Por Diego Morales //

Aunque el juicio mediático es categórico y la ciudadanía quisiera ver resultados inmediatos, se debe tener paciencia, pues las instituciones deben cuidar sus debidos procesos, es el planteamiento que hace Roberto Arias de la Mora, Coordinador de la Comisión de Selección del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.

“Hay que tener paciencia. Sí hay avances, concretamente puedo hablar de qué avances. Hicimos en Jalisco, de alguna manera que se rompiera con la idea de las decisiones de cuotas y cuates, le quitamos al congreso porque nos facultó a un grupo de nueve personas que nosotros a través de un proceso transparente, sin recibir recursos públicos para la realización de esto, lo hacemos con el apoyo de nuestras instituciones, actividades que son honorificas. Hemos cuidado el proceso, de tal manera a lo que nos corresponde”.

Entrevistado en el programa Tela de juicio, Roberto Arias de la Mora aclara las atribuciones que tienen en el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.

“Nosotros solamente designamos a los ciudadanos que presiden el sistema, son cinco ciudadanos nada más. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Actualmente lo preside el doctor Fredy Mariñez, está Lucia Almaraz que será la que sigue, el primer año elegimos a los cinco para que se vayan rotando la presidencia. La fórmula es que por un año un ciudadano va a presidir el sistema, Jorge Alatorre fue el primero”.

LA ENTREVISTA

Pregunta. Se entiende el objetivo de seleccionar los mejores perfiles, ¿pero qué pasa después, no se ven los resultados?

Respuesta. El objetivo es reducir los márgenes de corrupción. Hablo de paciencia. Cuando se señala se piensa en cuántos han metido a la cárcel, o cuántos han sido procesados, pero el tema es que hay que cuidar la labor que desempeñan los medios de comunicación y la labor que debe hacerse al interior de las instituciones. Sucede una circunstancia, inmediatamente el juicio que se emite es categórico, pero las instituciones deben cuidar el debido proceso, documentar los procesos, que estén acreditados los hechos de corrupción, eso requiere una tarea, porque al final del día queremos evitar los errores del sistema, concretamente, enjuiciar a quien no deba estar y que esté fuera el que debe estar.

Debemos cuidar los procesos legales y los procesos documentales que acrediten el hecho de corrupción, se están dando los primeros signos, ya están señalados algunos funcionarios con lo que se tiene documentado, el problema es que venimos de una cultura organizacional, entiendo que venimos de la tradición que se hacían las cosas sin documentar, afortunadamente ha avanzado la cultura de transparencia que ha obligado que las instituciones modifiquen las cosas, ahorita hablamos de un sistema complejo que partimos de un reconocimiento.

Pregunta. Hay diversas formas de corrupción, la más mediática es la malversación de fondos, pero hay otras que lastiman al ciudadano, como la fiscalía corrupta, ministerios públicos corruptos, como lo han moastrado en el caso Joao Maleck, que es un cochinero ¿Qué pueden hacer ustedes?

Respuesta. Para la opinión pública Maleck es culpable, hay evidencia, hasta donde yo entiendo la Fiscalía realizó un trabajo, al parecer con algunos errores, pero el fiscal dice que van a revisar el caso y apelar la decisión, fortalecer la evidencia. A eso me refiero, el tema no está ganado, se refiere un elemento clave, la finalidad del tema no es el asunto de señalar tales responsables, sino que dejemos que la actuación de la autoridad ocurra bajo protocolos profesionales, cómo se levantaron las evidencias, cómo se hicieron los peritajes, eso buscamos, instituciones profesionales, donde claro, primero está el asunto mediático, el proceso de documentación requiere tiempo. Ese desfase es lo que creo que estamos en el momento exacto entre las expectativas ciudadanas que quieren resultados.

Pregunta. Es que la sociedad ya ha esperado mucho…

Respuesta. Claro, pero hablamos de procesos, de institucionalizar, tanto a nivel federal como local, tanto cuarta transformación como refundación, hablamos de reconstituir nuestras instituciones, entonces demos tiempo para corregir.

