Por Mario Ávila y Redacción //

Con una simple estrategia de semántica, el Gobierno del Estado bajó las estadísticas de los índices delictivos, particularmente al cambiar el estatus de 5 mil 752 víctimas, que pasaron de ser “Personas Desaparecidas”, para ahora ser consideradas simplemente como “Personas No Localizadas”.

Esto lo denunció el Colectivo Por Amor a Ellxs, quien acusa directamente al Gobierno del Estado y en particular a la Fiscalía, de violentar con ello la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en donde se establece con claridad que la diferencia entre unas y otras es la probable comisión de un delito.

En concreto se violenta el artículo 89 en el que se determina que aún sin haber elementos de la probable comisión de un delito, si después de 72 horas de interpuesta la denuncia, no hay noticias de la persona, se debe presumir la comisión de un delito y por tanto debe considerarse a la persona como “Desaparecida”.

Las modificaciones a las estadísticas de incidencia delictiva se dieron el pasado 4 de julio de 2019 cuando en la actualización del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID) del Gobierno del Estado de Jalisco, la cifra de personas catalogadas como “Desaparecidas”, se había reducido de 7 mil 504 a 1 mil 752; mientras que la cifra de personas en calidad de “No Localizadas”, había aumentado a 5 mil 752.

Ante ello a través de un comunicado que se difundió principalmente a través de los medios electrónicos, Por Amor a Ellxs expusieron que la ley de la materia contempla una diferencia entre personas desaparecidas (cuando se presume la comisión de un delito) y las personas no localizadas (cuando no hay elementos para relacionar la ausencia a uno), pero en la misma ley se establecen los criterios para determinar cada caso.

Y detallan que, según la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, se entiende por persona desaparecida, a la persona cuyo paradero se desconoce, y se presuma a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito; mientras que la persona no localizada es la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relacione con la probable comisión de algún delito.

De ahí que una de las primeras exigencias del colectivo Por Amor a Ellxs, es para que la Fiscalía no sea omisa en hacer públicos los criterios que se utilizaron para determinar qué personas están en calidad de “Desaparecidas” y cuáles como “No Localizadas”.

Y ante ello exigieron de manera tajante, pero sin respuesta hasta la fecha: “Exigimos conocer la razón por la cual hicieron esa diferenciación y los criterios que tomaron en cuenta para hacer esa división de los casos”.

También denunciaron los quejosos, que la mayor parte de las carpetas de investigación no se actualizan con nuevos elementos a la velocidad que deberían y advierten: “Por ello nos extraña que sin haber suficiente investigación, hayan concluido que son personas “No Localizadas”.

De ahí que lanzaron un llamado en concreto a la Fiscalía Especial, a que acate la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, particularmente el artículo 89 en el que se determinan los criterios para establecer la presunción de un delito y así determinar si una persona es considerada “Desaparecida” o “No Localizada”.

El artículo en cuestión dice a la letra:

Inciso II.- Cuando de la descripción inicial de los hechos se pueda desprender la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares o cualquier otro delito.

Inciso III.- Cuando de conformidad con el análisis de contexto se determine que las condiciones de la desaparición de la persona corresponden a la probable comisión de un delito.

Inciso IV.- Cuando, aún sin haber elementos de la probable comisión de un delito, han transcurrido 72 horas sin tener noticias de la suerte, ubicación o paradero de la persona.

Por lo tanto, en la argumentación de su protesta los integrantes del Colectivo “Por Amor a Ellxs”, si después de 72 de interpuesta la denuncia, no hay noticias de la persona, se presume la comisión de un delito y debe considerarse a la persona como “Desaparecida”.

Y rematan diciendo: “Recordamos a las autoridades que, a pesar de que hay una diferenciación en la Ley entre una persona “Desaparecida” y una “No Localizada”, la autoridad está obligada a buscarlas de la misma manera”.

EXTRAÑA LA RECLASIFICACIÓN: DARWIN FRANCO

Para el académico del ITESO, periodista e investigador experto en la materia de desapariciones, Darwin Franco, resulta extraño como el Gobierno de Jalisco actualizó el Sistema de Información de Víctimas de Desaparición, donde pasó de 7 mil 504 personas desaparecidas a sólo mil 752.

Expuso que el SISOVID tardó casi cuatro meses en actualizarse, desde que se presentó en marzo de este año, y cuando lo hizo “desapareció” de la estadística oficial a 5 mil 572 personas que se habían denunciado como desaparecidas, ya que ahora éstas sólo son reconocidas como “no localizadas”, lo cual –conforme a la Fiscalía General de Jalisco- deja a la entidad con tan sólo mil 752 desaparecidos.

Y advierte: “Esto lo hizo sin presentar mayores evidencias que expliquen cómo y por qué de la noche a la mañana, 5 mil 752 desaparecidos se convirtieron ahora en personas no localizadas, por lo que se debe aclarar de inmediato esta reclasificación”.

“Si la Fiscalía no tuviera elementos fehacientes para sostener tal ‘re-clasificación legal’, estaría cometiendo una falta grave a la Ley de la materia y, a la par, evidenciaría que la baja notable en las personas que consideran oficialmente como desaparecidas; en realidad, no tiene ningún sustento pericial dentro de las carpetas de investigación que actualmente deberían estar investigando, las cuales según su propio registro estatal ascienden a 7 mil 504 desapariciones”, expuso el comunicador Darwin Franco.

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RECUADRO

FRANCELIA HERNÁNDEZ CUEVAS

CON LA TAREA DE ENCONTRAR A LOS DESAPARECIDOS Y NO LOCALIZADOS

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La maestra Francelia Hernández Cuevas entre las primeras acciones que realiza al frente de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco, es crear nuevas bases de datos y hacer búsqueda de gabinete con todos los registros posibles.

