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REPORTAJES

Caso Antonio Gloria: Con débil justificación jurídica y fuertes argumentos políticos

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Por Mario Ávila //

En un verdadero “galimatías” se ha convertido el caso de la detención de Antonio Gloria Morales, por la presunta compra a sobre precio de la Casa Jalisco en Chicago, particularmente por la debilidad de la justificación jurídica que hay en su contra, pero a la vez por la fortaleza de los argumentos políticos que salen a la luz, en un momento en el que el PAN olvidó la alianza parcial que suscribió con Enrique Alfaro en la elección de julio del 2018 y se ha convertido en la más fuerte oposición de cara al proceso electoral del 2021.

El haber girado un oficio al secretario General de Gobierno, en la administración de Emilio González Márquez, sugiriendo la compra de una finca de 43 millones de pesos, más 17 millones para su remodelación y haber dicho verbalmente que visitó la ciudad norteamericana y conoció el inmueble, fueron motivos suficientes para la Contralora, Teresa Brito y para el Fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez, para solicitar la orden de aprehensión en contra de Antonio Gloria, quien se desempeñó como Coordinador de Políticas Públicas y ninguna autoridad tenía en el Consejo de Administración de JalTrade, que fue en donde se aprobó la compra.

Gloria Morales, quien entre otros cargos se desempeñó como diputado local, presidente del PAN en Jalisco y Secretario de Educación, fue detenido y encarcelado el pasado miércoles 7 de agosto, acusado del delito de peculado por la presunta compra de la Casa Jalisco en Chicago que costó 3.5 millones de dólares, cuando su precio era de 2 millones de dólares.

La denuncia se interpuso en el mes de mayo del 2016 y desde entonces se le citó a Antonio Gloria para que aportara datos a la investigación que se le seguía en principio en contra de otros responsables que estaban siendo investigados, pero ya en el proceso de la indagatoria, se detectó el oficio firmado por el aludido y girado al secretario General de Gobierno sugiriendo la compra de la Casa Jalisco en Chicago y el reconocimiento verbal de haber visitado el inmueble destinado a los migrantes en Illinois, lo que a juicio de la contralora, Teresa Brito y el Fiscal, Gerardo Solís, lo convertían en partícipe del ilícito.

Las especulaciones se vinieron en cascada en la opinión pública, ante la poca solidez de las acusaciones y lo mismo se especuló del rompimiento de relaciones amistosas entre Enrique Alfaro y Emilio González, que de dilemas políticos entre las dirigencias nacionales del PAN y MC.

LOS DESMENTIDOS DE LA DEFENSA

El despacho que defiende a Antonio Gloria, Del Toro Carazo Abogados, se ha dado a la tarea de acercarse a los medios masivos de comunicación para desmentir a la Fiscalía del Estado, que en su opinión ha faltado a su deber de lealtad, ya que difundió hechos falsos ante la opinión pública.

Primero, argumenta que la Fiscalía no imputa un sobreprecio en la compra del inmueble, como tampoco lo hace el juez. Y detalla: “La acusación del Ministerio Público se limitó al hecho de que el órgano directivo de Jaltrade -del que no formaba parte Antonio Gloria-, autorizó comprar un inmueble distinto al que originalmente habían elegido”.

Aún en el caso de que se planteara un sobreprecio, Antonio Gloria resulta ajeno porque no tenía y por tanto no ejerció la disponibilidad de los fondos relacionados con esta operación. Se estaría pasando por alto jurisprudencia de la Suprema Corte si se pretende imputarlo cuando los fondos relacionados con este caso nuca estuvieron en su administración o custodia”, expone la defensa.

En segundo lugar -advierten-, la Fiscalía afirmó que se presume la responsabilidad de Antonio Gloria en tanto firmó un oficio dirigido al Secretario de Gobierno donde se instruía la compra del inmueble relacionado con la imputación. Falso. Ese oficio no instruye la compra del inmueble materia de la imputación, ni ningún otro. Dicho oficio ni siquiera lo razona el Ministerio Público como parte de su acusación, como tampoco el juez lo considera como parte de la misma.

En tercer lugar -abunda el comunicado de Del Toro Carazo-, dice la Fiscalía que Antonio Gloria se trasladó al inmueble en Chicago, por lo que se presume que conocía su precio. Al margen de que ello es irrelevante para la acusación por peculado (ya que Antonio Gloria no dispuso de fondo alguno a su cargo para el pago del inmueble), en la acusación del Ministerio Público no se le imputa que conociera el precio, por tanto es falso que ello esté comprehendido en el expediente.

Señalan que la Fiscalía está obligada a conducirse en todo momento con lealtad, objetividad y buena fe. “Conforme a esos principios, no debe ahora intentar cambiar la acusación que previamente y por escrito ya formuló”, plantean en el comunicado.

