REPORTAJES
Detrás de la aparente inconformidad ven boicot y sabotaje contra el INSABI: Juan Ferrer

Por Mario Ávila //
Para Juan Antonio Ferrer Aguilar, director general del INSABI, queda claro que con el nacimiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se brindarán servicios de salud en los 32 estados de la República, siempre y cuando se adhieran los estados de manera voluntaria a esta modificación a la Ley General de Salud, es decir nunca será una adhesión obligatoria.
Pero hay confianza en el funcionario federal: “A partir de que entró en vigor el Insabi me reuní con los 32 secretarios de Salud y con su equipo y platicamos todo sobre el nuevo modelo de salud y del esquema de financiamiento. Los 32 secretarios vieron que el modelo y el esquema de financiamiento es muy bueno para que se implemente en México, como una opción del modelo de salud nacional”.
No obstante, admitió que hay ciertas expresiones de molestia, pero puntualizó que a su juicio “detrás de toda esta aparente inconformidad, hay un boicot de quienes surten los medicamentos y que se ven perjudicados; hay también una campaña de desinformación como un acto de sabotaje en contra del gobierno”.
“Vimos -dijo-, que los medicamentos estaban empleándose en el país, aunque no todos, tenían un precio desmedido, no era un precio justo y lo que hizo el presidente fue ordenarle a la Secretaría de Hacienda que dirigiera los concursos de compra consolidada, con lo que claro que benefició el porcentaje de abasto de los medicamentos en favor de la gente”.
Y abundó: “Un dato más, cuando acusan de que no hay presupuesto, les digo que estamos manejando 72 mil millones de pesos, cada estado de este país aporta entre 4 mil a 6 mil millones de pesos y este año el presidente ordenó recursos adicionales de 40 mil millones de pesos más, es decir ya se cuenta con una cifra cercana a los 200 mil millones de pesos y nos dicen que no hay dinero, pues porque ese dinero iba a parar a la iniciativa privada o un alto porcentaje en lugar de ir a la gente, iba a las empresas privadas”.
“Y hoy, el gran cambio es que estamos privilegiando que participe la iniciativa privada, sí, pero con precio justo y con producto de calidad. Y para eso está interviniendo la Cofepris, para que vigile que todo lo que se compra, las vacunas y los medicamentos, sean con la calidad requerida. No hay simulación, si la hubiera simplemente hubiéramos dejado que se siguiera haciendo lo que siempre habían hecho, estafar en todos los rubros el dinero de los mexicanos”, expuso el titular del Insabi.
En entrevista a través de Radio Fórmula, el funcionario federal respondió a quienes acusan de que el Insabi carece de sustento normativo, financiero y operativo: “Ya el Insabi está creado por la Ley General de Salud, hay instrumentos jurídicos como el estatuto orgánico que tiene 60 días para crearse, la Junta de Gobierno por ley tiene 30 días para instalarse, las reglas de operación se emiten a través del Fondo de Salud y el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, que se va a modificar, cuenta con 180 días y lo que hemos estado haciendo por instrucción del presidente, es acortar esos tiempos”.
“Se va a cumplir la palabra del presidente, se va a cumplir el artículo cuarto de la Constitución, se va a cumplir el artículo 77 bis de la Ley General de Salud que estable que tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de los servicios públicos de salud, toda persona que se encuentre en el país y que no cuente con seguridad social.
“Hay una Ley de los Institutos Nacionales de Salud que en el artículo 54 se reformó el 26 de mayo del año 2000 para que se implementaran los cobros en la atención de ciertos padecimientos. A qué presidente (Vicente Fox Quezada) se le ocurrió cobrarle a las personas que no tenían seguridad social”, se preguntó.
Y precisó: “Lo que estamos cambiando fue lo que hicieron ellos mal, hoy salen a denostar y a decir que todo está mal, hoy estamos cambiando en favor de la gente, en favor de 69 millones de mexicanos que carecen de seguridad social. Ahora sí coincidimos con los conservadores de que la salud es un derecho humano de las personas y que nadie debe cobrar, así que les vamos a demostrar que la palabra de López Obrador se cumple, no vamos a cobrar por los servicios de salud a las personas sin seguridad social.
