fiscalía del Estado, que en su opinión ha faltado a su deber de lealtad, ya que difundió hechos falsos ante la opinión pública.
Primero, argumenta que la Fiscalía no imputa un sobreprecio en la compra del inmueble, como tampoco lo hace el juez. Y detalla: “La acusación del Ministerio Público se limitó al hecho de que el órgano directivo de Jaltrade -del que no formaba parte Antonio Gloria-, autorizó comprar un inmueble distinto al que originalmente habían elegido”.
“Aún en el caso de que se planteara un sobreprecio, Antonio Gloria resulta ajeno porque no tenía y por tanto no ejerció la disponibilidad de los fondos relacionados con esta operación. Se estaría pasando por alto jurisprudencia de la Suprema Corte si se pretende imputarlo cuando los fondos relacionados con este caso nuca estuvieron en su administración o custodia”, expone la defensa.
En segundo lugar -advierten-, la Fiscalía afirmó que se presume la responsabilidad de Antonio Gloria en tanto firmó un oficio dirigido al Secretario de Gobierno donde se instruía la compra del inmueble relacionado con la imputación. Falso. Ese oficio no instruye la compra del inmueble materia de la imputación, ni ningún otro. Dicho oficio ni siquiera lo razona el Ministerio Público como parte de su acusación, como tampoco el juez lo considera como parte de la misma.
En tercer lugar -abunda el comunicado de Del Toro Carazo-, dice la Fiscalía que Antonio Gloria se trasladó al inmueble en Chicago, por lo que se presume que conocía su precio. Al margen de que ello es irrelevante para la acusación por peculado (ya que Antonio Gloria no dispuso de fondo alguno a su cargo para el pago del inmueble), en la acusación del Ministerio Público no se le imputa que conociera el precio, por tanto es falso que ello esté comprehendido en el expediente.
Señalan que la Fiscalía está obligada a conducirse en todo momento con lealtad, objetividad y buena fe. “Conforme a esos principios, no debe ahora intentar cambiar la acusación que previamente y por escrito ya formuló”, plantean en el comunicado.
MOTIVOS TURBIOS EN LA DETENCIÓN: DEFENSORES
Para el grupo de abogados que defiende a Antonio Gloria Morales, no existen razones jurídicas para que se haya dado la detención de Antonio Gloria Morales y confiados en su inocencia advierten que trabajarán sin descanso hasta verlo en libertad.
Recuerdan que se le acusa de ser el autor del delito de peculado, en menoscabo del patrimonio del extinto Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (JALTRADE), a propósito de la compra de Casa Jalisco en la ciudad de Chicago.
Pero sentencian que Antonio Gloria no intervino jamás en dicha compra, “es más, no podía hacerlo ya que no fue nunca miembro del Consejo de Administración de JALTRADE; no aprobó esa compra; no la gestionó; no firmó contrato alguno relacionado con ésta; no intervino en ninguna negociación para realizarla; no se le imputa desde luego el haber obtenido beneficio con motivo de esa compra; no firmó documento alguno. En síntesis, no hizo nada relacionado con esa adquisición ya que simplemente no podía hacerlo por ser ajeno a sus funciones, atribuciones y responsabilidades como Coordinador de Políticas Públicas del Gobierno del Estado”.
Fue un invitado -dicen-, como un simple espectador en la sesión del Consejo de JALTRADE sin derecho de voto. Y, además, los recursos de esa compra no salieron de la Coordinación de Políticas Públicas a cargo de Antonio Gloria, quién naturalmente tampoco autorizó ninguno de los pagos; los fondos con los que se pagó el inmueble en Chicago no estaban siquiera bajo la administración o cuidado de Antonio Gloria. Todo lo relacionado con esa compra, era ajeno a las funciones de su cargo público.