Pregunta. Lo que se esperaría es que los representantes de la sociedad señalen los procesos, se querría tener congruencia…

Respuesta. Claro, yo no defiendo los casos como Joao Maleck. Yo comparto la molestia del ciudadano, porque soy ciudadano, pero el tema fundamental es que tampoco se trata de quitarle la responsabilidad a quienes tienen la responsabilidad, nosotros coadyuvamos eligiendo ciudadanos que presiden el sistema, la presidencia tiene una función específica dentro del comité coordinador del sistema, pero está el auditor, está la contralora, está la presidenta del ITEI, todos conforman el sistema, esperamos que cada uno asuma la parte de responsabilidad que le toca, el fiscal general para este caso el que actúa no forma parte del sistema anticorrupción. La voz popular refiere el caso mediático como acto de corrupción, yo lo que digo es que no, digámosle como corresponde, hay impunidad, que no es lo mismo que corrupción.

Pregunta. El ciudadano exige, pero no pasa, por eso se tiene un comité social que es el que tendría que alzar la voz, ¿qué opina al respecto?

Respuesta. Habrá en su momento que el presidente del comité coordinador del sistema planteará el tema y se tomarán las decisiones como ocurrió en el cargo de la famosa licitación a toda máquina, hay un proceso de seguimiento de las instituciones para revisar exactamente si hay responsabilidad o no, se está haciendo el proceso, en este caso particular no he visto que haya una petición, no sé si se haya recibido, para elevar la petición al comité coordinador y se comiencen las indagatorias, puntualizó.

Por Mario Ávila //

Dejarse presionar por el grupo de empresarios jaliscienses con los que se reunió el pasado 26 de junio en Palacio Nacional y ceder a las pretensiones de autorizar la altura de la cortina de la presa El Zapotillo a los 105 metros de altura, sería un grave error del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su camino a la consumación de la Cuarta Transformación del país.

Ello en opinión del sociólogo de la UdeG, Francisco de Jesús Aceves González, quien advierte que tres días después de esa reunión con los representantes del poder económico en la entidad, con suma facilidad llegaron a un entendimiento los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, Enrique Alfaro Ramírez y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para construir un nuevo “Acuerdo de Entendimiento para el Aprovechamiento de las Aguas del Río Verde”.

Y dijo: “López Obrador no ha tomado postura, hay incertidumbre, no se sabe que va a pasar, pero lo más probable es que dejen la determinación a Conagua, que muy probablemente decida por los 105 metros”.

Ello implicaría, según el académico, una sentencia de muerte para los poblados de Temacapulín, Acacico y Palmarejo y a la vez implicaría el incumplimiento de López Obrador a la palabra empeñada con los habitantes de Temaca, en los mismos términos en los que ya han sido traicionados por los gobernadores de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval (PRI) y Enrique Alfaro (MC), quienes se habían comprometido en campaña a no inundar Temaca y ya en el ejercicio de sus funciones han cambiado radicalmente su postura.

Sobre la posibilidad de que se determine la cortina a 105 metros argumentando privilegiar el mal menor afectando a 300 habitantes se Temaca, a cambio del bien mayor para beneficiar a 6 millones de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara y León, Guanajuato, Francisco Aceves expuso que a su juicio esta lógica no aplica en el caso de El Zapotillo, “porque ahí es más un problema de derechos y sería una situación tramposa, poner la solución bajo esa óptica que tiene que ver con las circunstancias y las condiciones”.

El caso de Temaca específicamente -dijo-, no se presta para una consideración del bien mayor o el mal menor, porque no es compatible el hecho de vulnerar el derecho a la vivienda, el derecho a la vida y el derecho a la conservación de su patrimonio como este pueblo que además tiene características históricas que datan del siglo XVI, no es una ranchería vamos.

Lo que se inundará -abundó-, con la cuestión de la resolución de un líquido, que por otro lado no es inminentemente necesario, si hubiera una sequía absoluta y no hubiera ninguna otra posibilidad de tomar agua de otro lugar para garantizar la sobrevivencia de millones de gentes, podría ser aceptable, se podría dar, pero no son las condiciones; de hecho el Observatorio Ciudadano del Agua que ha hecho estudios técnicos, ha dicho que existen muchas otras opciones para solucionar el problema, tanto en la región de Los Altos como en León, incluso llegan a decir que León es de las ciudades que tienen más recursos hídricos en la zona, por ello no se justifica el argumento de sacrificar a un poblado para beneficio de una supuesta mayoría.

TRAICIONES E INCERTIDUMBRE

Francisco Aceves, sociólogo y analista político, hizo un análisis de la gravedad del problema para los habitantes de Temacapulín, un dilema nació desde el gobierno de Francisco Ramírez Acuña y a su juicio ha ido empeorando en las administraciones de Emilio González, Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro.