“La misma ley en el artículo 77 bis segundo párrafo, establece que las condiciones que permitan bridar el acceso gratuito, van a ser efectivo, oportuno, de calidad y progresivo, es decir, los que quieran ver que un modelo de salud tan desastroso como era el de este país, fragmentado en 32 entidades de la República, se componga en 14 días, deben tener claro que nadie lo hace, el mismo Seguro Popular que inventaron esos señores debió haber iniciado en 1994 y en el 2005 se adhiere el último estado y nace oficialmente el Seguro Popular, esto quiere decir que pasaron más de 10 años para que estos suscribieran los convenios de descentralización y hoy quieren que en 15 días esto ya esté instrumentado”, planteó.
Sobre la propuesta que anunciaron harán los gobernadores del PAN, Ferrer Aguilar, anticipó: “Escucharemos las propuestas, aunque ya me reuní con los 32 secretarios de salud de los estados, los oí y los temé en cuenta, estamos para ver que funcione el modelo de salud en favor de los mexicanos y si en algo tienen que aportar, se va a tomar en consideración, pero lo que sí puedo decir es que el modelo que estaban utilizando, es un modelo que no funcionaba, no es por ahí.
“Y doy ejemplos, cómo me dicen que el Seguro Popular funcionaba cuando en el 2014 que era su mejor momento, por cada mil niños nacidos vivos, se morían 36.6 mujeres, es decir que en ese año fallecieron 872 mujeres y de ellas 495 estaban inscritas en el Seguro Popular, lo que quiere decir que más del 56.8% estaban afiliadas al Seguro Popular y eso no lo digo yo, lo dice el Coneval en su indicador denominado ‘razón de mortalidad materna’.
“No es posible que estemos viviendo todo esto y digamos que estaba muy bien el modelo de salud en el pasado; el abastecimiento de medicamento en todo el país era del 60% como un máximo; no hay doctores y pasan hasta 5 o 6 meses para programar una intervención quirúrgica”, planteó el director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar.
NEGROS ANTECEDENTES DEL SEGURO POPULAR
Dentro de los negros antecedentes del Seguro Popular destacan las 36 denuncias penales en contra funcionarios en 18 estados de la República, entre ellos Jalisco, por un desfalco de más de 83 mil millones de pesos, que tendrían que ser destinados para servicios médicos de la población que carece de seguridad social.
El daño a las finanzas públicas del Seguro Popular, asciende puntualmente a 83 mil 250 millones 576 mil 40 pesos e involucra a funcionarios de 18 estados de la República, de acuerdo con las 22 denuncias interpuestas por ciudadanos ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Jacqueline Peschard, Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha, de las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero, interpusieron nuevas por corrupción en el manejo de recursos destinados al Seguro Popular y al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) entre 2012 a 2016, con lo que suman 36 denuncias interpuestas contra funcionarios y exfuncionarios de estas entidades.
La última serie de demandas interpuestas ante la PGR contra funcionarios y exfuncionarios del Seguro Popular son por los delitos de peculado, cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades en 11 estados: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco.
Entre las irregularidades detectadas en los informes de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que fueron la base para las denuncias, se encuentran: contratos celebrados con empresas fantasma, pagos carentes de documentación comprobatoria, sobreprecios pagados por los estados y no enterar el ISR retenido a los trabajadores del sector salud.
Esta es la segunda ola de denuncias contra funcionarios y exfuncionarios del Seguro Popular por parte de Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha. El martes 16 de octubre, interpusieron 14 denuncias penales contra secretarios de Hacienda y Salud, así como tesoreros de siete estados: Chiapas, Estado de México, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. En esta primera demanda, la cantidad demandada por irregularidades alcanzaba los 47 mil 345 millones 794 mil 169 pesos.