AFIRMAN QUE ES UNA ACUSACIÓN ABSURDA
Si esto es así, ¿entonces por qué se le acusa?, se preguntan los abogados defensores de Gloria Morales y al mismo tiempo advierten: “De manera absurda se dice que acudió como invitado a una reunión con los miembros del Consejo de JALTRADE y manifestó que a efecto de tratar con mayor eficiencia el tema de migrantes jaliscienses y comercio bilateral, consideraba conveniente que existiera una Casa Jalisco en Chicago. Ese mismo comentario lo hicieron también los que sí eran consejeros de JALTRADE, los que curiosamente no fueron imputados a pesar de que éstos sí tenían poder decisorio y sí lo ejercieron (lo que tampoco implica que hayan cometido delito alguno).
Lo acusan en concreto -abundan-, de que en el año 2008 se resolvió comprar un inmueble ubicado en el número 1933 de Melrose Park, pero que en 2009 se decidió comprar otro en su lugar, en el número 1600 del mismo Melrose Park. Dice la Fiscalía del Estado que eso constituye un peculado porque debió haberse comprado el autorizado la primera vez, no la segunda. Así de ridículo es este asunto.
Detallan también los litigantes que el delito de peculado dice, en lo que interesa: “Que se comete cuando un servidor público distrae de su objeto para usos propios o ajenos dinero perteneciente al Estado, si por razón de su cargo lo hubiera recibido en administración, depósito o por otra causa.”
De ahí que advierten que a Antonio Gloria no le correspondió -en razón de su cargo- administrar el dinero con el que se pagó el inmueble en Chicago, “no estaba en sus funciones administrar esos fondos, ni jamás los tuvo en depósito; vamos, por ninguna causa esos fondos estuvieron bajo su cuidado o siquiera pasaron por sus manos o autorización para que fueran erogados. Si esto es así, es obvio que no pudo distraerlos de su objeto”.
Por ello, para los defensores de Gloria lo que ocurre es “una vergüenza de acusación en su contra que resulta inexplicable, cuando menos jurídica y lógicamente; por sentido común, cualquier persona -sin requerir ser abogado-, puede constatar que estamos ante una imputación sin sustento”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación -señalan-, ha sostenido que el delito de peculado requiere que el acusado servidor público goce de una facultad de disposición real del dinero y así estar en condiciones de desviarlo de su objeto; porque sólo los servidores públicos que tengan esa disponibilidad de decidir sobre el destino de los fondos que administran en razón de su cargo, pueden cometer ese delito.
Y Antonio Gloria -aseguran-, jamás estuvo facultado, en razón de su cargo o cualquier otro motivo, para poder disponer del dinero con el que se pagó Casa Jalisco en Chicago. Si esto es así, mucho menos pudo desviarlo. Es así de claro. Evidentemente ni los consejeros ni un mero invitado que se limitan a expresar una opinión pueden o deben ser acusados por ese hecho.
Finalmente, en su análisis del caso los abogados de la parte acusada dejan en claro que el Consejo de Administración de JALTRADE incluía a representantes de reconocidos organismos empresariales como CANACO, Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), American Chambers y la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, y que ahí se discutió y votó de manera unánime en favor de comprar el inmueble ubicado en el número 1600 de Melrose Park, Illinois, para asentar ahí Casa Jalisco Chicago; facultando al Gerente General de JALTRADE para concretar la adquisición, la que dicho Gerente en efecto realizó con fondos de JALTRADE el 15 de mayo del 2008.
UN ABISMO, LAS POSTURAS DE LOS ALIADOS PAN Y PRD
Pero al margen del tema estrictamente jurídico, bien se puede atender al análisis de hechos de índole político y hasta partidista; para ello basta con observar cuál ha sido la diferencia, al menos en el Congreso del Estado, de la postura de los dos partidos que fueron aliados de Movimiento Ciudadano en la elección de julio del 2018, cuando Enrique Alfaro ganó la gubernatura de Jalisco.
Tras esta que se llamó, una “alianza parcial” impulsada por Raúl Padilla López y el candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, el PRD se ha conducido con mucha docilidad ante las decisiones emanadas de Casa Jalisco o de la fracción naranja en la LXII Legislatura y los diputados del sol azteca que llegaron bajo el cobijo naranja y azul, Mara Robles y Enrique Velázquez, no han causado problemas mayores.