MOTIVOS TURBIOS EN LA DETENCIÓN: DEFENSORES

Para el grupo de abogados que defiende a Antonio Gloria Morales, no existen razones jurídicas para que se haya dado la detención de Antonio Gloria Morales y confiados en su inocencia advierten que trabajarán sin descanso hasta verlo en libertad.

Recuerdan que se le acusa de ser el autor del delito de peculado, en menoscabo del patrimonio del extinto Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (JALTRADE), a propósito de la compra de Casa Jalisco en la ciudad de Chicago.

Pero sentencian que Antonio Gloria no intervino jamás en dicha compra, “es más, no podía hacerlo ya que no fue nunca miembro del Consejo de Administración de JALTRADE; no aprobó esa compra; no la gestionó; no firmó contrato alguno relacionado con ésta; no intervino en ninguna negociación para realizarla; no se le imputa desde luego el haber obtenido beneficio con motivo de esa compra; no firmó documento alguno. En síntesis, no hizo nada relacionado con esa adquisición ya que simplemente no podía hacerlo por ser ajeno a sus funciones, atribuciones y responsabilidades como Coordinador de Políticas Públicas del Gobierno del Estado”.

Fue un invitado -dicen-, como un simple espectador en la sesión del Consejo de JALTRADE sin derecho de voto. Y, además, los recursos de esa compra no salieron de la Coordinación de Políticas Públicas a cargo de Antonio Gloria, quién naturalmente tampoco autorizó ninguno de los pagos; los fondos con los que se pagó el inmueble en Chicago no estaban siquiera bajo la administración o cuidado de Antonio Gloria. Todo lo relacionado con esa compra, era ajeno a las funciones de su cargo público.

AFIRMAN QUE ES UNA ACUSACIÓN ABSURDA

Si esto es así, ¿entonces por qué se le acusa?, se preguntan los abogados defensores de Gloria Morales y al mismo tiempo advierten: “De manera absurda se dice que acudió como invitado a una reunión con los miembros del Consejo de JALTRADE y manifestó que a efecto de tratar con mayor eficiencia el tema de migrantes jaliscienses y comercio bilateral, consideraba conveniente que existiera una Casa Jalisco en Chicago. Ese mismo comentario lo hicieron también los que sí eran consejeros de JALTRADE, los que curiosamente no fueron imputados a pesar de que éstos sí tenían poder decisorio y sí lo ejercieron (lo que tampoco implica que hayan cometido delito alguno).

Lo acusan en concreto -abundan-, de que en el año 2008 se resolvió comprar un inmueble ubicado en el número 1933 de Melrose Park, pero que en 2009 se decidió comprar otro en su lugar, en el número 1600 del mismo Melrose Park. Dice la Fiscalía del Estado que eso constituye un peculado porque debió haberse comprado el autorizado la primera vez, no la segunda. Así de ridículo es este asunto.

Detallan también los litigantes que el delito de peculado dice, en lo que interesa: “Que se comete cuando un servidor público distrae de su objeto para usos propios o ajenos dinero perteneciente al Estado, si por razón de su cargo lo hubiera recibido en administración, depósito o por otra causa.”

De ahí que advierten que a Antonio Gloria no le correspondió -en razón de su cargo- administrar el dinero con el que se pagó el inmueble en Chicago, “no estaba en sus funciones administrar esos fondos, ni jamás los tuvo en depósito; vamos, por ninguna causa esos fondos estuvieron bajo su cuidado o siquiera pasaron por sus manos o autorización para que fueran erogados. Si esto es así, es obvio que no pudo distraerlos de su objeto”.

Por ello, para los defensores de Gloria lo que ocurre es “una vergüenza de acusación en su contra que resulta inexplicable, cuando menos jurídica y lógicamente; por sentido común, cualquier persona -sin requerir ser abogado-, puede constatar que estamos ante una imputación sin sustento”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación -señalan-, ha sostenido que el delito de peculado requiere que el acusado servidor público goce de una facultad de disposición real del dinero y así estar en condiciones de desviarlo de su objeto; porque sólo los servidores públicos que tengan esa disponibilidad de decidir sobre el destino de los fondos que administran en razón de su cargo, pueden cometer ese delito.

Y Antonio Gloria -aseguran-, jamás estuvo facultado, en razón de su cargo o cualquier otro motivo, para poder disponer del dinero con el que se pagó Casa Jalisco en Chicago. Si esto es así, mucho menos pudo desviarlo. Es así de claro. Evidentemente ni los consejeros ni un mero invitado que se limitan a expresar una opinión pueden o deben ser acusados por ese hecho.

