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REPORTAJES

Las decisiones mágicas de la gran burocracia: Bajan delitos en Jalisco, con simple juego de palabras

Publicado

el

Por Mario Ávila y Redacción //

Con una simple estrategia de semántica, el Gobierno del Estado bajó las estadísticas de los índices delictivos, particularmente al cambiar el estatus de 5 mil 752 víctimas, que pasaron de ser “Personas Desaparecidas”, para ahora ser consideradas simplemente como “Personas No Localizadas”.

Esto lo denunció el Colectivo Por Amor a Ellxs, quien acusa directamente al Gobierno del Estado y en particular a la Fiscalía, de violentar con ello la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en donde se establece con claridad que la diferencia entre unas y otras es la probable comisión de un delito.

En concreto se violenta el artículo 89 en el que se determina que aún sin haber elementos de la probable comisión de un delito, si después de 72 horas de interpuesta la denuncia, no hay noticias de la persona, se debe presumir la comisión de un delito y por tanto debe considerarse a la persona como “Desaparecida”.

Las modificaciones a las estadísticas de incidencia delictiva se dieron el pasado 4 de julio de 2019 cuando en la actualización del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID) del Gobierno del Estado de Jalisco, la cifra de personas catalogadas como “Desaparecidas”, se había reducido de 7 mil 504 a 1 mil 752; mientras que la cifra de personas en calidad de “No Localizadas”, había aumentado a 5 mil 752.

Ante ello a través de un comunicado que se difundió principalmente a través de los medios electrónicos, Por Amor a Ellxs expusieron que la ley de la materia contempla una diferencia entre personas desaparecidas (cuando se presume la comisión de un delito) y las personas no localizadas (cuando no hay elementos para relacionar la ausencia a uno), pero en la misma ley se establecen los criterios para determinar cada caso.

Y detallan que, según la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, se entiende por persona desaparecida, a la persona cuyo paradero se desconoce, y se presuma a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito; mientras que la persona no localizada es la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relacione con la probable comisión de algún delito.

De ahí que una de las primeras exigencias del colectivo Por Amor a Ellxs, es para que la Fiscalía no sea omisa en hacer públicos los criterios que se utilizaron para determinar qué personas están en calidad de “Desaparecidas” y cuáles como “No Localizadas”.

Y ante ello exigieron de manera tajante, pero sin respuesta hasta la fecha: “Exigimos conocer la razón por la cual hicieron esa diferenciación y los criterios que tomaron en cuenta para hacer esa división de los casos”.

También denunciaron los quejosos, que la mayor parte de las carpetas de investigación no se actualizan con nuevos elementos a la velocidad que deberían y advierten: “Por ello nos extraña que sin haber suficiente investigación, hayan concluido que son personas “No Localizadas”.

De ahí que lanzaron un llamado en concreto a la Fiscalía Especial, a que acate la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, particularmente el artículo 89 en el que se determinan los criterios para establecer la presunción de un delito y así determinar si una persona es considerada “Desaparecida” o “No Localizada”.

El artículo en cuestión dice a la letra:

Inciso II.- Cuando de la descripción inicial de los hechos se pueda desprender la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares o cualquier otro delito.

Inciso III.- Cuando de conformidad con el análisis de contexto se determine que las condiciones de la desaparición de la persona corresponden a la probable comisión de un delito.

Inciso IV.- Cuando, aún sin haber elementos de la probable comisión de un delito, han transcurrido 72 horas sin tener noticias de la suerte, ubicación o paradero de la persona.

Por lo tanto, en la argumentación de su protesta los integrantes del Colectivo “Por Amor a Ellxs”, si después de 72 de interpuesta la denuncia, no hay noticias de la persona, se presume la comisión de un delito y debe considerarse a la persona como “Desaparecida”.

Y rematan diciendo: “Recordamos a las autoridades que, a pesar de que hay una diferenciación en la Ley entre una persona “Desaparecida” y una “No Localizada”, la autoridad está obligada a buscarlas de la misma manera”.

EXTRAÑA LA RECLASIFICACIÓN: DARWIN FRANCO

Para el académico del ITESO, periodista e investigador experto en la materia de desapariciones, Darwin Franco, resulta extraño como el Gobierno de Jalisco actualizó el Sistema de Información de Víctimas de Desaparición, donde pasó de 7 mil 504 personas desaparecidas a sólo mil 752.