Mientras que los legisladores del PAN han asumido una actitud de oposición crítica, férrea y decidida, olvidando que habían pactado un compromiso por seis años y no solo por el día de la jornada electoral, al grado de que lo mismo han interpuesto denuncias por la compra de la maquinaria, que han censurado con determinación el alza a la tarifa del transporte público, entre otros temas polémicos.
Por lo que bien se podría interpretar la sorpresiva detención de Antonio Gloria, como un manotazo del gobernador Enrique Alfaro, para recordarle a los panistas de Jalisco que tienen un compromiso con él, por su calidad de aliados, hasta el 2024. Y para ratificarles y demostrarles que tienen un compromiso, pone justamente al Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez (posición concedida al PAN por la alianza junto con la Secretaría de Educación), en calidad de verdugo de Gloria Morales.
Pero una lectura adicional que bien podría dársele a este hecho de abierto enfrentamiento entre Enrique Alfaro y el PAN, es que el PAN da por finalizada la alianza y ha optado por ir solo en la elección del 2021, pretendiendo hacer valer su posición de primera fuerza de oposición en la entidad.
Ante ello salta a la vista otro argumento que estaría en la disputa entre naranjas y azules, que es el control del Poder Judicial, ya que las 8 posiciones vacantes en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, serían suficientes para que Enrique Alfaro cumpliera el propósito del que con insistencia se le ha acusado: controlar al Poder Judicial.
Y si a eso le agregamos que se ha puesto en un predicamento con señalamientos y acusaciones, a jueces y magistrados que llegaron al cargo bajo el cobijo del PAN, el mandatario estatal bien podría lograr más espacios vacantes, que se llenarían con gente afín.
CULTURA
Edición 812: Comunidad Indígena de Mezquitán, muy cerca que gobierno de Sheinbaum les haga justicia
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
El reclamo de la Comunidad Indígena de Mezquitán: Confían en Sheinbaum para saldar deuda histórica de 21 años: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/el-reclamo-de-la-comunidad-indigena-de-mezquitan-confian-en-sheinbaum-para-saldar-deuda-historica-de-21-anos/
El perfil electoral en la victoria de Claudia Sheinbaum: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/el-perfil-electoral-en-la-victoria-de-claudia-sheinbaum/
Suspenso en el Legislativo: Reforma Judicial en Jalisco, diálogo abierto pero sin consensos: https://concienciapublica.com.mx/reportaje/suspenso-en-el-legislativo-reforma-judicial-en-jalisco-dialogo-abierto-pero-sin-consensos/
Diputado Alberto Maldonado: Con exhorto a la SCIT se dio un paso hacia la justicia para la Comunidad Indígena de Mezquitán: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/diputado-alberto-maldonado-con-exhorto-a-la-scit-se-dio-un-paso-hacia-la-justicia-para-la-comunidad-indigena-de-mezquitan/
Reconocimiento de la Comunidad Indígena de Mezquitán a la Cámara de Diputados, por exhorto a la SICT: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/reconocimiento-de-la-comunidad-indigena-de-mezquitan-a-la-camara-de-diputados-por-exhorto-a-la-sict/
JALISCO
El reclamo de la Comunidad Indígena de Mezquitán: Confían en Sheinbaum para saldar deuda histórica de 21 años
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
Para la Comunidad Indígena de Mezquitán la luz al fondo del túnel parece vislumbrarse. La esperanza la cifran en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien la ven muy distinta a sus antecesores al frente del gobierno federal que trataron a la comunidad con apatía, indiferencia e irresponsabilidad.
Recientemente han tenido respuesta de parte de las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) al buscar negociar para cubrir el incumplimiento de pago del adeudo contraído hace 21 años al ceder la comunidad 270 mil metros cuadrados de terreno para la construcción de la carretera Guadalajara-Saltillo.
En entrevista con Conciencia Pública, Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado Indígena, junto a Miguel Ángel Rivera, tesorero, y Eulalia Dolores Velázquez López, secretaria General, exponen su frustración, esperanza y su exigencia de justicia, pero esperan que la situación cambie.