Finalmente, en su análisis del caso los abogados de la parte acusada dejan en claro que el Consejo de Administración de JALTRADE incluía a representantes de reconocidos organismos empresariales como CANACO, Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), American Chambers y la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, y que ahí se discutió y votó de manera unánime en favor de comprar el inmueble ubicado en el número 1600 de Melrose Park, Illinois, para asentar ahí Casa Jalisco Chicago; facultando al Gerente General de JALTRADE para concretar la adquisición, la que dicho Gerente en efecto realizó con fondos de JALTRADE el 15 de mayo del 2008.

UN ABISMO, LAS POSTURAS DE LOS ALIADOS PAN Y PRD

Pero al margen del tema estrictamente jurídico, bien se puede atender al análisis de hechos de índole político y hasta partidista; para ello basta con observar cuál ha sido la diferencia, al menos en el Congreso del Estado, de la postura de los dos partidos que fueron aliados de Movimiento Ciudadano en la elección de julio del 2018, cuando Enrique Alfaro ganó la gubernatura de Jalisco.

Tras esta que se llamó, una “alianza parcial” impulsada por Raúl Padilla López y el candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, el PRD se ha conducido con mucha docilidad ante las decisiones emanadas de Casa Jalisco o de la fracción naranja en la LXII Legislatura y los diputados del sol azteca que llegaron bajo el cobijo naranja y azul, Mara Robles y Enrique Velázquez, no han causado problemas mayores.

Mientras que los legisladores del PAN han asumido una actitud de oposición crítica, férrea y decidida, olvidando que habían pactado un compromiso por seis años y no solo por el día de la jornada electoral, al grado de que lo mismo han interpuesto denuncias por la compra de la maquinaria, que han censurado con determinación el alza a la tarifa del transporte público, entre otros temas polémicos.

Por lo que bien se podría interpretar la sorpresiva detención de Antonio Gloria, como un manotazo del gobernador Enrique Alfaro, para recordarle a los panistas de Jalisco que tienen un compromiso con él, por su calidad de aliados, hasta el 2024. Y para ratificarles y demostrarles que tienen un compromiso, pone justamente al Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez (posición concedida al PAN por la alianza junto con la Secretaría de Educación), en calidad de verdugo de Gloria Morales.

Pero una lectura adicional que bien podría dársele a este hecho de abierto enfrentamiento entre Enrique Alfaro y el PAN, es que el PAN da por finalizada la alianza y ha optado por ir solo en la elección del 2021, pretendiendo hacer valer su posición de primera fuerza de oposición en la entidad.

Ante ello salta a la vista otro argumento que estaría en la disputa entre naranjas y azules, que es el control del Poder Judicial, ya que las 8 posiciones vacantes en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, serían suficientes para que Enrique Alfaro cumpliera el propósito del que con insistencia se le ha acusado: controlar al Poder Judicial.

Y si a eso le agregamos que se ha puesto en un predicamento con señalamientos y acusaciones, a jueces y magistrados que llegaron al cargo bajo el cobijo del PAN, el mandatario estatal bien podría lograr más espacios vacantes, que se llenarían con gente afín.

 

JALISCO

Prevén bloque Futuro, Hagamos, Morena y MC, para legalizar el aborto en Jalisco

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Por Mario Ávila //

Si bien en los 45 días que le quedan de vida a la presente legislatura, ya se advirtió que no se atenderá la recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para adecuar las leyes estatales y despenalizar el aborto, la presidenta del partido político estatal, Futuro, Susana de la Rosa, prevé que en la LXIII Legislatura local que inicia el primero de noviembre, se podría confirmar un bloque entre Futuro, Morena y MC, y no solo para dejar de criminalizar a las mujeres por esa acción, sino para legalizar el aborto en Jalisco.

Después de escuchar la declaración del presidente en turno del Congreso del Estado, el diputado Eduardo Sánchez Carrillo (PAN), que en la semana declaró que ellos no van a armonizar las leyes con la resolución que la tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no al menos mientras él sea el presidente, De la Rosa Hernández, dijo que era de esperarse.

La verdad de la legislatura actual -dijo-, no sorprende, porque no han querido avanzar en ninguna de las agendas relevantes para el Estado, lamentablemente; al contrario, han sacado sorpresas como esta última del Comité de Participación Social en la que les eliminan el ingreso dejando a la gente desprotegida, de hecho, fue una iniciativa inconstitucional y ahora la veta el gobernador. La verdad no sorprende lamentablemente el desempeño que ha habido en este Congreso actual.

Y sí -abundó-, esperemos que en la siguiente legislatura que arranca el 1 de noviembre salga adelante, especialmente por una mayoría notable de mujeres que ahí vamos a estar, aunque también hay hombres diputados que están a favor de esta agenda y que seguramente serán aliados para sacarla adelante.

Incluso desde ahorita ya estamos en conversaciones con diferentes colectivos, con expertos, con diputados y diputadas electas de las distintas fuerzas política, para ir viendo como en qué momento se habrá de presentar esta iniciativa, que tiene como objetivo principal promover una política pública integral, partiendo de un diagnóstico.