Expuso que el SISOVID tardó casi cuatro meses en actualizarse, desde que se presentó en marzo de este año, y cuando lo hizo “desapareció” de la estadística oficial a 5 mil 572 personas que se habían denunciado como desaparecidas, ya que ahora éstas sólo son reconocidas como “no localizadas”, lo cual –conforme a la Fiscalía General de Jalisco- deja a la entidad con tan sólo mil 752 desaparecidos.

Y advierte: “Esto lo hizo sin presentar mayores evidencias que expliquen cómo y por qué de la noche a la mañana, 5 mil 752 desaparecidos se convirtieron ahora en personas no localizadas, por lo que se debe aclarar de inmediato esta reclasificación”.

Si la Fiscalía no tuviera elementos fehacientes para sostener tal ‘re-clasificación legal’, estaría cometiendo una falta grave a la Ley de la materia y, a la par, evidenciaría que la baja notable en las personas que consideran oficialmente como desaparecidas; en realidad, no tiene ningún sustento pericial dentro de las carpetas de investigación que actualmente deberían estar investigando, las cuales según su propio registro estatal ascienden a 7 mil 504 desapariciones”, expuso el comunicador Darwin Franco.

RECUADRO

FRANCELIA HERNÁNDEZ CUEVAS

CON LA TAREA DE ENCONTRAR A LOS DESAPARECIDOS Y NO LOCALIZADOS

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La maestra Francelia Hernández Cuevas entre las primeras acciones que realiza al frente de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco, es crear nuevas bases de datos y hacer búsqueda de gabinete con todos los registros posibles.

Ante los integrantes del Comité de Selección que realizó las entrevistas a los 13 participantes, la maestra planteó lo que serían sus prioridades, resaltando la creación de nuevos modelos de búsqueda de personas que sirvan de ejemplo a las demás entidades para realizar gestiones. “Una base de datos permanente en la comisión, vinculante de todas las instituciones habidas y por haber: en albergues, reclusorios, el registro civil, todas estas bases de datos que nos sirvan para poder dar con esa persona”.

Ante las interrogantes de cómo le haría para iniciar la búsqueda de personas desaparecidas, expresó que con los datos que proporciona la familia al momento de la desaparición, iniciando de manera inmediata, haciendo búsqueda de gabinete en todas las instituciones habidas y por haber, con todos los datos proporcionados y con todos los vínculos que se tengan con las instituciones.

Apenas el pasado 5 de julio la maestra Francelia Hernández Cuevas fue seleccionada para asumir la titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco, entre 13 aspirantes.

Francelia cuenta con 20 años de experiencia en temas de prevención de desaparición de personas, políticas públicas y programas relacionados con la procuración de la justicia.

Su designación se dio después de que el Comité de Selección, integrado por los colectivos de familias de personas desaparecidas Por Amor a Ellxs y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej); además de servidores públicos de la Fiscalía General, la Secretaría de Gobierno y el Gabinete de Desarrollo Social, entregó una terna al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien eligió a la maestra Francelia Hernández por su amplia trayectoria y sensibilidad en el tema.

Hernández Cuevas, es la creadora del proyecto Red Municipal de Alerta Amber en los 125 municipios de Jalisco. Actualmente estudia un doctorado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una maestría en Seguridad Pública y Administración de la Justicia, y es licenciada en Derecho.

Entre las primeras tareas tiene enfrente la maestra Hernández Cuevas como cabeza de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco, destacan las siguientes:

1. Continuar con el proceso de coordinación y establecer rutas de trabajo estrecho con las dependencias involucradas en el proceso de búsqueda de personas a nivel local y nacional.

2. Llevará a cabo acciones de búsqueda de manera física cuando éstas no representen un riesgo para él o su equipo. Para el caso en que implique un riesgo se realizará planeación previa y coordinación con otras dependencias.

3. Fortalecer y establecer mecanismos claros de coordinación y flujos de información con instituciones, dependencias y organizaciones que puedan agilizar y colaborar con el proceso de búsqueda de personas. Por ejemplo, hospitales, instituciones, establecimientos o dependencias que cuenten con circuitos de vigilancia, colectivos a nivel local y nacional, entre otros.