Y para tener una referencia del impacto global del dinero malversado, vale la pena recordar que en 2017, el Seguro Popular contaba con 53.5 millones de beneficiarios a nivel nacional y de acuerdo al anexo estadístico del Sexto Informe de Gobierno presentado por Enrique Peña Nieto, el gobierno federal reportó que en 2017 la Comisión Nacional de Protección Social en Salud ejerció un total de 54 mil 046 millones de pesos que se transfirieron a las 32 entidades federativas.
JALISCO
Voz de Martha Elia Naranjo, presidenta del comité de vigilancia: Crisis del Ipejal en 2009 fue lesiva, pero en 2025 es mortal

Por Mario Ávila //
No hay tiempo que perder y no pueden solaparse acciones perversas como la intentona de incremento salarial de manera brutal al director general y a 16 funcionarios hasta del 67%, así como la creación de 6 nuevas plazas de primer nivel. Para la presidenta del Comité de Vigilancia Transparencia y Rendición de Cuentas del Ipejal, Martha Elia Naranjo Sánchez, “la crisis de la institución del 2009 fue lesiva, pero la del 2025 es prácticamente mortal”.
La dirigente sindical recordó que la expectativa de vida del Instituto, al ritmo que hoy se lleva, es hasta el año 2034 y por ello se deben tomar medidas urgentes para atender la problemática de manera directa e inmediata y para ello es necesario que el Congreso del Estado actúe con reformas a la Ley del Ipejal que le generen beneficios a la institución, pero sin lesionar la economía de los trabajadores.
Explicó que en la recta final del gobierno anterior se realizaron mesas de trabajo, para escuchar las diferentes posturas de los representantes de las organizaciones de los trabajadores en activo y jubilados, sin embargo, para la lideresa de la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco (Fedetjal), Martha Elia Naranjo, hoy las condiciones de pluralidad que hay en el Poder Legislativo, son más propicias para generar una mejor reforma.
Entre los puntos principales que en su opinión debería contener esta reforma legal, sería en primera instancia darle el reconocimiento formal y legal al Comité de Vigilancia Transparencia y Rendición de Cuentas (CVTyRC), que fue creado seis años atrás, pero solamente de palabra y no tiene atribuciones legales reales.
Y un segundo punto que propondrían en la reforma a la Ley del Ipejal, sería que el nombramiento del director lo realizaran de común acuerdo los representantes de las organizaciones de trabajadores, ya que son los dueños del dinero y del patrimonio de la institución, para que esta posición deje de ser un botín político del gobernante en turno.
Por la relevancia que originó el tema desde los primeros días de este mes, a raíz de la intentona del director general del Ipejal, Juan Partida Morales, con el aval de todos los integrantes del Comité Directivo, para aumentarse el sueldo en un 67%, aumentarle el sueldo en un 55% en promedio a 16 funcionarios de alto nivel y crear seis nuevas direcciones, surge la necesidad de escuchar todas las voces de los personajes que han tenido que ver con la vida del propio Ipejal.
Por supuesto, la voz más contundente y relevante fue la del gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, quien anunció en entrevista que la decisión quedaba sin efecto y ordenó al director del Ipejal, Juan Partida Morales, meter reversa a los incrementos de sueldo y la creación de nuevas plazas y por el contrario, le ordenó que la homologación se diera solo para los trabajadores que perciben menores ingresos en el propio Instituto.
Sin embargo, una opinión que hoy atendemos, es la de la presidenta del Comité de Vigilancia Transparencia y Rendición de Cuentas del Ipejal, Martha Elia Naranjo Sánchez:
CONVOCAN A LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES
P.- Inicia un sexenio y una nueva administración en el Ipejal con el intento de madruguete de aumentos de sueldo y creación de nuevas plazas, ¿qué se puede esperar a lo largo de 6 años?