Habría que ver -expuso-, qué hacer para que realmente en Jalisco pueda ser una política pública de vanguardia y entregar una iniciativa completa, bien integrada y para ello estaré la siguiente semana en la Ciudad de México.

Anticipó que sí se podría convencer a algunos personajes del PRI “y entiendo que en el PAN hay principios y programas que desde ahí no están de acuerdo con esa postura, pero habrá que ver que opinan ya en el sentido desde un estado laico, democrático y plural”.

Y en el caso de los diputados de Movimiento Ciudadano, entre quienes se encuentran muchos con un origen panista, Susana de la Rosa se limitó a puntualizar: “Yo la verdad creo que debe haber una congruencia de lo que este partido dice a nivel nacional, ya que celebraron a nivel nacional lo que hizo la SCJN, entonces ojalá y esa congruencia se vea aquí, aunque sinceramente yo esperaría algunas diferencias, tal vez algunas personas de la fracción de MC no la apoyarían, pero yo creo que sí hay otras diputadas electas que sí. Ojalá y se permita esa diversidad que dice que hay al interior de ese partido para realmente poder estar a favor de esta agenda”.

Pero sobre quienes no dudó, en que apoyarán su propuesta, se expresó de la siguiente manera: “Hoy con su determinación, la SCJN ayuda a empujar todo, desde la modificación a la Constitución, la modificación a los Códigos Penales y eso viene muy bien y ojalá y Jalisco sea vanguardia en ese sentido, porque hay tres fuerzas políticas, tanto Hagamos, como Movimiento Ciudadano y Morena, en sus programas y en personajes que tienen a nivel nacional, están a favor de la garantía de los derechos de las personas y de ampliarlos. Entonces ojalá y haya esa congruencia para que en Jalisco también avancemos con esa agenda”.

VAN POR REFORMAS A DIVERSAS

Lo ambicioso de la propuesta de la futura diputada, Susana de la Rosa, presentada públicamente hace un par de semanas, se fortaleció con la participación histórica que tuvo en el tema la SCJN, por lo que la iniciativa en Jalisco, habla de la integralidad. “Estamos tomando en cuenta reformas a la Ley Estatal de Salud, en la Ley de Educación, en el Código Civil, en el Código Penal e incluso en la propia Constitución, esperando a ver qué otra cosa nos dicen los expertos y expertas, con los que vamos a estar platicando para ver qué más haría falta integrar a nuestra propuesta”.

Es decir, irían por una votación de mayoría calificada en la siguiente legislatura, lo que significa que contemplan la posibilidad de obtener al menos el voto a favor de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados.

Para fundamentar cada una de las propuestas, anticipó que ya envió oficios a diferentes secretarías del gobierno estatal, para tener la información suficiente y hacer este diagnóstico de las mujeres jaliscienses, esperado que haya colaboración en las secretarías de Salud, Igualdad Sustantiva, Planeación, entre otras.

Pretenden de una vez integrar despenalización, armonizando las leyes con la determinación de la SNJN, “pero esto no queda ahí, vamos también por la legalización del aborto, especialmente desde el enfoque de salud pública”.

Susana de la Rosa tiene dentro de su trayectoria, el ser psicóloga y pedagoga, con maestría en Ciencias Sociomédicas por la UdeG “y desde hace algunos 19 o 20 años cuando yo estaba en la universidad me tocó estar atendiendo casos que pasaban por estas dificultades, se les asesoraba, se les acompañaba para que tomaran una decisión, se les presentaban tres escenarios, su situación económica, su situación familiar y su red de apoyo y sobre ellos, ellas mismas decidían si podían continuar con el embarazo una vez que hablaban con su familia y encontraban apoyo para salir adelante; pero también había quienes tomaban la decisión de mejor sí intervenir el embarazo y a ellas se les daba el apoyo de ir hasta la Ciudad de México, porque lamentablemente en Jalisco no es legal la interrupción a partir de la toma de decisión.

Y aunque se ha avanzado en el caso del delito de violación, no se ha ejecutado como se debería desde la NOM 046, que se impulsó con nuestra fuerza política cuando Pedro Kumamoto estaba en la diputación, fue él junto con otro diputado, quienes propusieron que ya no fuera necesario que la infante o la adolescente tuviera que depender de una firma de su tutor para poderla intervenir a partir de este delito de violación”.

JALISCO, 4° ESTADO EN NÚMERO DE ABORTOS

Algunos de los datos en los que Susana de la Rosa ha basado su iniciativa, son los siguientes: “De acuerdo al INEGI, en 2019, Jalisco fue la cuarta entidad en abortos. En ese año hubo 509. Y ese dato desde información pública del sistema de salud del estado”.