“Ha sido una lucha difícil y agotadora”, expresa Saúl Rodríguez Barajas, líder de la comunidad. Miguel Ángel Rivera, tesorero, con la tristeza reflejada en el rostro, recuerda que en lo que va de este año han perdido a cuatro personas, y en años anteriores, muchas más.
“La gente está desesperada. Han sido 21 años esperando”, señala Rivera, destacando cómo la cesión de tierras afectó los cultivos y obligó a familias a reubicar sus hogares, trastocando su forma de vida.
Eulalia Dolores Velázquez López, secretaria de la comunidad, alza la voz por estas mujeres: “Algunas han tenido que abandonar tratamientos médicos por falta de recursos. Otras han fallecido, dejando hijos menores”. Su mensaje a la presidenta es claro: “Sabemos que ha recibido nuestros documentos. Esperamos que responda conforme a la ley y haga justicia”.
Desde hace más de dos décadas, la Comunidad Indígena de Mezquitán libra una incansable batalla contra el incumplimiento del gobierno federal. En 2001, cedieron 27 hectáreas de sus tierras para la ampliación de la arretera Guadalajara-Saltillo, un proyecto que prometía desarrollo, pero que los dejó en una espera interminable.
A pesar de un convenio firmado con la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy SICT, el pago justo nunca llegó, convirtiéndose en un calvario de promesas incumplidas y un tortuoso litigio judicial.
Saúl Rodríguez subraya la apatía e irresponsabilidad de las autoridades, a pesar de que la comunidad ha ganado en todas las instancias judiciales, incluida una sentencia firme del Tribunal de Justicia Agraria Superior.
“Muchos compañeros que esperaban este recurso han fallecido”, lamenta. La comunidad, con 333 comuneros y sus familias, ha enfrentado no solo el retraso, sino también pérdidas humanas que agravan su dolor.
En 2004, se otorgó un anticipo inicial y otro posterior de unos 5 millones de pesos (de un acuerdo de 40 millones que sería en total y que se incumplió), pero la oferta reciente de la SICT, presentada el 24 de septiembre, no refleja el valor actualizado de la deuda, como lo ordenan las sentencias.
“Esa cantidad no tiene nada que ver con lo que debería ser hoy”, afirma Rodríguez Barajas. La comunidad propuso aceptar el pago como un anticipo y negociar el resto tras una valuación justa, pero aún no hay respuesta, generando desencanto ante la contradicción entre el discurso oficial de apoyo a los pueblos indígenas y la realidad.
El gobierno federal ha declarado 2025 como el año de la mujer indígena, un reconocimiento significativo para Mezquitán, donde más del 50% de los comuneros son mujeres, muchas adultas mayores, madres solteras o con problemas de salud.
Eulalia Dolores enfatiza la difícil situación de estas mujeres, quienes enfrentan carencias económicas que les impiden acceder a tratamientos médicos o sostener a sus familias.
La comunidad ha buscado contacto directo con la presidenta Sheinbaum, enviándole peticiones y entregando escritos en persona. “Hemos recibido respuestas que indican una orden para atender el caso, lo que nos da esperanza”, señala Saúl Rodríguez.
Sin embargo, insiste: “Queremos que no se tarde más”. La comunidad ve en este compromiso una oportunidad para que el gobierno demuestre que su apoyo a los pueblos indígenas es genuino, en contraste con gobiernos anteriores que, según Sheinbaum, usaron a estas comunidades con fines políticos sin garantizar justicia.
El caso de Mezquitán trasciende lo económico; es una lucha por la dignidad y los derechos indígenas. Cada año de espera ha sido un golpe, con pérdidas de tierras, esperanza y vidas. “Queremos que esto termine este año”, enfatiza Rodríguez.
Aunque abiertos a negociar, exigen un pago justo: “No pedimos nada regalado, solo lo que nos corresponde”. La sentencia judicial es clara, y el gobierno no tiene pretextos para evadir su responsabilidad. “Ya no tienen margen para alargar esto”, sentencia Rodríguez.