R.- Lo que se dejó ver con esta intentona, con esta acción, nos debe de poner más que nada en alerta y haciendo una convocatoria a la unidad a todos los que ahí aportamos, que somos muchos trabajadores y servidores públicos, maestros, pensionados y jubilados y me parece que más allá de esperar qué es lo que vamos a ver en el sexenio, debemos de tomar acciones los verdaderos dueños del dinero, los aportantes del instituto. Esta acción que se tuvo por parte de la autoridad, me parece que es un tema muy lesivo para los intereses de los trabajadores y hasta ofensivo, porque no hay dinero por ejemplo para las credenciales que en algún momento las tuvimos, no hay dinero para los insumos más elementales, pero cómo es que sí al menos se consideró un incremento tan grande, la verdad es que quedamos muy sorprendidos muchos, precisamente por esta intención de hacer las cosas sin ponerlo a consideración de la mayoría de los que representamos a miles de trabajadores aquí en el estado.
P.- ¿Se sienten ustedes bien representados por los dos personajes que tienen asiento en el consejo de administración a nombre de los trabajadores?
R.- Voy a hablar exclusivamente del representante que debería defender los intereses de los servidores públicos. Por supuesto que no, no nos sentimos representados, no solamente en el Ipejal, sino en muchas otras aristas, como cuando se dan los incrementos salariales y en otro tipo de negociaciones y de acciones, que a final de cuentas viene redundar en el beneficio o perjuicio de todos los servidores públicos; tampoco nos sentimos bien representados en instituciones por ejemplo como el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en donde tienen el asiento que le corresponde a la clase trabajadora, en donde hay intereses de parte de esa federación (SAFE), en donde se resuelve a contentillo, para poder controlar a los gremios que no estamos de acuerdo en algunas acciones que se toman o cómo se desempeñan el quehacer sindical. En resumen, me parece que a quién está representando a los servidores públicos, habrá que llamarlos a cuentas.
P.- ¿Qué hacer desde el Comité de Vigilancia Transparencia y Rendición de Cuentas que usted preside?
R.- Hay mucho que hacer, yo creo que primeramente los representantes del Comité de Vigilancia Transparencia y Rendición de Cuentas tenemos que cerrar filas, yo creo que no es ni el momento, ni las formas de pelearnos entre nosotros, primero hay que entender que lo que está en riesgo son los intereses de todos, cuando el Ipejal puede caer en una quiebra total, no va a elegir cuáles sindicatos o federaciones se van a la quiebra, sino que el prejuicio va a ser para todos, la quiebra será para todos, por eso primeramente deberíamos cerrar filas, unificar criterios y hacer una ruta crítica para tomar las acciones pertinentes, una de ellas es exigir que se le den dientes y facultades jurídicas al Comité, porque hay que decirlo, solamente fuimos nombrados de palabra, desde hace 6 años no tenemos atribuciones legales dentro de la Ley del propio Instituto de Pensiones del Estado y ojalá y se pueda dar ahora con la reforma que está en la mesa y que ya lo tienen en el tintero en el palacio Legislativo.
QUE AL DIRECTOR LO DESIGNEN LOS TRABAJADORES, NO EL GOBERNADOR
P.- Jubilados exigen un asiento en el Consejo de Administración para vigilar los movimientos desde ahí, ¿el comité que usted preside también haría una solicitud por el estilo?
R.– Yo creo que en cualquier tarea que sea, debe haber transparencia y debemos cuidar nuestros intereses, por ello los dirigentes, llámense de pensionados, jubilados, activos, federaciones, debemos tener un asiento el Comité de Vigilancia Transparencia y Rendición de Cuentas y a la vez el CVTyRC debe tener un asiento en el Consejo de Administración, no puede haber posiciones para tales o cuales, para unas sí o para otras no, en uno o en otro lugar.
Me parece que los que representamos a los trabajadores debemos de estar al pendiente y debemos de saber qué es lo que está sucediendo con todas y cada una de las acciones que se llevan a cabo ahí y sobre todo qué hacen con nuestro dinero, de verdad que hay todavía muchas aristas en el aire, muchas dudas y muchas inquietudes.