4. Trabajar, acompañar y orientar a las familias de personas desaparecidas para establecer otras estrategias y cursos de acción inmediatas.

5. Consolidar un equipo de trabajo para cubrir y responder a las necesidades expresadas por los colectivos y la situación actual del problema de desaparición de personas en el estado de Jalisco.

6. Definir características y ruta de trabajo para consolidar un sistema de información que agilice la búsqueda de personas en la entidad.

RECUADRO

FUERTES CRÍTICAS A MARGARITA SIERRA

La titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana en el Estado, Margarita Sierra, fue centro de fuertes críticas por defensores de los desaparecidos por su anuncio de que la Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas operará con un nuevo esquema virtual y que se avocará únicamente a la recolección de información.

La coordinadora en el Estado del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Guadalupe Ramos Ponce, escribió en un artículo editorial publicado en el diario Crónica Jalisco que la funcionaria del Gobierno Estatal con su declaración refleja ignorancia sobre el problema de desaparecidos que prevalece en Jalisco y la

displicencia para su atención.

Margarita Sierra había declarado al respecto: “Y hemos llegado a este acuerdo, nuestra comisión de búsqueda va a ser una búsqueda virtual, vamos a tener acceso a todas las bases de datos y a generar bases de datos con la Fiscalía, con el Semefo, con los Semefos al interior del Estado, con los municipios, para que la persona pueda llegar a esta comisión y podamos darle información acerca de la persona que busca, la búsqueda en campo, será responsabilidad exclusiva de la Fiscalía”.  

Con estas declaraciones, evidentemente el gobierno estatal sigue sin entender la responsabilidad que tiene en el tema de desapariciones y en las instituciones que por ley se han creado para la búsqueda de las personas desaparecidas”, precisó la abogada Ramos Ponce.

Lo primero que salta a la vista es que la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana sea quien asuma “llegar a acuerdos” para determinar el nuevo funcionamiento de la Comisión de Búsqueda y sea quien emita públicamente estas declaraciones”.

Legalmente, esta Secretaría no tiene ninguna injerencia ni en el sistema nacional ni estatal de búsqueda y tampoco tiene facultades para cambiar las funciones de una institución que ha sido creada a nivel nacional y estatal con el empuje de las y los familiares de las personas desaparecidas y de las organizaciones de la sociedad civil que acompañan en estos casos”.

La Ley general en materia de Desaparición Forzada de personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; establece con claridad cuáles son las funciones de estas instituciones. Y aunque no se cuenta aún con la ley armonizada en Jalisco, la Ley General es  de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional”.

El Artículo 50 de la Ley establece que: “La Comisión Nacional de Búsqueda es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el territorio nacional… Tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas…”

Cada Entidad Federativa debe crear una Comisión Local de Búsqueda, la cual debe coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda y realizar, en el ámbito de sus competencias, funciones análogas a las previstas en esta Ley para la Comisión Nacional de Búsqueda” ¿Así o más claro?, no hay tiempo para que sigan inventando sus comisiones “virtuales”, en Jalisco esperan sus familias de regreso a más de siete mil desaparecidos”.

JALISCO

Comunidad Indígena de Mezquitán: Exigen a la presidenta Sheinbaum cumplir con indemnización por sus tierras

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Por Raúl Cantú //

El caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan, Jalisco, refleja una deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas, marcada por el incumplimiento de acuerdos de indemnización por la ocupación de 26.93 hectáreas de sus tierras para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río (carretera a Saltillo) desde 2004.

A continuación, se ordena cronológicamente el texto proporcionado, destacando los periodos de los presidentes de México responsables por omisión o acción del incumplimiento de los convenios firmados con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT, antes SCT), y se contextualizan las políticas indigenistas de cada administración para subrayar la negligencia institucional. La información se complementa con datos de fuentes externas cuando es relevante, citadas conforme a las guías establecidas.

CONTEXTO HISTÓRICO Y LEGAL

Año 1690: La Comunidad Indígena de Mezquitán fue constituida mediante un Título Virreinal, reconocido por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y respaldado por una resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales. Este título acredita a la comunidad como propietaria legítima de las tierras afectadas, que han defendido por más de 335 años.

1999 (Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000, PRI):

Evento: La SRA inicia pláticas y trabajos de campo para el proyecto de ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo.