Recuerda Aceves González que él desde el 2008 se metió al tema y lo utilizó como un sustento empírico para su clase de Opinión Pública en la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Guadalajara porque le pareció un ejemplo muy interesante, por lo que representa para el pueblo la gestación de este fenómeno que hizo a través de la acción colectiva, que variara una decisión de la gente del poder político y el poder económico.

“Yo veo que hay varios elementos a considerar en este análisis del contexto, por un lado veo que la gente de Temacapulín iniciaron su lucha por la defensa de su territorio desde el 2005 con el gobierno de Vicente Fox y de Francisco Ramírez Acuña, por la defensa de sus casas, por la no destrucción de su pueblo y no tanto en contra de la construcción de la presa, sino en contra de la amenaza de ser mutilados de su territorio.

“En ese momento entraron en contacto con el movimiento por la defensa de los ríos y en contra de la construcción de presas, un movimiento internacional y asumieron también dentro de sus demandas la defensa del libre cauce de los ríos.

“Así las cosas, por un lado se defendía el derecho humano y reconocido internacionalmente de que tu vivienda no sea destruida y menos en contra de tu voluntad; o sea el destino de Temaca reside en la voluntad de los temacapulinenses; pero por otro lado también han sumado a esta demanda el libre flujo de los ríos, y en contra de la construcción de la presa, lo que le da al movimiento ya una dimensión también ecológica yendo en contra de este tipo de acciones que ya han demostrado que causan más perjuicios que beneficios.

“A los embates iniciales originados por acuerdos entre Vicente Fox Quezada y Francisco Javier Ramírez Acuña cuando se habla de la construcción de la presa y la dotación de agua para León, Guanajuato, le siguió el sexenio de Felipe Calderón y Emilio González Márquez, que es cuando se plantea el incremento en la altura de la cortina a 105 metros, con lo que ya quedaría sepultado el pueblo de Temaca.

“Es ahí justamente cuando se crea el Comité Salvemos Temaca en donde aparece en un papel protagónico el padre Gabriel Espinoza, rechazando las propuestas oficiales para la creación de un pueblo nuevo de Temacapulín, con planos y maquetas en donde se planteaba como un gran desarrollo parecido a Valle de Bravo, con mucha proyección turística y muchos beneficios para sus habitantes”.

“Sin embargo, los vecinos de Temaca se oponen rotundamente al proyecto y es el momento en el que Emilio González dice que ‘si el 50% más uno está en contra de la presa, no hago nada’ y resulta que no fue el 50 más uno, sino que fue el 90% de los habitantes los que no querían la presa y no querían que se extinguiera su pueblo. Pese a ello González Márquez dijo, va y utilizó al Congreso del Estado para plantear oficialmente que la altura de la presa se vaya a 105 metros condenando a Temaca a ser inundado”.

“Aquí juega un papel muy importante el colectivo de abogados que se ha dedicado a apoyar a este tipo de luchas y movimientos sociales y populares, es cuando establecen una batalla jurídica en diferentes instancias hasta que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se resuelve que es anticonstitucional el decreto del Poder Legislativo y que la altura de la cortina de la presa se queda a 80 metros. Desde ese entonces físicamente la cortina ya estaba terminada a los 80 metros”, planteó el investigador de la universidad pública de Jalisco.

Por Gerardo Rico //

Después de siete años de ser magistrado y de formar parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco (TJAEJ), Laurentino López Villaseñor, está en espera de ser ratificado por diez años más o regresar a su despacho particular. “Estoy a la espera de la determinación que se tome al respecto y sé que es una decisión de tipo político”.

A unos días de que se determine su futuro inmediato en el TJAEJ, el magistrado presidente de la Segunda Sala Unitaria, se muestra tranquilo y se dice satisfecho de los objetivos alcanzados en esta posición, sin dejar de reconocer determinaciones que en su momento fueron polémicas para algunos sectores.

“Las personas están peleando todo lo que consideran que está mal y creo que es la válvula normal de escape de la sociedad, pues aunque sean asuntos pequeños a los ciudadanos les molestan determinadas cosas de la función pública que afecta directa o indirectamente”.

Un gran porcentaje de las demandas que atienden en el TJAEJ son por las foto infracciones en primer lugar, le siguen las quejas contra el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), las demandas por multas que imponen determinadas instancias gubernamentales, transmisiones patrimoniales, catastro, impuesto predial, cuentas públicas y cumplimiento de contratos administrativos, entre otros motivos que originan la inconformidad de los ciudadanos.