Estaba yo analizando el tema de los estudios actuariales que están hechos con las aportaciones propiamente como ingresos, pero existe la pregunta de qué sucede con el tema de los intereses moratorios, con los intereses que te cobran de manera anticipada en los préstamos, con todos los esquemas de los gastos subrogados, con todos los ingresos.
P.- El sexenio pasado se realizaron mesas de trabajo en el Congreso del Estado, pero al parecer no había condiciones para que se diera la reforma, ¿la conformación política de hoy día en el Congreso sí se presta para realizar una reforma de fondo la Ley de Pensiones del Estado?
R.- Yo creo que hay un escenario distinto, la vez pasada la gran mayoría pertenecía a un solo grupo político, de un solo color y creo que esta vez podemos pensar que hay más posibilidades de que la reforma al Instituto de Pensiones del Estado sea realmente pensando en la clase trabajadora, en los servidores públicos; las mesas de trabajo que se hicieron la vez pasada, no diría que se politizaron o que se partidizaron, más bien pensaría que faltó voluntad y faltó mucha coordinación, faltó mucha comunicación asertiva, había muchas voces, me parece que era el primer ejercicio de esta naturaleza que se hacía y eso no permitió poderlo aterrizar, yo creo que los que estuvimos en esas mesas podemos volver a estar, ya más o menos le entendemos y por fortuna hay diputados ahora que han manifestado verbalmente su voluntad y su interés de que el Ipejal realmente tenga una reforma de ley que nos convenga a todos, incluso al propio Instituto.
P.- ¿Qué propuestas saldrían desde el CVTyRC?
R.- Hay algo muy importante y eso lo pongo en la mesa, el director de Pensiones del Estado debe ser elegido propiamente por los dueños del dinero del instituto, que somos los trabajadores, no designado por el gobernador en turno. Esto no es nuevo, yo lo he expresado ya de manera anticipada, que debe de ser elegido propiamente por la clase trabajadora, que a final de cuentas somos los únicos dueños del activo que ahí se mueven. Y de este y algunos otros temas bien podríamos hablar en la siguiente reunión del CVTyRC que estará siendo convocada para el próximo jueves 13 de febrero.
P.- Licenciada, usted conoce al Ipejal desde hace más de 25 años y conoció aquella crisis del 2009 – 2010 cuando hubo necesidad de hacer esa reforma, conoce también esta crisis de hoy día. ¿Cuál de las dos es más grave?
R.- Me parece que la de hoy es mucho más grave porque el saqueo siguió después del 2010, la manipulación de toda la reserva técnica siguió de maneras distintas y la otra arista sería, que en ese momento era muy grave, porque no había vida técnicamente hablando para soportar el sistema pensionario y la cantidad de pensionados que estaba para ese momento, si no se incrementaban las aportaciones, en su porcentaje de trabajadores y el patrón, eso fue lo que sustentaron y dijeron-
Sin embargo yo quiero cerrar la pinza de estas dos puntas diciendo que al final de cuentas la del 2009 o la de 2025 son gravísimas, porque a final de cuentas seguimos estando en el limbo y seguimos estando con una incertidumbre terrible y una preocupación y una mortificación todos los servidores públicos, porque no hay una claridad que se hace con nuestro dinero que se obtiene de muchas maneras, no solo con la aportación, sino con las inversiones y de otras maneras y qué parte de la reserva técnica, son los bienes inmuebles que se tienen, que no se monetizan, que solamente de repente los mencionan; es todo un tema que habrá que estarles explicando de una manera muy coloquial a los compañeros.
El incremento en el pago de cuotas no me atrevería a descartar la posibilidad de que esa sea la única solución a los problemas del Ipejal, a mí me hace falta información que no se me ha dado en el instituto y que hemos solicitado, hace falta que nos digan qué pasa con los intereses de los préstamos, qué pasa con áreas que generan dinero o por qué se gasta tanto, por ejemplo en convenios con hospitales privados, falta muchísima claridad en los ingresos y los gastos que se realizan en el instituto.