Para Mezquitán, el cumplimiento de esta deuda significaría no solo justicia económica, sino la reivindicación de mas de 21 años pidiendo Justicia.
En este año de la mujer indígena, la comunidad confía en que Sheinbaum cumpla su compromiso. “Queremos que nos vea”, insiste Eulalia Dolores. Con una lucha de mas de dos décadas, los comuneros buscan el reconocimiento de su derecho a una vida digna.
Mientras tanto, alzan la voz, recordando que la justicia no puede seguir esperando.
Mezquitán no solo espera un pago, sino un acto de reparación histórica. La luz al fondo del túnel, que hoy parece más cercana, depende de la voluntad política de un gobierno que ha prometido ser diferente.
La comunidad, unida y resiliente, mantiene la esperanza de que 2025 marque el fin de su calvario y el inicio de una nueva etapa de dignidad y justicia.
URGE ACCIÓN CONCRETA: ESPERANZA EN LA RESPUESTA DE SHEINBAUM EN LA MAÑANERA
– Por Raúl Cantú
La Comunidad Indígena de Mezquitán, tras 21 años luchando por la justicia trasr ceder 27 hectáreas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo, encuentra esperanza en la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a una pregunta de la periodista Susana Carreño en La Mañanera.
El 13 de octubre, la periodista Susana Carreño cuestionó la deuda pendiente desde 2001 con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Sheinbaum, con antecedentes del caso, tras recibir un escrito y un libro de la comunidad el 9 de agosto en Tlajomulco, prometió atenderlo y dio instrucciones a su equipo.
Sin embargo, los asesores jurídicos de la comunidad, consideran la respuesta insuficiente. En entrevista con Conciencia Pública, urgen al gobierno federal a actuar antes del 31 de diciembre de 2025, especialmente para las mujeres, que representan más de la mitad de los 333 comuneros, quienes enfrentan necesidades urgentes.
Cuatro días después, el 17 de octubre, llegó una respuesta escrita, un avance frente a los tres meses que tardó la administración anterior. “Eso da esperanza de que esta administración sea diferente”, aunque “Solo menciona atender a la brevedad, sin comprometerse a cumplir la sentencia del Tribunal Agrario”.
Dicha sentencia, firme desde diciembre de 2024, ordena a la SICT realizar un avalúo vía INDAABIN para determinar la indemnización actualizada, pero el proceso está detenido por tácticas dilatorias. La comunidad, agotada por promesas incumplidas de cuatro gobiernos previos, otorga el beneficio de la duda hasta fin de año.
La comunidad propone aceptar un anticipo ofrecido por la SICT el 24 de septiembre, siempre que se respete la actualización de valores. “Hay mucha necesidad. Un anticipo aliviaría a las familias, especialmente a las mujeres” .
La SICT, que ya dio anticipos en 2004 y 2007, condicionó el pago a renunciar a la actualización, lo cual fue rechazado. “Tienen una cantidad disponible; que la entreguen como anticipo y luego definan el monto final”.
En el año de la mujer indígena, Mezquitán espera que Sheinbaum demuestre su compromiso. “Si no hay anticipo antes del 31 de diciembre, pensarán que son iguales a los anteriores gobiernos”, advierten los representantes de la Comunidad Indígena. La comunidad no pide favores, sino justicia. La respuesta presidencial es un paso, pero solo acciones concretas honrarán la sentencia y la dignidad de Mezquitán.
– Por Francisco Junco
La reforma al Poder Judicial, largamente agendada, emergió con fuerza en la mesa legislativa, pero más que avanzar, desnudó una fractura entre los poderes y los partidos. La propuesta, que busca armonizar la Constitución local con la reforma federal en materia judicial, y que millares de ciudadanos miran como una clave para la transparencia y el acceso a la justicia, quedó esta semana más cerca de la parálisis que del acuerdo.