Contexto: Durante el gobierno de Zedillo, se promovió la modernización de infraestructura, pero las políticas hacia pueblos indígenas fueron limitadas, enfocándose más en reformas neoliberales que en la protección de derechos territoriales. No se registra un incumplimiento directo en este periodo, ya que las negociaciones apenas comenzaban, pero se sientan las bases para el proyecto que derivaría en el conflicto.

Periodos presidenciales con incumplimientos (2004-2025)

Vicente Fox Quesada (2000-2006, PAN):

Eventos clave:

5 de noviembre de 2003: La SRA sugiere iniciar el trámite expropiatorio y el pago por las tierras ocupadas para la ampliación de la carretera.

3 de marzo de 2004: Se firma el primer Convenio de Ocupación Previa entre la Comunidad Indígena de Mezquitán y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), comprometiendo el pago del 50% del monto indemnizatorio tras un avalúo de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Incumplimiento: La SCT no realizó el pago acordado ni gestionó el avalúo.

Análisis del incumplimiento: El gobierno de Fox priorizó el desarrollo de infraestructura, pero su política indigenista fue criticada por su falta de acción concreta tras el levantamiento zapatista. La SCT, bajo su administración, firmó el convenio inicial, pero no cumplió, iniciando una cadena de dilaciones que afectó a las 333 familias de la comunidad, integrada mayormente por mujeres y adultos mayores. Este incumplimiento marcó el inicio de una deuda histórica.

Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012, PAN):

Eventos clave:

7 de mayo de 2007: Se firma un Convenio de Depósito en Garantía, estableciendo un avalúo de $39,065,272.13 (aproximadamente $145 por metro cuadrado) por 26.93 hectáreas. La SCT paga $4,000,000 (10% del total) y se compromete a gestionar el 40% restante para completar el 50% acordado. Incumplimiento: No se gestionaron los recursos ni se completó el pago.

28 de diciembre de 2007: Se firma un segundo Convenio de Depósito en Garantía, con un pago parcial adicional de $1,639,268.52 (4% del avalúo). La SCT reitera su compromiso de completar el 50% del monto indemnizatorio. Incumplimiento: Por tercera vez, no cumple con el pago ni gestiona los recursos.

Análisis del incumplimiento: La administración de Calderón se enfocó en la seguridad y el combate al narcotráfico, relegando los derechos indígenas. A pesar de los convenios firmados, la SCT utilizó tácticas dilatorias, limitándose a pagos parciales insignificantes (14% del total acordado) y dejando a la comunidad en un limbo burocrático. Este periodo consolidó la percepción de racismo institucional, ya que, como señala el abogado Luis Antonio Rocha, la SCT no habría actuado con tal negligencia frente a una empresa privada.

Enrique Peña Nieto (2012-2018, PRI):

Eventos clave:

2012-2017: La comunidad sostiene entrevistas con funcionarios de la SCT, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y otras dependencias federales, sin obtener soluciones ni avances en el pago de la indemnización acordada en 2004 y 2007. Incumplimiento: Ninguna autoridad mostró voluntad de cumplir con los convenios .

29 de enero de 2017: La Asamblea de la Comunidad Indígena de Mezquitán aprueba iniciar demandas y juicios para exigir el cumplimiento de los convenios de 2004 y 2007.

22 de agosto de 2017: La comunidad presenta una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 (expediente 222/16/2017), contra la SCT, la Presidencia de la República y la SEDATU.

3 de abril de 2018: La SCT, la SEDATU y la Presidencia (Peña Nieto) responden a la demanda con argumentos improcedentes, según la comunidad, en lugar de cumplir con los convenios.

Análisis del incumplimiento: El gobierno de Peña Nieto promovió reformas estructurales, pero las políticas hacia pueblos indígenas fueron superficiales, con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) teniendo un rol limitado. La falta de acción para resolver el caso de Mezquitán, a pesar de las reuniones con funcionarios, y la respuesta evasiva a la demanda reflejan una continuidad en las tácticas dilatorias. La comunidad se vio obligada a litigar, enfrentando una burocracia que perpetuó la marginación de sus derechos.

Andrés Manuel López Obrador (2018-2024, Morena):

Eventos clave:

28 de octubre de 2021: El Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 emite una sentencia parcialmente favorable, ordenando a la SICT pagar las cantidades acordadas en los convenios, pero condiciona la actualización del monto a un decreto expropiatorio. La comunidad presenta un Recurso de Revisión (125/2022) para exigir un avalúo actualizado por el INDAABIN sin necesidad de expropiación.