INSTRUCCIÓN DE PABLO LEMUS A JUAN PARTIDA
“Le pedí que la homologación salarial sea para los empleados de base, que no se permita en incrementos de sueldo en la parte más alta del tabulador, es decir ni para él, ni para sus directores principales, sino más bien para el personal que verdaderamente más lo necesita, él va a presentar este punto de acuerdo ante el Consejo del Instituto y así quedaría sin efecto el aumento de salarios en la parte más alta del tabulador. Todo va para atrás”.
JALISCO
Voz de jubilados y pensionados del Ipejal: Urge reforma a la Ley de Pensiones y maniatar al consejo directo

Por Mario Ávila //
Miembros del Colectivo Pro Defensa del Patrimonio del Ipejal, acompañados por representantes de una decena de organizaciones sindicales y asociaciones de jubilados, urgen a los diputados de la LXIV Legislatura local a que reformen la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, para maniatar al Consejo Directivo, ya que desde la reforma del 2009 la corrupción campea en el propio instituto y es lo que ha provocado la grave crisis económica que lo ha puesto al borde de la quiebra para el 2034.
En opinión de Alfonso Gamiño Ruvalcaba, uno de los líderes del colectivo, sería importante que se les concediera a los jubilados, un asiento en el consejo directivo, luego de que según las actas de las reuniones mensuales las decisiones siempre son por unanimidad, es decir las dos representaciones de los trabajadores, siempre se han adherido a la voluntad patronal, con una sola excepción en el 2021 cuando el líder de la FESIJAL, Juan José Hernández votó en contra de la construcción de la Ciudad Laboral del Gobierno del Estado, con dinero de los trabajadores.
Por ello el representante de los trabajadores pensionados y jubilados, advierte que una posición de poco serviría, ya que con la representación del Gobierno del Estado, que es de dos consejeros más el director general y a la vez presidente del consejo, la representación del Ayuntamiento de Guadalajara y los dos asientos de los representantes de los trabajadores, uno de la sección 47 del SNTE y uno de la burocracia estatal y municipal, siempre harían mayoría y las votaciones regularmente serían 6-1.
Explicó Gamiño Ruvalcaba que hoy hay condiciones de equilibrio en las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado y se puede aspirar a una reforma a la ley del Ipejal, para garantizar por un lado que el propio Poder Legislativo asuma la vigilancia y el control del consejo directivo del Ipejal y por otro lado, para reducir los riesgos de que las reformas que se hagan dañen directamente a los trabajadores como fue la intención de las mesas de trabajo, en donde se pretendía hacer vales las sugerencias del Estudio Actuarial, que planteaba aumentar las aportaciones del trabajador y crecer la edad de jubilación hasta 65 años, incluso para los trabajadores registrados antes de la reforma del 2009.
Reveló que han estado en contacto con algunos de los legisladores, como Miguel de la Rosa y Candelaria Ochoa (Morena), Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez (Futuro) y Leonardo Almaguer Castañeda (PT), entre algunos otros, con quienes han platicado y a quienes les han expresado su preocupación, y justamente son ellos quienes se han comprometido a estudiar revisar las propuestas de modificaciones a la Ley del Ipejal, sin causar daño a la economía de los trabajadores.
De ahí que, en su opinión, la reforma más importante que se le deba hacer a la Ley de Pensiones, es vigilar y sanear el actuar del consejo directivo, pero en el entendido de que los jubilados no confían en que esta vigilancia recaiga en órganos e instituciones del propio Poder Ejecutivo, ni en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que se pide que sea el Poder Legislativo el que asuma esta función “para maniatar al consejo directivo”.
A Pensiones del Estado -denunció-, siempre le han metido mano desde el Gobierno del Estado, pero a partir de la reforma del 2009 esto empeoró, porque se le dio todo el poder al consejo directivo y es ahí donde surge y donde se ha desarrollado el problema de corrupción, en el seno del consejo y mientras siga en estas mismas condiciones, sin que nadie absolutamente lo vea, sin que nadie sepa lo que hace, el problema se va a mantener, no hay otra solución, por más dinero que le metan, mientras sigue existiendo ese poder del consejo directivo que permite la corrupción, no se va a lograr nada, así participe la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría o la propia Fiscalía Anticorrupción, nada nos ganaremos.