El enorme problema es la cifra negra y la cantidad de mujeres que se ven solas y abandonadas por el Estado en esta situación. En una investigación de Frida Juárez en la revista Int Perspect Sex Reprod Health de 2019, se aplicó el método de estimación de aborto por complicaciones basado en el año 2009 y lo que se detectó y calculó es que en ese año hubo alrededor de 1 millón 25 mil abortos en todo el país, de los cuales alrededor de 70 mil sucedieron en Jalisco (de cada mil mujeres jaliscienses hubo 40 que abortaron) y de ese millón 25 mil abortos, solo fueron legales y bien atendidos 16 mil. Por eso es fundamental analizar este problema desde la perspectiva de la salud pública principalmente”, finalizó.

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JALISCO

Legalización del aborto: Postura ideológica vs un derecho humano; defensa legal y lucha social anticipan organismos provida 

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Por Mario Ávila //

A sabiendas de que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el caso de Coahuila, abre la puerta no solo para descriminalizar, sino para una eventual legalización de la práctica del aborto en México, las organizaciones sociales en favor de la vida, se alistan para lo que ellos saben, será la batalla más complicada de los tiempos modernos. 

Jaime Cedillo Bolívar, ex presidente y coordinador del Comité de Bioética del Frente Nacional por la Familia, analizó las consecuencias legales y sociales, de la resolución de la Corte y advierte que la defensa legal y la lucha social inicia ya, desde este lunes con una manifestación en el zócalo de la capital del país y por igual se replicarán movilizaciones en los próximos días, en diversas partes del país, especialmente en los 22 estados que tienen en sus leyes, asentado el concepto del respeto a la vida desde su concepción, entre ellos el estado de Jalisco. 

Sabemos -dijo-, que va a ser muy complicado, porque la postura ideológica de este gobierno es clara, van a favor del aborto, en contra de la vida, van por toda la carga ideológica en las leyes y entonces sí se nos viene un panorama difícil, yo creo que el más complicado de nuestra historia moderna aquí en el país, con respecto al respeto fundamental a la vida desde la fecundación; se nos viene el momento más complicado porque ciertamente han construido un andamiaje de interpretaciones que han subido a leyes a nivel internacional, porque debemos de considerar que este es un embate internacional y hay documentos que ponen en evidencia que Estados Unidos está presionando a México que le dé para adelante al supuesto derecho de la mujer para decidir, a través del aborto. Son temas internacionales que tienen agenda en México”. 

“Ante ello, vamos a hacer valer nuestra fuerza social, ya lo demostramos en varias ocasiones, simplemente en Jalisco el derecho a la vida existe en nuestra constitución por una iniciativa ciudadana que firmaron cerca de 60 mil personas, que se interpuso en el Congreso y fue votada por unanimidad. Es decir, la sociedad es la que llevó el derecho a la vida a la Constitución en Jalisco y varios de los estados, recientemente en Aguascalientes”, abundó.

“Aparte, nosotros hicimos marchas de protesta y de presión social e inclusive logramos frenar la iniciativa de Peña Nieto en el 2016 cuando salimos a la calle más de 1 millón de personas en todo el país, solamente aquí en Guadalajara fuimos 275 mil personas. Y con esa presión social logramos parar un paquete de reformas del mismísimo presidente”. 

Jaime Cedillo, quien fuera candidato a diputado federal por el PAN en el distrito 11 en la pasada elección, sabe que la sociedad va a jugar un papel fundamental en esta lucha. “Vamos a empezar con manifestaciones desde el próximo lunes 13 de septiembre frente a la SCJN, en el Zócalo y probablemente aquí en Jalisco también y vamos a preparar una serie de acciones sociales para hacerle sentir, tanto a la SCJN como a los legislativos de todo el país, que sepan que los mexicanos no queremos el aborto. La mayoría, es decir al menos 2 de cada 3 mexicanos estamos a favor de la vida y en contra del aborto. ¿Por qué nuestro presidente ahora no hace una consulta con este tema? Porque sabe que estaría perdido”, sentenció. 

Expuso Cedillo Bolívar, que el Frente Nacional por la Familia, ha diseñado la presentación de un proyecto en el que participan aquí en Jalisco alrededor de 150 organizaciones que habrán de salir a la calle en la defensa de la vida y a nivel nacional son más de mil agrupaciones y organismos de la sociedad civil que defienden la vida y la familia y que jugarán un papel fundamental haciendo valer esa fuerza.  