3 de marzo de 2022: El Tribunal Superior Agrario admite el Recurso de Revisión. Las autoridades federales (SICT, SEDATU) promueven un Juicio de Amparo Directo, considerado improcedente por no agotar el principio de definitividad, retrasando el proceso por casi dos años.

16 de febrero de 2023: El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito desestima el amparo por unanimidad, confirmando su improcedencia.

22 de noviembre de 2023: El Tribunal Superior Agrario resuelve el Recurso de Revisión a favor de la comunidad, ordenando a la SICT pagar la indemnización desde 2004 con un avalúo actualizado por el INDAABIN.

26 de diciembre de 2024: La Consejería Jurídica Federal promueve otro amparo (expediente 30/2024), que es declarado improcedente por el Séptimo Tribunal Colegiado, notificándose el 5 de enero de 2025.

Protestas y manifestaciones: Durante este periodo, la comunidad realiza bloqueos intermitentes de la carretera a Saltillo (2018, 2021, 2024) y de la avenida Lázaro Cárdenas (2024, 2025) para exigir el pago.

Análisis del incumplimiento: El gobierno de López Obrador promovió una narrativa de apoyo a los pueblos indígenas, con la creación del INPI y proyectos como el Tren Maya, pero en el caso de Mezquitán, la SICT continuó con tácticas dilatorias, incluyendo amparos improcedentes que retrasaron el proceso. A pesar de sentencias favorables en 2021 y 2023, la falta de acción para ejecutar el avalúo y el pago perpetuó el incumplimiento, afectando a más de 300 familias. Las protestas de la comunidad reflejan su frustración ante la falta de voluntad política, a pesar de los avances legales.

Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2025, Morena):

Eventos clave:

26 de diciembre de 2024: El amparo promovido por la Consejería Jurídica Federal es declarado improcedente, confirmando la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior Agrario de noviembre de 2023.

31 de enero de 2025: La comunidad presenta un escrito ante el Tribunal Superior Agrario solicitando la ejecución de la sentencia.

6 de febrero de 2025: El Tribunal Superior Agrario acuerda instruir a su Dirección de Asuntos Jurídicos para verificar si existe un amparo pendiente, a pesar de que la sentencia es firme.

6 de mayo de 2025: El Tribunal Superior Agrario ordena devolver los expedientes al Tribunal Unitario Agrario 16 para la ejecución de la sentencia, conforme al artículo 191 de la Ley Agraria. Sin embargo, los expedientes no han llegado al tribunal.

14 de mayo de 2025: La SICT informa que no ha recibido requerimiento del Tribunal Unitario Agrario 16 para que el INDAABIN realice el avalúo, manteniendo el retraso.

16 de mayo de 2025: Se reporta que el Tribunal Unitario Agrario 16 llevará a cabo la ejecución de la sentencia, ordenando al INDAABIN realizar el avalúo, pero el proceso sigue pendiente.

Análisis del incumplimiento: La administración de Sheinbaum, que declaró 2025 como el “Año de la Mujer Indígena” y promovió reformas constitucionales para los derechos indígenas, heredó un conflicto de 21 años. A pesar de la sentencia firme de 2023 y la recomendación de la Consejería Jurídica Federal para cumplir, la SICT persiste en retrasar el avalúo, argumentando falta de notificación. La comunidad, apoyada por el INPI y organizaciones civiles, exige a Sheinbaum intervenir directamente, destacando que la burocracia sigue violando los derechos de más de 300 familias, mayormente mujeres y adultos mayores.

Estado actual (mayo de 2025)

La sentencia del Tribunal Superior Agrario (22 de noviembre de 2023) es firme, sin recursos legales pendientes, ordenando a la SICT pagar la indemnización desde 2004 con un avalúo actualizado por el INDAABIN.

La comunidad denuncia tácticas dilatorias de la SICT, como la excusa de no haber sido notificada, y del Tribunal Superior Agrario, que no ha agilizado la ejecución.

El monto original de $39,065,272.13 (2007) debe actualizarse a valor comercial, lo que podría superar significativamente los $54 millones estimados en 2018, dado el valor actual de los terrenos junto a la carretera.