Lo que se necesita -abundó-, es una auditoría de verdad, a cargo de una institución independiente, de algún organismo totalmente ajeno, una empresa que goce de gran prestigio y que pueda hacer una auditoría integral; pero mientras se siga negando y no se acepte que la corrupción es la principal causa del deterioro de las finanzas de Pensiones del Estado, no vamos a llegar a ningún lado; mientras sigan diciendo que son problemas estructurales, no habrá una respuesta positiva y no llegaremos a ningún lado.
EXIGEN AUMENTO DE 2 MIL PESOS A PENSIONADOS
Una de las principales demandas del Colectivo Pro Defensa del Patrimonio del Ipejal, es en el tema del incremento salarial anual, toda vez que cada año se viola el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Ipejal, ya que los incrementos han sido menores al Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo que ha generado una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, según lo planteó el propio Alfonso Gamiño Ruvalcaba.
Explicó que la pérdida que se ha venido acumulando de manera sostenida, ya que, en el año 2024 con el afán de resarcir aparentemente este perjuicio, se autorizó un incremento del 5% de manera generalizada las pensiones menores a 80 mil pesos, “sin embargo, este incremento no trajo consigo el beneficio esperado, pues el 35% de los jubilados recibió un incremento inferior al del año 2023 que fue de 600 pesos”.
Es decir, con el aumento del 5% en el 2024, significó un monto menor a los 575 pesos para quienes ganaban un monto igual o menor a los 11 mil 500 pesos, situación que va en contra del principio de progresividad salarial estipulado en la ley; mientras que para el 76% de los jubilados restantes, se les otorgó un incremento de mil pesos.
Ante ello, el Colectivo sostiene que la naturaleza de los incrementos debe obedecer al principio de progresividad y atender a resarcir el deterioro del poder adquisitivo, “por lo que creemos y de manera formal solicitamos, que en vez de autorizar un incremento porcentual, se contemple para este 2025, sin comprometer la estabilidad financiera, un incremento general por la cantidad de 2 mil pesos, ya que con ello sí impactaría significativamente en las pensiones de un universo mayor de jubilados”, expuso Gamiño Ruvalcaba.
Con ello, el 94% de los casi 51,000 jubilados recibirían en términos porcentuales un incremento del 5% o más, reflejándose un mayor índice porcentual en quienes perciben una pensión menor a los 40 mil pesos mensuales, lo que constituye un paso importante en una política de recuperación y justicia social en materia de pago de pensiones y se atendería a la naturaleza solidaria del instituto.
ACUERDOS PARA ATENDER TEMAS URGENTES DE SALUD
En la movilización convocada por el Colectivo Pro Defensa del Patrimonio del Ipejal, a las puertas de la propia institución, tomaron parte cientos de integrantes de agrupaciones sindicales, asociaciones civiles y representaciones de policías en activo y jubilados, quienes lograron ser recibidos por el propio director general, Juan Partida.
Y aunque el tema principal de la movilización ya estaba resuelto toda vez que el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro anunció previamente que se daría marcha atrás a la intentona de un escandaloso incrementos salarial para Juan Partida y funcionarios de primer nivel, así como a la creación de algunas nuevas plazas de nivel de dirección, los pensionados y jubilados tenían temas pendientes por tratar como el incremento del 2025 y el deteriorado sistema de atención a la salud, que se brinda a través de cuatro clínicas de primer nivel, un grupo de médicos especialistas y una serie de hospitales privados.
La minuta de la reunión del 6 de febrero, participaron por el Colectivo Pro Defensa de Patrimonio del Ipeal: Ernesto Michel, Juan Flores Vázquez, Francisco Javier Reyes, Abel Figueroa González, Alfonso Gamiño Rubalcaba y Juan Manuel Mercado; en tanto que por parte del Ipejal los atendieron: Juan Partida Morales, Ángel Nuño, Luis Alberto Güemes e Isaac Flores.