EN JALISCO, RECHAZAN ARMONIZAR LA LEY 

Con relación a la defensa legal, Jaime Cedillo adelantó que va a empezar un debate sobre la soberanía de los estados y la división de poderes, “porque el Poder Judicial no legisla, el Poder Judicial emite resoluciones… y pongo un ejemplo, cuando se llevó a cabo la resolución sobre el matrimonio igualitario, donde la SCJN declara inconstitucional la definición del matrimonio en el Código Civil de Jalisco, el Legislativo de Jalisco simplemente pone una nota al calce, pero no modifica el Código Civil. Aunque si bien es cierto que la SCJN como cabeza del Poder Judicial modifica el Código Penal al respecto, que fue el de Coahuila, lo que manda es una resolución, que es obligatoria para los jueces al momento de decidir la pena del aborto, pero en el caso de la Constitución, el Legislativo de cada estado tiene la facultad, por su soberanía, de legislar o no, una resolución de la SCJN. 

En el caso del Congreso del Estado de Jalisco, el presidente de la mesa directiva, diputado Eduardo Sánchez Carrillo (PAN), hace tres días declaró que ellos no van a armonizar las leyes con la resolución que la tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no al menos mientras él sea el presidente. Por ello, vamos a apelar a nivel nacional, a defender las constituciones de los 22 estados y la soberanía; basta de interferencia de imposición ideológica en la vida soberana de los estados, sentenció. 

CONFRONTACIÓN ENTRE UN DERECHO HUMANO, CONTRA UNA POSTURA IDEOLÓGICA 

Sobre lo ocurrido en la SCJN, Jaime Cedillo dijo: “Lo que ocurrió, es que en Coahuila se atentó contra el derecho a la vida, en donde la legislación la protege desde la concepción y se suma este nuevo acontecimiento con la resolución de la Corte el día de ayer (el jueves), donde a través de un debate sobre el momento en que comienza la vida del ser humano y si un Poder Legislativo como el de Sinaloa, tiene facultad o no, de proteger la vida desde la concepción. 

Estamos ente una confrontación de un derecho, que es constitucional y que es humano, que es el derecho a la vida y vamos a decirlo claro, es humano porque aparte está definido y establecido claramente en los tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado, particularmente la Declaración Internacional de los Derechos Humanos en su artículo 3°, que dice que todas las personas tenemos derecho a la vida. Pero además en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos en su artículo 4° va más allá, dice incluso que tenemos derecho a la vida desde la concepción, entonces no hay duda de que es un derecho humano, como tampoco hay duda de que es un derecho constitucional, porque en 23 estados, salvo el jueves que atentaron contra Sinaloa, digamos que en la inmensa mayoría de los estados, en un proceso legislativo se ha definido la protección de la vida como un derecho humano desde el momento de la fecundación, en el caso de Jalisco el artículo 4° nos considera nacidos desde el momento de la fecundación con todos los derechos”. 

Y concluyó: “Es un derecho humano y es un derecho constitucional, que hoy lo están confrontando contra una simple interpretación ideológica de parte de algunos ministros, de algunos derechos de la mujer. Esto quiere decir que si ponemos a confronto un supuesto derecho de la mujer a decidir, contra el derecho a la vida del nasciturus, tendría que prevalecer el del nasciturus, sobre todo porque si le quitas ese derecho ya no puede gozar de ningún otro, porque se acabó; en tanto que si le quitas a la mujer el derecho a decidir sobre abortar o no, no le quitas ningún otro derecho”. 

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JALISCO

Se fortalece la Secretaría de Hacienda estatal: Reforma anticorrupción 2.0 crea unidad de inteligencia financiera

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Por Mario Ávila //

Autonomía técnica y de gestión para la Contraloría del Estado y sus entes municipales, la ampliación de las facultades de los órganos internos de control, la adición en el Código Penal de los delitos de defraudación fiscal, contra el ambiente y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como un sistema de profesionalización de los servidores públicos, son algunas de las modificaciones aprobadas por los diputados de la LXII Legislatura a 17 leyes y a la Constitución Política de la entidad para combatir la corrupción.

Punto destacado es la aprobación para que el Gobierno de Jalisco con los nuevos ordenamientos pueda crear la unidad de inteligencia financiera y se fortalecen las atribuciones de los órganos internos de control en donde se “genera la prevención tanto de malos procesos como de posibles actos de corrupción en tiempo presente, en todas las instancias, y de esta manera darle resultados a la sociedad civil.

Entre los cambios más sobresalientes a esta contrarreforma, destaca el hecho de que se permite la remoción de los integrantes del Comité de Participación Social por falta de probidad e indebido cumplimiento en el desempeño; se crea el Comité de Participación Ciudadana, con cargos que serán honoríficos y durarán dos años y se establece la obligación de los integrantes del Comité de Participación Social para informar al Poder Legislativo anualmente respecto a sus actividades.

Se establecen los principios de: rendición de cuentas, buenas prácticas, gobierno abierto y máxima exposición pública en la Ley de Compras; en casos de investigación para instaurar procedimientos de responsabilidad o auditoría, se permite a los órganos internos de control el acceso al Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales; se agrega el concepto de investigación de mercado para establecer precios máximos y mínimos de referencia de bienes, arrendamientos o servicios y deberá documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.