La comunidad, liderada por Saúl Rodríguez Barajas, ha recurrido a manifestaciones pacíficas, como bloqueos de la carretera a Saltillo y la avenida Lázaro Cárdenas, para visibilizar su lucha.

La Consejería Jurídica Federal recomienda a la SICT cumplir con la sentencia, pero el proceso sigue estancado por la falta de acción del Tribunal Unitario Agrario 16 y la SICT.

CONCLUSIÓN

Los presidentes Vicente Fox (2004-2006), Felipe Calderón (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018), and Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) son directamente responsables por el incumplimiento de los convenios de indemnización firmados en 2004 y 2007, al no garantizar que la SCT (ahora SICT) cumpliera con los pagos acordados. Sus administraciones utilizaron tácticas dilatorias, como pagos parciales insignificantes, negativas a gestionar recursos y amparos improcedentes, perpetuando una deuda de más de 21 años que afecta a 333 familias.

Claudia Sheinbaum (2024-2025) enfrenta un conflicto heredado, pero la falta de acción inmediata de la SICT y los tribunales agrarios continúa violando los derechos de la comunidad, a pesar de su compromiso declarado con las mujeres indígenas.

La Comunidad Indígena de Mezquitán, con un título virreinal de 1690 y sentencias favorables, representa un símbolo de resistencia frente al racismo institucional y la burocracia. Su lucha, respaldada por el INPI y organizaciones civiles, podría establecer un precedente para otras comunidades indígenas si se logra el pago. La comunidad solicita a la presidenta Sheinbaum intervenir para ordenar la ejecución inmediata del avalúo y el pago, conforme a la Ley Agraria y las reformas de 2025, para cerrar este capítulo de injusticia.

ATENTAMENTE

COMISARIADO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA

DE MEZQUITÁN, ZAPOPAN, JALISCO, MAYO DE 2025

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JALISCO

Liconsa y sociedad civil unen esfuerzos en Jalisco: Convenio pretende beneficiar a 100 mil familias

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Por Francisco Junco //

De gran trascendencia social resultará el acuerdo firmado entre la Unión de Asociaciones con Causa, A.C. y la paraestatal Liconsa en el Centro Internacional de la Amistad el pasado jueves 22 de mayo. Así lo aseguró el gerente nacional de abasto de Liconsa, Víctor Hugo Pérez Rojas, gerente nacional de la paraestatal, ya que se pretende llegar a más de 100 mil hogares en Jalisco con este programa social.

“Es una gran bendición aliarnos con la sociedad civil para llegar a todos los rincones de México”, afirmó Víctor Hugo Pérez Rojas, gerente nacional de Liconsa, en entrevista con Conciencia Pública.

Un convenio para el cambio social

El convenio, firmado por Rubén Ramírez Castellanos (gerente estatal de Liconsa), Pérez Rojas, y José Luis Gutiérrez Villarroel (presidente de la Unión), representa una alianza estratégica entre el gobierno federal y más de 100 organizaciones civiles.

Óscar Abrego de León, director de la Unión, destacó su objetivo: “Queremos que este programa sea permanente, beneficiando a miles de familias en Jalisco”. Con 81 años de historia, Liconsa busca expandir su impacto, pasando de 6.3 millones de beneficiarios nacionales a 10 millones para 2030, apoyando a sectores vulnerables como adultos mayores, comunidades indígenas y zonas marginadas.

Pérez Rojas subrayó la calidad del producto: “Compramos leche a 2,800 productores en 54 centros de acopio, distribuida en 12,000 lecherías a precios diferenciados”. El programa no solo nutre, sino que fortalece la economía local al apoyar a pequeños y medianos ganaderos.

Además, anunció planes para abrir plantas industrializadoras en Campeche y Michoacán, generando más oportunidades para el sector. “Invitamos a todas las asociaciones civiles a unirse para llevar este beneficio a más derechohabientes”, añadió, enfatizando el rol clave de la sociedad civil.

La fuerza de la sociedad civil

José Luis Gutiérrez Villarroel celebró la unidad lograda: “Sin colores ni divisiones, trabajamos por una sola causa: servir”. La Unión, que reúne a asilos, guarderías, centros comunitarios y más, se ha convertido en un motor de cambio social en Jalisco. Abrego resaltó su agilidad: “Somos la institución social más dinámica del estado, gracias a la colaboración de todos”. Más de 100 organizaciones ya forman parte del convenio, con otras en proceso de incorporación tras resolver deficiencias documentales. “Es un día histórico para las organizaciones sociales y su vínculo con el gobierno”, afirmó.