“Foto infracción, casi es la mitad de las demandas. Es lo que la gente genera más en contra de las autoridades estatales”.

Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, López Villaseñor, reitera que hace días el Congreso del Estado solicitó un informe pormenorizado de su labor como Magistrado para determinar si continúa o deja el cargo.

Es un proceso normal, en donde luego de siete años, si te ratifican lo hacen por diez años más, y analizan cómo fue tu trabajo jurisdiccional, tu hoja de vida, tu productividad, cuantas demandas resolviste, cuantas sentencias emitió la Sala a mí cargo, cuantas amparos fueron concedidos, qué percepción tienes hacia afuera, entre otros puntos y son datos más estadísticos, apuntó.

Recuerda que durante cuatro años fue presidente del TJAEJ.

“Estuvo bastante complicado. Me correspondió suplir otra sala, cuando un juez federal separó del cargo a un compañero y estuve cuatro meses presidiendo una sala extra para mí, aparte de la mía y a la vez la presidencia”.

Uno de sus principales logros fue el ahorro que logró por un monto de 40 millones de pesos, por concepto de compensación de ISR. “Me realizaron una auditoría por el año 2014 y no tuve ninguna irregularidad. En total me hicieron cuatro observaciones y no salió absolutamente nada”.

DÉFICIT DE PERSONAL

Uno de los aspectos negativos que enfrenta el TJAEJ es la falta de persona, situación por la que se ven obligados a recurrir a prestadores de servicio social. “Tenemos prestadores de servicio social que son muy útiles o meritorio y auxiliares judiciales; el personal de este Tribunal hace un esfuerzo que merece todo mi reconocimiento y viene los fines de semana y tratamos de hacer todos lo que podemos”.

Habla de un estudio, publicado hace unos años, en donde hace un comparativo con organismos similares al TJAEJ en otros Estados de la República y de algunas estadísticas.

El Magistrado, precisa que mientras en la Ciudad de México se llegaron a recibir en un año 13,573 demandas, en Jalisco llegaron a las 10,666, con la diferencia que en la capital del país trabajaban en la época que se hizo el estudio un total de 560 personas, mientras que en Jalisco apenas llegaban a 104 colaboradores.

“Jalisco se volvió muy litigioso, las personas están peleando todo lo que consideran que está mal y creo que es la válvula, normal de escape de la sociedad, pues aunque sean asuntos pequeños, a las personas les molesta acciones gubernamentales y acuden a desahogarse de las afectaciones administrativas”.

RETOS

Independientemente de su ratificación o no, para el magistrado López Villaseñor, uno de los principales retos es la adaptación al nuevo sistema anti corrupción, que inició en 2018, con forme a las reformas constitucionales aprobadas.

“Este Tribunal es el encargado de imponer sanciones por faltas administrativas graves contra funcionarios públicos y particulares, ésta es la función que va a tener, es algo que está empezando. En estos momentos debemos tener seis o cinco asuntos de esta cuestión. Esto va empezando y esto tiene que ir para arriba poco a poco”, expresó.

Dijo que es uno de los retos del TJAEJ a mediano y largo plazo, “poner sanciones por conductas graves, es un esfuerzo nacional el tratar de erradicar la corrupción e imponer las sanciones correspondientes”.

Uno más de los retos más importantes es el eficientar los procesos de este Tribunal para resolverlos en el menor tiempo posible y resolver las controversias con el personal que tienen actualmente.

“Un tema de foto infracción tarde de dos a tres meses en promedio, si no hay ampliación de demandas. Hay demandas con más complejidad, no es lo mismo resolver una demanda de foto infracción que un tema de interés urbano, en este hay periciales, inspecciones oculares. Lo que puede retrasar el procedimiento, hay vecinos inconformes, terceros interesados, coadyuvantes, lo que cual implica más tiempo”.

CIFRAS

De acuerdo al informe entregado al Congreso del Estado, las demandas turnadas a la Segunda Sala Unitaria del TJAEJ, entre el 17 de julio del 2012 y el 30 de junio del 2019 fueron un total de 14,227, destacando que fue en el año 2017 cuando más demandas les llegaron.

En el mismo periodo de tiempo fueron dictadas un total de 11,479 sentencias, mientras que los acuerdos dictados 10,231.