Aunado a ello, se evita la discrecionalidad y se impide que en la adquisición o arrendamiento de marcas determinadas; se faculta a la Secretaría de Hacienda Pública para que analice y genere reportes financieros de las entidades estatales para combatir recursos de procedencia ilícita; se modifican requisitos para ser titular de la procuraduría de Desarrollo Urbano; finalmente se actualizan las facultades a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

CONSEJEROS DEL CPS NO TENDRÁN SUELDO

Tres días antes, también el pleno de la LXI Legislatura local, con 25 votos a favor y 9 en contra, los diputados aprobaron reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, la cual especifica que los miembros del Comité de Participación Social no tendrán percepción alguna de ninguna naturaleza respecto a su nombramiento; la honorabilidad, trayectoria, independencia económica y capacidad probada, serán sus cartas acreditables; no gozarán de prestaciones garantizando así la independencia e imparcialidad a sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva.

Lo anterior, con el fin de garantizar la veracidad e independencia del trabajo de los integrantes de dicho Comité, la reforma al artículo 16 de la Ley también contempla que los miembros no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité́ de Participación Social y a la Comisión Ejecutiva.

La iniciativa presentada por el diputado José de Jesús Hurtado Torres, en la sesión extraordinaria que encabezó el legislador Carlos Eduardo Sánchez Carrillo, se dijo que de necesitar alguna modificación extra a lo aprobado, se realizará en lo subsecuente y en efecto, se formalizó en el segundo paquete de reformas aprobado el pasado viernes.

DOS AÑOS DE TRABAJO PREVIO

Para ejecutar esta trascendente reforma, se tuvo que realizar un importante trabajo dentro de las comisiones, particularmente en las de Puntos Constitucionales y Electorales, y de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, presididas por las diputadas Claudia Murguía Torres y Mirza Flores Gómez, en donde se acordaron previamente los dictámenes que reforman la Constitución y 17 leyes de Jalisco, a fin de establecer las nuevas normas de combate a la corrupción, que incluyen sanciones penales y multas, para lo que fue necesario un intenso trabajo legislativo durante casi dos años.

Resaltó particularidades en esta enmienda legal, como el hecho de que a quien adquiera o administre recursos de procedencia ilícita, se le impondrán de cinco a 15 años de prisión y multas de 1,000 a 5,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Insistió en la importancia que tendrán los órganos internos de control porque la reforma legislativa permite su habilitación en los municipios, a fin de que se incorporen a las acciones legales contra la corrupción, con las nuevas atribuciones que les permiten las reformas que dan origen al nuevo sistema y las facultades para que lo hagan.

Por su parte, Claudia Murguía Torres, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, así como los legisladores Mara Nadiezhda Robles Villaseñor y Manuel Alfaro Lozano, coincidieron en que las reformas también expresaron la importancia y utilidad que tendrán en la sociedad en general y particularmente en las instituciones públicas y privadas.

EL CPS DEBE TENER TOTAL INDEPENDENCIA

Particularmente el tema de quitar el sueldo a los 5 integrantes del Comité de Participación Social, fue una iniciativa impulsada por el diputado José de Jesús Hurtado Torres, quien refirió que “es importante que el comité tenga una total independencia de los otros órganos del poder y por ello sus integrantes no deberán tener ningún tipo de lazo, ni interés económico para ser vigilantes de los recursos públicos”.

De ahí que en sesión de trabajo, los legisladores aprobaron el dictamen que establece que los integrantes del Comité́ de Participación Social, no tendrán relación laboral alguna, por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva, y los nombramientos de las personas que lo integran serán de carácter honorífico, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la independencia e imparcialidad en sus aportaciones.

También, que los integrantes de dicho comité no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité́ de Participación Social y a la Comisión Ejecutiva.

COMBATIRÍAN MEDIDA EN LA SCJN

No obstante, en el futuro del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción de Jalisco seguramente ya se contempla la posibilidad de recuperar por la vía judicial, la remuneración de más de 88 mil pesos que venían devengando sus miembros, es decir la presidenta, Annel A. Vázquez Anderson y los consejeros, Nancy García Vázquez, Jesús Ibarra Cárdenas, David Gómez Álvarez Pérez y Pedro Vicente Viveros Reyes.

Otra opción que se tiene, es que tanto el CPS de Jalisco como la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana (CPC), han advertido que la determinación del Congreso de Jalisco de dejarlos sin sueldo, podrá combatirse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde aseguran, existen antecedentes que se resolvieron a favor de las instancias anticorrupción.