Rubén Ramírez, delegado de Liconsa en Jalisco, destacó el impacto local: “Liconsa llega diariamente a 300,000 hogares jaliscienses, entregando no solo leche de calidad, sino esperanza e igualdad”. La alianza permitirá ampliar esta cobertura, priorizando a los más necesitados. “La sociedad civil es el motor de nuestro esfuerzo”, dijo, agradeciendo a líderes como Abrego y Gutiérrez por su trabajo en conectar al gobierno con la ciudadanía.

Leche del Bienestar: Un legado renovado

Con 81 años desde su fundación en 1944 bajo Manuel Ávila Camacho, Liconsa ha evolucionado, adoptando el nombre Leche del Bienestar en abril de 2025, como anunció Antonio Talamantes Geraldo, director de Operaciones. Este cambio refleja el compromiso del gobierno de Claudia Sheinbaum con los sectores vulnerables, fortaleciendo la producción nacional y reduciendo la dependencia de importaciones.

“Leche del Bienestar garantiza nutrición y apoya a ganaderos con precios justos”, señaló Pérez Rojas, recordando que el programa ofrece hasta 24 litros semanales por hogar a $7.50 el litro.

El convenio también fortalece la economía local. “Apoyamos a productores jaliscienses, generando un ciclo virtuoso de nutrición y desarrollo”, explicó Ramírez. La unión, por su parte, asegura que el programa llegue a comunidades marginadas, como las de Zapopan, donde proyectos similares ya fueron aprobados. Abrego anunció que iniciativas presentadas al Gobierno del Estado y Guadalajara también están en camino de ser autorizadas, consolidando a la Unión como un referente de colaboración intersectorial.

Un día histórico para Jalisco y México

La firma del convenio, con Gabriel Ruiz Huerta y Arturo Guillén como testigos de honor, simboliza un nuevo modelo de colaboración. “Solo a través de alianzas estratégicas la sociedad civil puede empoderarse”, afirmó Abrego. Para Rubén Ramírez, este acuerdo “genera esperanza y oportunidades, llevando una gota de bienestar a miles de hogares”.

Pérez Rojas lo calificó como “un día histórico para México”, destacando el papel de la sociedad civil en combatir el hambre y mejorar la economía.

El impacto del convenio trasciende Jalisco. Con más de 100,000 hogares como meta inicial, la alianza sienta un precedente para otras entidades, mostrando que la unión entre gobierno, empresarios y ciudadanos puede generar soluciones reales. Leche del Bienestar, respaldada por la Unión de Asociaciones Civiles con Causa, no solo lleva nutrición, sino también un mensaje de esperanza: juntos, es posible construir un México más justo y solidario.

RECONOCIMIENTOS A LA SOLIDARIDAD

El evento incluyó la entrega de reconocimientos a figuras destacadas por su compromiso social. José de Jesús Martínez Alcántara, de la Asociación Civil Miriam y Erick, fue galardonado por mejorar la calidad de vida de niños con parálisis cerebral. Cintia Muñoz recibió un homenaje por su defensa de los derechos humanos y la cultura de paz. Rubén Íñiguez González, director de La Voz de Jalisco, fue reconocido por su aporte al periodismo libre. Juan Manuel Estrada, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y Arturo Guillén Arámbula, del Consejo Económico Empresarial de Jalisco, fueron distinguidos por su trabajo en el desarrollo social y empresarial.

Además, se realizó un reconocimiento especial por 50 años de trayectoria como cantante de la música mexicana a Valente Pastor, originario de El Grullo, Jalisco.

El máximo galardón, “Alma de la Sociedad”, se otorgó a Raúl Vázquez Nungaray, descrito por Abrego como alguien que “vive” la labor social con pasión. “Raúl no trabaja en estas causas; las experimenta de manera natural”, subrayó. Estos reconocimientos reflejan el espíritu de la Unión: unir esfuerzos para transformar vidas.