El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, se reunió en el Congreso local con los ocho coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Este encuentro se dio en respuesta al llamado del gobernador Pablo Lemus para dialogar sobre la Reforma al Poder Judicial local, la cual busca instaurar por primera vez elecciones de jueces y magistrados en junio de 2027.
Actualmente, la iniciativa enfrenta dificultades para alcanzar los 26 votos necesarios para su aprobación, ya que ni la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) con el apoyo del Partido Verde, ni el bloque opositor conformado por seis grupos parlamentarios, cuentan con la mayoría requerida.
Durante la reunión, Salvador Zamora destacó que su visita tenía como objetivo abrir un canal de diálogo con los diputados en representación del gobernador. Indicó que se está preparando un encuentro entre la Jucopo y Pablo Lemus para profundizar en la discusión de la reforma. El secretario enfatizó que el Ejecutivo ha mostrado respeto hacia los legisladores y ha mantenido una postura abierta al diálogo, respondiendo así a las críticas de líderes de Morena, PAN, PRI, Hagamos, PT y Futuro, quienes habían señalado una falta de oficio político por parte del gobierno estatal.
También reiteró que la Reforma al Poder Judicial es una iniciativa que recoge las propuestas de diversos sectores de la sociedad, incluyendo ciudadanos, especialistas y universidades, y que el gobierno está comprometido en defenderla para lograr una reforma judicial de calidad.
Sin embargo, aclaró que en la reunión no se abordó el tema de la ratificación de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Consuelo del Rosario González y Daniel Espinosa Licona.
Después de más de dos horas de diálogo con los diputados locales de Movimiento Ciudadano sobre la Reforma Judicial estatal, Salvador Zamora, anunció que al día siguiente se reunirá con todos los grupos parlamentarios junto con el gobernador Pablo Lemus.
La reunión, explicó el funcionario estatal, se realizará en un lugar neutral para dialogar y buscar puntos de encuentro que permitan aprobar la reforma en los próximos días, atendiendo las inquietudes surgidas tras la aprobación del dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales y su entrada a primera lectura.
Los coordinadores parlamentarios dialogaron con el gobernador Pablo Lemus para abordar la reforma al Poder Judicial. Lemus destacó la apertura al diálogo, proponiendo reuniones continuas, sin abordar detalles específicos, confiando en alcanzar consensos para Jalisco.
El gobernador apuntó que “los legisladores fueron muy abiertos y perceptivos a los planteamientos que se hicieron… confío en lograr consensos en temas indispensables para el estado” y añadió que “no entramos en los detalles de la reforma al Poder Judicial… Yo voy a ser muy respetuoso de lo que ellos decidan en los procesos internos del Poder Legislativo”.
Diputados de MC y la oposición buscan consensos para la reforma judicial, proponiendo modificaciones. Morena y PAN destacan la apertura y autocrítica del gobernador Lemus, pero la fecha para la votación en segunda lectura sigue indefinida.
El coordinador de los diputados de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, declaró que “Movimiento Ciudadano se comprometió a presentar una lista de propuestas de modificación al dictamen y con base en esa lista, vamos a reinstalar una mesa de diálogo político para ver si podemos conciliar y sacar una reforma consensuada por todas las fuerzas políticas”.
La diputada Claudia Murguía Torres comentó que “en Acción Nacional hemos impulsado un diálogo firme entre las fuerzas políticas para fortalecer el Poder Judicial en Jalisco”.
La Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco votó a favor de adherirse al dictamen sobre la Reforma al Poder Judicial, turnado previamente por la Comisión de Puntos Constitucionales.
Con esta adhesión, el dictamen ya puede presentarse a votación en segunda lectura ante el pleno del Congreso; sin embargo, ninguno de los bloques legislativos cuenta aún con los votos necesarios de las dos terceras partes de los 38 diputados para garantizar su aprobación.
La adhesión al dictamen presentada por el bloque opositor recibió el respaldo de cinco diputados de Morena, PAN, PRI, Hagamos y del legislador sin partido Alejandro Puerto.