Incluso el pasado 26 de agosto, el CPS de Jalisco informó: “Es inconstitucional eliminar las contraprestaciones a los integrantes del CPS. La SCJN declaró inconstitucional una reforma similar en Baja California, porque: a) hay una Ley General que regula el tema y la reforma es contraria a ella; b) los integrantes de estos órganos ciudadanos están sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos, con lo cual no se les pueden reducir sus contraprestaciones, y c) va en contra de los derechos y principios protegidos por la Constitución Federal y diversos tratados internacionales”.

ANTECEDENTES SIMILARES EN OAXACA, VERACRUZ Y DURANGO

Jorge Alatorre, ex presidente del CPS del SEAJAL e integrante del CPC del SNA, expuso que ha habido muchos intentos similares, en diferentes congresos de los estados y recordó: “En el caso de Oaxaca lo que decidieron es para poder quitar a todos los integrantes del CPC, los integrantes del órgano garante de transparencia decidieron cambiarles el nombre, para entonces quitarlos y nombrar a los nuevos, ante un contexto que le fue adverso a Morena y así poder imponer a los suyos; en Veracruz Morena también les redujo a la mitad sus contraprestación y luego les bajó a la mitad de la mitad; en Durango también, en donde gobierna el PRI, están diciendo que hay corrupción porque hay un CPC y son esas mismas las intenciones.

Efectivamente, creo que se está buscando una especie de chivo expiatorio, pero además ha quedado claro que en algunos lugares los CPC han comprendido que un CPC cómodo es un CPC que solo está de paso. El CPC no debe ser necesariamente la piedra en el zapato de los gobernantes, pero de ninguna manera tampoco su plantilla. Tiene que estar en un equilibrio importante en donde se está buscando no el escándalo, pero sí llamar la atención de la forma suficientemente respetuosa, enérgica y fundamentada, cuando existan abusos y excesos”, expuso.

Además, en su participación en el programa “Los Sótanos del Poder”, planteó: “Hay que diferenciar la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad, son dos luchas paralelas, interconectadas pero diferentes. Si creemos que la lucha contra la corrupción va a ser exitosa por la cantidad de personas que metemos a la cárcel, están equivocados. Esa no es la lucha, la lucha no es cuántos metemos a la cárcel, aunque aquellas personas que traicionan la confianza pública merecen todo el castigo de la ley, sin embargo, la lucha y los resultados tiene que verse en las oportunidades que estamos cerrando para que abuse este gobierno, el que viene o el que sigue”.

Sobre el dejar sin sueldo a los integrantes del CPS, dijo que “es la única instancia del Sistema, que ni tiene presupuesto, ni tiene estructura, lo único que tenía era una contraprestación salarial para subrogar los gastos propios de su acción, para evitar sus conflictos de interés. Nada más caro que un consejero honorífico, aquellos que confunden honorífico con honorable, necesitan checar el diccionario o bajarle a su demagogia”, puntualizó.

SIN LA SOCIEDAD, FRACASO SEGURO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Por su parte, Annel Vázquez, presidenta del CPS del SEAJAL, sentenció que es indispensable que exista el CPS “porque para eso se hizo la ley, combatir la corrupción, sentando en la misma mesa a las instituciones que ya tenían esa tarea y por otro lado era integrar a la sociedad civil en esta lucha. Si la corrupción es el sistema, la solución no puede venir del sistema mismo, tiene que venir de afuera del sistema, desde un ente ciudadano; por ello, si no existiera el CPS, no tendría ningún siendo que existiera el Sistema Anticorrupción, mejor nos quedamos como estábamos. El CPS es los ojos y la voz ciudadana, y si no se incluye a la sociedad en la lucha contra la corrupción, no se tendrá éxito de ninguna manera”, dijo.

EL PODER HA DESARTICULADO A GRAN PARTE DE LA SOCIEDAD CIVIL

Andrés Barrios, activista e integrante de la plataforma de comunicación, Tómala, hizo una reflexión muy importante, que prácticamente se convirtió en una denuncia, al recordar: “Hay una desarticulación en la lucha contra la corrupción por parte de la sociedad civil, si vemos las mesas interinstitucionales de Aristóteles allá en el lejano 2017, veíamos reunidos a los representantes de 23 organismos de la sociedad civil y hoy, lamentablemente 10 ya son parte de la Refundación, ya están dentro del gobierno; esto se ve reflejado en que la lucha anticorrupción, hoy ya es parte de los que corrompen y eso es muy preocupante”.

Incluso reclamó que se debe replantear qué significa tener al CPS, al INAE, al ITEI, para que la gente en la calle pueda responder cuando le preguntes si le sirve para algo o si se desaparece a tal o cual organismo. “Ahí tenemos la necesidad de traducir todo este sistema, para que a la gente le haga sentido y se apropie de ellos. Debemos bajarlos y platicarlos con la sociedad, qué significa lo que estamos haciendo, nos hace falta mucho explicarle al ciudadano común”.

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