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JALISCO

Inauguran centro de distribución de Súper ISSSTE en Jalisco: Es el segundo más grande del país

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Por Diego Morales Heredia //

Con la finalidad de fortalecer el abasto en la región, el SUPERISSTE inauguró un nuevo Centro de Distribución (CEDIS) en Guadalajara, el segundo más grande del país, que servirá como punto de enlace con ciudades cercanas para garantizar productos al mejor precio para los consumidores.

Este nuevo centro está ubicado en una de las tiendas que ya cuentan con productos, en el oriente de Guadalajara. La inauguración contó con la presencia de Dunia Ludlow, directora de SUPERISSSTE, quien resaltó este avance que tendrán en estructura que les servirá para brindar un mejor servicio a todos los mexicanos.

“Inauguramos el centro de distribución que va a garantizar el abastecimiento de esta sucursal que tenemos para ir ampliando nuestro piso de venta. Ahorita utilizamos el 25 por ciento del total disponible, tenemos posibilidad de introducir a los proveedores que quieran comercializar sus productos con nosotros, este centro es importante porque incrementa las frecuencias de abastecimiento a las tiendas cercanas respecto al otro centro que tenemos en Ciudad de México”.

Dentro de los beneficios, resalta que se garantiza el mejor precio de los productos que ofertan, ya que no tienen como propósito tener utilidades como otras tiendas de servicio, además de abrir la posibilidad de que productores, proveedores y empresarios locales se sumen a este proyecto en beneficio de los jaliscienses.

“Estamos teniendo más abasto. Las familias y los habitantes de Guadalajara, estamos en una colonia popular, cerca del metro, garantizamos tener buenos precios. Nosotros buscamos garantizar el abasto a bajo costo más allá de las utilidades que buscan las cadenas comerciales. También está la posibilidad de que productores, distribuidores y empresarios locales puedan inscribirse con nosotros y puedan crecer sus compañías y hacer crecer a las tiendas del Súper ISSSTE”.

En el mismo orden de ideas, la funcionaria federal espera que se sumen empresarios a SUPERISSSTE, y que para hacer esto posible ya trabajan en coordinación con el gobierno de Jalisco y las cámaras empresariales para que cumplan con los requisitos y se conviertan en proveedores de las tiendas.

“Tenemos un portal abierto a todo el público; ahí cualquiera que cumpla con los requisitos, con la normativa, garantizando los precios que se deben tener en nuestras tiendas, puede garantizar sus productos de manera transparente, sin intermediarios. Además, entendiendo que no todos los empresarios cumplen con esta normativa hasta tener su código de barras, si necesitan otro acompañamiento, estamos teniendo acercamientos con la Secretaría de Desarrollo Económico en Jalisco y las cámaras empresariales para que, a través de ellos, puedan acercarse a estas secretarías locales para cumplir con los requisitos para ser proveedores”.

Con la apertura de este nuevo CEDIS, ahora sigue ofrecer más productos hasta llegar a la meta de poder ofertar toda la canasta básica a los ciudadanos, por ello, esperan tener pronto a la venta frutas, verduras y cárnicos.

“Nos falta mucho por hacer, nuestro compromiso es lograr optimizar y cubrir todo el piso de venta que tenemos, nos falta introducir más producto, lo que más nos importa y apremia es que todos los habitantes puedan adquirir la canasta básica completa, esperamos pronto vender frutas y verduras, cárnicos, para que puedan hacer su súper completo”.

Emocionada, Dunia Ludlow hizo un recorrido por la tienda en Guadalajara, recordando que una de sus metas es que esta tienda se popularice y sea de gran utilidad para los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Cuando estaba pequeña, mi mamá me llevaba a las tiendas del Súper ISSSTE. Las personas que tuvimos esta experiencia, en tiendas muy grandes, tengo esa añoranza y nostalgia. Para garantizar este derecho, es emotivo recuperar instituciones, porque recuperamos derechos que tienen las personas a un abasto a bajo costo”.

En el evento, también se firmó un convenio con el INAPAM junto con Gerardo Galicia Juárez para que las personas adultas puedan tramitar su tarjeta directamente en la sucursal de Guadalajara, otro de los beneficios que tendrán en la tienda Súper ISSSTE.

“Invito a todos los ciudadanos a venir a la tienda en Guadalajara, abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche; está cerca del Tren Ligero, tiene estacionamiento, esperamos pronto crecer esta tienda y que sea del gusto de todos los ciudadanos”, puntualizó.

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