Ante los integrantes del Comité de Selección que realizó las entrevistas a los 13 participantes, la maestra planteó lo que serían sus prioridades, resaltando la creación de nuevos modelos de búsqueda de personas que sirvan de ejemplo a las demás entidades para realizar gestiones. “Una base de datos permanente en la comisión, vinculante de todas las instituciones habidas y por haber: en albergues, reclusorios, el registro civil, todas estas bases de datos que nos sirvan para poder dar con esa persona”.

Ante las interrogantes de cómo le haría para iniciar la búsqueda de personas desaparecidas, expresó que con los datos que proporciona la familia al momento de la desaparición, iniciando de manera inmediata, haciendo búsqueda de gabinete en todas las instituciones habidas y por haber, con todos los datos proporcionados y con todos los vínculos que se tengan con las instituciones.

Apenas el pasado 5 de julio la maestra Francelia Hernández Cuevas fue seleccionada para asumir la titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco, entre 13 aspirantes.

Francelia cuenta con 20 años de experiencia en temas de prevención de desaparición de personas, políticas públicas y programas relacionados con la procuración de la justicia.

Su designación se dio después de que el Comité de Selección, integrado por los colectivos de familias de personas desaparecidas Por Amor a Ellxs y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej); además de servidores públicos de la Fiscalía General, la Secretaría de Gobierno y el Gabinete de Desarrollo Social, entregó una terna al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien eligió a la maestra Francelia Hernández por su amplia trayectoria y sensibilidad en el tema.

Hernández Cuevas, es la creadora del proyecto Red Municipal de Alerta Amber en los 125 municipios de Jalisco. Actualmente estudia un doctorado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una maestría en Seguridad Pública y Administración de la Justicia, y es licenciada en Derecho.

Entre las primeras tareas tiene enfrente la maestra Hernández Cuevas como cabeza de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco, destacan las siguientes:

1. Continuar con el proceso de coordinación y establecer rutas de trabajo estrecho con las dependencias involucradas en el proceso de búsqueda de personas a nivel local y nacional.

2. Llevará a cabo acciones de búsqueda de manera física cuando éstas no representen un riesgo para él o su equipo. Para el caso en que implique un riesgo se realizará planeación previa y coordinación con otras dependencias.

3. Fortalecer y establecer mecanismos claros de coordinación y flujos de información con instituciones, dependencias y organizaciones que puedan agilizar y colaborar con el proceso de búsqueda de personas. Por ejemplo, hospitales, instituciones, establecimientos o dependencias que cuenten con circuitos de vigilancia, colectivos a nivel local y nacional, entre otros.

4. Trabajar, acompañar y orientar a las familias de personas desaparecidas para establecer otras estrategias y cursos de acción inmediatas.

5. Consolidar un equipo de trabajo para cubrir y responder a las necesidades expresadas por los colectivos y la situación actual del problema de desaparición de personas en el estado de Jalisco.

6. Definir características y ruta de trabajo para consolidar un sistema de información que agilice la búsqueda de personas en la entidad.

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RECUADRO

FUERTES CRÍTICAS A MARGARITA SIERRA

La titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana en el Estado, Margarita Sierra, fue centro de fuertes críticas por defensores de los desaparecidos por su anuncio de que la Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas operará con un nuevo esquema virtual y que se avocará únicamente a la recolección de información.

La coordinadora en el Estado del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Guadalupe Ramos Ponce, escribió en un artículo editorial publicado en el diario Crónica Jalisco que la funcionaria del Gobierno Estatal con su declaración refleja ignorancia sobre el problema de desaparecidos que prevalece en Jalisco y la

displicencia para su atención.

Margarita Sierra había declarado al respecto: “Y hemos llegado a este acuerdo, nuestra comisión de búsqueda va a ser una búsqueda virtual, vamos a tener acceso a todas las bases de datos y a generar bases de datos con la Fiscalía, con el Semefo, con los Semefos al interior del Estado, con los municipios, para que la persona pueda llegar a esta comisión y podamos darle información acerca de la persona que busca, la búsqueda en campo, será responsabilidad exclusiva de la Fiscalía”.  

“Con estas declaraciones, evidentemente el gobierno estatal sigue sin entender la responsabilidad que tiene en el tema de desapariciones y en las instituciones que por ley se han creado para la búsqueda de las personas desaparecidas”, precisó la abogada Ramos Ponce.

“Lo primero que salta a la vista es que la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana sea quien asuma “llegar a acuerdos” para determinar el nuevo funcionamiento de la Comisión de Búsqueda y sea quien emita públicamente estas declaraciones”.

“Legalmente, esta Secretaría no tiene ninguna injerencia ni en el sistema nacional ni estatal de búsqueda y tampoco tiene facultades para cambiar las funciones de una institución que ha sido creada a nivel nacional y estatal con el empuje de las y los familiares de las personas desaparecidas y de las organizaciones de la sociedad civil que acompañan en estos casos”.

“La Ley general en materia de Desaparición Forzada de personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; establece con claridad cuáles son las funciones de estas instituciones. Y aunque no se cuenta aún con la ley armonizada en Jalisco, la Ley General es  de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional”.

“El Artículo 50 de la Ley establece que: “La Comisión Nacional de Búsqueda es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el territorio nacional… Tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas…”

“Cada Entidad Federativa debe crear una Comisión Local de Búsqueda, la cual debe coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda y realizar, en el ámbito de sus competencias, funciones análogas a las previstas en esta Ley para la Comisión Nacional de Búsqueda” ¿Así o más claro?, no hay tiempo para que sigan inventando sus comisiones “virtuales”, en Jalisco esperan sus familias de regreso a más de siete mil desaparecidos”.