Dentro de los acuerdos destaca resolver servicios médicos urgentes de enero y febrero, el abasto de medicamentos en las clínicas; mejorar la logística para que gradualmente se vayan eliminando los reembolsos; nuevo contrato de servicios de imagenología; dar prioridad a las cirugías urgentes rezagadas; certeza laboral para todos los trabajadores del Ipejal, revisar los porcentajes de los préstamos a los que se les cobran intereses por adelantado y analizar la propuesta de incremento de 2 mil pesos al mes, para los pensionados en el 2025.
JALISCO
American Chamber of Commerce capítulo Guadalajara: Ernesto Sánchez Proal asume la presidencia y presenta plan de trabajo

Por Raúl Cantú //
Ernesto Sánchez Proal, al asumir la presidencia de American Chamber of Commerce (capítulo Guadalajara), reafirmó su compromiso con el desarrollo empresarial binacional y la eliminación de barreras para el crecimiento de las empresas en la región.
«Nuestra meta es consolidar una comunidad más grande y conectada, que fortalezca las cadenas de valor y brinde herramientas estratégicas para el éxito empresarial», destacó Sánchez Proal.
En su mensaje de bienvenida, Carlos García, Presidente Nacional de AMCHAM, destacó la importancia de la unidad y el diálogo en el sector privado: «Hoy más que nunca, es importante que nuestro sector privado binacional esté unido, informado, y que hagamos lo que en AMCHAM sabemos hacer mejor: tender puentes de entendimiento entre los gobierno de México y Estados Unidos, y fomentar un mejor ambiente de negocios.”
Además, García resaltó el momento estratégico que vive la relación comercial entre ambos países, y el papel clave de AMCHAM en el fortalecimiento de Norteamérica como la región más competitiva del mundo.
El evento contó con la participación de líderes empresariales, representantes del gobierno y organismos estratégicos, destacando la presencia del Secretario General de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora.
Conforme a la propuesta aprobada por el Consejo Directivo del Capítulo Guadalajara, el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité de Nominaciones Nacional, se dio inicio formal al periodo 2025 de la Presidencia de Ernesto Sánchez Proal.
«Ernesto, te considero un líder honesto y comprometido. Como Presidente Nacional de AMCHAM, quiero reiterarte mi respaldo y confianza en la aplicación de tu plan de trabajo para Jalisco. Hoy, más que nunca, somos One AmCham: una sola Cámara unida a nivel nacional, que crece en impacto e incidencia para acompañar a nuestros socios de manera asertiva», dijo Carlos García.
Plan de trabajo 2025: Facilitación de negocios y expansión regional
En su primer mensaje como presidente del capítulo, Ernesto Sánchez Proal reafirmó su compromiso de fortalecer la colaboración con el consulado y las autoridades locales para eliminar barreras operativas y facilitar la inserción de las PyMEs en cadenas de valor regionales.
Los pilares estratégicos del plan de trabajo incluyen:
1) Vinculación con el gobierno local y el Consulado.
2) Eliminación de obstáculos para grandes empresas mediante la Red de Comités y el acercamiento con autoridades.
3) Impulso a la innovación y relocalización de inversiones, con iniciativas como el Foro de Semiconductores 2024 y el programa IMMEX 4.0.
4) Apoyo a PyMEs a través del Trade & Investment Center, brindando herramientas clave para su internacionalización.
5) Trabajo con el resto de las oficinas de AMCHAM a nivel nacional. “Somos One AMCHAM”.
6) Expansión del capítulo hacia un modelo regional, abarcando Guanajuato, Colima, Michoacán, Nayarit y Aguascalientes.
AMCHAM Capítulo Guadalajara continuará su trabajo en temas clave como comercio exterior, seguridad, innovación y equidad salarial, con una oferta de eventos que permitirá a sus socios mantenerse a la vanguardia.
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