Por su parte, las diputadas de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina y Ana Fernanda Hernández Sanmiguel, votaron en contra, argumentando la necesidad de abrir un nuevo periodo de consulta de 30 días, lo que deja en claro que aún existen diferencias significativas entre las bancadas.
Miguel de la Rosa (Morena) destacó que MC presentará modificaciones al dictamen para consensuar la Reforma Judicial. José Luis Tostado (MC) confía en que el diálogo con Lemus y las bancadas logrará una reforma que beneficie a Jalisco.
La coordinadora de la bancada del PAN, Claudia Murguía, destacó que el gobernador asumió una postura de autocrítica durante el encuentro, lo que abre la posibilidad de acuerdos en torno a la reforma y otros temas.
Pese al avance en el diálogo y las señales positivas, todavía no se ha definido una fecha para la votación en segunda lectura, la cual permitirá, por primera vez en Jalisco, la realización de elecciones de jueces y magistrados.
La Jucopo espera fijar el lunes la fecha para votar la reforma judicial en el pleno, pero sin nuevos acuerdos, podría estancarse. Analistas advierten que debe aprobarse antes de 2027 para elecciones de jueces. El Ejecutivo y bancadas dialogan, pero los votos aún son inciertos.
– Por Francisco Junco
El crimen ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM encendió las alarmas en todo el país. Un joven de 19 años, identificado con la comunidad incel (acrónimo de involuntary celibate, o “célibe involuntario”), asesinó a su compañero de 16 años tras publicar en redes sociales imágenes de su soledad, su rencor y un manifiesto de odio.
Este caso no fue un hecho aislado. Fue, según especialistas, “la punta del iceberg” de un fenómeno que se ha gestado en la sombra: una comunidad de jóvenes, en su mayoría varones, que canalizan frustraciones personales hacia discursos de misoginia y violencia.
“Nos preocupa que se atienda desde un verdadero enfoque de lo que está pasando con la juventud”, advirtió Jaime Cedillo Bolívar, coordinador de Cabildeo del Frente Nacional por la Familia (FNF). Agregó que “detrás de la palabra y del concepto como tal, y de lo que está ocurriendo, hay un síntoma profundo de nuestra época”.
Cedillo explicó que la llamada comunidad incel “no es una simple moda de internet”, sino una manifestación de “una orfandad cultural y espiritual que está dejando a las nuevas generaciones sin referentes sólidos”.
“Realmente —añadió—, la soledad que los jóvenes están sintiendo, la frustración que enfrentan, la pérdida de sentido; muchos se sienten marginados, resentidos, invisibles… creo que es un fenómeno que debemos tomar en serio, porque el modelo de juventud que promueven las redes es el del exitoso, el atractivo, el triunfador. Quienes quedan fuera de ese patrón parecen condenados a una existencia sin amor ni reconocimiento”.
Para Cedillo Bolívar, el odio incel se alimenta del abandono familiar y del fracaso en la formación emocional. Explicó que “un joven que se siente solo, confundido, sin modelo de amor, que ha crecido escuchando discursos contradictorios en una cultura hipersexualizada, termina desarrollando un resentimiento que puede traducirse en tragedia”.
La académica María Esmeralda Correa Cortés, profesora investigadora del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, coincide en que el fenómeno tiene raíces más profundas que lo digital.
“Este movimiento surge en Estados Unidos con una chica que hablaba de su soledad, pero actualmente es principalmente masculino y heterosexual. Su motor es la frustración ante la imposibilidad de desenvolverse en el mercado del amor”.
A partir de esa frustración, explicó, “empiezan a crear una comunidad virtual de jóvenes que comparten la misma ideología. Radicalizan el discurso hasta que se vuelve de derecha, antifeminista y misógino. Ya no se trata de una simple incomodidad, sino de un odio que se transforma en violencia”.
Para la investigadora, “el discurso misógino va más allá del antifeminismo, porque ya no es solo crítica, sino resentimiento hacia las mujeres”. Y advirtió que ese resentimiento “ya ha llegado al punto de matar”, como se evidenció en el ataque del CCH Sur.
Israel Sánchez Martínez, presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia, señaló que el fenómeno ya se manifiesta en los espacios escolares. “Tuvimos el caso de una joven en la Ciudad de México a la que un grupo de compañeras arrojó desde un tercer piso. Fue producto de la violencia y del descontrol dentro de las aulas. Y el caso del joven del CCH, que apuñaló a su compañero, se generó precisamente por la falta de supervisión y control en redes y escuelas”.
“Este fenómeno —dijo— tiene que ver con el exceso de pantallas, con la falta de evaluación educativa, con jóvenes que ya no tienen tareas ni seguimiento y pasan horas consumiendo contenido agresivo. Es un caldo de cultivo para estos grupos. Son muchachos que se van adoctrinando en comunidades virtuales que se organizan y se desintegran según sus intereses, pero dejan huellas profundas”.
La doctora Correa Cortés añadió que incluso en las universidades de Jalisco “hemos encontrado que jóvenes con acceso a cursos de género y nuevas masculinidades también reproducen discursos de odio. Pensar que solo quienes no estudian caen en esto es un error. Es una cultura que permea incluso los espacios académicos”.
El fenómeno no se limita a México. “Hay países de alto desarrollo —alertó Cedillo— donde el suicidio juvenil es cotidiano, donde los jóvenes se aíslan y encuentran en las redes su única comunidad. Si seguimos ausentes e indiferentes, podríamos caer en una espiral de descomposición social mucho mayor”.
Para los líderes familiares, el problema no puede atribuirse sólo a los algoritmos o a los videojuegos. “No podemos voltear la mirada hacia otro lado”, insistió Cedillo. “Esto no se origina en las redes, aunque ellas lo amplifican. Es una desconexión entre generaciones. Hemos permitido que los hijos se formen con algoritmos y influencers anónimos, que exploran sus inseguridades y canalizan su dolor hacia el resentimiento”.
La profesora Correa Cortés subrayó que “el Estado tampoco hace nada. Hemos denunciado discursos en Facebook que dicen literalmente: ‘Si tu novia no está de acuerdo contigo, mátala’. Facebook no los elimina y el gobierno tampoco actúa. Debe empezar a regular esos discursos y sancionar a las plataformas que los permiten”.
Israel Sánchez fue más directo: “Lo que vemos es impunidad. Las autoridades no detienen ni sancionan. Las marchas violentas, los actos de vandalismo, la violencia en redes, quedan impunes. Cuando no hay control, hay adoctrinamiento y caos”.
La raíz, coinciden todos, está en la ausencia de la familia. “El gobierno debería aliarse con las iglesias, con las escuelas, con las empresas”, propuso Cedillo Bolívar. “Necesitamos cruzadas integrales para recuperar el corazón de los jóvenes. Aislados, no lo vamos a lograr”.
Para la investigadora universitaria, la solución también pasa por reconstruir el vínculo comunitario. “Antes había juntas de padres, había comunidad. Hoy las familias están fracturadas. El trabajo en comunidad se ha perdido, y con ello, la contención emocional de los jóvenes”.
El fenómeno incel, advirtió, “no es más que un espejo de la desigualdad, de la falta de sentido y de la pérdida de amor. Los polos extremos, tanto de derecha como de izquierda, comparten la misma ideología: el odio. Y ese odio se está convirtiendo en una forma de pertenencia”.
Jaime Cedillo concluyó que “no se trata de criminalizar a quienes sienten este dolor, sino de ayudarlos a reencontrarse. Son jóvenes perdidos, no monstruos. Requieren acompañamiento, presencia, diálogo y ejemplos. Hay que reconstruir el amor en tiempos de odio”.
El llamado final de los tres entrevistados es coincidente: urgen a una acción conjunta de autoridades, iglesias, instituciones, familia y sociedad en su conjunto.
“El compromiso tiene que ser de todos”, dijo Cedillo. “Padres, escuelas, autoridades y sociedad civil. Si no entendemos que esta es apenas la punta del iceberg, lo que vendrá después será mucho peor”.
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